De no tomar las medidas apropiadas para mejorar el juego electoral, haciéndolo más transparente y equitativo para asegurar un proceso de elecciones aceptado por todos y con amplia participación, es posible un escenario de movilización postelectoral y de ingobernabilidad a corto plazo, afirman los analistas estadounidenses Todd A. Eisenstadt y Alejandro Poirél.
La tesis fundamental de ambos politólogos en su artículo titulado Los temas del financiamiento de la campaña y la equidad hacia la elección presidencial de México de julio del 2006, sostiene que “el fracaso de la reforma electoral ha significado retrasos tanto en el fortalecimiento de las instituciones electorales como en la resolución de sus regulaciones a corto plazo”.
En torno a las instituciones electorales, los autores afirman que “la Fepade (Fiscalía Especializada Para Delitos Electorales) siempre ha sido débil y excesivamente dependiente del Poder Ejecutivo” y que “el una vez reverenciado IFE perdió parte de su credibilidad cuando fue nombrado su nuevo Consejo General, luego de las elecciones de 2003, pues no cuenta con la aprobación del popular candidato de izquierda a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD)”.
Agregan que “el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido acusado de dar veredictos subjetivos y parcialmente manejados en los últimos años, incluyendo la anulación de la competencia por la gubernatura de Tabasco en 2001 y de Colima en 2004. Otros temas que destacan ante las elecciones federales son la promoción del voto por parte de los gobernadores y otros funcionaros públicos.
“Ante la dudosa validez sobre el trabajo del IFE y el TEPJF, los partidos han regresado de nuevo a sus tácticas anteriores al 2000, es decir, de impugnación sistemática a las decisiones de esas autoridades, aunque éstas favorezcan a sus causas”.
La investigación -publicada por el Centro para estudios Estados Unidos-México, de la Universidad de California en San Diego- afirma que mientras México hizo grandes avances para consolidar la democracia en 1997 y en 2000, estos logros han sido severamente minados por las dudas que se han generado sobre la elección de 2006. “El ambiente preelectoral de 2005 fue por varias razones tan frágil como lo era en el 2000”, asegura.
“Nos enfocamos en los retos emergentes como lo es el licencioso gasto en las campañas y la falta de declaración de los egresos, lo cual amenaza con delimitar la elección presidencial meses antes de la campaña. Sugerimos que los electores de México y los observadores internacionales presten atención a la sociedad civil, los medios y las iniciativas académicas para monitorear sistemáticamente la equidad del campo de juego”, advierten Todd A. Eisenstadt, profesor de Ciencia Política en la Universidad Americana, y Alejandro Poiré, profesor visitante en la Escuela Kennedy de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard.
De 2003 a 2005 Poiré supervisó la distribución por área del financiamiento público de la campaña para el IFE. Su investigación revisa la evolución de las elecciones en México y en otras partes del mundo. “Se han hecho más competitivas y los partidos han crecido aislados de los intereses sociales”, refiere.
El estudio dictamina que “después de mucho ruido de una dramática elección en 2000, llegaron a su fin 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El presidente Fox, su Partido de Acción Nacional (PAN) y el Congreso sin mayoría dominante obtuvieron pocos logros en la reforma total que pondría fin a las ineficiencias en la administración pública de México; sin embargo no lograron la credibilidad definitiva hacia las instituciones democráticas.”
De acuerdo con los autores, desde octubre del 2005 se observaba ya la ausencia de un liderazgo fuerte y de cooperación interpartidista, y un gobierno dividido que “dominan la actividad legislativa a expensas de más esfuerzos visionarios y muy lejos de legislar e implementar las ambiciosas reformas que prometió el candidato Fox”.
Para Eisenstadt y Poiré “México falló enormemente en consolidar los logros de la apertura democrática del 2000 por cuatro razones: 1) Fox se equivocó al no atender las medidas para la 'reforma del Estado' y desencantó a los actores políticos y a la sociedad y, por extensión, disminuyó la visión de los ciudadanos sobre los partidos y las elecciones; 2) Luego de 'ganar' la alternancia por primera vez en décadas de lucha social, las organizaciones de la sociedad civil de México y el electorado han sido incapaces, desde el 2000, de articular una nueva agenda que promueva otros cambios; 3) Los escándalos de financiamiento de los partidos redujeron también las expectativas de un electorado crecientemente desilusionado; y 4) Las instituciones electorales no han alcanzado la creciente autoridad y autonomía que los actores políticos y electorales acordaron era necesaria”.
