En medio del descontento general contra la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, en Chiapas el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría volver al poder, y de nuevo se reanuda el peligro de un ataque paramilitar contra la población simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como en Acteal en 1997, alertan defensores de derechos humanos.
No sería un hecho aislado, sino producto de la militarización que prevalece en el estado, a pesar de los argumentos del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, quien hace poco aseguró que el Ejército Mexicano ya no vigila las zonas de influencia zapatista y que “hoy se vive un ambiente de libre tránsito en el estado”.
Sobre la presencia de efectivos militares, Abascal dijo a los legisladores que el Ejército Mexicano atiende únicamente las necesidades de una entidad con características de estado fronterizo, pues dejó de inspeccionar las zonas de conflicto en donde el EZLN tiene presencia. Durante más de una década miembros del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) han seguido de cerca el conflicto en Chiapas, desde la aparición del EZLN y la militarización y paramilitarización que hay en el estado. Onésimo Hidalgo, integrante del CIEPAC, realizó una exhaustiva investigación en donde expone que en la recta final del gobierno de Vicente Fox que prometió solucionar el problema de Chiapas “en 15 minutos”, los paramilitares siguen activos y el Ejército Mexicano, al margen de las disposiciones que dicta el derecho internacional humanitario, sigue dejando saldos rojos. En este trabajo publicado en el libro Tras los pasos de una guerra inconclusa. Doce años de militarización en Chiapas,
Onésimo Hildalgo revela que la actividad paramilitar no ha sido erradicada y nada garantiza que en coyunturas específicas “desarrollen su accionar”. Explica el diseño de los grupos paramilitares desde 1993, cuando efectivos militares detectaron hechos vinculados a la presencia del EZLN e iniciaron actividades encubiertas tratando de ubicar el tamaño del grupo insurgente, su radio de operaciones, capacidad militar y vínculos organizativos. Con la entrada del Ejército en las comunidades, cita el investigador, se cometieron atrocidades: reprimieron, torturaron, detuvieron a campesinos y destruyeron sus viviendas, según reportó la red “Todos los Derechos para Todos”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Conpaz, todo ante el mutismo de las autoridades.
Fue hasta noviembre de 1994 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atrajo algunas denuncias, que la Procuraduría de Justicia de Chiapas abrió una investigación de los abusos de militares contra los indígenas Severiano y Hermelindo Sántiz Gómez y Sebastián Sántiz López, detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados. La indagatoria a más de 12 años no ha sido integrada ni consignada. La CIDH verificó la existencia de responsabilidad del Estado mexicano en el caso por violar los derechos humanos de los indígenas, y recomendó que se designara un fiscal especial, instaurará procedimientos judiciales contra los responsables y la reparará el daño con una indemnización a sus familias. El Estado mexicano aún no ha cumplido y los agresores siguen impunes. Ese fue el primero de cientos de casos que se documentaron en los años posteriores y que alcanzan hasta el sexenio del presidente Fox, quien igual que el Ejecutivo estatal Pablo Salazar, no combatió ni mucho menos erradicó estos abusos. Y es que Fox usó también su propio modelo para mantener de forma encubierta tanto la militarización como la paramilitarización en Chiapas.
Los paramilitares siguen activos y el Ejército Mexicano, al margen de las disposiciones que dicta el derecho internacional humanitario, sigue dejando saldos rojos.
Contrainsurgencia y militarización
Onésimo Hidalgo revela el proyecto de contrainsurgencia y guerra de baja intensidad utilizada por la administración foxista, estrategia documentada en su libro y cuyas ideas centrales se resumen a continuación. La estrategia actual de militarización en el contexto de la guerra en Chiapas, se ubica en el marco de dos modelos de desarrollo: el de los gobiernos que lo defienden, impulsan y lo imponen desde los intereses de las grandes empresas transnacionales, con los programas de Marcha Hacia el Sur y el Plan Puebla Panamá, donde están en disputa los recursos naturales de Chiapas con una amplia y desplegada presencia militar.
El otro modelo es el de la autonomía, impulsado por el EZLN, donde juega un papel importante la tierra para el desarrollo de proyectos productivos, salud, educación, derechos humanos, cooperativas, etc., con el entendido de que la autonomía es mucho más que el desarrollo económico, lo es en lo político, lo religioso, cultural y militar. Un elemento que se suma a la estrategia de la militarización en Chiapas es la ubicación geográfica del estado, la frontera sur del país, donde interactúan factores como la seguridad nacional, la migración centroamericana hacia los Estados Unidos, la operación de las “maras salvatruchas”, la actuación de las 118 redes de traficantes de emigrantes, el tráfico y producción de enervantes y, posterior al 11 de septiembre, la Operación Centinela.
