FACLA: nuevo fideicomiso del SAT

Creado a mediados de 2004 para sustituir al fideicomiso privado Aduanas I, que desde 1993 ha ejercido “ilícitamente” los recursos recaudados por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), el fideicomiso público para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA) enfrenta severos cuestionamientos sobre su reciente operación.

Y es que de acuerdo con la empresa Teléfonos de México (Telmex), la primera licitación pública que involucra recursos hasta por 338 millones 739 mil pesos y que es financiada por esta figura fiduciaria, viola la normatividad vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la reglamentación de telecomunicaciones.

Por las supuestas irregularidades detectadas en el proceso de licitación identificado con el número 06101072-018/2005, a principios de noviembre pasado la empresa de Carlos Slim presentó una inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), en donde ya se investigan las posibles anomalías cometidas por el fideicomitente y licitante Servicio de Administración Tributaria (SAT), presidido por José María Zubiría Maqueo.

En una carta fechada el 21 de noviembre de 2005 y dirigida a Luz Angélica Ramírez Medina, administradora de adquisiciones del SAT, el apoderado general para pleitos y cobranzas de Telmex, Rafael Torres Castro, advierte que la compañía telefónica ya acudió a la SFP para denunciar la “pretensión (del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda) de violar diversas disposiciones legales”.

El documento obtenido a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental revela que Telmex también notificó de las supuestas irregularidades a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para que se pronuncie al respecto, pero dicha dependencia se declaró incompetente para analizar la legalidad de los servicios. Para la empresa esta resolución es ilegal, por lo que ya la está impugnando en tribunales de justicia.

Según las bases de la licitación, el 27 de septiembre de 2005 el SAT convocó a las personas morales de nacionalidad mexicana con títulos de autorización para la prestación de Multiservicios Administrados de Comunicaciones (MAC), emitidos por la Cofetel, a participar en el proceso para “la contratación de la prestación de los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados” que se instrumentarán en las 48 aduanas del país.

El presupuesto y el procedimiento de licitación para la contratación de dichos servicios, fue autorizado por el Comité Técnico del FACLA, también encabezado por Zubiría Maqueo, el 1 de octubre de 2004, establece el acuerdo 5-01/10/04.

Transparencia negada

Para el SAT, la licitación impugnada por Telmex es de suma importancia: forma parte de las acciones emprendidas por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para transparentar y devolver los miles de millones de pesos que maneja discrecionalmente a través del fideicomiso “privado” Aduanas I y de la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A. de C.V.), ambos constituidos hace 14 años por el propio Gil Díaz en su calidad de subsecretario de Ingresos (Contralínea 45)

Dichas disposiciones, que incluyen la licitación coloquialmente llamada MAC, se realizan desde finales de 2003, luego de que en una reunión privada el presidente Vicente Fox ordenara al secretario de Hacienda cancelar de inmediato el rentable negocio aduanero.

Según la Auditoría Superior de la Federación, el SAT es responsable de haber causado daños al patrimonio nacional por más de 9 mil millones de pesos, al omitir enterar a la Tesorería de la Federación los recursos del DTA y depositarlos indebidamente en el fideicomiso privado Aduanas I.

Por más de una década los ingresos obtenidos por el cobro del DTA financiaron a la empresa ISOSA, contratada desde su creación -1993- por el Aduanas I para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados en las 48 aduanas mexicanas, y que desde noviembre pasado fueron adjudicados por el SAT a Telmex, a pesar de que esta empresa condicionó su participación en el proceso licitatorio por considerarlo ilegal.

Las irregularidades

De acuerdo con la carta a través de la cual Telmex condiciona su participación en el proceso de licitación 06101072-018/2005, el fideicomitente del FACLA violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al informar que “cualquier implicación provocaría una modificación a la presentación de los servicios”.

En dicho oficio el apoderado general para pleitos y cobranzas, Rafael Torres Castro, dice: “en nombre de Telmex me permito informar que mi representada participará dentro del procedimiento de licitación, aunque consideramos que se están violando diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones”.

El análisis jurídico de la empresa de telefonía expone que “el uso de Gateway (servicio contemplado en las bases de la licitación) va en contra de la regulación en materia de telecomunicaciones y que se contravienen las disposiciones de interconexión y al Plan Fundamental de Numeración”. Además, advierte que los planteamientos del SAT propician la evasión de pagos de interconexión.

La carta de Telmex indica que la licitación viola lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues en el Anexo I de las bases se establece que “los servicios serán provistos tanto para los diferentes empleados del SAT como para los terceros contratados por la dependencia pública”. Según Telmex, “aún y cuando el SAT no comercializara de manera directa los servicios, los terceros contratados por el SAT evitarían el pago por los servicios de telecomunicaciones”.