IFE, el gran elector
“Al no aprobar el Congreso las reformas, y a pesar de la controversial reconfiguración del IFE en el 2003, éste permanece como un fuerte cuerpo administrativo electoral y los avances democráticos de México amenazan con ser minados severamente por las dudas que circulan en torno a la elección del 2006”.
Para los investigadores este es un nudo Gordiano, es decir, los temas interrelacionados que constituyen la mayor amenaza para la legitimidad de las elecciones federales de 2006: “La relativa falta de transparencia en el financiamiento de la campaña, el gran volumen de dinero alrededor del sistema electoral mexicano, y la alta concentración de gasto en anuncios a través de medios electrónicos regulados por el IFE”.
En el capítulo titulado Oportunidades perdidas del 2000 y el avance hacia el 2006, la investigación observa que México tuvo una transición suave y pacífica hacia su primer presidente no priísta desde poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, “el cuerpo administrativo electoral del país se colmó por los gurúes del Consejo General del IFE, enviados a misiones internacionales, como la designada para diseñar el sistema electoral interino de Irak.
“Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se convirtieron en celebridades internacionales cuyas lecciones y perspectivas fueron ampliamente seguidas y escuchadas. Aunque el costo de la transparencia electoral en México fue alto; ambas organizaciones absorbieron, en los procesos electorales de los años noventa, más fondos del presupuesto público de México que las ramas Judicial y Legislativa combinadas.
“El manejo de la elección ha tenido un costo relativamente menor en años recientes (Tabla I) y los defensores de esa inversión afirman que la mayoría de los fondos se distribuyen hacia los partidos políticos como apoyo financiero para sus campañas electorales, para mantener infalsificable la credencial electoral, una tarjeta de identidad de facto que en muchos países se paga por otras líneas del presupuesto público.
“Aún así, las elecciones en México figuran entre las más caras en el mundo. Pero los mexicanos están justificadamente orgullosos por el gran éxito de convertir el una vez más fraudulento sistema electoral en el mundo, en uno de los más limpios en menos de una década, y así está plenamente institucionalizado.
“Sin embargo, el gobierno mexicano, el Congreso, los partidos políticos y la sociedad civil, no han sido protegidos por esa considerable inversión. Fox y los tres principales partidos fracasaron cuando no realizaron muchas reformas significativas”.
La crítica de los autores de la investigación sobre los órganos electorales hacia el 2006 es contundente. “Las instituciones mexicanas electorales, reconocidas por todo el mundo a fines de los noventa por su transparencia e independencia, han perdido algo de su impulso reformista, debido en parte a los fracasos de los legisladores.
Movilización y desencanto
Los autores también analizan el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, durante la administración de Fox, que “dejó al electorado y a la sociedad civil, cansados y decepcionados, además, el conjunto -cada vez más criticado- de instituciones electorales generan dudas acerca de si un resultado electoral cerrado podría, en caso del peor escenario, provocar movilizaciones post-electorales que pongan en riesgo la gobernabilidad de México, al menos en el corto plazo”.
¿Cuál es el origen de ese desencanto? De acuerdo con las entrevistas, fuentes consultadas y análisis, los académicos consideran que “los mexicanos han revelado que ante la amplia ola de desencanto que les causó el gobierno del “cambio, les preocupa a muchos la frágil democracia y el exorbitante y no transparente gasto político”.
Tan pesimista diagnóstico se enfoca en la duda sobre la credibilidad de los órganos electorales y reconoce que, aunque la administración de Fox experimentó algunos éxitos notables, sus fracasos son notables, “particularmente la muerte legislativa de sus iniciativas -elogiadas hasta la exageración- para la reforma del Estado, porque fue más allá de un fracaso en la arena legislativa, en administración y manejo, el equipo de Fox complicó un respetable récord”.
