Intereses económicos en la Corte

Bajo el cobijo de la autonomía presupuestaria y en desacato al principio de austeridad establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, cada año los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al igual que funcionarios de niveles superiores como el contralor general y el oficial mayor de ese máximo tribunal, reciben en forma discrecional una compensación por promover los “valores del Estado de Derecho”, según un amplio informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

El análisis indica que tan sólo en el ejercicio fiscal 2004, la Suprema Corte ejerció 44 millones 359 mil pesos destinados a la partida presupuestal 150902, también denominada “ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad”. En el ejercicio 2005 la cifra aumentó a 49 millones 341 mil 502 pesos, según el Diario Oficial de la Federación publicado el pasado 16 de febrero.
De acuerdo con el Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2004, elaborado por la ASF, las compensaciones económicas por este concepto oscilaron entre 2.5 y 10 veces el pago diario por concepto de percepción ordinaria mensual y prestaciones mensuales, es decir, de uno a cuatro meses del sueldo bruto.

El máximo órgano de vigilancia detalla que estas erogaciones se dan “únicamente a los servidores públicos de mando superior que, por sus funciones, realicen actividades que contribuyan a fomentar entre la sociedad mexicana los valores que permitan alcanzar un auténtico Estado de Derecho, por lo que se realizaron pagos individuales discrecionales que van desde 26 mil 100 pesos hasta un millón 236 mil pesos, según el nivel correspondiente”.

Por promover la cultura de la legalidad, incluso a domicilio, en 2004 Mariano Azuela Güitrón, presidente de la SCJN y titular del Comité de Gobierno y Administración -encargado del manejo presupuestario- del tribunal, cobró una compensación del presupuesto público por un millón 236 mil 200 pesos, equivalentes a cuatro meses de salario bruto de 309 mil pesos.

Ese año el “esfuerzo” de Azuela lo llevó a dar asesorías especiales sobre Estado de Derecho: en septiembre, época del desafuero, acudió a la residencia oficial de Los Pinos y, junto al presidente Vicente Fox, delineó la estrategia judicial que buscaba suprimir los derechos políticos del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Plan que finalmente fue frustrado.
Prestaciones discrecionales

El ministro José Ramón Cossío Díaz pregunta: “¿el salario es dispendio?”. Al igual que los otros 10 ministros de la Suprema Corte, él recibió cuatro meses de la ambigua ayuda monetaria. Con excepción del presidente del tribunal, pues su compensación se maneja por separado, los ministros recibieron un total de 13 millones 377 mil 900 pesos por esta ayuda, monto que dividido en 10 equivale a un millón 337 mil 79 pesos por cada uno de los ministros.
El estudio de la ASF descubre que entre los altos funcionarios beneficiados por esta “ayuda económica” también se encuentran el contralor -encargado entre otras cosas de sancionar el uso discrecional del presupuesto-, quien cobró 288 mil 600 pesos; el jefe de Unidad UP, recibió 383 mil 600 pesos, y el oficial mayor 339 mil 900 pesos, todo con cargo a dicha partida.

La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos explica que la vigilancia al manejo de los recursos se da por medio de la Contraloría General. “Los recursos en el Poder Judicial tienen una Contraloría del propio Poder Judicial, aparte la Auditoría Superior de la Federación realiza la revisión de la cuenta pública cada año, y en un momento dado puede hacer observaciones a cualquier dependencia del Poder Judicial”.
La página de Internet de la SCJN descubre que además de los 165 mil 210 pesos que reciben cada mes como pago salarial fijo, los 11 ministros obtienen prestaciones económicas solventadas con recursos del erario público, que van desde una compensación económica por ser presidente de la Corte, hasta “ayuda para anteojos”.

Las nutridas prestaciones se dividen en mensuales -de previsión social, inherentes al cargo, prima quinquenal, compensación por presidencia, compensación por decanato, ayuda de aportación para el seguro de separación individualizado-, cuatrimestrales -apoyo al ahorro-, semestrales -prima vacacional: 50 por ciento de 10 días de sueldo básico otorgado para cada uno de los dos periodos vacacionales; ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad y eficiencia administrativa- y anuales -aguinaldo: 40 días de sueldo básico, día de la madre y ayuda para comprar anteojos-.

Los salarios y la suma de las prestaciones resultan en altas mensualidades, como las que recibe el ministro presidente, Mariano Azuela, las cuales ascienden a, por lo menos, 649 mil 500 pesos; monto que equivale a 7 millones 790 mil pesos anuales y que excede hasta en cuatro veces el salario del presidente de la República. Los 10 ministros restantes obtienen alrededor de 536 mil pesos al mes, es decir, 6 millones 430 mil pesos al año.

