Maras los soldados del narcotráfico

Guatemala. A los cinco días de asumir el cargo como presidente de Guatemala, en 2003, Oscar Berger ordenó al Ejército de este país patrullar, junto con la Policía Nacional Civil (PNC), los barrios de la Zona 18, los de mayor presencia de maras en la ciudad capital. Entonces se hablaba de unos 65 mil pandilleros en la región, que lo ubica como el segundo país con mayor presencia de pandillas juveniles, sólo por debajo de Honduras.

La promesa de una lucha firme contra los maras fue precisamente la bandera que llevó a Berger a ganar la presidencia de Guatemala en 2003, pero hoy, en los mismos días en que arrancará su tercer año de gobierno, el penúltimo de su administración, los maras están cada vez más fortalecidos.

Su fortaleza radica en las nuevas alianzas tejidas recientemente con los líderes de los cárteles de droga locales para convertirse en sus distribuidores, cobrar deudas y, sobre todo, mantener ocupada a la policía en presuntas riñas entre pandillas que ponen un velo a las disputas por territorio entre los narcos y desvían también la atención sobre las miles de toneladas de droga que actualmente se mueven en la región.

Hacia la recta final del gobierno de Óscar Berger los guatemaltecos consideran la inseguridad como el problema número uno de su país, por debajo del desempleo y la emigración.

Según una encuesta realizada por la firma Vox Latina y difundida a través de medios de comunicación nacionales, el 75 por ciento de la población en Guatemala descalifica el mandato de Óscar Berger en protesta por la violencia extrema que se vive en todo el país.

Tan solo en la primera semana de febrero, de acuerdo con cifras del Ministerio de Gobernación de Guatemala, se registraron 90 asesinatos violentos de los que también fueron víctimas mujeres hombres y niños. En un solo día en la capital se localizaron 17 cadáveres, atados de pies y manos, que presentaban señales de tortura.

Con este panorama, en la ciudad capital la inseguridad ha llegado a tal grado que, sin mediar la imposición de un toque de queda oficial, a las ocho de la noche son pocos los que se atreven a caminar por la calle, incluso en la Zona Uno, donde se ubica el edificio de la Policía Nacional, las dependencias de gobierno y por lo tanto la mayor presencia policíaca de la capital.

A esa hora es poco probable encontrar algún restaurante abierto y los hoteles ubicados en el centro histórico han colocado hasta tres rejas de seguridad con alarmas manejadas a control remoto desde atrás de un mostrador donde despacha la recepción.

Algunos vehículos circulan por los centros comerciales, las avenidas principales o donde se sabe que difícilmente se detectará la presencia de maras por los fuertes dispositivos de seguridad en la zona, como la avenida Reforma, donde se localiza el Ministerio de Defensa, los hoteles de lujo y algunas embajadas, como la de Estados Unidos, custodiada por agentes que vigilan hasta en tres calles a la redonda las oficinas de la DEA, los hoteles de lujo y hasta la embajada de México, un elefante blanco con un numeroso grupo de guardias de seguridad.

Con excepción de la lujosa avenida Reforma, a media noche es imposible que los taxistas conduzcan por las zonas de Mixco, Carolingia, la Zona 10 y la Zona 18.

Los citadinos se quejan de la violencia y de los asaltos que están a la orden del día, pero difícilmente presentan una denuncia, porque no confían en que hacerlo tenga avance alguno, y están ciertos de que al presentarla su vida está en peligro, ya que la policía utiliza esa información para extorsionar a los mareros con el “impuesto de tránsito”.

Extorsiones a todos niveles

A pesar de los operativos del gobierno desde principios de esta década para combatir y erradicar a los maras, con planes similares a los desarrollados por los gobiernos de El Salvador y Honduras, el número de mareros va en aumento.

Aunque todas las cárceles de Guatemala tienen un alto número de pandilleros presos, y el año pasado se registró un  elevado número de enfrentamientos de maras en las prisiones, incluido el tutelar para menores, con saldos sangrientos de decenas de mareros muertos, en las calles el número de pandilleros va en aumento, sin que las autoridades sepan la cifra exacta de los mareros que hay; los indicadores hablan de 65 mil tan solo en la capital, pero la cifra tiende a crecer, según evaluaciones de Casa Alianza en Guatemala.

