Guatemala paraíso de tráfico de niños

Guatemala. La tardanza exaspera a una mujer que aguarda afuera del estatal Hospital Roosevelt, en espera de que su hija de dos años reciba atención médica, cuando una desconocida la aborda y le ofrece ayuda, y ni siquiera lo piensa, aunque este encuentro cambiará su vida.

La desconocida, quien se identifica como Susana Duarte, le pregunta por la enfermedad de la hija, y Edith responde que es  un “mal” de los pulmones. Susana le promete: “te voy a llevar con un médico privado porque tu hija se ve muy mal”.

En el trayecto hacia las afueras de la ciudad, Susana le invita un café y le suelta nuevos ofrecimientos, le dará trabajo como doméstica mientras “una abogada muy importante, te va a ayudar con los gastos de tu hija”.

Edith dice que “por inexperiencia o mi ignorancia… ¡no, creo que mi pobreza!”, se convenció de los ofrecimientos de la mujer.

Por indicaciones de Susana, al día siguiente se reunió con la abogada Mirella de González, quien le dio a firmar en blanco la autorización para ingresar a su hija en un hospital donde recibiría tratamiento médico. La llevó a un lujoso laboratorio clínico privado, en el edificio Torre Blanca, donde en realidad le efectuaron una prueba de ADN.

"¡Y hasta aquí nos das a la niña que ya en el hospital no puedes ingresar!"

Para Edith la obtención de pruebas de laboratorio significaba que su hija estaba en manos de un médico. Y las dos mujeres se veían tan serias que aunque se sintió  incómoda por no poder vigilar a su hija en el hospital, cuando la abogada le entregó una cédula profesional para que no tuviera desconfianza, dejó que la llevaran.

Los siguientes días Edith asistió a varias reuniones con la abogada, quien le aseguró que Ruth estaba muy grave y no podía salir del hospital. Tres meses después, Mirella le informó que su hija estaba en proceso de adopción. La oposición de Edith tuvo una seca respuesta: “Firmaste los papeles ¿te acuerdas?”.

Dos quetzales por un hijo

Las historias de Edith Argentina López Galicia y Dominga Isabel Alvarado Alvarado se unen por un mal azar. Se conocieron el mismo día cuando ambas intentaban presentar una denuncia en el Juzgado Primero de la Niñez y la Adolescencia, por el robo de sus hijas para fines de adopción.

A Edith la impulsa demostrar que fue mediante engaños que dio el consentimiento para la adopción, pero Dominga tiene miedo y aún no parecen muy claros los sucesos por los que un día ella, apenas con 15 años de edad, se vio sin su pequeña Lidia, de diez meses de nacida.

Unos meses antes de que sus vidas se cruzaran, Dominga fue abordada por la misma Susana Duarte en un tribunal familiar, cuando denunciaba al padre de su hija por no darle pensión alimenticia.

Dominga lloraba abrazada a su niña cuando Susana la tomó del hombro susurrándole palabras de aliento. Le ofreció trabajo y su apoyo: “tengo una abogada muy importante”, en el momento mismo en que abría el monedero y le daba dos quetzales para “el pañal a la niña”, y un refresco “para que te tranquilices”.

Dominga relata que no sintió ningún sabor especial en esa bebida, pero minutos después sentía una pesadez terrible que le impedía seguir cargando a su hija. Susana se ofreció a darle cobijo en su casa “mientras descansas”. Abordaron un taxi y Dominga no supo más.

Despertó al día siguiente en una habitación desconocida. Susana le dijo que la niña se había enfermado durante la noche y que la había llevado a un sanatorio. “Me dijo que no me preocupara, que el médico era de confianza y que  me llevaría a  ver a mi hija”, recuerda.

Susana la convenció de que en el hospital pedían la partida de nacimiento de la niña, y que debía ir tramitarla a la Municipalidad. Luego le dijo que hacía falta un donador de sangre, “y pues quien mejor que tú, 'mijita', que eres su mamá”.

En el mismo lujoso laboratorio de la Torre Blanca le extrajeron la sangre.

A pesar de su inexperiencia, Dominga se incomodó cuando Susana la llevó de Ciudad Guatemala a Escuintla a inscribir a su hija en el Registro Civil. “No te preocupes, ya vi lo de tu pensión y mi amiga la abogada va a verte”.

