Empañado por supuestos hechos de corrupción, prácticas de nepotismo, captación de votos y lavado de dinero, entre otras irregularidades, el Seguro Popular, que encabezan el comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández Ortiz, y su colaborador y amigo Ángel Giovanni de Luna Noyola, director general de Gestión de Servicios, se encuentra bajo la lupa de las autoridades de la Secretaría de la Función Pública.
Luego de que se denunciaran diversas anomalías en el manejo de los recursos del Seguro Popular, entre las que se presumen irregularidades en el proceso de credencialización por más de 320 millones de pesos, el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud inició una auditoría para investigar posibles daños al patrimonio público en la dependencia.
De acuerdo con el oficio 12/1.0.3.2.1 del Órgano Interno de Control de Salud, dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuatro funcionarios de la dependencia están a cargo de la auditoría 15/06 practicada a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, al amparo de la orden 12/10321/051/06 emitida el 18 de abril de este año.
Según el documento fechado el 27 de junio, han sido solicitados todos los registros, informes, facturas, libros principales y auxiliares, reportes, documentos y correspondencia que se estimen necesarios, a todas las empresas que han otorgado servicios al Seguro Popular y a las que concursaron en la licitación 1216100-04-05 que se llevó a cabo el 10 de noviembre del año pasado.
Entre las compañias que tendrán que aportar dicha documentación se encuentran: la ganadora Image Technology, que presentó una propuesta conjunta con E. Siglo, Oracle de México, Gemplus, así como las que no obtuvieron el contrato como es el caso de Técnica Comercial Vilsa. En caso de que alguna de éstas no entregue información veraz se le impondrá de dos a seis años de prisión y de 100 a 300 días de multa de salario mínimo vigente.
Soporte de la investigación
Para llevar a cabo la investigación que encabeza la titular del OIC de la Secretaría de Salud (SSa), María Eugenia Galván Antillón, las empresas están obligadas a presentar la cotización de precios sobre las tarjetas inteligentes, que implicaron la erogación de recursos por más de 360 millones de pesos y no los 320 millones que se había señalado en la licitación pública.
Según la convocatoria 12161001-004-05 la empresa que ganó el concurso presentó un costo unitario de 86.59 pesos por tarjeta, lo que derivó en un importe total sin IVA de 320 millones 399 mil 650 pesos, aunque versiones de los inconformes su costo real asciende apenas a los 20 pesos.
Según muestra el contrato firmado por Juan Antonio Fernández Ortiz, titular del Seguro Popular; Manuel Martínez Olguín, asesor de procesos de credencialización, y Gilberto Pérez Ramírez, representante legal de Image Technology, de diciembre de 2005 a diciembre de este año se tiene contemplado gastar 368 mil 460 millones de pesos y no los 320 millones que se tenían presupuestados.
Además, se deberá especificar claramente la tecnología que requiere, análisis técnico y las minutas de las reuniones que se dieron entre los funcionarios del Seguro Popular y los empresarios interesados en obtener el contrato.
Fue en diciembre del año pasado que la SFP ya había dado carpetazo a una denuncia presentada ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP para impugnar sobre el otorgamiento del contrato de credencialización del Seguro Popular -que implica recursos por 320 millones 400 mil pesos- a la empresa Image Technology, por lo que se abrió el expediente 779/2005.
Sin llevar a cabo una investigación a fondo, la resolución firmada por Mario Alberto Massé Alemán, encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades, y Martha Cristina Herrera Terrazas, directora de Inconformidades, señala que la denuncia era infundada por falta de interés jurídico.
“No pasa inadvertido que el accionante pretende que esta autoridad efectúe una investigación para verificar la legalidad, equidad, imparcialidad y eficacia de la licitación pública impugnada a fin de que el Estado obtenga las mejores condiciones […]”, señalaba la respuesta de los funcionarios públicos.
Otras anomalías
Fuentes cercanas al proceso que lleva cabo la SFP revelan que entre las líneas de investigación se encuentra una por supuesto lavado de dinero en contra del director general de Gestión de Servicios, Ángel Giovanni de Luna Noyola, colaborador y amigo de Fernández Ortiz, desde que ambos se encontraban en una de las direcciones de la Secretaría de Agricultura.
Y es que de acuerdo con las indagaciones, se ha encontrado en el Registro Público de la Propiedad que De Luna Noyola es además de funcionario de gobierno, rector y representante legal del Organismo Mundial de Investigación, Sociedad Civil, así como tesorero de la asociación civil Somos Amigos de México, organismo que impulsó hace seis años la candidatura de Vicente Fox.
Según demuestran los documentos que están bajo el resguardo del Registro Público de la Propiedad, el objetivo de dicha asociación civil es prestar servicios de evaluación de proyectos, elaboración de estudios, así como la consultoría en materia económica, financiera, jurídica, política y electoral, entre otras.
Mientras que en su página de internet se anuncia que el Organismo Mundial de Investigación brinda servicios en licenciatura, maestría y otros estudios. Además de contar con distintas sedes como Cancún, Ciudad de México y León, Guanajuato.
Es ahora cuando Juan Antonio Fernández Ortiz tendrá que responder a los servidores públicos que hacen una ardua pesquisa en la dependencia que encabeza y explicar cómo y con qué dinero han edificado tales universidades y sociedades civiles, pues todo hace creer que con sus salarios de servidores públicos sería imposible acumular tal fortuna.
Entrevistado por Contralínea, el funcionario ha negado en dos ocasiones cualquier tipo de irregularidad al interior del Seguro Popular, y al tratar de aclarar las anomalías se ha enredado aún más: “ganaron cuatro empresas; al final lo que hice fue firmar un contrato con las cuatro, todas presentaron sus papeles en regla, no hubo ninguna cancelación, se pospuso dos veces por aclarar pero nunca se canceló, se aplazó la fecha de fallo para la parte de consultas y ya no hubo más. Por lo que se tuvo la oportunidad de haber metido una tercera consulta y alargábamos.”
Ante esta situación y los posibles desvíos de recursos, la Función Pública tiene en la mira a los principales responsables de manejar el programa estrella del foxismo: el Seguro Popular, desde donde se cree hubo financiamiento a las campañas del panista Felipe Calderón y el priísta Roberto Madrazo.
Publicado: Julio 2a quincena de 2006 | Año 4 | No. 60
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