Luego de una tortuosa batalla jurídica que lleva más de 10 años, la Procuraduría General de la República (PGR) fue obligada por el Instituto Federal de Acceso la Información (IFAI) a entregar al ex cónsul mexicano en San Antonio, Texas, Humberto Hernández Haddad, los documentos que prueban cómo en 1995 las autoridades mexicanas conocieron del paradero de Manuel Muñoz Rocha, presunto implicado en el asesinato del entonces secretario general del Partido Revolucionario Institucional, José Francisco Ruiz Massieu.
El pasado 19 de enero Hernández Haddad obtuvo copia de la misiva que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envío al entonces agregado de la PGR en la embajada en Washington, Gustavo González Báez, fechada el 18 de enero de 1995.
La carta fue firmada por el fiscal estadounidense James H. Deatley y su asistente Glenn W. Mactaggart. En ella, los funcionarios norteamericanos dan cuenta de la estadía de Manuel Muñoz Rocha en ese país.
En el documento se lee que el encargado del Departamento de Justicia de Estados Unidos envió un memorando el 16 de abril de 1994, donde dice que la situación entre las partes se deterioró luego de que los esfuerzos para aprehender a Manuel Muñoz Rocha fueron obstaculizados por funcionarios mexicanos.
Mientras en México las autoridades judiciales daban cuenta a la opinión pública de que el diputado federal tamaulipeco había muerto, en los medios de comunicación se difundía que los restos de Muñoz Rocha se encontraron “gracias a las facultades de una vidente” y que su fallecimiento había ocurrido el 30 de septiembre de 1994.
Aunque la versión oficial mexicana se mantenía en pie, el ex cónsul Hernández Haddad insistía en que Muñoz Rocha se encontraba en territorio estadunidense. Pero dichas acusaciones no fueron atendidas por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría Treviño, actual secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ni por el ex procurador General de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, y por el contrario el excónsul mexicano que alertó de la presencia de Muñoz Rocha en Estados Unidos fue cesado de su cargo y aunado a ello recibió amenazas de muerte.
Omisión oficial
Ante la resistencia del gobierno de Vicente Fox para reabrir la investigación sobre el paradero del ex legislador Manuel Muñoz Rocha, persona clave en el crimen de Ruiz Massieu, el ex cónsul Hernández Hadad acusa a Alejandro García Moreno, actual embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), de participar en la obstaculización de la investigación de dicho asesinato, pues García Moreno sustituyó a Hernández Haddad en el consulado de San Antonio.
Cuestionado sobre ello, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, afirmó que ese tema lo sigue Hernández Haddad desde que “se le quitó y se le retiró como cónsul en San Antonio. En ese momento él expresó que las personas que lo habían sustituido: Alejandro García Moreno; canciller José Ángel Gurría, y el ahora Jefe de la Unidad Jurídica, Arturo Dager, habían actuado de mala fe.
“Desde entonces él hizo alegatos, presentaciones y quedó comprobado que no tenía ninguna base, ni fundamento. El señor sigue insistiendo y parece que 10 años pueden pasar y él seguir sacando el mismo tema.
“Yo sé que así como fue demostrado categóricamente que todo lo que él dijo era falso, hoy también resultará falso. Es una pena que ese señor siga insistiendo, es una situación personal en la que él se sintió que lo habían retirado del puesto de cónsul y que tenía méritos para quedarse ahí otros 10 años, yo supongo, y por lo mismo debe tomarse como de quien viene”, alega.
Respecto a la situación jurídica por la que atraviesa el actual embajador de México ante la OEA, Alejandro García Moreno, el secretario Luis Ernesto Derbez respondió, a través de la unidad de comunicación social de la SRE, que debido a que el proceso todavía se encuentra en tribunales, no se va a litigar en los medios de comunicación.
Carta a Fox
Ante las declaraciones del canciller mexicano, Hernández Haddad afirma que “es muy grave el estado de desconfianza social que se vive en México, en que la palabra de las personas ya no es suficiente y en mi caso, ni con los documentos que he aportado, logro que la PGR ni la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Eduardo Romero Ramos, investiguen el caso”.
Pero el excónsul no solo ha pedido que se abran las investigaciones, “a Romero Ramos le he pedido infinidad de audiencias, enviado infinidad de escritos, al igual que al presidente Vicente Fox y a los titulares de la PGR, pero todos ellos guardan un rotundo silencio”.
El 19 de enero de 2005 el ex cónsul envió al presidente de la República evidencias del ocultamiento de información que hubo por parte de las autoridades mexicanas.
“En mi entonces carácter de cónsul general de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, informé y denuncié las maniobras de encubrimiento y ocultamiento que se realizaron en octubre de 1994 en torno del que entonces era llamado por la Procuraduría General de la República ‘el fugitivo más buscado de México', el ingeniero Manuel Muñoz Rocha, informes consulares y denuncias que se encuentran documentadas en las averiguaciones previas 4068/DO/97, 356/DGDSCPI/03 y 3615/DDF/2004, ante la Procuraduría General de la República, así como en el expediente 4593/04 que se investiga ante la Secretaría de la Función Publica, interrumpiendo con ello cualquier plazo prescriptorio tanto de la acción penal como de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos que están denunciados por esos actos ilícitos.”
Hernández Haddad, quien tiene interpuestos cerca de 20 juicios de amparo en el Tribunal Colegiado para solicitar a la SRE y PGR las pruebas que han ocultado, señala “que la mía es una lucha que lleva 10 años contra una peligrosa señal de descomposición. Esta tiene lugar al interior de Relaciones Exteriores y de la PGR, porque en ambas dependencias, lejos de desahogar la investigación, han decidido tapar todo, han llegado al extremo, primero de negar los hechos, luego incumplen con entregar la información aún cuando son ganados los recursos de revisión y ya ganadas las sentencias de amparo, en algunos casos las vuelven a incumplir”, dice el ahora aspirante priista a la gubernatura de su estado natal Tabasco.
Y es que por más de una década, las puertas se han cerrado en materia jurídica a Hernández Haddad, quien se queja de haber “denunciado todo y Everardo Moreno Cruz, subprocurador de averiguaciones previas en el gobierno de Ernesto Zedillo, firmó un no ejercicio de la acción penal.
“El subprocurador argumentó: son muy graves las denuncias presentadas por el licenciado Humberto Hernández Hadad, pero están sustentadas en copias fotostáticas y no son medios idóneos de prueba, por lo que envío al archivo como asunto concluido”.
“Cuando me enteré metí un amparo, lo gané, nos fuimos al Colegiado y gané por unanimidad de votos la confirmación de la sentencia de amparo. En esa ocasión ya no estaba en el cargo Everardo Moreno, sino el subprocurador Carlos Vega Memije, en tiempos del procurador Rafael Macedo de la Concha y dijeron que se revocaba el no ejercicio, pero por el transcurso del tiempo, pues ya prescribieron los delitos denunciados y se vuelve a aprobar otro ejercicio de la acción penal”, relata Hernández Haddad.
Sin embargo y opuesto a los obstáculos que imponen las autoridades mexicanas, el también ex legislador comienza a obtener las pruebas de la omisión, a través del IFAI, que asegura le ayudarán a librar su propia batalla.
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