Empresario guanajuatense favorecido en los primeros años del gobierno del cambio , amigo y supuesto prestanombre del presidente Vicente Fox Quesada, Cosme Mares Hernández no sólo ve agotada su presencia en los negocios al amparo del poder, sino que al finalizar el sexenio de la alternancia enfrenta por lo menos ocho denuncias de carácter civil, preparadas en la Dirección de Juicios Federales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Hasta ahora, los requerimientos judiciales exigen a Mares Hernández y a su empresa Fabricación y Colocación de Pavimento S.A. (Facopsa), reintegrar 135 millones 670 mil pesos al erario público por las irregularidades detectadas en cinco de los 28 contratos que firmó en los ejercicios de 2002 y 2003 con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Las solicitudes para iniciar acciones legales en contra de Facopsa fueron presentadas entre mayo y noviembre del año pasado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, encabezada por Genaro Antonio Jiménez Montufar. Desde entonces la PGR analiza los procedimientos para recuperar los adeudos por diferentes conceptos que mantiene esa empresa con la Secretaría que dirige Pedro Cerisola y Weber.
Las querellas se centran en los controvertidos proyectos carreteros Sonoita-Mexicali, en Baja California; Ciudad del Carmen-Campeche, en ese estado; Chetumal-Desviación Mahahual, y Escárcega-Chetumal, ambos en Quintana Roo, y Mérida-Kantunil, en Yucatán. Por la importancia del monto el más relevante es el de Sonoita-Mexicali: involucra el 30 por ciento del total requerido, es decir, 40millones 537 mil pesos.
Además de los procesos judiciales, Cosme Mares encara otros problemas con las autoridades federales. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la par de los expedientes en PGR, la SCT mantiene 11 procedimientos administrativos en la Tesorería de la Federación (Tesofe) relacionados con estos cinco contratos.
Los procesos tienen como objetivo obligar a Cosme Mares a cubrir 133 millones 502 mil pesos que, sumados a los que se demandan a través de la PGR, totalizan 269 millones 172 mil pesos, revela el Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2004, cuyos resultados fueron discutidos el 28 de mayo pasado por el auditor superior, Arturo González de Aragón, y los diputados de la Comisión de Vigilancia.
Con la intervención de la Tesofe, la SCT pretende recobrar los millonarios anticipos que, según indican los análisis practicados por la ASF, esa dependencia otorgó indebidamente a Cosme Mares. Además busca que Facopsa pague sanciones económicas por atrasos de obra, finiquitos, sobrecostos y fianzas de garantía no cubiertas.
Valeriano Ramírez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, dice que el abuso de poder en el primer círculo presidencial se explica muy fácil: el presidente Fox demostró que nunca gobernó con el Partido Acción Nacional, sino que lo hizo con un grupo selecto, privilegiado .
Ante las evidencias de corrupción, el politólogo no descarta la posibilidad de que a Fox Quesada se le finquen responsabilidades penales: no hay un respaldo institucional que lo apoye .
Explica que la diferencia con este presidente y los del pasado es que los del PRI son institucionales y se defienden, por eso no tenían problemas. Aún hay priístas que defienden a (José) López Portillo y a Luis Echeverría y no sólo de sus corrupciones, sino de sus asesinatos, mientras que en el PAN ya se retractan de Fox. (Felipe) Calderón Hinojosa dice: no tengo nada que ver con Fox. El presidente se quedó solo. Y cuando López Obrador lo invita a negociar rechaza la negociación. Es un miope y un inepto político .
Sonoita-Mexicali
El primer expediente judicial en contra del amigo y supuesto prestanombre de Vicente Fox, que fue integrado por la Dirección de Juicios Federales de la PGR, a cargo de Arturo Martínez Salas, afecta al contrato de obra pública 3-B-CE-A-537-W-0-3 del proyecto carretero Sonoita-Mexicali (Contralínea 44).
En este caso la SCT, a través de los procedimientos en PGR y Tesofe, trata de reintegrar a la hacienda pública 64 millones 189 mil pesos de los 120 millones 778 mil que originalmente involucró el frustrado convenio: el procedimiento judicial busca recuperar 40 millones 537 mil pesos y el administrativo intenta recobrar 23 millones 652 mil.
El monto reclamado en PGR se integra de la siguiente manera: 18 millones 565 mil derivados del incumplimiento del contrato; 8 millones 689 mil determinados por el ”rgano Interno de Control en la SCT; 11 millones 900 mil por sobrecosto de obra no ejecutada y pendiente; 43 mil por el factor de ajuste de costos aplicado indebidamente por la Secretaría, y un millón 339 mil pesos por la ausencia de garantía de cumplimiento, señala la ASF.