La misma abogada, Mirella, quien supuestamente ayudaría legalmente en el caso de Edith, la hizo firmar los documentos en blanco. Fue ella quien le dijo: “es el trámite para tu pensión, pero debes autorizarme para tramitarla”.

Un día, cansada de no ver a su hija, Edith llamó a Susana, y lo que escuchó detrás del auricular la dejó congelada: “Si tanto quieres a la niña reclámala en el juzgado porque la van a dar en adopción”. Hoy se lamenta de que “por dos quetzales me iban a quitar a mi hija”.

Edith y Dominga descubrieron que ambas fueron engañadas por Susana Duarte, esposa de un  militar de alto rango, Mirella de González, y la abogada Lucila Hernández Oscal, notaria que autorizó la adopción de ambas niñas a  extranjeros que “por encargo” se llevarían a las niñas a Europa.

Presentaron una denuncia (expediente P-373-2005) en el Juzgado Primero de Niñez y Adolescencia. Tras un litigo de un par de meses, la juez Casta Liliana Castañeda Flores resolvió devolver la niñas a sus progenitoras. Aunque ambas identificaron a las responsables no se ejerció acción penal alguna.

La red de tráfico de niños

Héctor Dionisio, abogado de Casa Alianza Guatemala, señala a Mirella de González y Lucila Hernández Oscal, influyentes abogadas y notarias del país, como miembros de una red de trata de niños con fines de adopción ilegal. En octubre pasado Casa Alianza presentó una denuncia en su contra por los delitos de sustracción de menores y falsificación de documentos.

Pero como la ley es lenta en Guatemala, la denuncia está empantanada en el Servicio de Investigación Criminal, sección de la Niñez y la Adolescencia, de la Policía Nacional Civil (PNC), que por los delitos imputados deberá enviarla a un juez federal.

Aunque las denuncias por adopciones ilegales son cada vez más frecuentes en Guatemala, éste es el primer caso en donde se involucra, con nombre y apellido, a dos renombradas abogadas en el ilícito.

Héctor Dionisio lo atribuye a “influencias de las abogadas, que reciben protección a muy alto nivel” del gobierno guatemalteco.

Desde hace un par de años, Casa Alianza investiga los casos de adopciones ilegales en Guatemala que opera  a manos de una red internacional de robo de niños en diferentes países, incluido México, y cuenta con casas de cuna clandestinas, recurre a embarazos forzados, así como falsificación de documentos para cubrir un mercado negro de adopciones clandestinas por pedido, cada vez más frecuentes, hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

Por las indagatorias relacionadas con estos casos,  integrantes de Casa Alianza, filial latinoamericana de Covenant House, son objeto de acoso y presiones que incluso han llegado al asesinato.

En septiembre pasado, el abogado Harold Rafael Pérez Gallardo, de 56 años de edad, fue baleado en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Trabajaba como asesor legal de Casa Alianza desde hacía siete años y llevaba las denuncias relacionadas con las adopciones ilegales y el involucramiento de abogados y notarios del Colegio de Abogados de Guatemala -mismos que se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos-.

Leonel Dubón Bendfeldt, director de Programas de Casa Alianza, reclama que las autoridades de Guatemala se nieguen a  esclarecer el asesinato de Harold, y refiere que se dio en los mismos días en que indagaba la participación “de abogados muy dominantes del país, que falsificaban  documentos para sacar a los niños del país”.

¿Harold recibió amenazas o algún tipo de acoso?

-Eso no se da en Guatemala, no hay avisos ni amenazas, cuando te van a matar, te matan.

A la muerte de su colega, Héctor Dionisio lleva las demandas de la red de adopciones ilegales, mismas que a partir del caso de Edith López y Dominga Alvarado presentará una denuncia contra el Estado Guatemalteco ante la CIDH y contra las dos prominentes abogadas por corrupción del sistema legal y judicial guatemalteco, pues considera que se niegan a procesarlas por encubrimiento y el involucramiento de funcionarios de alto nivel en la red de trata de niños.

Actualmente, Casa Alianza lleva en tribunales de Guatemala ocho denuncias más de adopciones ilegales que involucran también a funcionarios públicos.

Ley a favor de delincuentes

La participación de jueces, abogados y notarios en la red de trata de niños la facilita el propio gobierno guatemalteco, ya que no existe una Ley sobre Adopciones y sólo se enmarca este proceso como un simple acuerdo entre particulares.

