Las suspicacias continúan en torno a la utilización electoral del programa federal Oportunidades, destinado al combate a la pobreza. Ante esta situación, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) un informe detallado de cómo se dio la cobertura del programa y el destino de sus recursos.
En el documento, que deberá entregar la dependencia los primeros días de septiembre, se incluirán, por norma, los sistemas de verificación, comparación y validación, frente a los resultados de la Encuesta Nacional de la Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para el año 2005 , que realizó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Y es que de acuerdo con legisladores y expertos en el tema, hay un desfase entre los resultados preeliminares de la ENIGH y el padrón de beneficiarios de Oportunidades por casi 1.5 millones de personas, lo cual podría derivar en malversación de fondos públicos por más de 9 mil millones de pesos.
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| Araceli Damián |
Araceli Damián, investigadora del Colegio de México, señala que desde que iniciaron los planes para levantar la ENIGH se incurrieron en diversos actos de ilegalidad. Uno de ellos, explica, es que la Sedesol solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de 70 millones de pesos para realizar la encuesta, pero éste no fue autorizado por los legisladores.
En la negativa se argumentó que “corresponde al INEGI realizar las encuestas con su propio presupuesto”. Además, los legisladores apuntaron que la Sedesol no tiene facultades para pagar este tipo de encuestas nacionales y que la ENIGH tendría que ser levantada hasta 2006, ya que la Ley General de Desarrollo Social establece que se realice cada dos años.
Pese a ello, agrega la especialista, tres instancias del gobierno federal decidieron violar el PEF. Hacienda otorgó los recursos para hacer la encuesta, la Sedesol pagó y el INEGI la levantó.
Una vez que fue concluido este ejercicio estadístico, el cual resguarda celosamente el INEGI, los resultados preeliminares arrojan que “mientras la cobertura de Oportunidades era desde fines del 2004 de 5 millones de hogares, la captada en la ENIGH 2005 es de sólo 3 mil 528 millones, por lo cual parecieran haberse esfumado casi 1.5 millones de hogares beneficiarios de dicho programa”, apunta Araceli Damián, quien en coordinación con el investigador Julio Boltvinik han revisado el tema.
La diferencia de más de millón y medio de beneficiarios del programa de la Sedesol significan al erario 9 mil 300 millones de pesos, según cálculos de los especialistas. Araceli Damián cuestiona: ¿dónde está el dinero que debería repartirse entre 1.5 millones de hogares?
Debate parlamentario
Ante esta situación, Inti Muñoz, diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), subió a tribuna un punto de acuerdo para que la Sedesol rindiera un informe preciso de la distribución de los recursos para el programa Oportunidades.
“La ENIGH, que se lleva a cabo por el INEGI desde 1963, es una encuesta elaborada con profesionalismo, con una muestra cada vez más grande consigna que el programa Oportunidades estaría beneficiando a 3.5 millones de personas, en tanto que la Sedesol informa que al 2006 estaría beneficiando a 5 millones de personas. Entonces, aquí el problema es que hay algo que no coincide, hay 1.5 millones de personas más que en la encuesta levantada por el INEGI.
“Hay que agregar que la Cámara de Diputados asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el 2006, los recursos suficientes a petición del Ejecutivo para beneficiar a 5 millones de personas. Esto es un asunto delicado, que además se conecta con el debate y la polémica ocurrida en el marco de los resultados electorales y la utilización de Oportunidades”, argumentó el legislador.
El vocero de la bancada del PRD señala que “hay que tener en cuenta el antecedente de que el programa Oportunidades fue utilizado con fines electorales, por parte del Ejecutivo en los spots de televisión. Este asunto que fue analizado y dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyéndole al presidente de la república dejara de hacer ese uso electoral.”
Respuesta panista
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| Maki Ortiz Domínguez |
Maki Ortiz Domínguez, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) niega que exista algún tipo de irregularidad. Por el contrario, la encuesta se hizo a petición de la Sedesol con un costo para la Secretaría de 66 millones, pero “este es un procedimiento legal”, dice ante los señalamientos que han hecho los académicos de El Colegio de México.
En concordancia con el discurso foxista, que alude a la transparencia y a la rendición de cuentas, la diputada del blanquiazul añade que “nosotros estamos a favor de que se transparente todo tipo de información de los padrones, de las encuestas de los hogares o de cualquier otra. Somos un gobierno que se ha comprometido y hemos sido transparentes”.
Sin embargo, la legisladora revira al discurso perredista y dice que “lo que no nos parece es que se quiera hacer un cotejo entre la encuesta del ENIGH de 2005 y la del padrón de familias de Oportunidades.
“Ambas operaciones tienen metodologías diferentes, una encuesta del ENIGH se hace entre 23 mil familias y no llega a todos los lugares donde pueden estar beneficiarios de Oportunidades, que sí usa el nombre y los apellidos específicos de las personas afiliadas a ese programa. Aunque puede servir para hacer trabajos y proyectos en conjunto, no se puede decir que el tener una encuesta del INEGH sea realmente la que diga la verdad sobre las familias que están en Oportunidades”, apunta.
Otro de los argumentos que debate la legisladora es que el INEGI no es la institución encargada de medir la pobreza, “desde 2002 la Sedesol conformó un Comité Técnico para ello. Entonces, a partir de ese momento existe el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual hará el cálculo correspondiente”.
Ante los cuestionamientos de los académicos que resaltan que la ENIGH se levantó anticipadamente, la diputada del PAN justifica la solicitud hecha por la dependencia que encabeza Ana Teresa Aranda “fue una petición porque quería ayudarse de alguna forma a los proyectos, ver cuáles son los cálculos de un lado y del otro, pero no son los mismos instrumentos para llevar a cabo la encuesta”, insiste.
Y es que “todos hemos visto las necesidades de tener encuestas actualizadas, porque la explosión demográfica es cada vez mayor, la población aumenta cada vez más rápido, tenemos problemas de migración, de población flotante en algunos estados. Entonces, la Sedesol y el poder Ejecutivo vieron la necesidad de llevar a cabo todo esto”.
Opuesto a lo que señala la Ley General de Desarrollo Social, Maki Ortiz Domínguez concluye: “Las cosas no se deben hacer cada tantos años, sino cuando se requieren para el progreso del país”.
Publicado: Septiembre 1a quincena de 2006 | Año 4 | No. 63
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Baja California 
