La reñida elección presidencial, que dio una cuestionada ventaja de 0.5 por ciento (menos de 250 mil votos) a Felipe Calderón Hinojosa sobre su adversario Andrés Manuel López Obrador, se decidirá en la esfera judicial, mientras que en la política continúa la presentación pública de pruebas sobre presuntas irregularidades y la movilización social por el repudio al “fraude electoral”.
El pasado 9 de julio la coalición Por el bien de todos inició la presentación de impugnaciones en contra de los cómputos distritales, por lo que ahora compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también conocido como Trife, resolver la procedencia de los alegatos que pretenden recontar los votos uno a uno o declarar la validez del proceso y confirmar entonces la “ligera ventaja” de Calderón.
En un plazo de aproximadamente 50 días, que no podrá exceder del 31 de agosto, los siete magistrados del Trife decidirán quién será el futuro presidente de México y, de acuerdo con el doctor en Derecho Constitucional y académico universitario, Miguel Covián Andrade, en un caso extremo, un magistrado podría convertirse en “el gran elector”.
“No puede ser que una votación de más de 40 millones de personas se decida por 200 mil o 300 mil votos. Es una cosa absurda. Y peor: que después de que se inicie el proceso de impugnación y llegue al Tribunal, sean siete personas las que decidan; y en un caso extremo cuatro contra tres, es decir, que sea una sola. Son cosas totalmente absurdas que se evitan con una elección de mayoría absoluta”, señala el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Más aún, la Sala Superior del Trife está facultada para sesionar incluso con cuatro de sus siete magistrados electorales y sus resoluciones, con carácter de definitivas e inatacables, se toman por unanimidad, mayoría calificada o mayoría simple de sus integrantes.
Así, la elección del pasado 2 de julio que involucró a 41 millones 791 mil 322 electores, según dio a conocer el Instituto Federal Electoral (IFE), queda en manos de siete personas -Leonel Castillo González; Eloy Fuentes Cerda; José Alejandro Luna Ramos; Alfonsina Berta Navarro Hidalgo; Fernando Ojesto Martínez Porcayo; Jesús Orozco Henríquez, y Mauro Miguel Reyes Zapata- y eventualmente de una sola.
El doctor Miguel Covián advierte que “a pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral no está integrada por siete expertos en materia electoral, por lo menos ahí hay personas de la Facultad de Derecho de la UNAM y personas que tienen buena experiencia en el Poder Judicial. Y si bien el Tribunal no es aún un cuerpo colegiado de expertos en materia constitucional de política electoral, con todo, está menos mal que el IFE”.
Previsible fallo negativo
El ex consejero del IFE e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Barragán, explica que “ahora le toca al Trife decir si la elección fue buena, si es válida y quién es el presidente electo, pero antes de hacer la declaración de validez, tiene la obligación de atender las quejas, resolverlas a través del procedimiento que corresponde y en ese procedimiento se pueden abrir uno o todos los paquetes electorales de todas las casillas, para hacer un conteo voto por voto”.
El doctor Covián Andrade observa que es muy difícil cambiar los resultados a favor de López Obrador. “En primer lugar las irregularidades tendrían que ser de tal magnitud que afecten el 20 por ciento o más de las casillas electorales. Eso haría suponer que entonces sí el resultado electoral es otro. Como en este caso la diferencia es poquísima y sí podría modificarse el resultado con irregularidades en menos casillas, entonces se tendrían que documentar esas irregularidades de manera muy precisa, una por una, para que, aunque no llegaran a 20 por ciento, pudieran significar que se revirtiera el resultado”.
Pero no sólo eso tendrá que enfrentar la coalición Por el bien de todos. En el sistema presidencial mexicano, aclara el catedrático, es el propio presidente quien decide e impone a su sucesor. Eso siempre ha ocurrido. Incluso en 2000, cuando el IFE logró un amplio reconocimiento y credibilidad de la sociedad, no fue distinto, el entonces presidente Ernesto Zedillo eligió como su sucesor a Vicente Fox.
Ahora, dice, le toca a Fox Quesada imponer a su correligionario. “Lo que vamos a esperar del Tribunal es que analice jurídicamente el asunto, y aunque hay personas honestas y honorables, habrá presiones muy serias por lo que es impensable revertir la decisión tomada sobre el triunfo de Calderón. Sólo si de plano hubiese pruebas contundentes de fraude electoral (se podría esperar una resolución distinta)”, advierte Covián Andrade.