Existen dos vías para llevar a cabo una adopción: la judicial, en la cual un juez de lo familiar dictamina si es viable integrar al niño o la niña a otra familia; proceso que puede durar meses para su aprobación. Y la vía notarial, en la que ambas partes pagan a un abogado para que legalice la documentación necesaria que permitirá al menor integrarse a una nueva familia.

Abogados de Casa Alianza aseguran que la vía notarial es la forma más utilizada actualmente por la red de adopciones ilegales, y es que el procedimiento oficial en este tipo de adopción, diseñado como un contrato de compraventa, tiene como candados los documentos firmados por la madre y la presentación de dos testigos que aseguren que la pareja que la solicita es solvente económicamente.

En este tipo de adopciones se recurre además de las autorizaciones apócrifas de la madre real, al robo de menores a los que las mismas notarías que integran la red les consiguen documentos falsos con los que madres sustitutas se acreditan como progenitoras del niño robado y “oficialmente” dan su autorización para la adopción.

Al respecto, Alejandra Vázquez, representante del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Guatemala (MSDNAJG), asegura que actualmente en la mayoría de los casos se roban a los niños con fines de adopción ilegal, y en este tipo de proceso, dice, los mismos abogados falsifican las actas de nacimiento para "legalizar" el robo.

La mayor dificultad para detectar una adopción ilegal, en el caso de niños robados, es que el 90 por ciento son raptados de Guatemala antes de que sus verdaderos padres descubran que sus hijos fueron objeto de una adopción ilegal.

Organizaciones civiles a favor de la infancia han solicitado al Congreso de la República que legisle en materia de adopciones y ponga candados que inhiban el ilícito; sin embargo, desde hace tres años, cuando la Organización Pro Niño y Niña de Centro América solicitó por primera vez la aprobación de la Ley de Adopciones, la queja no ha encontrado eco entre los legisladores.

Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, coincide en la urgencia de legislar  sobre las adopciones, ilícito que se disparó el año pasado. En tanto no se legisle, dice, no se podrá combatir el robo de niños.

La Misión de Verificación  de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Guatemala solicitó al Congreso de la República aprobar la Ley de Adopciones, pero no obtuvo respuesta alguna.

Por ello, Héctor Dionisio prepara la denuncia que presentará en la CIDH por irregularidades en los procesos de adopción, manipulados por organizaciones de tráfico de niños que involucra a autoridades de alto nivel, las cuales han incurrido incluso en la sustracción de niños mexicanos para darlos en adopción a cambio de millonarias ganancias.

Exportador de niños

Después del narcotráfico y el contrabando de armas, la trata de personas es uno de los ilícitos más redituables en el ámbito internacional. Una de las ramificaciones es precisamente la trata de niños por medio de adopciones ilegales, y este país centroamericano se ha convertido en el paraíso del ilícito.

Durante los últimos cinco años las adopciones en Guatemala se han dispararon, al grado que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF) estima que el promedio debería de ser de unas 500 al año, de las cuales el 90 por ciento tendrían que ser adoptados por parejas guatemaltecas y el resto, sólo 10 por ciento, por extranjeros. El motivo, argumenta, es por las condiciones económicas y sociales del país que lo ubican entre los más pobres de la región.

Sin embargo, las cifras de “adopción son alarmantes, pues de 2001 a la fecha el promedio anual de adopciones asciende a unas 3 mil, es decir unas 90 diariamente, pero lo más grave es que la mayoría son hechas por parejas extranjeras. Esta cifra coloca a Guatemala entre los países que más "exportan" infantes.

Aunque ninguna autoridad ha podido esclarecer cuántas de estas adopciones son ilegales, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) sostiene que en este país son robadas anualmente más de 2 mil niños.

Según la Procuraduría de Derechos Humanos, el crecimiento de la red de adopciones ilegales se advierte  por la proliferación de casas de cuna clandestinas, ubicadas en los departamentos de las zonas rurales, además de las casas de seguridad de traficantes en donde se retiene ilegalmente a jóvenes expuestas a embarazos forzados durante el periodo de gestación, durante el cual se desarrolla el proceso de adopción.

