Corrupción en Los Pinos

El Toallagate que puso al descubierto el dispendio del gobierno de Vicente Fox al llegar a la Presidencia de la República, fue sólo la punta del iceberg que cubriría los actos ilícitos que marcarían la asignación del gasto público durante la gestión foxista.
En medio de una fuerte campaña contra la corrupción -su principal promesa de campaña y pilar de su programa de gobierno-, Vicente Fox favoreció a un grupo de empresarios “amigos” con obras por más de 66 millones de pesos y cuya asignación fue calificada como irregular, deshonesta y violatoria a las normas y leyes en la materia por la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, a cargo en ese momento del panista Francisco Barrio Terrazas.

El grueso expediente que mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, comprueba los actos de corrupción cometidos en la Presidencia de la República para favorecer con contratos de obras, servicios y bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el presidente Vicente Fox, según manifestaron los propios contratistas.

En sus declaraciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles contratos de obras, bienes y servicios sin licitación de por medio, lo que ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio de la Presidencia y del erario público.

Consultada sobre estas graves acusaciones de corrupción en Los Pinos, la Presidencia de la República por conducto del coordinador de prensa Carlos Enrique Garza Falla informó, después de “consultarlo” con sus superiores, que la Presidencia no tiene opinión alguna sobre los señalamientos al presidente Fox ni tampoco sobre los resultados de esa auditoría. En la Secretaría de la Función Pública, su área de comunicación social también explicó que consultarían para determinar si darían algún comentario sobre dicha auditoría a Los Pinos que elaboró la Secretaría de la Contraloría, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

La Auditoría 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades. Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se ejecutó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes del director general de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos, hermano de quien fuera director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y que fue destituido por abusos en el uso de fondos públicos y la asignación de contratos a los hijos de la esposa del presidente.

Las onerosas “cabañas” La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que sirvieron como pretexto para iniciar la asignación dirigida de contratos y que determinaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones.

En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones. La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.

¿El resultado? se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades. Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos. El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, amigo de Vicente Fox, cuya empresa del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 por un monto de 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se cobró 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.

Vulnerada la Seguridad Nacional El supuesto carácter de confidencial que debían mantener estas obras, razón por la cual se asignaron los contratos de manera directa para beneficiar al amigo de Fox, fue violado, pues la Dirección General de Auditoría Gubernamental concluyó que los contratistas beneficiados por el presidente subcontrataron a su vez las obras, los bienes y servicios a otras empresas particulares, lo que vulneró la secrecía y la seguridad nacional con la que según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial debían ejecutarse este tipo de obras en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Eduardo Romero no quiere saber nada

Paradójicamente, para adjudicar de manera directa estos contratos Vicente Fox esgrimió la confidencialidad y la seguridad nacional, objetivo que “se desvirtúa por la subcontratación”, pues la remodelación de Los Pinos se asignó a la empresa Humberto Artigas y Asociados, Sociedad Civil, por un monto de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, “debiendo realizar licitación pública, de acuerdo con los montos de actuación, sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”.

El director general adjunto de Auditorías Directas de la entonces llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: “se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.

El amplio expediente confidencial de la Contraloría precisa que “el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S.A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI.” Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban, por lo cual según los auditores se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.

Es decir que mientras Humberto Artigas cobró a la Presidencia de la República casi 62 millones de pesos, sólo presentó facturas por obras y servicios por 23.8 millones, lo que podría significar un daño patrimonial y desvíos por otros 39 millones de pesos. Además, los montos asignados por la Presidencia de la República en las obras a Los Pinos rebasan los rangos de adjudicación para efectuar una licitación pública de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación. En las observaciones de la auditoría se afirma que entre los efectos negativos por la asignación directa de los contratos “se posibilita la contratación de obras con empresas que no cuenten con infraestructura y capacidad técnica y financiera para el desarrollo de los trabajos y que no se garantiza las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes”.

Sostiene que estas adjudicaciones al contratista Humberto Artigas se hicieron al margen de disposiciones normativas, con lo cual se afectó la transparencia de las contrataciones realizadas y se incurrió en sobreprecios innecesarios al no cumplir con procedimientos normativos que permitan la adecuada selección de las empresas.