Fox partió de cero experiencia. A unas semanas de asumir el poder recibió de un grupo de generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el documento “Chiapas 2000”, donde los militares le recomiendan una nueva estrategia a seguir en torno al conflicto armado en Chiapas. A cinco años de gobierno, se ha ido cumpliendo cabalmente lo que establece el documento.
En términos políticos
Aquí se recomendó a Fox cumplir con los Acuerdos de San Andrés, con la excepción de aquéllos que vayan en contra de los intereses de la federación; llevar a cabo una estrategia de diálogo y negociación, y el nombrar a Rodolfo Elizondo y Luis H. Alvarez para representar al gobierno federal.
Las tareas del negociador debían buscar un acercamiento con el EZLN, respondiendo a las demandas que dieron origen al levantamiento armado y presentar estos logros ante la opinión pública como méritos del gobierno de Fox, con el cuidado de que el gobernador Pablo Salazar y el EZLN no las capitalizaran. Mientras que para el gobernador del estado se buscaba evitar que aprovechara los resultados de la negociación y cortarle sus aspiraciones por la candidatura a la Presidencia de la República en el 2006, con el apoyo de partidos y organizaciones que lo llevaron al poder en Chiapas, por sus supuestos vínculos con la Diócesis de San Cristóbal y el EZLN.
En desarrollo
Se sugirió a Fox desarrollar proyectos productivos y de bienestar social para quitarle al EZLN las banderas de lucha que lo han hecho crecer. Entregar animales de trabajo y domésticos a cambio de armas y establecer una línea de investigación del abastecimiento de armas, ubicando el tipo, marca, matrícula y país de fabricación. A esto responde el papel de Luis H. Álvarez de visitar comunidades zapatistas y reunirse con los no zapatistas. Hasta ahora no existen milicianos ni combatientes zapatistas que hayan entregado las armas a cambio de proyectos.
En comunicación
Se recomendó a Fox establecer líneas de información que muestren que el gobierno federal llama reiteradamente al diálogo, la negociación, con la calidad moral que le da haber sido elegido en un proceso legítimo y democrático.
Restarle al EZLN su capacidad de comunicación estableciendo páginas electrónicas, ya que hay grupos y organizaciones que dan su versión parcial de los hechos –según el Ejército– . A esto se deben las conferencias de prensa que Luis H. Álvarez en las que insiste en su llamado al diálogo, aunque no haya cumplido cabalmente con las tres señales que exige el EZLN.
En contrainsurgencia
Establecer mecanismos que permitan bloquear tanto las fuentes internacionales, como las locales, de financiamiento del EZLN a efecto de reducir su capacidad de acción y de movimiento, de lo cual se encargaría a la Secretaría de Hacienda. A esto se debe que entre abril y mayo de 2005, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sufrió un asalto bancario electrónico de sus cuentas Banamex, la cancelación de cuentas de la Organización Médicos del Estado de Chiapas que coordina proyectos en la región de los Altos, y la cancelación de cuentas de Enlace Civil A.C. del banco BBVA. Enlace Civil es la única organización que legal y abiertamente el EZLN creó para canalizar recursos al territorio zapatista para desarrollar proyectos productivos.
El 26 de enero de 2006 el banco HSBC de San Cristóbal le volvió a cancelar las cuentas.
En términos militares
Replegar a sus cuarteles (sin retirarlas de la zona) las unidades militares, con excepción de los puntos estratégicos y, al mismo tiempo, establecer una presencia efectiva y fuerte de elementos policíacos del orden federal en la zona de conflicto de manera encubierta. Incrementar los efectivos adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones, Policía Federal Preventiva, Migración, Fiscal Federal y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para lograr una presencia permanente sin que sea vista como una medida represiva, pero manteniendo una capacidad de respuesta y control de la zona bajo un mando coordinador unificado (a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el estado).
Estructurar células operativas denominadas Unidades Policiacas Interinstitucionales (UPI), las cuales, bajo el mando de la PGR y con el pretexto de instrumentar operativos antiinmigrantes, anticontrabando, etc., continuar con los filtros de revisión y operativos permanentes en las carreteras.
