OAXACA, Oax.— “Tengan cuidado porque los pistoleros de Ulises Ruiz están sueltos” -advierten en las colonias aledañas al centro de la capital de Oaxaca. Los mensajeros no son maestros ni integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), sino ciudadanos comunes que desde julio instalaron barricadas para repeler, dicen, la intromisión de guardias blancas y policías encubiertos que se multiplican por todo el estado.
“Tenemos que recurrir a las barricadas para escuchar cuando algún extraño se acerca”, dice José, habitante de la colonia El Rosario, que encabeza el grupo de autodefensa en el que, dice, hay más de 30 personas que cada noche realizan rondines de las diez de la noche a las cinco de la mañana.
Tan sólo en la capital de Oaxaca hay alrededor de mil 500 barricadas, la mitad de ellas de autodefensas independientes, tanto del magisterio como de la APPO.
El fenómeno se ha extendió a 40 municipios de las ocho regiones del estado, en donde un numeroso grupo de habitantes se han declarado en rebeldía. A la par, se desarrollan e intensifican acciones de provocación, con la presencia de guardias blancas, sobre todo en las regiones de los Valles, la Costa y la Sierra Sur
Miguel Ángel Vásquez, de la organización de derechos humanos Educación Alternativa (Educa), alerta de la agudización de los conflictos agrarios, sociales, religiosos y políticos en las zonas rurales, a raíz de la polarización entre los integrantes de la APPO y priistas opositores.
Educa es una organización formada por grupos religiosos que desde 1994 trabaja en las comunidades más alejadas e incomunicadas del estado.
Sobre el panorama actual de enfrentamientos civiles en el estado, Miguel Ángel Vásquez estima que “los conflictos son más evidentes en estos momentos en la Sierra Sur, entre Santo Domingo Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan; entre Santa María Sanisa y San Pedro Taxtitlán. En la región del Papaloapan operan guardias blancas y grupos de ajusticiamiento”.
La ola de violencia en Oaxaca inició al mismo tiempo en que Ulises Ruiz hacía llamados a la federación para la intervención de la fuerza pública, luego de su fallido intento de desalojo -el 14 de junio- de los integrantes de la sección 22 del SNTE, que reclamaban solución a sus demandas laborales.
El autoritarismo del gobernador provocó la álgida respuesta de la sociedad civil, de la que algunas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos prevén alcanzará tintes de guerra civil en la intentona gubernamental de militarizar el estado, disuadir el movimiento y aprehender a los líderes.
Michael Chamelín, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, señala que “desde que empezó el conflicto, sin menoscabo de graves arbitrariedades contra la población, no se había sentido tanto temor de que el conflicto se resuelva con el uso de la fuerza indiscriminada”.
Sangre con Z
Fuentes cercanas al gobierno de Ulises Ruiz y el sector empresarial confirman que en un acto desesperado para que el gobierno federal militarice Oaxaca, el gobernador contrató a un comando de Zetas para cometer asesinatos que se achacarían al magisterio y a la APPO.
La noche del 5 de octubre fue asesinado el profesor Jaime René Calvo Aragón, integrante del Consejo Central de Lucha (CCL), opositora a la Sección 22 magisterial.
Calvo Aragón fue secuestrado cuando se dirigía a una de las reuniones que a diario organiza el CCL en la capital de Oaxaca. En las inmediaciones de la Ciudad Universitaria “fue sembrado”, sus captores lo ataron de manos con un listón rojo a la espalda y lo degollaron.
El CCL acusó del homicidio a miembros de la Sección 22 del magisterio, en tanto que la vocería de la APPO sostiene que el crimen fue parte del “Plan Hierro” de Ulises Ruiz. Con dicho plan, de acuerdo con el documento dado a conocer por la APPO, Ulises diseñó, en complicidad con el gobierno federal, un proyecto de contrainsurgencia contra el movimiento.
Florentino López Martínez, vocero de la APPO, dijo a Contralinea que una persona “muy cercana” a Ulises, también militante e informante de la APPO, filtró a la dirigencia de la Asamblea Popular la existencia del “Plan Hierro”.
Para ejecutar una parte de este plan, sostiene López Martínez, Ulises contrató a un grupo de sicarios de Los Zetas, encabezados por un comandante llamado Manuel Díaz, originario de Culiacán, Sinaloa.
“Tenemos detectada la presencia de uno de los jefes de Los Zetas en la ciudad, conocido como Manuel Díaz. Él viene de Culiacán, Sinaloa, llegó con un grupo de sicarios contratados por Ulises para hacer ejecuciones y culpar a la APPO”.