En este país el número de niños en situación de calle va en decremento a la par de la desintegración familiar, por la sencilla razón de que ahora los menores ven como una mejor opción  integrarse a los maras que vivir en la calle.

A estos niños huérfanos o víctimas de violencia intrafamiliar, la mara les ofrece la única opción de sobrevivir, desempeñando delitos cuyas ganancias son principalmente para que los líderes inviertan en aquello que permita seguir manteniendo la organización, alimentar a los jóvenes, rentar casas, obtener armas y hasta financiar la defensa o sobornos para los pandilleros presos.

Aunado a que para un niño o joven miembro de una familia desintegrada “la mara le da el apoyo de muchachos iguales a él que lo respaldarán incluso más que su propia familia”, explica Leonel Dubón Bendfeldt, director de Programas de Casa Alianza Guatemala.

Estos mismos pandilleros son los que a mediados de 1997 se establecieron del lado mexicano, en Ciudad Hidalgo. Así nacieron las primeras “clicas” transfronterizas, las mismas que hoy día sirven también lo mismo a los narcos guatemaltecos que a los mexicanos que transportan droga desde Colombia, según informes de la SAIA.

En esta década los maras han mutado, el jefe antinarcóticos de Guatemala revela que de consumidores de droga los mareros, a últimas fechas, se convirtieron en distribuidores de cocaína, marihuana y sobre todo crack, la droga de mayor consumo en el país.

“En Guatemala se da un nuevo fenómeno, que es la utilización de las pandillas juveniles para repartir la droga, por su distribución hay un combate entre ellos, por los territorios para venderla y distribuirla en escuelas, mercados, en todos lados”, explica Daniel Guerrero.

El modus operandi: los líderes de las maras hacen contacto directo con los narcotraficantes, y  se encargan de su distribución al menudeo, así como de los cobros de deudas por venta de drogas, al igual que cualquier mafia. El que rechaza pagar una deuda de drogas, lo cuesta la vida.

En Guatemala cada vez son más frecuentes las ejecuciones entre los propios miembros de una “clica”, precisamente por ajustes de cuentas.

Las ejecuciones entre narcotraficantes y  distribuidores son cada vez más frecuentes; la saña es impresionante, los testimonios gráficos del indeleble rastro de la vendetta del narcotráfico repulsan: cuerpos desmembrados, mutilados, huellas de tortura y no menos de cinco balazos. En alguno de los bolsillos alguna frase que indique el muerto, aunque se le entierre como X era gente del narco y dio información “que no debía” o se quedó con la droga o el dinero. “Esto me pasa por traicionar a mis homitos”, la frase es inconfundible, deuda de drogas se paga con la muerte y muerte con mucha saña y tortura.

El  jefe antinarcóticos de Guatemala, Daniel Guerrero, dice que aunque la alianza entre líderes de la mara y narcotraficantes es directa, como un nuevo ilícito de los mareros para hacerse de recursos económicos, las autoridades antinarcóticos desconocen que un marero sea ya un capo de la droga.

“Los narcotraficantes buscan a los líderes de la mara porque saben del poder que tienen sobre todos los jóvenes que manejan y por eso les asignan la distribución de la droga”.

Para los narcotraficantes reclutar, a través de los líderes de cada “clica”, a miles de distribuidores al menudeo es un negocio redondo. Se trata de jóvenes, la mayoría en conflicto con su familia que desde niños han dejado sus casas y cuyos padres poco se ocupan de ellos, así que si se registra un ajuste de cuentas, ya sea por la disputa de territorios de distribución o por alguna deuda de drogas, difícilmente habrá quien reclame su cuerpo.

Aunado a ello, la Policía Nacional no investiga este tipo de casos, considerándolos como simples riñas pandilleras.

