Desde su exilio en Vancouver, Canadá, el defenestrado líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, observa el avance de las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre su presunta red de delincuencia organizada, supuestamente dedicada al chantaje, amenaza, fraude y lavado de dinero.
La organización delictiva de Napito, como se le conoce en el gremio minero a Gómez Urrutia, incluye a familiares del primer círculo, conocidos empresarios, miembros del sindicato que encabezó hasta el 29 de febrero pasado y a un operador financiero del Cártel de Juárez. Además involucra a una docena de empresas, una red de joyerías y una agrupación política nacional, todas señaladas por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. En un amplio informe integrado por la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, derivado de la denuncia presentada el 20 de enero de 2006 por el actual dirigente del sindicato minero, Elías Morales Hernández, y por Miguel Castilleja Mendiola y José Martín Perales, en contra de Gómez Urrutia y 27 personas más, así como de la institución financiera extranjera Scotiabank Inverlat, se descubren los nexos de Napito con el narcotráfico y su probable responsabilidad por la comisión del delito de blanqueo de capitales.
La Procuraduría también presume que Gómez Urrutia y otros 23 cómplices incurrieron en el delito de fraude financiero: supuestamente con ayuda de los delegados fiduciarios de Scotiabank Inverlat. Los indiciados dispusieron en forma indebida de 35 millones de dólares, de los 55 que se resguardaban en un fideicomiso privado cuyos legítimos beneficiarios son los mineros y no el sindicato. De acuerdo con el análisis de la ruta del dinero, los recursos defraudados fueron transferidos por los circuitos financieros de México —Scotiabank Inverlat, BBVA Bancomer, Banamex, Banorte e Ixe Banco— a cuentas privadas en bancos extranjeros, como el Laredo National Bank, Bank Switzerland, Banco Cafetero de Bogotá y Wells Fargo Bank, entre otras instituciones, con lo que se buscó ocultar el origen y destino, lo que podría constituir un segundo delito: lavado de dinero.
La red de Napito
 El expediente de la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006 revela que la supuesta organización delictiva de Gómez Urrutia está formada por 26 personas identificadas cada una según sus puestos: cerebros financieros, prestanombres, cómplices, operadores, coparticipes —del fraude en contra de los trabajadores mineros—, enlaces para triangulación de fondos y beneficiarios directos.
La lista integrada por la PGR se inicia con la esposa de Gómez Urrutia, Oralia Casso Valdez, quien además de encubrir las supuestas actividades ilícitas del defenestrado líder minero, también es probable prestanombres y operadora financiera: “maneja grandes cantidades de dinero en efectivo para apoyar actividades ilegales”.
Según la indagatoria Tadeo Casso Valdez, cuñado de Napito, facilita su nombre en la empresa Excelencia Numismática y era director de la sucursal Legaria de la Casa de Moneda cuando Napoleón Gómez Urrutia desempeñaba el cargo de director general y traficaba con materiales extraídos ilegalmente de la Casa de Moneda.
Los hijos del líder minero, Ernesto y Alejandro Gómez Casso, también son señalados de participar en la red de delincuencia organizada. Al primero se le ubica como beneficiario y se le liga con el Cártel de Juárez: “es inversionista y socio de personas de dudosa reputación, como Eduardo Reséndez (ya fallecido), considerado el cerebro financiero del cártel”, expone la investigación. Añade que Reséndez financió recursos de la papelera Laskim a favor del restaurante Mirabau, propiedad de Ernesto. Para la PGR el hijo más influyente en la red de cómplices es Alejandro Gómez Casso, al igual que su madre Oralia.
La indagatoria puntualiza que Alejandro “trabajó en la empresa Altos Hornos y es el contacto con los empresarios Sergio y Raúl Gutiérrez Muguerza y Alonso Ancira Elizondo, quienes sirvieron para que el líder estableciera acciones para fortalecer al sindicato y a su líder a costa de otras empresas mediante entregas de dinero para financiar en forma ilegal campañas sindicales en perjuicio de otras empresas de la industria minera y siderúrgica”.
Humberto Felipe de Jesús Torres Kuri, cuñado de Napito y esposo de María de Lourdes Casso, también figura como prestanombres, al igual que Santiago Garza, quien además fue socio de Napoleón en una casa de campo en el estado de Morelos y “su empresa Comextra, dedicada al traslado de valores, se ha visto favorecida por las influencias del líder Gómez Urrutia, quien amedrenta a sus clientes a través del sindicato”.
Otro indiciado por su participación en la red es el empresario Rodolfo Montalvo, alias “Rudy”, radicado en la ciudad de Mac Allen, Texas, amigo y socio del ex cerebro financiero del Cártel de Juárez, Eduardo Reséndez —asesinado el 27 de abril de 2002—. De acuerdo con la averiguación previa, la amistad entre Napoleón, Montalvo y Reséndez se inició desde finales de los años setenta, cuando Reséndez era asesor de Javier Lobo, dueño de la empresa Protexa, y el líder minero era director general de la Casa de Moneda.
La ingeniería financiera del grupo delictivo de Napoleón corre a cargo de Eduardo Maíz Monfort y Javier Maíz Martínez, a quienes la PGR ubica como cerebros y asesores financieros de Gómez Urrutia. Ellos diseñan estrategias para desviar los ingresos ilícitos del fraude en perjuicio de los miembros del sindicato, y organizan la forma de perpetrar los chantajes. Otros que participan como asesores financieros de Napito son los empresarios Sergio y Raúl Gutiérrez Muguerza, y Alonso Ancira Elizondo. También se encargan de entregar dinero para favorecer a sus empresas y lograr que el sindicato perjudique a otros grupos empresariales competidores y de esta manera ganar participación en el mercado.