Establecer cuerpos policíacos dentro de la zona de influencia zapatista que permitan ubicar grupos de delincuentes organizados a efecto de desarticularlos con acciones quirúrgicas, y filtrar la información a la opinión pública y a los medios de comunicación. Mostrar al subcomandante Marcos como un delincuente y no como un guerrillero defensor de los indígenas, que se ha enriquecido escudándose en la lucha de los indígenas y demeritar su imagen, y de esta manera ejercitar la acción penal no contra el líder insurgente, sino contra el delincuente para evitar presiones nacionales e internacionales.
En cinco años, han sido replegadas 53 posiciones militares y 17 de la Policía Sectorial. Esos espacios han sido cubiertos con otros cuerpos policíacos y se han establecido nuevas formas de vigilancia contratando a personas
Plan Fox, cerco al EZLN de las comunidades indígenas que hoy son informantes del Cisen.
Ejemplo: Artemio, ayer responsable del EZLN en Palenque y Tumbalá, hoy es asesor de la presidencia municipal de Palenque (PRD) y miembro del Cisen; Felipe Luna, de Morelia, municipio de Altamirano, ex integrante del EZLN, hoy es informante del Cisen; Rogelio Santiz, ex presidente municipal de Altamirano (PRD), hoy es el traductor de tzeltal de la PGR. Pepe, quien fue miembro de la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha, hoy es informante del Ejército y organizador de la OPDDIC-PRI en Galacia, municipio de Ocosingo. Después de los repliegues, miembros de inteligencia militar regresan a las comunidades vestidos de civil y se internan en casas de priístas para observar, vigilar y reportar la actuación de los zapatistas. Las famosas Bases de Operaciones Mixtas (BOM) fueron sustituidas por las Unidades Policíacas Interinstitucionales (UPI), en por lo menos 41 cruces de carreteras o lugares estratégicos, realizan operaciones conjuntas sin logotipo para dificultar que se les denuncie.
Por eso toda acción contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y las “maras salvatruchas”, las instituciones policíacas pretenden hacer creer a la opinión pública que todo sucede en el territorio zapatista, para restar autoridad moral al EZLN y justificar acciones represivas en su contra.
Sobre la presencia de extranjeros
Evitar en la medida de lo posible el ingreso de extranjeros en la zona de conflicto, que en realidad son “correos” de las organizaciones que apoyan desde fuera del país al EZLN. Por eso ahora el Istituto Nacional de Migración otorga no más de 30 días a los extranjeros que visitan Chiapas, antes daban permisos hasta por 180 días.
Vigilancia y monitoreo permanente de las actividades de extranjeros, aunque no ha habido expulsiones ni agresiones, pero en las comunidades los priístas y los aliados del gobierno no dejan de lanzar amenazas de expulsión, agresión y violaciones a mujeres en territorio de influencia del EZLN.
Sobre paramilitares y ganaderos
Entablar diálogo con los funcionarios y ex funcionarios líderes de organizaciones paramilitares, haciéndoles ver que ello puede acarrear consecuencias de tipo penal, ya que no se permitirán actuaciones fuera de la ley. Sostener pláticas con ganaderos, finqueros, quienes realmente tienen problemas de inseguridad desatendidas por la autoridad, para establecer un programa conjunto y atender sus demandas, exhortándolos a crear o contratar compañías de seguridad privada que cumplan con los requisitos de ley.
* Acuerdos de San Andrés, Intento fallido
En el 2005, Pablo Salazar sirvió de mediador ante la Secretaría de la Reforma Agraria para que a los ganaderos de Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas paguen por las tierras de 253 predios que dicen el EZLN les expropió en 1994, pero que venían usufructuando un pago como renta desde aquel año.
Sobre la Diócesis de San Cristóbal
Promover ante el Papa Juan Pablo II y la cúpula clerical de México remover a los sacerdotes jesuitas y clérigos comprometidos con Samuel Ruiz García, especialmente de aquellos en posiciones de poder dentro del obispado, que impiden que el actual obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, se desempeñe sin presiones ni obstáculos, toda vez que a su alrededor y en cargos claves han sido impuestos sacerdotes plenamente identificados con Samuel Ruiz. El documento recomienda hacer un análisis del perfil psicológico de algunos sacerdotes y líderes de la guerrilla, para promover ante los indígenas de la zona y ante la opinión pública conductas antisociales y de desviación sicológica, con el fin de quitarles arraigo y ascendencia moral sobre los indígenas.
