OCHO COLUMNAS

2a quincena Julio 2007

Negligencia oficial en el caso Aldo Zamora

 

El asesinato de Aldo Zamora a manos de los talamontes sigue impune. Ni los operativos ni el despliegue del Ejército han retraído la tala ilegal y tampoco han detenido las amenazas contra la familia Zamora y los campesinos ecologistas

 

Paulina Monroy / David Cilia, fotos

 

San Juan Atzingo, estado de México. Ahora es un árbol el que cuida de Aldo Zamora. Está ahí, atento y callado, en el panteón, mientras las mujeres quitan las coronas marchitas y decoran con flores y veladoras esa tumba de arena. Llueve y nadie se queja. El aire agita las hojas y crujen los árboles; se hacen presentes.

Refugiados bajo la humareda de incienso, hombres y mujeres tlahuicas se congregan en el sepulcro de Aldo para conmemorar el primer mes de su muerte. El dolor es inefable. Lo que sí habla es la rabia porque los asesinos siguen libres. “Mi hijo pagó con su vida la defensa de los bosques”, lamenta Ildefonso Zamora Baldomero, padre de Aldo y presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo.

Misael Zamora, hijo menor de Ildefonso, sobrevivió al atentado. Una bala le perforó el pulmón. Camina con dificultad hasta el atrio para leer un pasaje bíblico de ese otro Misael que no aceptó adorar a un dios de oro. “Como ustedes en San Juan Atzingo defienden lo que les pertenece y no reverencian al poder”, les dice el padre Jesús García y bendice a los indígenas tlahuicas y la conservación de sus tierras. 

Zamora Baldomero jamás creyó que la vida de sus hijos estaría en riesgo. Las amenazas siempre fueron para él por su lucha en contra de la tala ilegal en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Por eso Aldo, a sus 21 años, desistió en su deseo de migrar a Estados Unidos. Prefirió quedarse con  su padre, trabajar en su invernadero y continuar su labor en la preservación del bosque. Pocos días antes de su muerte, Aldo le dijo: “Es que si me voy, quién te va a defender, se van a aprovechar de ti”. 

Con el pesar en la voz, Ildefonso culpa a las autoridades agrarias y judiciales por la muerte de su hijo, los mismos funcionarios que durante 62 años no reconocieron la titulación y propiedad de la comunidad tlahuica de 18 mil 324 hectáreas, y que no han aprehendido a los asesinos, aún cuando ya fueron identificados.

Desde la muerte de Aldo nada ha cambiado en San Juan Atzingo. Elementos del Ejército Mexicano permanecen a las orillas del bosque y la policía estatal man tiene una patrulla frente  al hogar de Ildefonso. No obstante, los comuneros siguen recibiendo amenazas y aunque han disminuido, los taladores esperan la noche o el amanecer para continuar con el corte desmedido de árboles. Antes de los operativos, se contaban entre 80 y 100 talamontes.

El jefe del Consejo Supremo Tlahuica, Alejandro Ramírez Raymundo, dice que en los retenes detienen a campesinos que recogen madera para su consumo. “En cambio, los taladores tienen hasta motosierras y los dejan libres porque sobornan a las autoridades”. 

La tala clandestina fue amparada por el ex síndico municipal, Arnulfo Gómez Barrón, de quien se dice que es familiar de talamontes. “Él les dijo: ‘Mientras esté yo, acábense el bosque porque saliendo yo se las van a arreglar ustedes’”, recuerda Ramírez. Los comuneros dicen que durante su período Gómez Barrón los hostigó y calumnió. 

La junta de bienes comunales, integrada por Ildefonso Zamora,  Paulino Neri Carlos, Nicolás Hernández Alberto y Alejandro Ramírez, denuncia que ha recibido amenazas, incluso de la policía de Tenancingo. “Dicen los talamontes que seguimos en su lista”, afirma Neri Carlos.