Para Poiré y Eisenstadt, Fox tuvo éxito en la estabilización macroeconómica, mejoró la eficiencia del programa social Oportunidades y aumentó el acceso de la baja clase media a créditos hipotecarios, a través de INFONAVIT. también hubo algunos cambios legislativos (transparencia, seguro popular y la reforma al servicio civil), aunque fueron menos visibles e involucró más riesgos políticos al demorar la seguridad social, energía, trabajo y reforma impositiva que Fox ofreció siendo candidato.
“Su estrepitoso y muy difundido fracaso se convirtió en la base de la percepción pública acerca de su administración, que ahora, durante el proceso electoral, amargó las expectativas del electorado para el sucesor del presidente, y para las posibilidades de cambio vía elecciones”, señalan.
IFE y FEPADE bajo la lupa
 “El Instituto Federal Electoral (IFE), un pilar de la credibilidad institucional en 2003, puede ser la institución que más ha sufrido los mayores desafíos a su autoridad moral”, estiman Eisenstadt y Poiré. “El giro inmediato a favor de los partidos políticos por el antiguo consejero ciudadano general, Santiago Creel (consejero hasta 1997, y luego diputado federal por el PAN), con José Ortiz Pinchetti y Emilio Zebadúa” pudo sentar precedentes para los compromiso en 2003 y estar “menos enfocado sobre la 'autonomía' de los nuevos miembros del consejo”.
Es por ese patrón de relación entre el IFE y el Congreso que algunos observadores sugieren que la institución puede protegerse mejor a sí misma de todos los reclamos de partidismo si se implementa una legislación más fuerte sobre el conflicto de intereses.
La investigación del Centro para Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California, examina cómo esa difícil relación entre el órgano electoral y el Congreso han perfilado el escenario actual previo a los comicios federales del 2006: “el Consejo General que empezó su término de siete años en octubre del 2003, tiene la responsabilidad de las elecciones del 2006 y del 2009; no fue seleccionado con el mismo nivel de consenso que en el pasado”.
Por otra parte, los miembros del Consejo General de IFE de 1997 fueron académicos comprometidos y líderes de organizaciones sociales apartidistas seleccionados por consenso del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, lo que reforzó la buena fe del cuerpo”.
Menciona la investigación el caso del antiguo presidente consejero, José Woldenberg, quien “sirvió con distinción de 1997 a 2003 y luego se retiró de la vida pública”, y fue visto como una reafirmación simbólica de la independencia del IFE de los partidos políticos. “Eso se observa, sin embargo, mientras él mismo tenía una larga historia en la izquierda política, y cuando fue seleccionado presidente del Consejo General en 1997, su esposa era secretaria de Medio Ambiente de Zedillo, que en su turno fue cuestionada”.
 Hoy, la actual legislación sólo requiere que los miembros del Consejo y los magistrados no trabajen para la administración cuya elección condujeron y supervisaron un año antes de que asumieran sus cargos en el EMB.
Cita la investigación de Eisenstadt y Poiré, que al negociar la abortada reforma electoral previa al 2006, se reconoció que los poderes de la Fepade eran deficientes. “María de los Angeles Fromow, la fiscal asistente general para delitos electorales, reconoció que había sido nombrada directamente por el presidente y que eso no pudo ser considerado como la garantía de su autonomía”.
Más adelante, explica que “el 30 de septiembre de 2005, y sólo dos semanas después de haber apoyado un voto de consenso (6-0, con ausencia del Magistrado Jesús Orozco) que confirmó el reciente cambio del liderazgo del PRI contra un reto formal de Elba Esther Gordillo, antigua secretaria general y líder general del poderoso sindicato magisterial, el magistrado Eloy Fuentes renunció a presidir el Tribunal, citando razones estrictamente personales tras su decisión, pero hubo especulación sobre interferencia partidaria”.
Ante la resistencia a las propuestas de los tres principales partidos, las objeciones del PRI eran para garantizar mayor autoridad a la Fepade, aún así, la fiscalía ha cabildeado infructuosamente buscando una mayor autoridad fiscalizadora, pero todo fracasó en su paso por el Congreso y pese al involucramiento de Fromow en los escándalos de financiamiento de las campañas de los Amigos de Fox y el Pemexgate, estas investigaciones resultaron en sanciones civiles por el IFE y la Corte Electoral. (NE)
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Publicado: Julio 1a quincena de 2006 | Año 4 | No. 59
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Baja California 
