“La coalición por el bien de todos” que impulsa la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, también instó al IFE a indagar la existencia de un financiamiento paralelo en dicha campaña, prohibido por la ley, para evadir los controles de fiscalización de la autoridad electoral.
En su queja presentada ante el IFE por irregularidades y faltas administrativas y solicitud de investigación, Horacio Duarte Olivares, representante de la coalición “Por el Bien de Todos”, asegura que de acuerdo con información interna de la campaña de Felipe Calderón, el panista espera recaudar alrededor de 190 millones entre compañías nacionales y extranjeras, así como de un organismo internacional.
Sostiene que este financiamiento, en pesos y en dólares, provendría de una serie de reuniones, cócteles, desayunos, comidas y cenas con hombres de negocios, según documentos de la agenda de eventos del candidato del PAN, que tienen el logotipo oficial de la campaña y fueron divulgados por diversos medios de comunicación.
En las reuniones participarían, entre otros, Alfredo Achar Tussie, director general corporativo de Pinturas Comex e integrante del Consejo Consultivo de Desarrollo Social cuando Josefina Vázquez Mota, coordinadora política de la campaña de Calderón, fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Asimismo, Manuel Arango, socio de Cifra, uno de los consorcios más grandes del país; Enrique Ramírez, directivo de Organización Ramírez, operador de Cinépolis; Héctor Rangel Domene, presidente del consejo de BBVA-Bancomer; Enrique Bremont, dueño de Liverpool; Antonio Chedraui, propietartio de tiendas de autoservicio; el vicepresidente ejecutivo de corporación GEO, Miguel Gómez Mont; Salomón Chertorivsky, de la comunidad judía; los dueños de GICSA (líderes de la industria inmobiliaria), Jorge Casar y Francisco Medina, así como Guillermo Barroso, presidente del Consejo Metropolitano de Bancomer, Cerillera La Central y Grupo Fénix, entre otros.
El director general de Ixe Banco, Javier Molinar Horcaistas (hermano de Juan, diputado panista con licencia); Alberto Torrado, operador de restaurantes como Domino's Pizza y Burger King; Marco Tulio Valdez, vicepresidente de la Confederación de Transportistas.
También: Antonio Ariza, Luis Javier Barroso, Enrique Pérez Correa, Carlos García Muriel, Héctor Lagos, Juan Guishard, Luis Tamés, Juan Martínez Parente, Juan Alberto Briones, Carlos Morodo, Rodolfo García Muriel, José Antonio Cañedo, Rodolfo Valdez y Andrés Baptista
Se menciona, además, a “los ocho empresarios más importantes del estado de Chihuahua”, que aportaría un millón de dólares cada uno. En la mayoría de las reuniones participarían cientos de empresarios de primer nivel, en diversos estados de la República.
Se buscan apoyos financieros a través de Young President Organization (YOP), una agrupación internacional con presencia en 75 países, fundada en 1950 por Ray Hickok, que forja a líderes empresariales.
En la agenda hay indicaciones como esta: “Se sugiere igualar la aportación de los otros bancos y Sofoles (dos millones de USD)”.
Una de las tarjetas de la agenda señala que se pretende recaudar de “banqueros de Ixe y Bancomer” un monto similar al recaudado en Banamex.
La coalición “Por el bien de todos” argumenta que hay indicios de posibles aportaciones de compañías privadas, prohibidas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y de empresarios por encima del tope individual de 976 mil 827 pesos con 67 centavos.
La queja consigna las declaraciones de Juan Camilo Mouriño, coordinador de campaña del candidato presidencial del PAN, quien comentó sobre el proyecto de recaudación: “no digo si es falso o verdadero. Digo que desconozco su procedencia”.
Sin embargo, Juan Camilo Mouriño aseguró que ese plan de recaudación “podría ser obra de buena fe de personas que quieran sumarse al movimiento calderonista…” o “que podría haber surgido de algún panista o ciudadano que desea apoyar la campaña con su propio esfuerzo de recaudación”.
Para la coalición “Por el Bien de Todos”, dichos argumentos del funcionarios panista “denotan que en el equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional se reconoce la posibilidad de la existencia de una estructura paralela de recaudación, lo cual debe investigarse por el Instituto Federal Electoral, habida cuenta que (…) el partido político denunciado es responsable de los actos que realicen sus militantes y simpatizantes”.
Eso podría generar un rebase de los topes de campaña, precisa.
 De confirmarse esta información, “el PAN habría incurrido por segunda vez consecutiva en actividades expresamente prohibidas por el Cofipe y que se traducen en mala fe y fraude”, por lo que reclama la sanción correspondiente.
Pide que constate si en el equipo de campaña del candidato presidencial del PAN hay tres personas de nombres Ivette Tana Fernández, Lía Limón y Cecilia Laviada, vinculadas a las actividades de recaudación. De esta última, dice, deberá averiguare si labora en la Secretaría de Energía del gobierno federal.
Considera que el IFE también debe conocer si varios millones de dólares y de pesos se recaudaron y si expidieron los recibos correspondientes a los donantes.
La coalición solicita al IFE “la suspensión de cualquier donativo que el partido político denunciado pueda recibir para la campaña electoral presidencial en contravención a la normatividad electoral e inmediatamente iniciar el procedimiento, bajo la más estricta exhaustividad, dado el inminente peligro en que ha sido colocado el proceso electoral federal”, pues podría estarse conculcando el principio constitucional de equidad en las campañas
Publicado: Mayo 2a quincena de 2006 | Año 4 | No.56
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