Como sucedió con Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Isidro Baldenegro López, Hermenegildo Rivas Carrillo y Felipe Arriaga, todos defensores de los bosques,  detenidos por delitos que no cometieron, ahora se intenta incriminar los miembros de la junta de bienes comunales.

Los comuneros aseguran que fueron “secuestrados” por autoridades de Cuernavaca so pretexto de tener procesos penales pendientes: “Quieren confundir a la opinión pública. Tengo miedo a que el gobierno me ponga en la cárcel para no exigir justicia, como ha pasado a con luchadores sociales, que terminan en el panteón o desaparecidos”, dice Zamora Baldomero.

El procurador general del estado de México, Abel Villicaña, y el subsecretario de Gobernación, José Manssur Quiroga, lo citaron con la condición de que asistiera solo: “Desconfío de cómo están actuando,  para qué voy si quieren que haga el trabajo de investigación que no me corresponde” .

 

 

Zona de Ingobernabilidad

 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clasificó a las Lagunas de Zempoala y al Ajusco entre las nueve zonas con problemas de ingobernabilidad debido a la violencia de grupos de taladores.

La tala clandestina inició en 1994 y sin que las autoridades actuaran, los talamontes se hicieron más fuertes y actuaron con impunidad. “Los denunciamos y fuimos ignorados, como siempre, las autoridades hicieron caso omiso de nuestras quejas y comenzaron las amenazas”, afirma Zamora Baldomero.      

En julio de 2005, a bordo de su camioneta, Ildefonso, Nicolás y Alejandro fueron amedrentados con armas de fuego, el presidente de bienes comunales perdió el control del vehículo y sufrió contusiones.

Este hecho se repitió en enero del 2006 cuando fueron perseguidos por Isaac y Jesús Hernández Velasco, quienes meses más tarde le advirtieron a Zamora: “Venimos a matarte por lo que le estás haciendo a mi tío”. Durante una marcha contra la tala, en octubre de 2006, se repitieron las amenazas. En enero de 2007,  amenazaron a Aldo.

Finalmente, el pasado 15 de mayo Aldo murió y su hermano Misael fue herido en una emboscada cuando se dirigían a Santa Lucía a llevar una ofrenda floral. Los testigos identificaron a Luis y Alejo Encarnación, y a Fernando y Silvestre Jacinto Medina como los agresores. Sólo Bartolo Hernández Encarnación, integrante de la banda Rapamontes, relacionada con la muerte de Aldo Zamora, fue aprehendido.   

El día del asesinato se notificó al ministerio público de Tenancingo, pero tardó 24 horas en trasladarse al lugar de los hechos, recoger evidencias e iniciar la averiguación previa TENA/III/609/2007. 

Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), tardó nueve meses para liberar las órdenes de aprehensión, pese a que de acuerdo con el Código Penal del estado, hubo fragancia y urgencia al cometer el ilícito, y el ministerio público estaba obligado a detener a los implicados sin necesidad de orden judicial.  

Todavía durante la misa de exequias de Aldo Zamora, los campesinos ecologistas fueron nuevamente amenazados y se escucharon detonaciones. En la madrugada del 27 de mayo, la sede del ayuntamiento de Ocuilan fue baleada. Se presumió que los responsables eran talamontes.

Para salvaguardar su integridad, la secretaría de Gobernación ofreció a Ildefonso Zamora la protección de una patrulla de la policía estatal, pues el hostigamiento en su contra no ha cesado.

El 9 de junio se oyeron disparos cerca del hogar de la familia Zamora. Los patrulleros se rehusaron a investigar, pues tenían órdenes de no moverse más de 300 metros de la casa. Días después, Ildefonso se percató de que un carro sospechoso rondaba la casa y los policías pretextaron que no tenían gasolina.

El pasado 25 de junio, durante el inicio de la campaña de reforestación municipal, el ambientalista declaró que los talamontes estaban presentes durante la siembra de 7 mil árboles. “Temo que me disparen por la espalada, espero que no maten a otro Zamora”, dijo Ildefonso a El Universal. 

