El secretario de Salud, Julio Frenk, ha colocado a México como punta de lanza en la nueva estrategia de la industria tabacalera que busca burlar el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), coinciden investigadores y activistas internacionales.
“México tendrá que explicar por qué acordó con la industria tabacalera cuando todos resolvieron que eso no se debe hacer”, comenta el doctor Eduardo Bianco, director del Programa de Control del Tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón.
“El ministro Frenk ha hecho una alianza, se ha vuelto socio de la industria tabacalera y... claro, es difícil pensar que él lo haría, y la gente debe asegurarse de que invalide este acuerdo”, dice el doctor Stanton Glantz, director del Centro para el Control, Investigación y Educación del Tabaco de la Universidad de California.
“Las estrategias de las compañías tabacaleras no son exclusivas de países, son estrategias que se realizan a nivel internacional y que se replican cuando tienen éxito. México es el primer país que ha llegado a un acuerdo con la industria tabacalera después de firmar el convenio marco de la OMS, por eso es muy peligroso, no solamente para México sino para Latinoamérica y para el mundo.
“Estas son nuevas estrategias y México es el primer país que abiertamente hace un acuerdo con la industria cuando el Convenio Marco para el Control del Tabaco dice explícitamente que la industria no puede participar”, señala Ernesto Sebrié, investigador invitado de la Universidad de California y miembro de la Asociación Americana de Salud Pública. “O se está con la salud de la población o se está con los intereses particulares de las compañías transnacionales”, sentencia el argentino.
“Haber firmado un acuerdo con las tabacaleras es insostenible; ellos (el gobierno) piensan que están avanzando, pero en realidad la experiencia que tenemos y el conocimiento de las estrategias que utiliza la industria, nos dice que esto les conviene a las tabacaleras, no al pueblo de México; el gobierno no está cumpliendo con el Convenio Marco de la OMS”, argumenta Beatriz Marcet, directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón, con sede en Dallas, Texas, en Estados Unidos.
Las duras críticas en contra del gobierno mexicano se derivan de la firma de dos convenios que avaló el secretario de Salud, Julio Frenk, con las dos más influyentes compañías tabacaleras, Philip Morris y British American Tobacco.
El primer convenio buscar “establecer restricciones adicionales a la regulación y legislación vigentes para publicidad, comercialización y leyendas de advertencia de productos de tabaco”, y el segundo –el más controvertido y criticado– intenta “establecer el mecanismo, características, temporalidad y destino de la aportación temporal que cubrirán al fondo de protección contra gastos catastróficos los productores y comercializadores”.
Este último convenio buscó obtener una aportación de más de 4 mil millones de pesos que destinaría la Secretaría de Salud para la atención de cáncer en mujeres y niños; sin embargo, los investigadores y activistas señalan que al firmar un convenio de esta naturaleza, en el que se limitan el incremento de los impuestos al tabaco y las restricciones de los ambientes libres de humo y la publicidad, el gobierno violentó el Convenio Marco para el Control del Tabaco que signó con la OMS.
“El texto y la letra del convenio no soporta ni apoya acuerdos con la industria tabacalera; México hoy en día tiene los estándares que promueven las tabacaleras para impedir las medidas efectivas de control del tabaco”, dice el uruguayo Eduardo Bianco.
Y lo más riesgoso, señala el investigador Stanton Glantz, es que “el acuerdo firmado es un ejemplo de la estrategia global de la industria tabacalera dirigida a bloquear el impacto del CMCT en los demás países”.
“Si el gobierno quisiera pudiera subir los impuestos a los cigarros, de 110 al 125 por ciento, lo cual produciría un peso por cajetilla de ingreso para el gobierno y podrían asignar directamente ese dinero a los programas de salud para población de bajos recursos. No hay nada que le impida al gobierno hacerlo.
