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Ciudad Sahagún: fracaso y despojo

Zósimo Camacho / enviado
Miles de trabajadores defraudados con millones de pesos, cancelación de 30 mil empleos directos y 300 mil indirectos, así como la aniquilación de la industria de bienes de capital del país, es el saldo de la privatización de las plantas del Complejo Industrial Sahagún

 

 


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Ciudad Sahagún, Hidalgo. Cientos de hectáreas desoladas; inmuebles y armatostes herrumbrosos; antiguos restaurantes desmantelados, y obreros viejos, empobrecidos y desesperados. Es el panorama de la que fuera la metrópolis industrial “modelo” hasta la década de 1980.

En las inmediaciones de las antiguas fábricas deambulan trabajadores que están “en la lucha” después de haber laborado hasta por 40 años para las plantas que, ahora en manos de extranjeros, les han negado liquidación, jubilación y pensión.

Son los mismos jornaleros a quienes los últimos gobiernos acusaron de practicar un “sindicalismo salvaje” que arruinaba a las empresas. Pero que en realidad viven “de prestado” y fueron los que construyeron en cuatro décadas lo que las trasnacionales desmantelaron en menos de dos. Algunos están enfermos por causa del trabajo realizado durante lustros y del que no recibieron nada al ser desechados.

Atrás quedó la ciudad industrial que demandaba mano de obra de varios estados de la República. En 20 años se privatizaron las empresas de uno de los complejos más importantes de Latinoamérica y se canceló casi la totalidad de los 30 mil empleos directos que generaba.

Los antiguos obreros cuentan, desde la desolación de las fábricas abandonadas, que ahí se construyeron todos los carros de ferrocarril que recorrían la República; miles de autobuses, camiones, tráileres y automóviles; tractores y máquinas de uso agrícola; instrumentos médicos; vagones para el Sistema Colectivo Metropolitano de la Ciudad de México, y era el único lugar del país en el que se producían todos los tipos de acero.

Y les nace una sonrisa al recordar que ahí se construiría la primera planta con la que México incursionaría en la industria aeronáutica. “Ahora hasta da risa; pero entonces sí creímos que íbamos a construir aviones y naves”, dicen los ex trabajadores.

La ciudad fue fundada en terrenos del municipio de Tepeapulco, en 1954, para albergar a los jornaleros del Complejo Industrial Sahagún. La actividad de las fábricas siempre fue en ascenso hasta la década de 1980, “cuando vino el neoliberalismo, el gobierno quiso deshacerse de las empresas y se fue contra nosotros”, dice Manuel Cabrera, viejo líder sindical que fue obligado a renunciar a finales de la década de 1970 por su actividad política entre los obreros.

Las principales empresas paraestatales que se crearon y de las cuales sólo se observan edificios oxidados, fueron Diesel Nacional (Dina), Siderúrgica Nacional (Sidena), Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (Concarril) y, en asociación con empresarios alemanes, Renault de México (Renamex).

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se retiraron acciones y se cancelaron fuentes de trabajo que nunca más se volverían a abrir. En 1985 Renamex fue cerrada definitivamente, con lo que se dejó en la calle inmediatamente a 7 mil obreros.

Con el cambio de la política económica, el cierre de las industrias paraestatales estaba decidido. Primero se argumentó que los trabajadores eran los culpables, pues sus conquistas laborales “sangraban” las arcas de las empresas y practicaban un “sindicalismo salvaje” o “feroz”. Después de que las organizaciones de los trabajadores fueron aniquiladas y las empresas privatizadas, se dijo que lo que se producía en Ciudad Sahagún ya no era “rentable”.

La soledad de la zona fabril contrasta con el bullicio del centro de la ciudad. Ahí crece el comercio ambulante, la piratería y los negocios de comida. Los obreros reconocen que la economía de la demarcación depende de las remesas que envían los jóvenes emigrados y de la derrama que genera la venta de drogas, inexistente en el lugar hasta hace 10 años.