 

 

Defensores sin garantías

 

En junio, el Centro Pro y Greenpeace solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la seguridad de los comuneros, detener la tala ilegal y ejecutar las  órdenes de aprehensión contra los homicidas de Aldo.

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Pro, expone: “Les falta capacidad a las autoridades mexiquenses para actuar con prontitud y brindar una justicia efectiva”.

Arriaga desconfía de las autoridades para combatir el problema con cabalidad y califica como irresponsable que al día siguiente de una reunión con Manssur, saliera a la luz que Ildefonso Zamora tenía cuentas que saldar con la justicia:

Dice que el gobierno, lejos de resolver las demandas de los protectores del medio ambiente, los reprime y criminaliza. “Ellos no tienen el respaldo de una institución y no los dejan ejercer su labor de defensa del medio ambiente. Al contrario, se crean campañas de desprestigio en su contra”.

Arriaga Valenzuela considera que hay poca disposición de la actual administración para atender seriamente el tema de derechos humanos. “Este gobierno no se abre al escrutinio internacional y no hay una política seria al respecto”.

 

Devastación

 

La tala ilegal y la mancha urbana devoran el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, considerado por Greenpeace como un gran bosque de agua, pues dota al Distrito Federal y área metropolitana de las tres cuartas partes del agua que consumen, y abastece a los ríos Lerma y Balsas.  También alberga 2 por ciento de la biodiversidad total del planeta: más de 3 mil especies de plantas, 350 de mamíferos, reptiles y anfibios, y 195 de aves. 

Según datos del Instituto de Geografía de la UNAM, cada año se pierden 2 mil 400 hectáreas, lo que puede llevar a su total desaparición en los próximos 50 años. La Profepa afirma que cuatro de las 15 zonas que concentran el 60 por ciento de la tala ilegal, pertenecen al bosque de agua, entre las que destaca el Parque Nacional Lagunas de Zempoala.

Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques y selvas de Greenpeace, dice que el daño por tala en el Parque Lagunas de Zempoala aumentó considerablemente a partir del 2004, por lo que hay 300 hectáreas totalmente deforestadas y 3 mil degradadas.

“Por la reducción del bosque, disminuye la recarga de los mantos acuíferos, hay hundimientos de hasta 9 metros y aumentan las inundaciones. De no detenerse, cada vez el desabasto de agua en la capital va a ser mayor”.

Al año, la madera ilegal alcanza los 7 millones en metros cúbicos, lo que representa casi el 50 por ciento del total extraído. Greenpeace estima que la tala ilegal ocupa el cuarto lugar nacional en delitos del crimen organizado.

Advierte que el caso del paraje El Jaral, ubicado en San Juan Atzingo, es grave, pues los talamontes de  Santa Lucía han provocado la deforestación de más de 90 hectáreas del bosque de oyamel, prendiéndoles fuego y abandonando 7 mil metros cúbicos de madera en rollo.

Paulino Neri señala que la madera de la tala clandestina se vende más barata que la certificada: “La pieza cuesta 18 pesos, el cuadro de madera 90 pesos. Los taladores ganan 3 mil pesos por camioneta que la traslada a los aserraderos de Huitzilac y Tres Marías”. Para cuantificar los daños de la tala clandestina, Greenpeace invitó a Aldo Zamora a realizar un estudio técnico, el cual se interrumpió con su muerte.

En opinión de Magallón, la tala ilegal es un problema minimizado por las autoridades: “La solución no son esos operativos sorpresa que buscan un impacto mediático y que liberan casi de inmediato a los detenidos. Es necesaria una investigación clara para detener a las cabezas de estas bandas y a los asesinos de Aldo Zamora. Las autoridades han sido negligentes”.  