El vocero de la Policía Nacional, Carlos Caljú, confirma que durante los últimos operativos antimaras que se realizan en la ciudad de Guatemala y zonas conurbanas, casi siempre hacen al mismo tiempo decomisos de droga empacada para su distribución al menudeo, y de armas de alto poder, armas que, dice el funcionario, consiguen con el dinero producto de las extorsiones y de las ganancias generadas por la distribución de droga al menudeo, sus principales fuentes de ingresos.

Las áreas más conflictivas, tierra de maras y de venta de droga son, en la capital, las colonias El Mezquital, Los Paraísos, Carolingia, ubicadas en la periferia, en los municipios de Villanueva, Mixco y Chinautla, y sobre todo en la Zona 18, en el centro, totalmente bajo el dominio de la temible Mara 18.

El tributo Mara

De acuerdo con fuentes internas de la fiscalía antimaras de Guatemala, los maras han penetrado en fábricas, oficinas y centros de trabajo, aparentando ser obreros o trabajadores, pero en realidad se encargan de cobrar la “renta”, ya sea semanal o quincenal, a los empleados de la planta y a los dueños a cambio de garantizarles la protección, con un sistema tributario similar al de las autoridades hacendarias de Guatemala, el SAT.

Los mareros construyeron una perfecta red de cobradores de impuestos, extorsiones, al estilo de las viejas mafias sicilianas, con tarifas fijas para cada sector, monto hecho a base de un promedio de las ganancias que los extorsionados puedan tener al día. A los choferes de los autobuses, por ejemplo, les cobran una cuota diaria de 20 quetzales.

Si el chofer se retrasa seguramente un marero lo alcanzará en una esquina para asaltarlo junto con los pasajeros, esto en el mejor de los casos.

Lo cotidiano de este tipo de violencia provoca sobresaltos entre los usuarios del transporte cuando algún vendedor, pandillero redimido que de la clica guarda solamente la huella entintada lo mismo en los brazos que en el rostro, pero que sube al “bus” no a dar una pegada (asalto) sino a vender chicloso de café, con la advertencia previa: “este dulce no dispara, no es veneno, no mata, solamente es para sobrevivir y darles un consejo, que cuiden a sus hijos y los alejen de la vida loca”.

La mara permea a todos niveles; el  modus operandi en las colonias de ricos por ejemplo, es extorsionar a base del envío de anónimos que entran por debajo de las puertas dirigidos a los padres de familia con amenazas de que entreguen un sobre con alguna cantidad requerida de manera mensual a quien acuda a recogerlo o de lo contrario matarán a los hijos.

Quienes acuden a cobrar las extorsiones casi siempre son menores de edad, los líderes de las maras aprovechan la inimputabilidad de los niños, sin embargo esto no sucede a menudo, las familias no dudan en entregar sus rentas puntuales frente a las noticias de que a la hija de alguien la violaron y la mataron porque sus padres no pagaron la renta a la mara.

En medio de esta convulsión social, en Guatemala surgen de nueva cuenta viejas prácticas de la década de los setenta y ochenta, cuando se contrataba guardias blancas para exterminar a la guerrilla, actualmente son los comerciantes y el sector empresarial los que contratan grupos de sicarios que se encarguen de asesinar a los pandilleros que operan en sus zonas.

Tomar justicia por cuenta propia frente a la incapacidad de las autoridades, es sabido y justificado por los elementos policíacos en Guatemala, menos armados y  capacitados que los mareros, y que en lo que va del año han sufrido seis bajas durante los cateos hechos en los barrios de las maras.

Uno de los grupos de guardias blancas que operan en la capital para “limpiar de maras” la ciudad es el de ocho sicarios contratados por los comerciantes del mercado municipal de la Zona 4 de la capital, se autodenominan “Los Ángeles Justicieros”.

Los bomberos de la ciudad de Guatemala son los que todos los días dan cuenta de este hecho, porque aquí son ellos y no las ambulancias los que recogen los cadáveres.

Ni los comerciantes que contrataron sus servicios para limpiar de maras la zona ni los policías encargados de la vigilancia en el sector, los reconocen como asesinos a sueldo, los llaman “policías de servicio social”.

Publicado: Contralínea No. 51, marzo 1a quincena / 2006