Los periodistas son víctimas de homicidio, secuestrados-desaparecidos y agredidos por el abuso del poder político y económico. Durante el foxismo-panismo, se acumularon 208 quejas ante la CNDH. Los reporteros José Reveles y Fernando Ramírez de Aguilar (El Financiero: 16/II/06) nos informan que se radicaron 88 quejas en el salinismo y 157 en el zedillismo. Vamos, pues, de mal en peor. Instancias y fiscalías para investigar agresiones a periodistas, han sido más inútiles que “la carabina de Ambrosio”.
La penúltima fiscalía (D.O.: 15/II/06), creación no del presidente de la República ni del Congreso de la Nación y mucho menos de a quién mejor le corresponde: el Poder Judicial Federal, si no del titular de la PGR, es un órgano para “taparle el ojo al macho”. Con nombre rimbombante, por lo aparatoso y ridículamente solemne: “Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas”, busca adornar el monitoreo, interno e internacional, sobre los derechos humanos en el escenario foxista.
Por todo el país se han reducido los espacios para la libre expresión y la publicación de escritos, así como censuras en la radio y la total manipulación, para aparentar libertad de información y de crítica, en las televisoras privadas, pero públicas, para pervertir a la opinión pública. No hay la menor voluntad política. Mucho menos con la nueva-vieja legislación, de contenidos y fines políticos antidemocráticos, que en lugar de normar la conducta de los concesionarios en beneficio de la sociedad (Karl R. Popper y John Condry: La televisión es mala maestra), lo hace en beneficio de un duopolio y perjudican –plan con maña– a los escasos medios públicos.
Silvia Otero y Francisco Reséndiz (El Universal y Crónica: 18/II/06) ampliaron la información sobre la tomadura de pelo foxista, ya que no se trata de garantizar las máximas libertades constitucionales en el desempeño periodístico, sino acumular expedientes sobre delitos a trabajadores del periodismo, antes que apuntalar las condiciones preventivas que garanticen las tareas de informar y opinar, en un contexto de veracidad y crítica plurales, para multiplicar las opciones a la opinión pública.
El esfuerzo de los medios públicos, la raquítica presencia de radios comunitarias y de la prensa escrita son espacios reducidos para ejercer estas libertades, frente al poderío económico y la impunidad que otorga la nueva legislación de Radio y Televisión a los medios de comunicación privados. Y el menoscabo redunda en gravísimos daños al Estado, al gobierno y a la sociedad, ya que los grandes espacios han sido entregados justo a quienes deberían habérseles limitado. Así, la soberanía ya no reside esencial y originariamente en el pueblo, sino en quienes con sus intereses particulares a través del Congreso General, redujeron los espacios para las libertades de expresión en todas sus manifestaciones.
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Publicado: Mayo 1a quincena de 2006 | Año 4 | No.55
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Baja California 