Dina

“Ya tenemos el agua en el cuello. Estamos en las últimas. Acabamos de cumplir tres años sin percibir ningún salario. Debemos mucho dinero a familiares y amigos. Tenemos  a los hijos en la escuela y algunos ya están en los estudios superiores. La verdad, ya no aguanto. Esto está canijo”, dice con desesperación Silvestre López Ortega.

El obrero de 55 años hace guardias junto con sus compañeros a la entrada de Dina, para la que trabajó durante 30 años. La compañía fue cerrada sin que le pagaran su liquidación. Al igual que los demás trabajadores, se vio de pronto en la calle con su última quincena como todo su patrimonio.

“Lo que nos pasó fue un cambio total a nuestras vidas. Hasta desuniones de familias han sufrido muchos de nuestros compañeros. Han sido tres años de luchar por lo que se nos debe y no hemos conseguido nada. Ya somos obreros de edad, rebasamos los 50 años y algunos los 60. ¿Será que nunca vamos a ver nuestro dinero?”, pregunta el ex ensamblador Víctor Mendoza Sánchez.

Agrega que tampoco pueden abandonar la empresa: “aquí está el patrimonio de nuestras familias. Algunos trabajaron aquí más de 40 años. Yo fui obrero de esta fábrica 32 años. Y no tengo nada. Aquí dejé mi vida”.

Los obreros fueron desalojados de las instalaciones de la empresa con engaños. El 13 de febrero de 2003 se les dijo que la empresa había sufrido un atentado y que una bomba estallaría a las 12 del día. Todos fueron obligados a desocupar los más de 90 mil metros cuadrados de superficie techada de la industria. Ya no se les permitió regresar.

Con sorpresa se enteraron por medio de mantas que los directivos de Dina colocaron alrededor de las instalaciones, que la fábrica cerraba por “problemas económicos”. Apenas una semana antes habían firmado junto con los administradores la renovación del contrato colectivo. Motor Coach Industries (MCI), empresa canadiense entonces dueña de Dina, se retiró sin pagar la liquidación a los trabajadores.

Después de una demanda interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Dina ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en contra de MCI, la empresa ofreció a los trabajadores los bienes muebles e inmuebles como pago de lo que les debía. Ahora las instalaciones están en poder de los obreros pero no pueden hacerla producir pues no cuentan con capital para invertir. Tampoco han logrado venderla.

“Y ahora qué: ¿le doy una mordida a las máquinas cuando tenga hambre? En realidad nos engañaron como lo han venido haciendo desde hace años. Ya la situación es insostenible. Es una injusticia que hace derramar lágrimas. Vivo al día. Vea mis ropas. Da coraje que me haya ido deshaciendo de mi carrito, mi estéreo y mis pocos ahorros”, dice con enfado Arturo Pérez, trabajador de 69 años que prestó sus servicios durante cuatro décadas en la empresa.

Pedro Herrera Fernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Dina, explica que “obligados por las circunstancias aceptamos la adjudicación de los bienes muebles e inmuebles de la empresa. No nos quedaba de otra. Y, la verdad, pensábamos que sería posible que nosotros la echáramos a andar o que la venderíamos fácilmente”.

El hombre, de 50 años y que trabaja como taxista sábados y domingos en jornadas de 16 horas diarias, informa que sostienen pláticas con cuatro grupos empresariales interesados en la compra de Dina. Dice que no puede revelar los nombres de los posibles compradores, pero se trata de industriales de Saltillo, Puebla, Estados Unidos y Asia. Confía en que, una vez vendida la planta, los mil 200 trabajadores en activo al momento del cierre de la empresa puedan cobrar todo lo que se les debe.

Sidena

Los trabajadores de Dina no fueron los únicos que sufrieron el despojo en Ciudad Sahagún. Antes, ABC Naco National Casting, la empresa estadounidense que compró a la antigua Sidena, hizo lo mismo con los mil 800 obreros que laboraban al momento del cierre en diciembre de 2001. Los empresarios se retiraron sin pagarles su liquidación. Desde entonces, los obreros iniciaron una lucha jurídica y social para que les pagaran lo que por ley les corresponde.