Y la cifra requerida por la Tesorería comprende 5 millones 913 mil de la parte proporcional del importe de la fianza de cumplimiento y 17 millones 739 mil pesos por concepto del anticipo no amortizado, según el oficio número SCT.702.RGCF/169 de fecha 11 de abril del año pasado, integrado en la documentación en poder del órgano de fiscalización.
Ambas reclamaciones fueron iniciadas el 19 de mayo de 2005 cuando la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SCT solicitó a la PGR y a la Tesofe, por medio del oficio número 102.403-06500 de referencia C.SCT.702.-UAJ.-816/2005, que intervinieran para recuperar los adeudos derivados del incumplimiento del contrato adjudicado el 19 de febrero de 2003 a la sociedad Facopsa-Fastec -ambas empresas propiedad de Mares Hernández-.
Los contratos a favor de Cosme Mares han sido impugnados en la Cámara de Diputados pues se presume que autoridades del más alto nivel han incurrido en tráfico de influencias para beneficiar al amigo del presidente. Y es que, según comprueban auditorías hechas por el máximo órgano de vigilancia y por la Secretaría de la Función Pública (SFP), las millonarias adjudicaciones que la SCT otorgó al empresario están plagadas de anomalías.
De acuerdo con la Auditoría Superior, la Secretaría concedió ésta y otras obras carreteras a Cosme Mares a pesar de que sus empresas no contaban con equipo, personal, ni recursos necesarios para cumplir cabalmente con los contratos, situación que derivó en incumplimientos.
El 12 de abril de 2004 el ”rgano Interno de Control, dependiente de la SFP, también documentó las irregularidades: la auditoría 056/2004 determinó que en el proceso de licitación pública hubieron diversas causas para desechar la propuesta del amigo de Fox, como la incorrecta integración de precios unitarios, la improcedente reprogramación de la obra, y las irregularidades observadas en la formulación de los convenios modificatorios celebrados , calificados como improcedentes por la Contraloría Interna.
Y es que la Secretaría, a través del Centro de Baja California, signó cuatro convenios modificatorios -25 de septiembre, 25 de noviembre y 15 de diciembre de 2003, y 2 de febrero de 2004- que alteraron los montos y los plazos de ejecución de la obra.
Los atrasos registrados provocaron que la Contraloría Interna impusiera a las empresas una penalización de 8 millones 689 mil pesos, pero la SCT omitió aplicarla. Por la negligencia, el 12 de octubre del año pasado Función Pública elaboró un informe de presuntas responsabilidades en contra de los servidores públicos, que se encuentra en proceso de revisión a fin de turnarlo al área de Responsabilidades .
Acompañados por el Notario Público 11 de Baja California, el 12 de noviembre de 2004 personal de la SCT visitó la obra para formular el acta circunstanciada en donde consta el estado físico, administrativo y financiero en que se encontraban los trabajos. Un mes después se notificó la rescisión administrativa del contrato. El total ejercido en la obra fue de 61 millones 648 mil pesos, monto que no incluye ajuste de costos , señala el informe de la ASF.
Escárcega-Chetumal
Además del proyecto carretero Sonoita-Mexicali, otros cuatro han generado expedientes judiciales en PGR: Escárcega-Chetumal; Chetumal-Desviación Mahahual, Ciudad del Carmen-Campeche, y Mérida-Kantunil.
En el caso Escárcega-Chetumal, competente al Centro SCT en Quintana Roo, las reclamaciones ascienden a 79 millones 818 mil pesos de los 125 millones 86 mil pesos establecidos en el contrato: 25 millones 960 mil por la vía judicial y 53 millones 858 mil por la administrativa.
Aunque se carece de evidencia documental que compruebe la integración de la denuncia en la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior cuenta con copia del acta SCT.722.411.1284.05 girada el 21 de julio de 2005 por la oficina regional a la Dirección General Jurídica de la Secretaría, para iniciar acciones judiciales y recuperar 12 millones 442 mil pesos.
El análisis de la ASF indica que, sumados a esos 12 millones, la SCT deberá solicitar a la PGR que inicie acciones para reintegrar a las finanzas públicas 13 millones 517 mil pesos por el sobrecosto de los trabajos pendientes de ejecutar y que corresponden al contrato 3-W-CE-A-528-W-0-3, adjudicado el 29 de mayo de 2003 a la empresa Facopsa.
El órgano de vigilancia del Congreso refiere que a través de la Tesofe se deberán subsanar irregularidades como obras pagadas no ejecutadas por 31 millones 933 mil pesos, y 9 millones 579 mil pesos por el sobrecosto de los trabajos pendientes. Requerimientos hechos mediante el oficio SCT.722.411.0343/05, fechado el 28 de febrero del año pasado.
