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Policía comunitaria rebasa al gobierno

Zósimo Camacho, enviado
Los policies comunitarios de la Costa Chica la Montaña de Guerrero ganan la batalla a la delincuencia y a los gobiernos federal y estatal, los cuales buscaban desarmarlos incluso mediante la intervención del Ejército

 

 

 


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San Luis Acatlán, Gro. Las zonas de Costa Chica y Montaña de Guerrero eran de las más inseguras del estado antes de 1995. No había semana sin que en los caminos o pueblos ocurrieran asesinatos, violaciones, asaltos y robo de ganado.

Hoy constituyen los territorios más seguros del país, y el único lugar de la República en donde los índices de delincuencia se han reducido en 95 por ciento. Pero en ello no tuvieron que ver ninguno de los tres niveles de gobierno. En estas comunidades no se gastó ni un solo peso del millonario “México Seguro” ni del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La policía que abatió la delincuencia y al mismo tiempo venció los intentos de los gobiernos por disolverla no le costó al erario público. No se gastó en sueldos porque sus efectivos no cobran por el servicio, ni se compraron armas porque se usaron las que de por sí los campesinos cargan para sus labores del campo: viejas pistolas, escopetas y rifles de cacería.

A más de 11 años de fundada, la policía comunitaria cuenta con 566 elementos en 54 comunidades de 10 municipios: San Luis Acatlán, Malinaltepec, Marquelia, Metlatónoc, Iliatenco, Cochoapa El Grande, Atlamajalcingo del Monte, Copanotoyac, Xalpatláhuac y Tlapa. Pero los pueblos me'phaa, nu'saavi, nahuas y mestizos de la zona han logrado no sólo nombrar a sus propios policías, subcomandantes y comandantes y comisarios, sino que han creado un “sistema alterno de justicia”.

Ahora, las autoridades pretenden “reconocer” a los 566 efectivos con la condición de que queden bajo el mando del gobierno del estado. Sin embargo, los pueblos van en sentido contrario: trabajan en la consolidación de un gobierno autónomo.

La mayoría de los ministerios públicos que trabajaban en sus territorios se fueron. Ni siquiera tuvieron que enfrentarse con ellos o expulsarlos. Las autoridades “constitucionales” abandonaron las localidades porque se fueron quedando sin trabajo. Y es que para las comunidades no fue suficiente nombrar a sus propios policías, porque cuando entregaban a los delincuentes a los ministerios públicos, éstos los dejaban libres. Por ello crearon su Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación.

Sin embargo, el Ejército mexicano vuelve a acosar a la policía comunitaria. Instala retenes en los mismos lugares en los que los comunitarios lo habían hecho en días pasados e “invitan” a los lugareños a que “denuncien” a quienes son policías comunitarios.

Francisco y Pascacio de 19 y 22 años de edad, respectivamente, son indígenas nu'saavi de la comunidad de Arroyo Coniapan. Portan con orgullo su uniforme, consistente en una gorra y una playera con la insignia de la policía comunitaria, un pantalón de mezclilla, huaraches y rifle. Se muestran satisfechos con su cargo, pues aunque no reciben pago alguno, son escogidos por su buen comportamiento.

“El pueblo hace reunión para que la gente nombre a la policía y al comandante. Se escogen a los que no han cometido ningún error. Me siento bien con mi comunidad. Es algo bueno lo que estoy haciendo”, dice Francisco.

El sistema que los comunitarios han desarrollado tiene tres niveles: la asamblea de cada uno de los municipios, la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Este sistema también ha logrado readaptar a los que infringen las normas de la comunidad.

Las sanciones por faltas leves -como el arresto hasta por 24 horas, y la multa de hasta 200 pesos, reparación de daño y trabajo comunitario- las fija el comisario local. Cuando la faltas son graves, las sanciones son determinadas por el CRAC, las cuales consisten en que el culpable debe realizar trabajo a favor de la comunidad por 15 días en cada uno de los 54 pueblos. En todos los casos, los sábados y domingos los viejos de los pueblos les imparten pláticas y los invitan a la reflexión de sus actos.

De su creación a la fecha, el Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación ha atendido alrededor de 2 mil demandas, de las cuales se han resuelto aproximadamente mil 600, hay 300 pendientes, 30 prófugos y han muerto cinco policías.

Zósimo Avilés Mendoza, originario de la comunidad San Felipe del Rincón, municipio de Malinatepec y actual consejero de la CRAC, aclara que “no es nuestro enemigo el gobierno. Nuestros enemigos son la delincuencia, los asaltantes, los que comenten los delitos graves en nuestro territorio. Le duele al gobierno nuestra existencia porque simplemente él no ha podido combatirlos.

“Nosotros simplemente contamos con nuestra buena organización, las armas que portan nuestros policías, que no son de mucha potencia. Y creemos en nuestros policías comunitarios porque son electos a través de una Asamblea. Son hombres honorables.”

Para Felícitas Martínez Solano, de la comunidad de Potrerillo Coapinola, “Ya hay cierto relajamiento del movimiento porque ya no sufrimos de violaciones, de asaltos. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar más municipios”.

En efecto, la CRAC ya sostiene reuniones con comunidades del municipio de Juchitán que están interesadas en integrarse al Sistema de Justicia Comunitaria.

Para Valentín Hernández Chapa, asesor jurídico del CRAC, “la policía comunitaria es parte del proceso organizativo de los pueblos, que a lo mejor nunca se habían planteado organizar un sistema ahora tan complejo que se tiene que ir analizando a fondo”.

Al abogado no le gusta hablar de “autonomía” de los pueblos en esta zona: “Es un proceso que ya los estudiosos le han puesto nombre y lo han ido conceptualizando. La gente aquí no se refiere a ninguno de los conceptos que afuera manejamos. La gente está trabajando, está viendo que necesita una seguridad, una justicia diferente que le sea eficaz y ahí que le pongan nombre los que se dediquen a eso. Y esto es una respuesta a la ineficacia del sistema oficial, el cual no concuerda con la forma de ver el mundo que tienen los pueblos”.

Sin embargo, dice que “ahora que ya no hay tanta delincuencia ni hay inseguridad, lo que sigue será plantearse resolver otros problemas que también están afectando al pueblo: educación, salud, comercialización de los productos, y la alta migración. Ahora la organización va a plantear propuestas sobre cada uno de esos aspectos. La gente empieza a ver que puede organizarse y que tiene un poder inmenso en sus manos”.

Por su parte Abel Barrera, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se refiere a la iniciativa de Ley que se encuentra en la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, la cual busca “reconocer” a la policía comunitaria pero ceñirla a los presidentes municipales.

“Y esto atenta contra el proyecto y el sistema. La gente no quiere que reconozcan a policías, quiere que reconozcan a los derechos de los pueblos indígenas y a su sistema de justicia. Está echado para adelante el sistema. Ya no se está evaluando si es viable o no, sino cómo corregir las inconsistencias, cómo fortalecer los procesos que tienen que estar enraizados en los pueblo.

“A pesar de los partidos, de los gobiernos, de la pobreza, de la discriminación y de la militarización, los pueblos aprenden mejor no solamente a resistir sino a construir sistemas alternativos que son viables y que les permiten acceder, en este caso, a la justicia. Han demostrado a la sociedad y al Estado que el acceso a la justicia sí es posible y que hay posibilidades de otro sistema alternativo de justicia que además es anticapitalista porque no se requieren de grandes sumas de dinero.”

 

Publicado: Enero 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 70



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