En diciembre de 2005, Ildefonso Zamora, Paulino Neri, Nicolás Hernández y Alejandro Ramírez  interpusieron una denuncia de hechos en contra de Eduardo y Sebastián Encarnación e Isaac Hernández como responsables de la tala clandestina.

Un año después, junto con Greenpeace ampliaron la denuncia y presentaron pruebas, como un video del ilícito filmado por Aldo Zamora, ante la delegación de la Procuraduría General de la República. El juez de distrito desechó la denuncia y argumentó que no había elementos suficientes. Sin avances en la investigación, en febrero de este año se presentó un resumen ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Pese a que gracias a las denuncias los operativos policíacos aumentaron, Magallón y los comuneros afirman que jamás fueron eficaces. 

“En 2003 hubo un destacamento de la Policía Federal Preventiva y de la Profepa por tres meses. Se calmó completamente la tala, pero cuando se fueron, volvieron los taladores más organizados y armados”, denuncia Zamora Baldomero.

Magallón señala que el 60 por ciento de los bosques del país carecen de apoyo para hacer un uso adecuado de sus recursos. “La labor que hace Ildefonso, le corresponde al Estado. Como no cumple, indígenas y campesinos se ven en la necesidad de enfrentar a los talamontes con las consecuencias que implica y cuando ocurre, tampoco hay respaldo del gobierno”, alega.

En opinión del activista ambiental, las campañas de reforestación tampoco resuelven el daño irreversible de la tala inmoderada: “Su objetivo es compensar lo que se pierde y eso no funciona porque no se puede subsanar un bosque maduro con una zona recién reforestada. Debería haber un enfoque para detener las causas”.

 

 

Otro caso de degradación

 

Dentro del gran bosque de agua, el Ajusco es el segundo más devastado por la tala ilegal. De acuerdo a Greenpeace, las bandas de talamontes han afectado 2 mil 700 hectáreas de bosques en 55 puntos de tala,  árboles tirados, restos como tocones o copas consideradas desperdicio, aserrín y pedazos de madera.

Los daños se observan especialmente al sur de la carretera Ajusco- Xalatlaco que va hacia El Capulín, zona que también es motivo de conflicto agrario entre  Santo Tomás Ajusco, en el Distrito Federal, y el municipio mexiquense de Xalatlaco, lo cual –según Greenpeace– mantiene en la indefinición el control del bosques.

“Igual que en Lagunas de Zempoala, los talamontes aprovechan los conflictos de tierra y la falta de definición de las autoridades para actuar en estas zonas con total impunidad”, dice Héctor Magallón.

Denuncia que a plena luz del día camiones de hasta tres toneladas transportan la madera para llevarla a los aserraderos ubicados en San Miguel y Santo Tomás Ajusco. Constató que parte de esa madera ilegal es llevada, como se hace desde el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, a  Tres Marías y Huitzilac en Morelos.

 

 

 

 

 

 

Profesión de alto riesgo

 

En el apartado Derechos incumplidos, violaciones legalizadas del informe sobre el estado de derechos humanos durante el sexenio 2000-2006, el Centro Pro observa que “el Estado mexicano no mostró capacidad ni voluntad política para que los defensores de derechos humanos desarrollaran su trabajo, en desacato a las órdenes de organismos internacionales”.

Subraya que en un contexto en el que los movimientos sociales son vistos con desconfianza y temor, los defensores de derechos humanos protegen actitudes nocivas para el Estado y son objeto de atención, investigación y hostigamiento. 

En el capítulo La defensa de derechos humanos y el periodismo: profesiones de alto riesgo, el Centro Pro enumera como violaciones durante el sexenio de Vicente Fox las siguientes:

• Robo a domicilio e injerencias arbitrarias

• Hostigamiento, amenazas y agresiones físicas

• Uso faccioso y sin sustento de los sistemas de procuración

   y administración de justicia

• Campañas públicas de desprestigio

• Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas

• Impunidad en las investigaciones

 

 

 

 

 

 

Fecha de publicación: Julio 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 83

 

 

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