El fantasma de la guerrilla

Oaxaca, Oaxaca.— pasado 6 de septiembre, apoyados en la ideología del liberal oaxaqueño, Ricardo Flores Magón, el Comando Magonista de Liberación (CML) de la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) difundió un comunicado con el fin de explicar las razones de su aparición, el 30 de agosto, en las inmediaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, este hecho ocasionó discrepancias entre diversos actores. Muchos lo calificaron de una provocación pues se dio en medio del conflicto magisterial y popular el cual ya cumplió cuatro meses.

Para algunos dirigentes políticos e incluso miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) esta aparición suena más a provocación para que al gobierno de Ulises Ruiz le sirva como "coartada" y así solicitar la intervención de las fuerzas federales y se reprima al movimiento.

Por coincidencia, ocho días atrás, la procuradora general de Justicia del estado, Lizbeth Caña Cadeza, había calificado los actos de protesta encabezados por la APPO y el magisterio como tácticas de "guerrilla urbana", lo que le costó un rápido desmentido del procurador de la República, Daniel Cabeza de Vaca, quien afirmó que en Oaxaca no existían este tipo de expresiones.

"Los mensajes subversivos que se difunden y el saber qué personas están detrás de este movimiento y los rumores que lanzan para provocar la percepción de que el gobierno es responsable de todos y cada uno de los actos negativos que pudieran acontecer, hacen pensar la posibilidad de una guerrilla urbana", declaró la funcionaria el 22 de agosto.

El resultado de esa noche de terror que se vivió en los campamentos de la APPO, fue la muerte del arquitecto Lorenzo San Juan Cervantes a las afueras de la emisora La Ley 710, tomada por los inconformes, y el atentado sufrido por los reporteros gráficos Jorge Luis Plata y Luis Alberto Cruz, cuando cubrían la información esa madrugada.

El fantasma de la guerrilla buscó tender una cortina de humo en el crimen del segundo ciudadano que cae en el conflicto bajo la metralla de mercenarios, paramilitares y policías al servicio del gobierno, como lo denunció de manera enérgica el movimiento.

Ajuste de cuentas

Si bien en medios de la inteligencia oficial se ubica al Frente Popular Revolucionario – protagonista junto con otros grupos de las movilizaciones en Oaxaca– como el brazo político y civil del Ejército Popular Revolucionario (EPR), estas versiones nunca han sido confirmadas. El resto, son organizaciones sociales, civiles y no gubernamentales que participan en la APPO reivindicando la vía pacífica y legal para resolver las controversias.

El texto del Comando Magonista, sin embargo, trata de no inmiscuir al magisterio en sus acciones, pero advierte de una estrategia gubernamental por golpear y reprimirlos, y de paso ajusta cuentas pendientes con la otra guerrilla, la del EPR, a la que acusa de arrogarse el derecho de ser el único grupo armado existente en las montañas del sur.

"No se trató de un acto de provocación para justificar la represión, sino de un acto de solidaridad con el movimiento social y magisterial. Acto de solidaridad que, sin embargo, cada actor político ha manejado de acuerdo a sus intereses y proyectos concretos, pero de cuyo manejo no somos ni podemos hacernos responsables", dicen.

Explican que ante la brutal represión contra obreros de Sicartsa, comuneros de San Salvador Atenco y los maestros de Oaxaca, así como el entrenamiento y la capacitación en instalaciones militares a grupos de disuasión para detener a dirigentes y desarticular movimientos de resistencia popular, decidieron actuar porque "el gobierno foxista está preparando una escalada represiva de grandes dimensiones a fin de brindarle condiciones propicias al gobierno espurio ( de Felipe Calderón ) para instalarse y profundizar la estrategia neoliberal, la entrega de nuestra soberanía y el saqueo de la nación."

Ésta y otras son razones, dicen, "para que una coalición de seis organizaciones revolucionarias armadas hayan decidido lanzar una seria advertencia a la oligarquía y al gobierno federal, mediante un acto de propaganda armada revolucionaria, en la Sierra Juárez de Oaxaca, tratando de cerrar el paso a la imposición de una salida policíaca y militar por parte del gobierno federal al conflicto social y magisterial oaxaqueño."

El acto, reconocen, produjo diversas reacciones entre el pueblo y algunas de sus organizaciones, lo cual les parece perfectamente comprensibles desde cierta lógica y perspectiva, pero las cuales tendrán que reconstruirse a partir de los hechos y el reconocimiento de una realidad que incluye la existencia de diversas organizaciones armadas revolucionarias en Oaxaca, por lo menos desde la década de los 70 del siglo pasado.

"Pero eso es una cosa y otra la torcida descalificación que en contra nuestra endereza el actual PDPR-EPR a través de las FARP, que nos acusa de ser 'grupos paramilitares', cancelando toda posible salida política a la colisión que derivara de la fragmentación y éxodo eperrista; colisión azuzada por el actual PDPR-EPR", como lo dieron a conocer a principios de este año en la "Crónica de una colisión inevitable", publicada por el Centro de Documentación de los Movimientos Armados.

En el fondo –agregan– el actual PDPR-EPR pretende difundir la creencia de que es la única estructura armada verdaderamente revolucionaria y, por tanto, la única que posee el saber y la verdad, "utilizando a las FARP para desacreditarnos y justificar el asesinato de nuestros compañeros, tratando de eludir la crítica radical y de encubrir la desaparición forzada en el estado de Oaxaca de dos ex militantes del que fuese el proyecto original, por órdenes de la actual dirección eperrista, intentando mantener por medio del terror el control de cierto territorio y población que consideran patrimonio exclusivo de su estructura."