Para el académico “la situación está clarísima: el Tribunal va a estar sometido a una gran presión política y va a tener que resolver en el mismo sentido en que resolvió el IFE. Las presiones del poder son mucho muy fuertes”.
El también doctor en Ciencia Política considera “obvio que así como el IFE recibió presiones y consignas, pues es bastante inocente pensar lo contrario en un régimen presidencial, también el Tribunal va a recibir lo mismo. Entonces lo que va a pasar es que el Tribunal terminará por sacar adelante la decisión política del presidente de la República”.
Y agrega que “por más que los magistrados quisieran en un momento dado cambiar la elección porque hay elementos para ello, tendrían que vencer al poder real del presidente de la República. No van a poder hacerlo, pues el problema no es sólo de personas, sino, también y principalmente de estructuras: el presidente se encargará de presionar por todos los medios para que ese 0.5 por ciento de diferencia a favor de Calderón sea justificado legalmente”.
El doctor José Barragán también prevé un fallo adverso para López Obrador. De acuerdo con el investigador, ante la “muy probable” falta de elementos que comprueben “graves” irregularidades en el proceso, el Trife avalará el triunfo de Felipe Calderón. “Seguramente el Tribunal va a desechar las impugnaciones porque carece de pruebas suficientes para demostrar los errores y las irregularidades graves”.
Covián Andrade coincide con Barragán. “Lo que puede ocurrir en el Tribunal Electoral es que la impugnación no tenga todos los elementos necesarios, todas las pruebas contundentes para llevar a feliz éxito su pretensión. Y entonces simplemente el Tribunal puede desde desechar el recurso hasta resolver con la confirmación del triunfo de Calderón, tendría muchas formas de hacerlo legalmente. Es muy difícil que López Obrador tenga éxito”.
Para que proceda el recurso de inconformidad en contra de la elección del presidente de la República, detalla el doctor en Derecho Constitucional, se debieron presentar inconformidades previas, que se llaman escritos de protesta, en el que los representantes de los partidos políticos señalan lo que a su juicio son las irregularidades detectadas en la votación o en el conteo de los votos. Ese escrito se presenta en la propia casilla electoral o ante el órgano que se realiza el cómputo.
Aclara que si el escrito de protesta no se sustanció adecuadamente, no se presentó en tiempo en las distintas casillas o comités distritales electorales, entonces el recurso de inconformidad, de entrada, no tiene posibilidad de éxito por razones de procedibilidad. “Tendría que ser declarado inadmisible”.
Terreno judicial
En cuanto a la presión política generada por la movilización social y el repudio en los sectores intelectual, artístico y en el más desprotegido de la población, el doctor en Ciencia Política, Miguel Covián, estima que no hay posibilidad alguna de que incida en la decisión prácticamente ya tomada por los magistrados.
“(Las movilizaciones convocadas por López Obrador para presionar al Tribunal) están destinadas al fracaso. Está bien que se hagan, es parte de las libertades constitucionalmente previstas. El veredicto ya se dio. Y no se va a cambiar el resultado en una mesa judicial, porque el poder real del presidente es muy fuerte”.
Al respecto, el doctor Barragán señala que “ninguna autoridad, ni mucho menos el Tribunal puede aceptar ese tipo de presiones”, y advierte que, llegado el caso, la fuerza pública tiene la obligación de intervenir y garantizar “el orden y la paz social”: “el ejército, las policías, están obligados a proteger a ese Tribunal y a hacer respetar su veredicto”.
El investigador detalla que “los movimientos sociales que siguen al señor López Obrador son eso, movimientos que mientras se manifiesten pacíficamente pues tienen todo el derecho de hacerlo, ellos pueden expresar su inconformidad de acuerdo con la Ley y pueden expresarse en las calles, libremente”.
El doctor Miguel Covián advierte que “la posición de los magistrados electorales en este momento es terriblemente difícil. Ellos tienen sólo un 10 por ciento de posibilidades para cambiar el resultado y el otro 90 por ciento para no hacerlo. Y de todas maneras, hagan una cosa u otra, van a quedar mal a los ojos de mucha gente”.
Publicado: Julio 2a quincena de 2006 | Año 4 | No. 60
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