“El ministro de salud, Frenk, dice que la única forma de utilizar los impuestos del tabaco para atención médica es mediante este convenio, pues lo que está diciendo es que las dos corporaciones multinacionales, Philip Morris y British American Tobacco, tienen más control sobre la política impositiva de asignación de recursos de México que el gobierno mismo, y eso es algo que no creo”, argumenta Glantz.
“Mi recomendación a la gente de México, como lo hice a la de California en los noventa, es que tiene que decirle muy claramente al gobierno que ustedes quieren que a la gente se le proteja y que no se proteja a las compañías tabacaleras, y que no quieren ustedes un acuerdo que esencialmente está protegiendo a las tabacaleras contra cualquier intervención significativa del gobierno para disminuir el tabaquismo.
“La industria tabacalera está logrando que los políticos hagan lo que ellos quieren cuando la gente no se da cuenta. Lo que debe hacer el ministro Frenk es invalidar el acuerdo, decir: el gobierno se retira de este acuerdo en este momento, él puede hacerlo en este momento.
“Está claramente informado del error, está informado desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista legal, y en lugar de poner a México en una situación embarazosa en el escenario internacional, simplemente debería invalidar el acuerdo, esto ayudaría a proteger a la población”, señala el investigador norteamericano de la universidad de California, un hombre que fue pieza clave por la información que aportó en el juicio que se le abrió a las tabacaleras en Estados Unidos durante los noventa.
Stanton Glantz fue el investigador que junto con Jeffrey Wigand, el ex ejecutivo de la compañía tabacalera Brown and Williamson, filial de British American Tobacco, causaron la derrota judicial de esta compañía, una historia que derivó en un guión cinematográfico.
Eduardo Bianco razona que la sociedad y el gobierno tienen derecho a regular la industria tabacalera. “No estamos prohibiendo la industria, es legal, pero es una industria que contamina, que mata, que genera adicción, que hace daño al Estado y tiene que ser regulada firmemente”.
“Las tabacaleras están plenamente conscientes del daño que causan al consumidor, han estado manipulando el producto activo y han incrementado su capacidad adictiva y deliberadamente han ocultado esta información a la comunidad y al gobierno para no ver afectado su negocio”, dice Bianco.
La conspiración del humo
Uno de los aspectos fundamentales de las políticas y estrategias de las compañías tabacaleras ante la embestida de las restricciones legales para controlar y regular el consumo del tabaco en el mundo, han sido las campañas que han orquestado en forma secreta, sobre todo en América Latina y Asia, con el propósito de contrarrestar los controles gubernamentales.
“La industria tabacalera ha elaborado desde la década de los noventa campañas dirigidas a evitar que los gobiernos tomaran regulaciones”, señala Bianco. Stanton Glantz coincide con el activista uruguayo. “Sabemos que las tabacaleras hacen todo lo posible para comprar favores de los políticos”, dice.
“Hacen contribuciones o donativos a las campañas de los políticos, contribuyen o hacen donativos a sus causas favoritas como lo están haciendo con el ministro Frenk; les pagan el viaje, hacen todo lo posible para lograr lo que quieren; sabemos sobre todo eso en detalle en lugares como California porque hemos exigido que se divulgue toda esta información gracias a nuestras leyes.
“Las compañías tabacaleras tienen una influencia corruptora, está documentado. En Argentina le daban dinero al médico personal del presidente para que hiciera cabildeo en contra de las leyes antitabaco.
“En México ha habido acusaciones de que el dinero de la industria tabacalera cambia de manos, que se pagan viajes, etcétera. Llegan a acuerdos realmente muy inteligentes con los políticos; les dan algo, como en el caso de México al ministro Frenk, algo que quiere para que las compañías digan que están haciendo lo correcto y se crea este incentivo para que la Secretaría de Salud y la gente que se preocupa por los niños pobres digan que están haciendo lo correcto. ¿A quién no le gusta que se dé atención médica a las personas de bajos recursos?”, comenta Glantz.