Otras irregularidades denunciadas por la empresa de telefonía se refieren a la evasión de pagos de uso de infraestructura e interconexión, pues el tráfico público conmutado será enrutado a través de la red del SAT, y a la prestación de servicios de telefonía a través de la red de Internet, pues esta modalidad no está regulada en México con lo que se eluden los pagos correspondientes por la entrega y terminación de llamadas a las redes públicas.

Al respecto el diputado Miguel Ángel Toscano advierte que la queja de Telmex se centra en el hecho de que el SAT no está pagando los servicios de interconexión que le debe de pagar a Telmex. “De entrada estamos mal porque Telmex es un gran monopolio que lo único que ha hecho es robar muchos millones de pesos a sus clientes durante muchos años. Telmex piensa que por cualquier servicio de interconexión que tú utilices le tienes que pagar el derecho de renta por utilizar sus líneas”.

Al finalizar la exposición de las supuestas irregularidades, Teléfonos de México solicita a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria cancelar el proceso de adjudicación, pues de lo contrario se causarían daños y perjuicios en contra de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La negativa del SAT

Once días después de recibir la carta de Telmex, la administradora de adquisiciones del SAT, Luz Angélica Ramírez Medina, contestó que dicha “solicitud no es procedente, por extemporánea, toda vez que ya venció el plazo para solicitar aclaraciones”, además señala que al haber vencido el plazo para presentar inconformidad “se trata de un acto consentido por Teléfonos de México”.

La diputada priista Nora Yu Hernández explica que “las licitaciones se regulan con una ley específica y que para la materia de telecomunicaciones hay otra ley específica. En este sentido, si Telmex está argumentando que hay una irregularidad, hay que ver esa irregularidad contra la licitación. Y si el SAT hizo caso omiso, la empresa siempre tiene la facultad de inconformarse, de ampararse o de crear la controversia por la forma en la que se está incumpliendo la ley, entonces (el asunto) pasaría a la Cofetel”.

En el oficio con número de folio 327-SAT-III-B1, fechado el 2 de diciembre de 2005, la funcionaria indica que como la Cofetel no se ha pronunciado en ningún sentido con respecto a las supuestas irregularidades, la petición resulta improcedente por inoperante.

El diputado Toscano considera que el caso de la licitación que involucra recursos del FACLA revela un problema de ley en donde Telmex, seguramente en el estricto sentido del derecho, pudiera tener razón.

“Como dice en la carta, va a participar dejando claro que no está de acuerdo en permitir que alguien más ocupe sus servicios de interconexión sin que les paguen. Evidentemente Telmex es un monopolio muy agresivo y lo único que no quiere es tener más competencia, entonces viniendo de quien viene, que es de Telmex, hay que tomarlo con las reservas debidas”.

Sin embargo, el legislador panista puntualiza que “el FACLA, al igual que todos los fideicomisos públicos, debe ser transparentes. Los ciudadanos debemos saber qué es lo que pasa con las licitaciones, cómo se hacen, cómo se otorgan, bajo qué criterios, quiénes compiten y cómo se gasta el dinero”.

Consultada por Telmex sobre las posibles irregularidades detectadas, la Cofetel indica que el SAT es el único responsable de las políticas, bases y lineamientos de la licitación para la contratación de los servicios de procesamiento electrónico de datos, según consta en el oficio CFT/D01/P/259/05, firmado por el presidente de dicha Comisión, Jorge Arredondo Martínez.

El documento fechado el 16 de noviembre del año pasado y dirigido al apoderado legal de Teléfonos de México, Francisco Javier Islas Mancera, señala además que la “Cofetel no resulta ser la autoridad competente para entrar en el estudio de opinión de las bases de licitación de referencia, pues es el SAT quien bajo su responsabilidad emite las políticas, bases y lineamientos, así como las respectivas aclaraciones y modificaciones que en su caso se manifiestan en las juntas de aclaraciones”.

A pesar de las controversias que se desahogan en la SFP y en tribunales de justicia, el 30 de noviembre de 2005 el SAT adjudicó la prestación de los servicios de procesamiento electrónico de datos a Telmex. En una denuncia dirigida al administrador general de Tecnología de la Información del SAT, Javier Vega Flores, se revela que ese día dicho funcionario público mantuvo reuniones con personal de primer nivel de la compañía de telefonía de Carlos Slim, minutos antes de anunciar el fallo.

Para la realización de este trabajo Contralínea solicitó entrevistas con el presidente del SAT, José María Zubriría, pero en comunicación social de la SHCP informaron que por el momento no se pueden atender estas peticiones de la prensa. Ta,bién se hicieron peticiones de información a los voceros de Telmex, quienes hasta el cierre de la edición no dieron respuesta.