Entonces tenemos en Chiapas un escenario de conflicto político militar de largo plazo, hasta que haya una fuerza civil y política con capacidad suficiente de cambiar el gobierno y que tenga no sólo la voluntad, sino la capacidad de escuchar al pueblo y resuelva sus necesidades antes que comprometerse con los intereses de las grandes empresas transnacionales. Si no hay posibilidades de cambio desde los espacios e instancias gubernamentales, la otra opción es construir las alternativas fuera de los esquemas del gobierno que rompan las estructuras de dominación y opresión, como los municipios autónomos, los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno.
La estrategia de guerra en Chiapas no se puede entender sólo con el análisis estructural de la militarización, sino con la amplia comprensión de los otros cuerpos policiacos que interactúan junto con los grupos de poder local en su dinámica y ubicación.
Tenemos en Chiapas un escenario de conflicto político militar de largo plazo, hasta que haya una fuerza civil y política con capacidad suficiente de cambiar el gobierno
a) La táctica de la presión de tijera:
Esta táctica se aplica en la región de los Altos, suponemos que el Ejército Mexicano ha ubicado la movilidad de la comandancia regional zapatista. La base de la 31 Zona Militar en Rancho Nuevo mantiene bajo sus órdenes y operaciones las tropas militares desde aquí a la base militar de San Andrés, El Bosque, Simojovel y Huitipán; mientras que la base militar de Chicoasén opera los campamentos militares de Ixtapa y Bochil (estos dos retirados en junio de 2005), Puerto Caté, San Cayetano, Chenalhó, Yabteklum, Polhó, Pantelhó y Tzanembolom, donde el punto de cruce de la tijera es el campamento militar de San Andrés. Con esta táctica mantienen encerradas y bajo control a la comandancia y tropas zapatistas en la región de los Altos. Por ello, cuando necesitan presionar en la región, activan las presiones desde Rancho Nuevo y llegan hasta Simojovel y desde Chicoasén los efectos llegan hasta Tzanembolom para cerrar la pinza, así el Caracol de Oventic ueda encerrado bajo esta táctica.
b) La táctica del despeje militar y la contaminación
A partir de que Fox asume el poder empieza un repliegue de tropas militares en la zona intermedia de municipios con presencia zapatista, hasta el retiro de 28 posiciones militares fijas, desde Socoltenango y Venustiano Carranza hasta la zona de Sitalá, pasando por Los Altos. La estrategia es replegar a las tropas militares o reubicarlas en cuarteles y campamentos para dejar operar libremente a priístas para que siembren droga en territorio de influencia zapatista, introduzcan carros robados y el alcoholismo, aceleren los conflictos intercomunitarios y aíslen a la comandancia zapatista de los Altos, de la de Selva, y aplicar operativos como “El ámbar 2004” en los alrededores de San Cristóbal, Tenejapa, Cancuc y otros municipios. Estos vacíos que deja el Ejército son llenados por destacamentos de la Policía Sectorial, de la AEI, AFI, INM y cuerpos de la Defensa Rural.
En esta zona se reprime a los zapatistas con argumentos de delincuencia común, y no por las causas que generaron el conflicto armado, lo cual enmascara la represión política del gobierno del estado y federal. La estrategia es contaminar el territorio zapatista para descalificarlo y desprestigiarlo ante la opinión pública nacional e internacional, para así quitarle la autoridad moral de la que hasta ahora goza el zapatismo.
Durante 2005 el Ejército decomisó drogas, armas y destruyó plantíos de marihuana en el norte de Chiapas, en municipios como Pichucalco, Rayón, Tapilula, Ixtacomitán, que no son de presencia zapatista, pero ante la opinión pública los presentó como si los fueran.
c) La táctica de yunque y martillo
Se aplica en la Selva Lacandona desde la ofensiva militar del 10 de febrero de 1995. Se trata de mantener posiciones militares fijas desde el campamento militar y los retenes permanentes del Ejército en la carretera fronteriza del sur, desde Medellín, en Palenque, en Playas de Catazajá, Chancalá, Palestina, San Javier, Frontera Corozal, Benemérito de Las Américas, Zamora, Pico de Oro, Nuevo Orizaba, Flor de Cacao, Loma Bonita, Ixcán, hasta Maravilla Tenejapa.
Esto significa la edificación de un muro de contención que han establecido las Compañías de Infantería No Encuadradas (CINE) bajo el mando de la 38 zona militar con sede en Tenosique, Tabasco. Esta franja sería el Yunque.