Duplicidad de contratos

La auditoría confirma también que hay duplicidad en la suscripción del contrato de obra pública AD-269-00 para remodelar las cabañas 1 y 2, por un monto de 6 millones 336 mil 500.16 pesos, el cual fue firmado en dos ocasiones, uno el 15 de diciembre de 2000 y el otro el 20 de ese mismo mes con plazos de ejecución distintos; además se realizaron dos convenios adicionales con importes superiores al 25 por ciento, con lo cual se infringió, de acuerdo con la Contraloría, toda normatividad establecida. En el contrato del 15 de diciembre no se contó previamente con el oficio de inversión autorizado por la Secretaría de Hacienda, ya que éste fue emitido el 19 de diciembre y recibido el 21 del mismo mes.

El contrato suscrito el 20 de diciembre no cumplió con la calendarización para los pagos establecidos en el oficio de inversión, el cual programa erogaciones en los meses de marzo, abril, mayo, julio y diciembre de 2001; la emisión de facturas 345, 347 y 349 por 6 millones 297 mil 930.15 pesos, con fechas 15, 18 y 19 de diciembre, antes de la suscripción del contrato referido.

Derivado del contrato aludido, se celebró convenio modificatorio el 20 de diciembre de 2001 por la cantidad de un millón 552 mil 442.28 pesos por concepto de ampliación en el monto contratado inicialmente y el 22 de diciembre se suscribió otro convenio adicional único por 632 mil 545 pesos, que suman 2 millones 184 mil 987 pesos, cantidad que representa el 34 por ciento del contrato original, lo cual rebasa consecuentemente el 25 por ciento establecido en la normatividad. Ambos convenios fueron suscritos por Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de Adquisiciones de la Presidencia, sin ser el titular de la Dirección General de Administración y sin contar con la delegación de facultades correspondientes.

Pagos anticipados

Otra anomalía son los pagos anticipados que hizo la Presidencia de la República por 9.6 millones de pesos al contratista Humberto Artigas y Asociados, y lo más grave de estos anticipos es que se hicieron previamente a la suscripción del contrato de la obra AD-009- 01 y de la facturación del anticipo, debido a que se trataba de un recomendado del presidente de la República.

En la adjudicación del contrato AD-009-01 a Humberto Artigas, suscrito el 13 de febrero de 2001 por un importe de 30 millones 88 mil 782.99 pesos, con plazo de ejecución del 14 de febrero al 16 de abril de 2001, se efectuaron los pagos anticipados en calidad de préstamo, previamente a la fecha de suscripción del contrato y facturación del anticipo respectivo. De la compulsa practicada a la empresa Humberto Artigas, los auditores de la Contraloría descubrieron que el 25 de enero de 2001 se recibió el pago anticipado por un millón 700 mil pesos, cantidad considerada en el monto de las facturas 402, 407 y 408 del 22 y 28 de febrero, y 8 de marzo respectivamente, cuyo importe asciende a un total de 10 millones 982 mil 762.63 pesos.

Según se desprende de un escrito con fecha del 8 de febrero de 2001, elaborado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a la Dirección de Finanzas y por concepto de venta de cheque de caja con cargo a la cuenta 51-50001208-0, se efectuó otro pago anticipado por 7.9 millones de pesos, que de acuerdo con la compulsa y ficha de depósito de la empresa Humberto Artigas y Asociados, el importe referido fue cobrado el 15 de febrero de 2001, acreditándose en su estado de cuenta 001-3953101-7 de Bancomer; no obstante que la factura 402 correspondiente al anticipo es del 22 de febrero de 2001, es decir, se emitió posteriormente al cobro de la cantidad referida entregada como préstamo.

El auditor agrega que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República mediante cuenta por liquidar certificada (CLC) número 02-0000211 del 28 de febrero de 2001, la cual registra como beneficiario la misma Dirección General de Administración, tramitó el pago por 9 millones 26 mil 634.88 pesos de la factura 402, correspondiente al 30 por ciento del anticipo del contrato en cuestión, es decir, también posterior a los préstamos.
Mediante la compulsa se informó que previo al cobro mencionado ya se había entregado otro cheque, el número 006450 por 7.9 millones de pesos en días anteriores; sin embargo, éste había sido devuelto por el banco el 14 de febrero de 2000, según se advierte en estado de cuenta bancario que fue proporcionado en el acto de compulsa mencionado. En su conclusión el auditor sostiene que la Presidencia de la República otorgó condiciones financieras a los contratistas fuera de normatividad, por la disposición de recursos financieros para el pago de obra sin estar regularizada documental y oportunamente.