Además, la ASF advierte que la empresa de Cosme Mares tendrá que amortizar a Tesorería 12 millones 346 mil pesos que corresponden a la parte proporcional de la garantía por los trabajos no ejecutados. Ante las evidentes irregularidades que aún se ventilan en varias instancias federales, el 16 de diciembre de 2004 la Dirección General de Carreteras de la SCT resolvió rescindir el contrato a Facopsa.
Ciudad del Carmen-Campeche
Adjudicado el 8 de octubre de 2003 a la empresa de Mares Hernández, el contrato 3-D-CEA-564-W-0-3 forma parte de la lista de proyectos carreteros estropeados por la falta de personal, equipo y recursos de Facopsa, según descubre el amplio análisis de la ASF.
Dos años después de que el amigo de Fox fuera beneficiado con el proyecto Ciudad del Carmen-Campeche, el 19 de septiembre de 2005 el centro estatal de la SCT solicitó a la Dirección General Jurídica de la Secretaría turnar el caso a la PGR. Las acciones legales en contra de Facopsa tienen por objeto recuperar por la vía civil el adeudo actualizado del finiquito de obra por 18 millones 178 mil pesos.
En la Tesorería también se abrió un proceso administrativo para reintegrar 7 millones 964 mil pesos de la fianza expedida por Afianzadora Sofimex. El monto solicitado el 28 de marzo del año pasado cubre las sanciones derivadas del incumplimiento del contrato.
Chetumal-Mahahual
El 31 de julio de 2003 Facopsa obtuvo la adjudicación del contrato 3-W-CEA-530-W-0-3, cuyo importe ascendió a 92 millones 392 mil pesos, de los que ahora se le reclaman por las vías judicial y administrativa 58 millones 189 mil pesos.
Y es que el 22 de julio del año pasado el Centro SCT Quintana Roo inició los trámites para que la dependencia federal demandará judicialmente a la empresa. El monto por recuperar mediante la PGR se calcula en 16 millones 441 mil pesos, sin IVA, y comprende sobrecostos de obra no ejecutada, penas convencionales por atraso y recargos del anticipo no amortizado.
De acuerdo con la ASF, sin justificación alguna, el 4 de octubre de 2004 Facopsa suspendió los trabajos concernientes al proyecto carretero Chetumal-Desviación Mahahual. Un mes después, el 16 de noviembre, personal de la SCT, en compañía del Notario Público 8 de Quintana Roo, levantó el acta circunstanciada sin número mediante la cual se hizo constar el estado que guardaban los trabajos.
Aunque en esa fecha se determinó que la empresa de Mares Hernández tenía un atraso del 70 por ciento, no fue sino hasta el 16 de diciembre de ese año cuando se le rescindió el contrato. Además, según la ASF, la SCT omitió realizar las gestiones conducentes ante la Tesorería para hacer efectiva la fianza de cumplimiento por 11 millones 205 mil pesos.
Actualmente, la SCT mantiene tres procesos en la Tesofe para recuperar 41 millones 748 mil pesos por concepto de garantía de los trabajos no ejecutados y sobrecostos de trabajos pendientes.
Mérida-Kantunil
El último caso en manos de la PGR involucra al Centro SCT Yucatán y se desglosa en tres expedientes por un monto total de 15 millones 989 mil pesos. Además de estos procedimientos, Facopsa enfrenta dos requerimientos en la Tesofe por 6 millones 341 mil pesos.
Para la ASF las anomalías en las que incurre el empresario Cosme Mares se explican porque su empresa no cuenta con equipo, personal, ni recursos necesarios para realizar los trabajos de ampliación a cuatro carriles del tramo Mérida-Kantunil, obra que le fue adjudicada a través del contrato 3-5-CEA-523-W-0-3, firmado el 14 de julio de 2003.
Aunque las irregularidades datan de hace un par de años, no fue sino hasta el 9 de noviembre del año pasado cuando la SCT presentó tres solicitudes a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PGR para iniciar acciones en contra de Facopsa.
La primera es por el adeudo del finiquito de obra, cuyo importe asciende a 2 millones 829 mil pesos; el segundo abarca el sobrecosto de los trabajos no ejecutados, las sanciones por incumplimiento del programa y los intereses que suman 5 millones 833 mil pesos, y el tercero por este mismo concepto reclama 7 millones 327 mil pesos.
Además, la Secretaría busca que la Tesofe recupere 6 millones 341 mil pesos del remanente del anticipo que, según señala la ASF, le dio indebidamente a la empresa Facopsa.
En el ocaso del sexenio del cambio los expedientes judiciales y administrativos en contra del supuesto prestanombre del presidente Fox, Cosme Mares Hernández, se resuelven en la más absoluta discreción: hasta el cierre de esta edición ni la PGR ni la SCT dieron información al respecto pues, según dijeron en las respectivas áreas de Comunicación Social, no se tenía claro a qué funcionarios públicos les competía el asunto.
