Las consecuencias que dañan política, económica, social y culturalmente a la nación como sociedad, en primer lugar a las diferentes modalidades del gobierno de nuestro incipiente federalismo (más ilusa que realmente sustentado en el municipio y sus entidades) y al Estado como totalidad de la estructura jurídica son: corrupción, impunidad y encubrimiento reinantes en las elites de los poderes político y económico, vasos comunicantes del sector público y privado.
No obstante el exceso de leyes a partir de la Constitución, respecto a cómo deslindar responsabilidades a quienes abusan del poder, y que los burlonamente llamados servidores públicos (porque se sirven, a manos llenas, del saqueo económico) puedan ser escuchados y vencidos o absueltos en los tribunales, prevalece la impunidad. Y a su sombra la corrupción y mutuos favores del encubrimiento (entre priístas, panistas y perredistas, bajo el lema perverso de “hoy por mí, mañana por ti”).
Y así le ha ido a la nación con sus funcionarios que no dan cuenta y razón de sus actos y omisiones, lo que permite que trafiquen con influencias, mediante sobornos o guardaditos que les hacen para cuando dejen los cargos (el salinismo se benefició del botín de las privatizaciones, pues sus beneficiarios les dan su “10 por ciento” posteriormente). Los de caballería disponen a su antojo del poder público y privado (políticos, empresarios, familiares, amigos) y los mexicanos de a pie, a los que cargan con obligaciones y escamotean sus derechos, a quienes reprimen, matan, procesan y en lugar de que “todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario”, de antemano son culpables.
El (des)gobernador de Puebla, Mario Marín, a quien todos los elementos señalan como responsable, a reserva de probar lo contrario, de abuso del poder para favorecer a su amigo Kamel Nacif, ha cantado victoria. Porque la Suprema Corte que lo investiga a paso de tortuga y que ha puesto oídos sordos y cerrado los ojos ante los hechos, dará su resolución, como siempre pisoteando el Artículo 17 constitucional, que exige que “los tribunales estarán expeditos... emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”, cuando hayan caducado las acciones penales. El (des)gobernador acogiéndose a su derecho al presentarse a declarar, guardó silencio. Pero, como funcionario, desatendió sus obligaciones de dar cuenta y razón de sus actos.
El integrante del sector privado, el tal Nacif (quien ante la nariz del Ministerio Público Federal que recibió sus declaraciones, insistió en atacar a la periodista, sabedor de que con su dinero y las complicidades con el “góber-precioso”, también permanecerá en la impunidad) y el integrante del sector público, el tal Marín, están siendo encubiertos desde los poderes federales de la Presidencia de la República (la PGR y la Suprema Corte, cúpula del Poder Judicial Federal) y dejado en estado de indefensión a la periodista Lydia Cacho
Para otorgar impunidad a la corrupción por vía del encubrimiento, los encargados de los poderes actúan con rapidez. Para impartir justicia, Fox y Azuela están dejando que pase el tiempo, el mejor recurso para que siga el tufillo de la impunidad. Y el (des)gobernador Marín ha contratado “periodistas” para que lo defiendan y al ex jefe de prensa de Salinas, Otto Granados, para que gestione (“con dinero baila el perro”) que los medios de comunicación se olviden de ese abuso del poder. La respuesta de si el “góber-precioso” ya entró a la larga lista de la impunidad, es más que obvia.
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Publicado: Julio 1a quincena de 2006 | Año 4 | No. 59
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Baja California 