En consecuencia, agrega, se dejó en estado de indefensión al gobierno federal al imposibilitarlo para efectuar reclamos que se susciten por incumplimientos, tanto en el inicio de la obra, fianzas de garantía de las entregas económicas por anticipado, lo que limita la aplicación de sanciones que se deriven de los trabajos ejecutados. En este punto, la Contraloría recomendó que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República en coordinación con el Estado Mayor Presidencial deberían conciliar los préstamos otorgados al contratista y los reembolsos que se hayan realizado, derivados de los contratos de obra celebrados con la contratista Humberto Artigas y Asociados, y de haber saldos, proceder a la recuperación o comprobación respectiva y a su vez requerir el costo financiero que corresponda.

En las observaciones de la auditoría se indica que la empresa contratista Humberto Artigas informó que su plantilla de trabajadores y el organigrama de la empresa cuenta con sólo cuatro personas además de su presidente y apoderado legal: el vigilante, el mensajero y el de intendencia, únicos empleados que aparecen registrados en el IMSS según copia del pago correspondiente a mayo de 2001.

Por lo anterior, señala la auditoría, esa empresa no cuenta con la capacidad técnica ni financiera, tampoco su contratación se fundó en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, como se requiere para el ejercicio del gasto público federal.

Añade que en la adjudicación del contrato AD-009-01, Humberto Artigas subcontrató a otras empresas constructoras, lo cual no garantizó la confidencialidad de la información para el gobierno federal, por lo que necesariamente se debió efectuar licitación pública o procedimiento por invitación a cuando menos 3 contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios. También considera que faltó planeación de las necesidades de la obra y procedimientos de selección de las empresas a contratar. Irregularidades en adquisiciones.

El informe de la Contraloría señala que “el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia de la República autorizó indebidamente, en su sesión extraordinaria número 008-2000, los planteamientos contenidos en los puntos 4 y 5 del orden del día, consistentes en la adquisición por el procedimiento de adjudicación directa de diverso mobiliario y equipo, así como enseres, utensilios de cocina y blancos por montos de 3 millones 300 mil pesos y un millón 734 mil 338 pesos, respectivamente.

“Toda vez que no se justificó adecuadamente el hecho de encontrarse en los supuestos de excepción a que se hace referencia en los dictámenes para justificación, es decir, no se justificó el hecho de encontrarse en el supuesto de que existieron circunstancias que pudieran provocar pérdidas o costos adicionales importantes, ni que se tratase de un caso fortuito o de fuerza mayor por el cual no fuera posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública; en ambos casos excediendo los montos máximos permitidos para adjudicación directa”.

Un asesor fungió como presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia de la República, no obstante que en el numeral 3 del Manual de Integración y Funcionamiento de dicho Comité se señala que el presidente debe ser el director general de Administración.

Todo lo anterior demuestra la falta de sustento legal y total desconocimiento por parte de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones respecto del proceso de adjudicación utilizado. Esa autorización indebida propició la contratación por adjudicación directa de los contratos de adquisiciones AD-267-00 y AD-268-00 para el suministro de mobiliario, equipo, enseres, accesorios y blancos, asignados a la empresa MYO, S.A. de C.V. por importes de 2 millones 950 mil 558.20 pesos y un millón 734 mil 338 pesos, respectivamente, lo que arroja un gasto total por 4 millones 684 mil 896.20 pesos.

Según el reporte firmado por el director general adjunto de Auditorías Directas, Javier Cervantes Martínez, las adquisiciones se efectuaron en forma directa y justificación muy poco sólida; se otorgó financiamiento al proveedor al autorizar un anticipo que no cumplía con los requisitos normativos aplicables, inusual en este tipo de adquisiciones; se incumplió el contrato al recibir y pagar artículos no contemplados

Pagos anticipados a Humberto Artigas y Asociados en el mismo; se aceptó del proveedor facturación global, en desapego a disposiciones fiscales, que al omitir la descripción específica de los bienes objeto de la contratación, representó una limitación para efectuar un sondeo de mercado y en su caso determinar un posible sobreprecio. Este informe fue enviado a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial para promover los procedimientos disciplinarios de responsabilidades y aplicar las sanciones en contra de los servidores públicos involucrados.