La privatización de esta empresa tuvo lugar en 1990, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la vendió a quienes consideraba grupos empresariales modelo: Promojol y San Lorenzo. En menos de seis años los inversionistas mexicanos la cedieron a ABC Naco. Desde abril de 2005, la planta está en manos de la también estadounidense ASF Keynston.

Salvador Guerrero, de 55 años, constantemente constriñe los puños cuando relata que, después de trabajar 34 años para la empresa fue echado a la calle junto con sus compañeros sin más dinero que el de la última quincena.

Explica que en el laudo laboral le reconocieron que se le debían 394 mil pesos. “Pero fuimos engañados, incluso por nuestro asesor Joaquín Esquivel Ortega. Se firmaron acuerdos por los que sólo nos pagarían lo mínimo que dice la Ley y no lo que habíamos alcanzado con nuestro contrato colectivo de trabajo.”

Así, a Salvador Guerrero, como a sus compañeros, se le dijo que recibiría sólo 94 mil pesos por tres décadas y media de trabajo. Pero los “acuerdos” entre sindicato y empresa continuaron y, ante “la imposibilidad de cubrir las deudas”, la representación de los trabajadores aceptó que sólo se les pagaría el 70 por ciento de esos 94 mil, es decir, 65 mil 800 pesos. Desde hace cinco años sólo han recibido 15 mil pesos y no saben cuándo les darán el resto.

“Lo aceptamos -dice entre apenado y molesto- porque llegó el momento en que nos agarraron bien ahorcados, con muchas deudas. Ya llevábamos varios meses de estar haciendo guardias en la empresa. Cómo es posible que vengan estas empresas gringas a hacernos esto y el gobierno como si nada. Nos saquearon y no hay ni quién nos defienda, al contrario: para ellos todas las facilidades. De qué se trata?”, pregunta mientras se le humedecen los ojos.

Bombardier, la incertidumbre

De las tres grandes fábricas privatizadas, sólo la antigua Concarril sigue produciendo; pero los trabajadores viven con el temor de que en cualquier momento se les diga que cerrarán la empresa.

Concarril fue adquirida en 1992 por la canadiense Bombardier. Entonces contaba con más de 2 mil trabajadores. Ahora da empleo a poco más de mil, de los cuales sólo 600 son permanentes. La planta, de 50 hectáreas, sólo trabaja al 25 por ciento de su capacidad y en los próximos meses concluirá la entrega de los 405 vagones que el gobierno del Distrito Federal le encargó para el Sistema de Transporte Colectivo Metro. La empresa no ha anunciado un nuevo contrato que asegure el funcionamiento de la fábrica.

Víctor Solís Alpuche, quien ha laborado por más de 13 años para la empresa, dice que “hay incertidumbre entre los trabajadores, pues no hay producción. Seguro nos van a reubicar; pero la empresa no ha dicho qué va a hacer con nosotros”.

Agrega que incluso la empresa les ha dicho que “quien se quiera ir, se puede ir”. Sin embargo, de acuerdo con su contrato colectivo, nadie tiene derecho a liquidación hasta que cumplan 15 años de trabajo. Y la cuenta inicia desde que Bombardier adquirió a Concarril. Es decir, nadie alcanza aún los 15 años de servicio. La mayoría de los trabajadores acaban de cumplir 13.

Los trabajadores de Dina se preparan para la fría noche que los aguarda. Preparan café y fuman silenciosos. Algunos jugarán al dominó o a la baraja hasta que los releven otros compañeros al amanecer. Eduardo Suárez, operador de montacargas, abotona su chamarra, enreda su bufanda al cuello y dice:

“Ya es duro escuchar a las autoridades cuando pasan por aquí. Dicen que se va a componer nuestra situación, que va a volver a haber empleos; pero no sabemos cuándo. Primero empezamos a sospechar que eran puras promesas; luego, que puras ilusiones o buenas intenciones; ahora ya sabemos que son puras mentiras.”

 

Publicado: Marzo 2a quincena de 2006 | Año 4 | No.52



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