Según la PGR los ex miembros del comité ejecutivo nacional del sindicato minero, Juan Luis Zúñiga Velásquez, José Ángel Rocha Pérez, Carlos Pavón Campos, Constantino Romero González y Baltasar Zárate García, son encubridores y operadores de Napoleón Gómez Urrutia. Además, Zúñiga Velázquez es acusado de ser coparticipe, junto con Juan Linares Montufar, Juan Pablo Patiño Rocha y Héctor Félix Estrella, en el fraude del fideicomiso minero: en su calidad de miembros del comité dispusieron indebidamente de los fondos sindicales. Marcelo y Armando Familiar de la Garza, Manuel Familiar Haro, Jorge Claudio Leiden Garay, son considerados como prestanombres.
Los dos primeros a través de las empresas Wathers y Véctor Casa de Bolsa, en tanto que Manuel participa mediante Seguros Argos. El ex funcionario público Moisés Kolteniuk Toyber, actual empleado en Altos Hornos, es señalado de ser enlace para otorgar apoyos económicos ilegales a favor del líder minero. Consuelo Aguilar, vocera del sindicato y empleada de todas las confianzas del líder, conoce todas las actividades ilícitas de Napoleón, según se afirma en el expediente. La indagatoria integrada por la dependencia que dirige Daniel Cabeza de Vaca advierte que en la red de Gómez Urrutia también operan 12 empresas, varias joyerías de la ciudad de México propiedad del empresario Rodolfo Montalvo y la asociación política Cambio emocrático Nacional (Cadena).
Las compañías involucradas por la PGR en ilícitos, como ocultamiento de fondos de origen ilícito y lavado de dinero son: Seguros Argos; De Acero; Aceros Nacionales; Altos Hornos de México; Grupo Acerero de Acero; Grupo Acerero del Norte; Digital Media Technologies; Kut & Company; Minera del Cubo; Walter Lee Asociates; Productora de Cospeles, y Comextra.
Scotiabank, involucrado en el fraude
Además de indagar acerca de las actuaciones de cada integrante de la supuesta red de delincuencia organizada por Napoleón Gómez Urrutia, la PGR también investiga a la persona moral Scotiabank Inverlat —banco de origen canadiense— por su probable responsabilidad en el fraude que afectó a miles de mineros.
El expediente revela que Scotiabank es corresponsable del delito de fraude por violar las disposiciones del contrato firmado el 14 de octubre de 1988, cuando se constituyó el fideicomiso F/9645-2, y permitir que Napoleón Gómez Urrutia y sus cómplices saquearan 35 de los 55 millones de dólares ahí depositados.
Según la averiguación UEIDFF- /FINM02/64/2006, la institución bancaria y fiduciaria transfirió irregularmente los 55 millones de dólares a las cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros —cuando Napito aún era el dirigente— en lugar de entregarlo a los fideicomisarios —trabajadores mineros— , como lo establece el propio contrato de creación.
Sergio Vásquez Villarreal, minero de Cananea, explica que el fraude de Napoleón en contra de los trabajadores es mucho mayor: en las negociaciones entre Gómez Urrutia y Jorge Larrea, este empresario consiguió que el líder minero le “condonara” el pago correspondiente a la negociación de 1990 por 37 millones de pesos. De acuerdo con el denunciante, quien junto con otros cientos de mineros demandó esta irregularidad ante la Secretaría del Trabajo y la PGR, el dueño de Grupo México debió cubrir 92 millones de dólares: 55 millones correspondientes al acuerdo de 1988 por Mexicana de Cananea y 37 millones de dólares por el pacto de 1990 por Mexicana de Cobre.
Hasta ahora la PGR sólo investiga el fraude por los 55 millones de dólares depositados en el irregularmente extinto fideicomiso minero. Al respecto la averiguación se centra en las probables “conductas concertadas” entre Gómez Urrutia y los delegados fiduciarios Jorge Gómez Moreno y Felipe Alberto López López, y que según las investigaciones “constituyeron maquinaciones contrarias a derecho para permitir que se obtuviera un lucro indebido por parte del líder Napoleón y quienes resultan coparticipes de esas conductas en quebranto de los trabajadores”.
Jorge Di Sciullo, director jurídico de Scotiabank Inverlat, dice: “nosotros tenemos la convicción de que todo el actuar del fiduciario (banco) y de sus delegados fue extremadamente correcto y apegado a la Ley y a las instrucciones del Comité Técnico.
Nosotros estamos seguros, tanto los individuos como la institución, de que se va a aclarar todo”. Aunque Di Sciullo afirma que no hay irregularidad y que, una vez agotado el proceso, las autoridades se convencerán de que se actuó legalmente. Advierte que en caso contrario el banco no sería responsabilizado del ilícito: “La Ley es muy clara y establece que los sujetos de probables responsabilidades son personas físicas. Las personas morales normalmente no son citadas a los procesos penales porque la responsabilidad penal es sobre personas físicas. Nuestros funcionarios son los que han sido citados y ellos están dando la información. A la institución se le puede pedir información relacionada con esto, en términos de las leyes, y el banco está cooperando en todo lo que se le solicita”. (Nancy Flores)
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Publicado: Junio 1a quincena de 2006 | Año 4 | No.57
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Baja California 