Así, de acuerdo con otra fuente del sector empresarial de Oaxaca, la primera intervención de los Zetas como parte de la contraofensiva de Ulises, fue el asesinato de Calvo Aragón, para que los empresarios “nos lavamos las manos de esta decisión del gobernador”.
El “Plan Hierro” inició el 21 de agosto, cuando Ulises hizo desfilar decenas de camionetas con policías fuertemente armados por las principales calles de Oaxaca para amedrentar. Luego vinieron los sobrevuelos, el 30 de septiembre, de helicópteros de la Armada sobre la capital y el desembarco de infantes de la Marina en Huatulco y Salina Cruz.
En esos mismos días se registraron tiroteos y bombazos a instituciones bancarias, hecho que se adjudicó la Organización Revolucionaria Armada de los Pueblos de Oaxaca (ORAPO), y la aparición del Comando Magonista de Liberación (CML) en la Sierra de Juárez.
La dirigencia de la APPO sostiene que el “Plan Hierro” es un proyecto de contraofensiva diseñado por Ulises, en complicidad con el gobierno federal para acabar con el movimiento, que incluye la militarización de Oaxaca.
El 5 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional mantenía a más de 5 mil efectivos en la zona militar ubicada a las afueras de la capital y en los municipios de Nopala, Juxtlahuaca, Tuxtepec, Tlaxiaco, Coxocon, Huajuapan de León, entre otros, reconoció en un comunicado de prensa el general Ricardo Clemente Vega García.
Desde el 6 de octubre, efectivos de la 28 Zona Militar realizaban recorridos desde Oaxaca hasta Tlacolula, sobre la carretera Salina-Cruz--Oaxaca, principal zona de acceso de la milicia a la capital. En caso de avanzar hacia la capital, se sumarían también los de las zonas militares de Guerrero y Puebla.
Para disuadir al movimiento de la APPO el Ejército deberá tomar también más de 40 municipios donde ya se han constituido Asambleas Populares, y por lo menos en 25 de ellas siguen tomadas las alcaldías y otras instalaciones de gobierno.
Efectivos militares entrenan a policías municipales acuartelados en improvisados campos en poblaciones como Tlacolula y Zaachila.
Habitantes de la región de la Sierra Sur, entrevistados por Contralínea, señalan que se han intensificado las movilizaciones de militares que desde hace nueve años se instalaron en la zona como parte de las acciones para “encapsular” al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
La presencia del Ejército en esta zona incluye la instalación de retenes y cateos a los domicilios de los lugareños. Máxime que toda la zona de Loxicha también se declaró abiertamente como APPO. Por su trayectoria de lucha social y popular, las organizaciones y civiles que integran la APPO de esta región es una de las más numerosas actualmente.
La contraofensiva del gobierno del estado, dice el vocero de la APPO, contempla la masacre de algunos menores de edad tanto en la ciudad como en las zonas rurales, para inculpar también a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
“Esperamos más asesinatos no solo de maestros, sino de civiles, sobre todo niños, y el estallamiento de petardos en las escuelas que han abierto los alcaldes priístas aliados de Ulises. Todo es parte del Plan Hierro”, dice Florentino López.
Guardias blancas
En grupos de diez en diez acechan en las calles. Portan armas de alto poder, visten de civil, casi todos con chamarras holgadas y gorras. Son policías vestidos de civil, sicarios que al cobijo de la noche esperan la orden para entrar en acción.
Uno de estos grupos fue visto por Contralínea en la puerta principal del periódico El Tiempo, en donde mostraban descaradamente sus armas de alto poder.
El aumento de guardias blancas en la zona ha sido denunciado también por Amnistía Internacional (AI), dice Javier Zúñiga, director del Programa para América Latina, quien cuenta con evidencias de que grupos de milicias armadas, ubicadas en distintas zonas del estado, están listas para atacar a los integrantes del movimiento.
Hasta el momento AI ha documentado siete casos de tortura y/o maltrato, y ha alertado de que las ejecuciones de milicias armadas por el gobierno puedan desatar asesinatos masivos.
Autodefensas
Frente a la aparición de guardias blancas y del llamado “convoy de la muerte”, los colonos instalaron barricadas en las calles, donde en las noches hacen fiesta, se organizan, preparan café, chocolate caliente, reparten tamales, tlayudas y tortas.
Se proveen de armas: palos, envases de refresco, tubos de acero, garrotes. Escuchan música y los mensajes que incansablemente transmiten locutores en lucha de La Ley, la emisora radial que en manos de la APPO cambió su eslogan por 'La Ley del Pueblo'.
La Ley de la APPO se ejerce en Oaxaca. En una sola colonia han detenido a 12 personas acusadas de actos vandálicos y llevadas al centro de la ciudad para que se “haga justicia”.
Publicado: Octubre 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 66
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Baja California 