Las compañías tabacaleras han utilizado recursos diversos para obstaculizar las restricciones, dice Eduardo Bianco. “Tenemos casos de la utilización de cultivadores de tabaco para ejercer presión sobre gobiernos y eso determinó, por ejemplo, que Brasil, el país líder en el control del tabaco de América por su legislación, prácticamente estuviera a punto de quedar fuera de ese tratado internacional por la presión que ejerció la industria tabacalera a través de los cultivadores que engañaron a los legisladores diciendo que se iban a quedar sin el cultivo del tabaco, que se iban a quedar sin puestos de trabajo”.
Pero la industria del tabaco también ha orquestado campañas que involucran actos de corrupción y soborno para eliminar los obstáculos, campañas que se han documentado ampliamente, como el llamado “Proyecto Latino”, que se organizó en varios países de América Latina a principios de los noventa.
“El Proyecto Latino fue para desviar el tema de la contaminación ambiental, el tabaquismo pasivo; ellos (la industria tabacalera) lo que querían era impresionar a la opinión pública y, fundamentalmente, tener influencia en los legisladores para que no se aprobaran leyes que fueran restrictivas del control del tabaco”, señala el argentino Ernesto Sebrié.
El académico californiano Stanton Glantz ve en el acuerdo firmado por el gobierno de México con la industria del tabaco una nueva embestida de las transnacionales y teme que se repliquen los acuerdos en países de Latinoamérica.
“El acuerdo que firmó México con la industria tabacalera es el primero en su tipo en América Latina, es lo que lo hace tan peligroso; si el acuerdo que firmó México se mantiene, podemos esperar que la industria tabacalera va a tratar de que se firme en todas partes del mundo”, dice Glantz. “En México las compañías tabacaleras ya compraron su seguro contra las medidas antitabaco”.
Philip Morris y British American Tobacco “no pudieron bloquear la aprobación del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, pero ahora lo que hacen es estar tratando de bloquear su instrumentación” y México es punta de lanza en esta nueva estrategia de las tabacaleras, señala Sebrié.
En defensa del convenio
La defensa de los convenios –que firmó la Secretaría de Salud con Philip Morris y British American Tobacco– que han emprendido los funcionarios de la dependencia, ha sido un tanto atropellada y no arroja datos que contradigan el argumento de que estos convenios fueron ventajosos para la industria tabacalera.
“Quiero dejar sentado que lo que se ha hecho en México en estos cinco años que lleva en la administración el doctor Frenk son históricos en el país y nunca se habían tomado tantas medidas para abatir el tabaquismo”, dice Alfonso Caso, comisionado de Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud en una conferencia de prensa frente a Stanton Glantz, Eduardo Bianco y Ernesto Sebrié.
“Las medidas que ha adoptado el doctor Frenk, además de ser valientes, son las más acertadas”, dice el funcionario. “Sería un grave error suspender ese convenio, son aportaciones que están haciendo los tabacaleros, sería absolutamente incongruente con el Convenio Marco suspenderlo a estas alturas. El convenio (que firmó la SS con las tabacaleras) es absolutamente legal, jurídicamente bien estructurado, que responde cien por ciento al espíritu del Convenio Marco firmado por México”.
“Decir que el secretario de Salud está recibiendo mordida o está siendo chantajeado por las tabacaleras... yo sí dejo claro que es una declaración aventurada que inclusive estaría sujeta a ciertos procesos de comprobación de una acusación de este tipo”, señaló en la misma conferencia Cristóbal Ruiz Gaytán, secretario técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones.
La defensa a ultranza del convenio que firmó el gobierno con Philip Morris y British American Tobacco, por parte de los funcionarios, sorprendió a los investigadores y activistas presentes en la sala de prensa de la Secretaría de Salud.
“Ellos piensan que están avanzando”, dice impresionada Beatriz Marcet, directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón, que tiene su sede en Texas. “México está lejos de la tónica internacional y tendrá que responder”, secunda a Marcet el activista uruguayo Eduardo Bianco.
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