Además, operan de forma clandestina bufetes de abogados que ofrecen sus servicios en países europeos y en Estados Unidos, sobre la posibilidad de adoptar un niño guatemalteco “en paquete”. Incluyen desde el envío de fotografía del menor, gestiones legales que van desde la autorización de la madre, pruebas de ADN, el trámite notarial para formalizar la adopción, la presentación de los testigos que acrediten su solvencia “moral y económica”, hasta el trámite de visas.

La Policía Nacional de Guatemala detectó que el único momento en que los padres adoptivos visitan Guatemala es cuando el menor les es entregado. Las parejas pagan por una adopción en promedio 50 mil dólares más gastos de traslado para recoger al infante.

En la red de traficantes las mayores ganancias, según  Casa Alianza, son para abogados y notarios, a las enganchadoras se les atribuye una ganancia de 500 dólares por niño, a quienes se hacen cargo del menor en tanto se realiza el procedimiento de adopción, 100 dólares mensuales por cada niño.

El negocio se ha vuelto tan redituable que, según investigadores del Instituto Latinoamericano para la Educación y la Comunidad (ILPEC), los abogados involucrados en esta red de tratantes obtienen ganancias netas de hasta 750 mil dólares al mes, por lo que viajan a Europa y Asia para contactar a sus clientes.

El tráfico también involucra a México

Aunque las adopciones ilegales no es un problema que se ventile frecuentemente en México, la directora nacional de Casa Alianza en Guatemala, Sofía Almazán, alerta de que la trata de niños con fines de adopción ilegal es fácil de realizar en México “porque los procesos de adopciones son muy oscuros”.

Lo que facilita el ilícito, refiere, es que no existe una política pública real al respecto, y los procesos de adopción “no son suficientemente revisados”.

Almazán suelta un dato: “hay muchísimos bebés en la calle, hijos de muchachos en situación de calle, y de repente desaparecen, y a ninguna autoridad le preocupa  saberlo, los niños no están registrados y no se sabe qué se está haciendo con ellos, por eso Casa Alianza planteó a Emilio Álvarez Icaza que desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se atienda este asunto, cada vez más frecuente”.

Carlos Caljú, vocero de la Policía Nacional de Guatemala, refiere que en ningún momento autoridades mexicanas han solicitado su intervención para detectar  niños robados en México.

El problema ha alcanzado tal magnitud que aun con la indiferencia de ambos gobiernos, las adopciones ilegales  fue tema de discusión del Parlamento Europeo, en la reunión de Estrasburgo de julio pasado; allí se hizo un llamado a las autoridades de ambas naciones para que atiendan el problema, pues consideran que es un ilícito “que asola la región”.

Los miembros del Parlamento Europeo coinciden que en Guatemala operan no delincuentes comunes que roben  niños para venderlos, sino el crimen organizado con conexiones internacionales dedicadas a este ilícito.

La aseveración tiene sus fundamentos. Fue precisamente el robo de niños mexicanos trasladados a Guatemala lo que dio los primeros indicios de esta nueva modalidad de trata de personas a manos de redes internacionales.

En 1997 hubo reportes de robo de niños en Tapachula y Ciudad Hidalgo, Chiapas, y eran llevados a Tecún Umán, donde eran presentados como ciudadanos guatemaltecos en los registros civiles de San Marcos y Malacatán por supuestas madres, contratadas por los intermediarios. Una vez registrados, los niños eran mantenidos en una casa de cuna clandestina, mientras los abogados tramitaban la adopción (autorizada por las madres sustitutas).

Ante el robo de infantes, la Procuraduría General de la Nación detectó en Malacatán el domicilio que servía de casa de cuna, y entre los niños que ahí mantenían cinco eran mexicanos, también había mujeres embarazadas, además partidas de nacimiento y recetas médicas.

Sobre los niños mexicanos la única medida asumida fue anunciar el delito por televisión y la radio guatemaltecas. Nadie los reclamó y finalmente fueron dados en adopción con la anuencia de las autoridades en 1997.

A principios de 2004, en Tapachula, Huixtla y otras zonas fronterizas con Guatemala, se registró una ola de robos de recién nacidos y, al mismo tiempo, en la capital de Guatemala, del Hospital Roosevelt desaparecieron ocho recién nacidos.

A partir de este hecho la Sección de Investigaciones Criminológicas (SIC) de la Policía Nacional localizó, en un cateo a nueve casas de cuna, a 26 niños robados, entre ellos 10 mexicanos, y todos en trámite de adopción solicitada por parejas de Estados Unidos y Europa.