Estado de alerta

Los magonistas explican que la reactivación de sus actividades suspendidas en enero pasado para ver el desenlace de la contienda presidencial, la encuentran en la validación de los comicios y el fallo del Tribunal Electoral a favor del candidato de la derecha.

Afirman que "nuestra estructura revolucionaria armada decidió poner fin a la tregua, manteniéndonos a partir de ahora en estado de alerta ante la posible intervención de los cuerpos represivos federales en la represión y el aplastamiento de los diversos conflictos sociales en nuestro país", precisando que sólo actuarán militarmente "en respuesta a la acción represiva gubernamental."

Por tanto, hacen un llamado al pueblo de México y, en particular, al pueblo oaxaqueño "a fortalecer la articulación política y la lucha de resistencia contra la ofensiva ultraderechista, la consumación del fraude de Estado y la imposición de un gobierno espurio, fascista y neoliberal."

Al mismo tiempo, advierten "al movimiento social y magisterial oaxaqueño de la maniobra del gobierno federal de aparentar interés por resolver el conflicto, cuando en realidad está preparando febrilmente un conjunto de acciones –en el contexto de una guerra sucia contrainsurgente– para golpear y tratar de derrotar al movimiento popular."

Los magonistas también hacen una crítica puntual al sexenio foxista y vaticinan que con Calderón "nos espera una administración gubernamental falaz y represiva infinitamente peor".

Señalan que al pretender seguir imponiéndose por la vía del engaño y la represión, el proyecto y la estrategia neoliberal y pro imperialista de la derecha, debe sostenerse y generalizarse la lucha popular desde abajo y desde arriba, establecer acuerdos programáticos y estratégicos entre organizaciones de izquierda antineoliberales y anticapitalistas.

"Sostener y generalizar el bloqueo político multitudinario de calles y centros neurálgicos del poder capitalista, impulsar la organización de un nuevo Constituyente del que emane un nuevo pacto social y un nuevo gobierno de carácter popular, a fin de impedir la instalación de un gobierno espurio el próximo primero de diciembre...", dicen.

Afirman que es deseable que este proceso pudiese ir avanzando de manera civil y pacífica. "Pero es necesario que las organizaciones mantengamos serias reservas al respecto y, sobre todo, instrumentemos medidas pertinentes, porque la actitud política asumida hasta hoy por la oligarquía neoliberal contra los diversos movimientos sociales (sindicales, campesinos, indígenas, estudiantiles, etc.) ha sido francamente intimidatoria y represiva”.

En un segundo comunicado fechado en el estado de Guerrero el 11 de septiembre, el Comando Magonista comunicó al pueblo de México y a sus organizaciones de izquierda que había concluido la tregua decretada a fin de brindar condiciones favorables al recorrido de La Otra Campaña y al desarrollo de la contienda electoral, en el estado de Guerrero y en otras entidades del país.

Sin embargo, dijeron reservarse "el derecho de replicar de manera armada la ofensiva policíaca y militar con la que el gobierno foxista pretende cerrar su gestión gubernamental para imponer al gobierno espurio y usurpador de la ultraderecha neoliberal y fascista."

La duda

Sobre esta irrupción armada, realizada sobre la carretera a Guelatao de Juárez, a pleno día, surgieron diversas sospechas sobre su autenticidad, pues el comando apareció con uniformes nuevos, detuvo a varios automovilistas para repartirles propaganda y se perdió en la espesura de la sierra, en vehículos aparentemente nuevos.

Reporteros gráficos de la Agencia Cuartoscuro, reprodujeron imágenes que dieron la vuelta al mundo. El domingo siguiente, en el programa Punto de Partida de Denise Maerker, de Televisa, se difundió un video grabado con anterioridad donde se muestra un entrenamiento en plena montaña, en el cual se observa a sujetos camuflados que realizan disparos.

Israel Ochoa Lara, abogado defensor de los indígenas de la región loxicha –acusados desde 1996 de pertenecer al EPR– calificó de pantomima esta aparición y lo mismo hicieron autoridades municipales y comunales de los pueblos de la Sierra Juárez, legisladores e integrantes de la APPO y el magisterio.

La preocupación era evidente porque así como sucedió hace diez años en la Sierra Sur, inmediatamente a esta "presencia", elementos del Ejército Mexicano patrullaron durante varios días localidades del llamado Rincón de Ixtlán de Juárez, de difícil acceso.

Ahí en comunidades como Yagalaxi y la Chachalaca, que desde hace una década son señaladas de “sospechosas” de albergar a insurrectos, se centró el patrullaje militar, instalando retenes móviles hasta que las protestas obligaron a la tropa a replegarse a sus cuarteles, sin que hubiera explicación oficial alguna sobre estas actividades como lo solicitaron los pueblos serranos.

Se creyó que los intentos de militarizar esta zona tenía que ver con que en el actual conflicto, ciudadanos mixes y zapotecos se han puesto al lado del magisterio y de la APPO, por lo que se buscaba "castigar" a ambas etnias sembrándoles una guerrilla por parte del gobierno de Ulises Ruiz, que no ha cejado en llamar la intervención de las fuerzas federales para "restablecer el orden y el Estado de derecho en Oaxaca".

Publicado: Octubre 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 66