Sergio Salvador Aguirre Anguiano

Para el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, integrante del Comité de Administración, el salario y las prestaciones que reciben los 11 ministros de la Corte “son un gasto precario, pobre y medido”.
— En un país con 50 millones de pobres ¿no le parece excesivo su salario?
— En un país de 50 millones (de pobres), cifra que usted da, me parece moderado y bajo, responde molesto.

El ministro Cossío Díaz justifica y defiende los elevados sueldos y prestaciones que recibe: “lo que ha hecho la Suprema Corte es aplicar en su totalidad las reglas de la transparencia. En 1982 se homologaron los salarios de los ministros de la Suprema Corte con los de los secretarios de Estado, en ese momento se hizo un pago muy semejante entre ministros y secretarios; hoy, si se analiza la totalidad de las percepciones, los ministros de la Corte estamos (sic) en un ingreso por debajo de los subsecretarios de Estado. La única diferencia es que los ministros ponen toda la información en Internet”.

Además de las “moderadas” compensaciones habituales, los ministros mantienen la posibilidad de recibir “prestaciones sujetas a condiciones futuras de realización incierta”, como son los pagos de defunción: hasta cuatro meses de la percepción total mensual; ayuda de gastos de defunción; ayuda prejubilatoria o estímulo por jubilación; estímulo por antigüedad, y estímulo por incapacidad médica permanente, indica el Anexo II del Acuerdo General de Administración II/2006, signado el pasado 13 de febrero por Azuela Güitrón, Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, integrantes del Comité de Gobierno y Administración de la SCJN.

“Cuando se habla de un salario alto se debe pensar que se está tratando del tribunal cupular de nuestro país, y que cuando se hace el comparativo entre salarios no necesariamente se está diciendo lo que percibimos netamente: hay un pago de impuestos muy elevado y no es precisamente la cantidad neta que todo el mundo piensa que recibimos, eso no es cierto. Aparte, si comparamos lo que gana un juez, un magistrado o un ministro de la Corte con lo que puede percibir un abogado que trabaja en la iniciativa privada o en un despacho de reconocida trayectoria, evidentemente no se compara. Entonces cuál es el afán de comparar a la gente que tiene todo un servicio civil de carrera, toda la vida en esto y que ha ido logrando esos (beneficios) con base en el esfuerzo, la dedicación, el profesionalismo, la honestidad”, argumenta la ministra Luna Ramos.

Margarita Luna Ramos

Agrega: “en un momento dado, ¿quieren que estemos ganando una miseria? Yo eso no lo entiendo”. Luna Ramos aclara que si a los ministros les redujeran el salario ella no renunciaría a la Corte. “Estoy casada, tengo un esposo que también trabaja y, finalmente, mi compromiso es con la labor de impartición de justicia. Tengo 31 años de servicio en el Poder Judicial y no es mi meta únicamente el tener un salario, claro que un funcionario debe tener un salario digno, pero finalmente tampoco es el único afán”.

Al señalarle que la Auditoría Superior encontró que el sueldo de los ministros supera al del presidente Fox, Luna Ramos dice que “todos los funcionarios tenemos prestaciones, pero decir que percibimos más o menos que otro funcionario, pues necesitaría conocer cuánto percibe el otro funcionario. Pero, mire, tenemos tantísimo trabajo que no hay ni tiempo siquiera para meterse a Internet y ver cuánto ganan otras dependencias. Mejor revisamos asuntos y nos ponemos a hacer nuestro trabajo con seriedad y profesionalismo”.

La responsabilidad de Azuela

El Acuerdo General de Administración III/2004 por el que se establece el Manual de Percepciones del alto tribunal, signado el 23 de febrero de 2004 por el Comité de Gobierno y Administración, integrado en ese entonces por Azuela Güitrón, Aguirre Anguiano y Juan Díaz Romero, señala que la erogación por concepto de “ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad” está sujeta a los ahorros presupuestales.
Sin embargo, el informe de la ASF revela que en la sesión celebrada el 17 de mayo de ese año, dicho comité autorizó que se adelantara cinco meses un primer pago de 21 millones 900 mil pesos por este concepto, por lo que se efectuó la primera quincena de junio, en lugar de realizarse en noviembre, como estaba planeado.