El martillo golpeador serían las dos fuerzas entrenadas para el combate y son las que han intervenido contra las comunidades zapatistas, con las Fuerzas de Intervención Rápidas (FIR), ubicadas en la base militar de Copalar en Comitán, que cuentan con la infraestructura aérea para acciones quirúrgicas, como lo pretendió hacer con la captura de la Comandancia General del EZLN el 10 de febrero de 1995, con el menor costo político y de vidas humanas.
El otro punto de operación militar preparado para golpear y combatir por vía terrestre, son las tropas de caballería, de transporte aéreo y de infantería, que operan desde Emiliano Zapata, municipio de Tila, las comunidades de Limar, Nuevo Limar; Bachajón, Temó, Altamirano, El Vergelito, Las Margaritas, hasta la base militar de Copalar en Comitán.
Estas posiciones fueron las que el subcomandante Marcos denunció en 1995 como la operación Yunque y Martillo, hasta hoy vigente. Aunque en marzo de 2006 se retiraron algunas, la estrategia continúa y con ella han dejado en medio a los Caracoles de la Realidad, La Garrucha, Morelia y Roberto Barrios.
De acuerdo al investigador Onésimo Hidalgo el plan qué aplican el Gobierno Federal de Vicente Fox y Pablo Salazar en Chiapas es el siguiente:
* Onésimo Hidalgo, investigador
PLAN MILITAR DE FOX PARA CERCAR AL EZLN
d) Operación Centinela y Golfo Sur Las otras zonas, como la costa y la sierra de Chiapas, están bajo control de la 36 Zona Militar ubicada en Tapachula, donde el 4º y 15º regimientos de caballería motorizadas (RCM, ubicados en Chichimá, Comitán y Motozintla) y el 61 Batallón de Infantería (entre Tonalá y Arriga) se encargan de resguardar la frontera y aplican operativos antinarcóticos, antiimigrantes y antiterroristas.
A estas actividades se suma la Marina que tiene su sede principal en Puerto Chiapas y que controlan el mar vía aérea. En este puerto se dan los entrenamientos militares antiguerrilleros, antinarcóticos y antiterroristas, que posteriormente son probados en territorio zapatista.
Por otro lado, hay un resguardo de las presas hidroeléctricas Angostura, Chicoasén, Malpaso, Peñitas, los pozos petroleros de Reforma, Estación Juárez, Ostuacán y Pichucalco, con presencia de las compañías de marina y de infantería de la 31 y 38 Zonas Militares de Tabasco.
El ejército también ha aprendido en Chiapas porque se enfrenta a un enemigo interno de nuevo tipo, que no es la clásica guerrilla de los 60 y 70, por lo tanto ha tenido que modernizarse, y uno de sus principales aprendizajes ha sido mantenerse flexible, ajustarse a las coyunturas del momento y no estacionarse en una sola estrategia. Ha llevado a cabo acciones directas, labores de reconocimiento estratégico recolectando información sobre las capacidades e intenciones del EZLN, poco a poco ha ido aprendiendo a medir el terreno y a la población; ha tejido redes de inteligencia e información con priístas y ex zapatistas, taxistas; se ha involucrado en entrenamientos y capacitación a grupos de civiles armados, ha sabido esconderse para no manchar su imagen y honor militar.
Ha sabido llevar acabo operaciones psicológicas como parte de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) y planificado el uso de la información y contrainformación para incidir en la opinión pública, y en las emociones, actitudes y conductas de su población amiga y enemiga, con la finalidad de conseguir sus objetivos de seguridad. Ha llevado a cabo labores de ayuda humanitaria con el Plan DN-III, que si bien es parte de su trabajo y responsabilidad, tiene la finalidad de ganarse la confianza de la población civil en beneficio del gobierno y para sí mismo. Con todo ello el ejército ha conseguido tener flexibilidad para ajustarse a las necesidades del momento y capacidad de maniobra para operar en territorio zapatista.
Chiapas es un laboratorio donde tropas se han preparado luego practicar en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Morelos, donde se presume la presencia de otras fuerzas guerrilleras. Este relevo permanente de tropas cada seis meses, hace difícil afirmar un número exacto de militares, que se calcula de entre 50 mil y 60 mil elementos. El ejército mexicano busca no chocar o confrontarse con la sociedad civil porque la credibilidad o descrédito de su imagen radica en ella y aparenta defender a la población, cuando en realidad defiende los intereses de una clase social que está en el poder y gobierna el país. Por ello, ha pasado de ser un ejército de la defensa nacional a la defensa de los intereses de una clase social.
Publicado: Mayo 2a quincena de 2006 | Año 4 | No.56
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