La Contraloría explica que la “formalización de ambos contratos con la participación del ingeniero Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de Adquisiciones, quien firma a nombre y representación de la dependencia, sin contar con el soporte documental que demuestre que a la fecha de celebración de los mismos contaba con facultades expresas para tal fin. “Por otro lado, con la autorización del ingeniero Carlos A. Rojas Magnon, quien se ostentó como asesor y coordinador administrativo de la Presidencia de la República, habiéndose constatado que la formalización o emisión de la constancia de nombramiento no indica que el cargo que asumió sea el de coordinador administrativo, mismo que se llevó a cabo con posterioridad a la celebración de los hechos, el 9 de marzo de 2001”.

Agrega que hay un sobreprecio por 202 mil 310.50 pesos en la contratación de algunos bienes requeridos en el contrato AD- 267-00, en el comparativo contra lo autorizado por la Secretaría de Hacienda mediante el oficio número 311-A-9012 del 19 de diciembre de 2000.

Hay también incumplimiento del proveedor al entregar sólo 204 bienes por un importe de 2 millones 550 mil 597.55 pesos, de un total de 475 bienes requeridos en ambos contratos por 4 millones 684 mil 896.20 pesos, lo que viola los términos contractuales en la entrega de 271 bienes por importe de 2 millones 134 mil 298.65 pesos. En contraposición, el auditor constató que la Presidencia pagó al proveedor el ciento por ciento de lo contratado, lo que arroja un evidente daño patrimonial.

Otro problema que evidencian los documentos que mantiene archivados la Secretaría de la Función Pública, es que la Oficina Ejecutiva de la Presidencia no emprendió acciones para recuperar los pagos realizados en exceso, hacer efectivas las penas convencionales y rescindir los contratos. La auditoría indica que el proveedor entregó 955 bienes no requeridos mediante contrato por 2 millones 411 mil 688.80 pesos. La Dirección de Finanzas de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia otorgó un anticipo sin contar con la autorización expresa y por escrito del oficial mayor o equivalente (facultad indelegable) por un importe de un millón 405 mil 468.84 pesos. Para el trámite de los pagos por concepto de suministro de mobiliario y equipo; enseres, accesorios y blancos efectuados a la empresa MYO por un importe de 4 millones 684 mil 896.20 pesos, se autorizó la emisión de cuentas por liquidar certificadas y se aceptó como soporte documental la facturación global del proveedor.

Al momento de la auditoría faltaron documentos que sirvieran de soporte por parte de la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República.
Además, hubo carencia de proyectos ejecutivos y documentación inherente a la ejecución de las obras y la información referente al presupuesto fue insuficiente a efecto de lograr evaluar la correcta aplicación, programación, registro y ejercicio de los recursos. El auditor también tuvo problemas para identificar el costo original de la adquisición por parte del proveedor, derivado de la omisión en la descripción específica de los productos contratados.

A manera de “conclusión y recomendación general”, el director general adjunto de Auditorías Directas de la Contraloría indica que “del análisis selectivo a las operaciones efectuadas por la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República en el periodo referido, se concluye que las actividades encomendadas relativas a la adjudicación de contratos de obra pública y adquisiciones son realizadas en contradicción a la normatividad aplicable, ya que se determinaron observaciones relevantes, mismas que se detallan en el apartado III del presente informe, por lo que es imprescindible la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas, a fin de promover la eficiencia, eficacia y aplicación de los recursos. “Adjudicación directa para el suministro de mobiliario, equipo y enseres por importe de 4 millones 684 mil 896.20 pesos a la empresa MYO, en desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “Adjudicación directa y subcontratación de contratos de obra pública para remodelaciones de las cabañas 1 y 2, residencia oficial Miguel Alemán, casa anexa y obras exteriores
de la residencia oficial de Los Pinos por 61 millones 895 mil 898.87 pesos en desapego a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

“Sobre estos hechos se considera que existen situaciones que pudieran implicar responsabilidad de servidores públicos, aspectos que serán atendidos por esta Dirección General, de acuerdo con las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de esta Secretaría. “El órgano interno de control en esa dependenia deberá incluir en su Programa Anual de Control y Auditoría revisiones en aquellos rubros que presentan mayor problemática, a fin de promover el cumplimiento del marco normativo que le es aplicable y evitar la recurrencia de las irregularidades determinadas en la presente auditoría”.

Publicado: Junio 1a quincena de 2006 | Año 4 | No.57