Mares en la mira de la SFP
Al finalizar el sexenio de Vicente Fox, los expedientes de corrupción, malversación de fondos y tráfico de influencias relacionados con su gestión, su familia y sus amigos, aumentan. Uno de tantos es el de Cosme Mares Hernández, acusado en la Cámara de Diputados de ser supuesto prestanombre del presidente.
El caso del empresario beneficiado desde las oficinas de Pedro Cerisola y Weber ha llegado a tales niveles que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recurrido a auditores externos para deslindarse de los resultados de las investigaciones.
Y es que a pesar de que la Contraloría Interna ha encontrado evidencias de corrupción -como los resultados de la auditoría 056/2004 que advierten irregularidades desde la asignación del contrato del proyecto Sonoita-Mexicali a la empresa Facopsa-, el 24 de mayo pasado la SFP informó la contratación de tres despachos externos que auditarán los 28 contratos celebrados entre Cosme Mares y la SCT.
El comunicado de prensa foliado con el número 044/2006 revela que el costo de las auditorías es de 11 millones 71 mil pesos. Según el documento, si bien la SFP tiene la facultad de auditar a la administración pública federal, la dependencia optó por la contratación de terceros para fortalecer la transparencia del proceso y darle mayor credibilidad a sus resultados .
La revisión de los contratos celebrados entre la SCT y Facopsa se divide de la siguiente manera: Lorsa Consultores auditará 10 de los 28 convenios; Coordinación Técnico Administrativa de Obras, 8, y ATSC los 10 restantes.
La SFP detalla que los estudios tienen el propósito de verificar si la adjudicación de los contratos, la planeación, ejecución y finiquito de la obra, y en general todos los aspectos relacionados con las operaciones entre la SCT y Facopsa, se apegaron a la normatividad, eficacia, eficiencia y economía requeridas .
Este no es el primer revés que Cosme Mares sufre en Función Pública. El 27 de diciembre de 2005 el Departamento de Sanciones de esa dependencia vetó por nueve meses a Facopsa para concursar en licitaciones públicas, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación de esa fecha.
La inhabilitación se dio bajo el argumento de que la empresa de Mares Hernández, identificada con el registro federal de contribuyentes FCP-890614-AS0, proporcionó información falsa respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación ; por lo que hasta el 26 de septiembre de este año no podrá participar en concursos para realizar obra pública. (NF)
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Daños patrimoniales en SCT
En el ejercicio fiscal 2004 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Pedro Cerisola y Weber, incurrió en presumibles daños al patrimonio público por 252 millones 235 mil pesos, revela el Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2004, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre las irregularidades detectadas por el máximo órgano de fiscalización destaca la ausencia de comprobación de gasto por un monto superior a los 130 millones de pesos. De acuerdo con el amplio análisis se constató que en relación con los mil 401 millones 226 mil pesos reportados en el estado del ejercicio del presupuesto existen 134 millones 150 mil pesos que carecen de las nóminas o facturas que los sustenten .
Ante la ausencia de respaldo documental, la ASF presume que la dependencia incurrió en daños al patrimonio público por lo que formuló un pliego de observaciones.
Otro perjuicio en contra de las finanzas públicas se registró en el capítulo 1000, referente a servicios personales . Y es que la SCT mantiene indebidamente un saldo de 46 millones 697 mil pesos del pago de las remuneraciones por servicios personales que no fueron ejercidos, por lo que debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación. El monto es resguardado en dos cuentas bancarias a nombre de la Secretaría: 01218000142262797, de BBVA Bancomer y 044180001031603788 del Scotiabank Inverlat, acusa la ASF.
El dispendio de las autoridades en esta dependencia va más allá. Según el órgano de vigilancia del Congreso, la SCT cometió un probable daño patrimonial por 38 millones 889 mil pesos pues los listados de nómina carecen de la firma de los servidores públicos beneficiarios del pago de la prestación del día de la madre y por años de servicio
Además, el informe da cuenta de la expedición irregular de cheques de caja por 28 millones 211 mil pesos para el pago de remuneraciones al personal de la SCT. En este caso la Dirección General de Recursos Humanos no proporcionó los nombres de los servidores públicos beneficiarios, la justificación de su expedición y los comprobantes de los documentos que evidencien la entrega de los cheques, lo que contraviene el reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Otras irregularidades que generaron quebrantos al patrimonio corresponden a los pagos efectuados por sueldos base, en donde la Auditoría Superior descubrió que hay listados de nóminas sin firmas por 3 millones 237 mil pesos, y el pago de salarios a 82 personas después de la fecha de su renuncia, lo que generó un supuesto daño por un millón 51 mil pesos. (NF)
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Publicado: Junio 2a quincena de 2006 | Año 4 | No. 58
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Baja California 