Además, el informe dice que en la sesión del 12 de julio de 2004 el comité autorizó el pago de un mes adicional al oficial mayor, al secretario de la SCJN y al secretario general de Acuerdos sin que se establecieran criterios de comprobación sobre el fomento al Estado de Derecho aportado por dichos funcionarios.
“Esto implicó que la Suprema Corte no aplicó estrictamente las medidas de austeridad señaladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el sentido de revisar la utilización de los recursos humanos para detectar posibles ahorros en su presupuesto”, señala el órgano de vigilancia dependiente de la Cámara de Diputados.

La ASF puntualiza que la Corte contravino su propio acuerdo, pues “el otorgamiento de esta prestación estaba sujeta a los ahorros presupuestales, los cuales se conocen al término de cada ejercicio presupuestal, situación que no ocurrió, ya que los únicos ahorros presupuestales reales obtenidos por la SCJN fueron los provenientes de los recursos de las plazas vacantes: desde el inicio del ejercicio y dentro de los recursos presupuestados en el capítulo 1000, 'servicios personales', la Suprema Corte ya contaba con recursos suficientes para hacer frente a esta prestación”.
De acuerdo con la Auditoría, en la partida 1801-1, “incrementos a las prestaciones”, se presupuestaron originalmente 65 millones 388 mil pesos destinados a cubrir un incremento salarial del 5 por ciento para todo el personal, cantidad que aumentó a 72 millones 110 mil pesos por las transferencias de recursos de otros capítulos de gasto.

La ASF señala que la “ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad” es discrecional y carece de transparencia, pues ni el Manual de Percepciones ni los acuerdos que la autorizan establecen los lineamientos, criterios o factores de valor bajo los cuales se determina quién tiene derecho a esta prestación y cuál es el monto que se debe otorgar a cada nivel o categoría.
Detalla que “tampoco hay criterios específicos que determinen cómo y mediante qué información o documentación se podría comprobar que el personal al cual se le otorgó dicha prestación contribuyó a fomentar entre la sociedad mexicana los valores que permitan alcanzar un auténtico Estado de Derecho”.

Otra irregularidad detectada en el amplio informe corresponde a los egresos por una partida inexistente. “En el Manual de Percepciones no se incluyó la información completa y detallada sobre las prestaciones monetarias que se cubrieron para cada uno de los respectivos niveles jerárquicos que conforman ese alto tribunal, en virtud de que no se consideró la prestación denominada 'estímulo por áreas' que se otorgó al personal de manera discrecional y cuyo importe fue de 19 millones 263 mil pesos”, acusa la ASF y añade que el monto fue indebidamente adjudicado a la partida 150902, de la ayuda por el fomento de la legalidad.

Sobre estas anomalías el ministro Cossío Díaz dice que “la administración de la Corte la lleva el presidente (Mariano Azuela) y la Comisión (de Gobierno). Yo no tengo prácticamente conocimiento: estoy en la Comisión de Comunicación Social y ése es mi ámbito de actuación. Entonces, la verdad es que no sé exactamente cuál sea la naturaleza de esos temas, lo vamos a ver pero para que le echo una mentira y le aviento aquí un rollo”.
Al ser inquirido, el ministro presidente de la Suprema Corte y promotor de la cultura de la legalidad y los valores del Estado de Derecho, simplemente dice: “No doy nunca entrevistas. No… nunca doy entrevistas”. Mientras su equipo de custodia, incluidos los funcionarios de la Unidad de Comunicación Social, empujan a los reporteros.

El silencio de Mariano Azuela Güitrón esconde otros importantes estímulos económicos, como la exclusiva “compensación por presidencia”, que durante el ejercicio de 2004, junto con la “compensación por decanato”, ascendió a un millón 386 mil pesos. El año pasado esta misma partida identificada con el número 151106, le redituó 867 mil 305 pesos, según el informe de la SCJN sobre los recursos presupuestales devengados por capítulo de gasto y partida presupuestal del ejercicio fiscal 2005.

Por el manejo discrecional de los recursos y las irregularidades encontradas, la ASF recomendó a la Suprema Corte “establecer reglas claras y precisas que eviten la discrecionalidad y transparenten el otorgamiento de las compensaciones”.
Otra recomendación hecha por la Auditoría fue que “dentro del proyecto de presupuesto únicamente se contemplen las necesidades reales en materia de servicios personales de ese alto tribunal, y que se realice un estudio sobre la utilización de sus recursos humanos a fin de detectar aquellos ahorros presupuestales que contribuyan a la racionalidad y austeridad del presupuesto”. (Con información de Erika Ramírez)

Publicado: Septiembre 1a quincena de 2006 | Año 4 | No. 63