Contralínea  

Estado Mayor Presidencial involucrado en obras irregulares

Nancy Flores, Ana Lilia Pérez, Erika Ramírez y Zósimo Camacho
El presidente Vicente Fox y el empresario Humberto Artigas son los únicos actores que negociaron la adjudicación directa de contratos de remodelación en la residencia oficial de Los Pinos —que costaron al erario público casi 70 millones de pesos y que causaron daños al patrimonio público y violaciones a la seguridad nacional—, revela la representante legal de la empresa MYO, quien señala al Estado Mayor Presidencial como responsable de las obras

 

 


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“Si eso es tráfico de influencias, pues entonces sí, cometí tráfico de influencias”, acepta con enojo la arquitecta Rosalía Morales Arámbula, representante legal y accionista de la empresa MYO, S.A. de C.V., tras la pregunta sobre la invitación directa que le hizo personalmente el presidente Vicente Fox para que participara en la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos y de las cabañas 1 y 2, sin que mediara licitación alguna como lo marca la Ley.

La breve respuesta de Morales Arámbula corrobora que Fox Quesada es el alto funcionario de Los Pinos que ordenó la adjudicación directa de las obras a favor de su amigo Humberto Artigas del Olmo, quien a su vez subcontrató los trabajos de la compañía MYO y de otras 10 empresas, tal como lo asentó la misma arquitecta en la compulsa relacionada con la auditoría 2015/01, dada a conocer en junio pasado en Contralínea.

Ya el 21 de junio de 2001 Morales Arámbula había revelado a las autoridades de la Dirección General de Auditoría Gubernamental la responsabilidad del presidente de México en la contratación indebida de las empresas, que derivó en daños patrimoniales y en violación a la seguridad nacional, asunto que fue velado por la dependencia bajo el supuesto de confidencialidad.

En aquella ocasión los auditores de la Secretaría de la Contraloría (ahora Secretaría de la Función Pública) requirieron a la accionista de MYO, quien comparte domicilio fiscal con la empresa Humberto Artigas y Asociados, S.C. en calzada Desierto de los Leones 5934, colonia Olivar de los Padres, que describiera “cómo se hizo proveedora del gobierno federal, específicamente de la Presidencia de la República, y desde qué fecha”, a lo que respondió: “fue una invitación directa del presidente, el licenciado Vicente Fox, desde diciembre de 2000”.

Los funcionarios públicos insistieron: “describa quién la invitó a participar como proveedor y el trámite realizado al respecto”, y ella reiteró que “la invitación la hizo directamente el licenciado Vicente Fox”.

Hasta ahora, la dependencia encargada de vigilar y sancionar la actuación de los servidores públicos ha omitido fincar responsabilidades por estas anomalías, quizá porque el primer implicado es el presidente de la República. La negligencia se da a pesar de que el amplio expediente de investigación confirma que la Presidencia violó las leyes de Adquisiciones, de Obra Pública y de Responsabilidades al adjudicar directamente los contratos por 66.5 millones de pesos.

El asunto no es menor. De acuerdo con la auditoría 2015/01 las irregularidades en las que supuestamente está involucrado Vicente Fox, jefe directo del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y en su momento Francisco Barrio Terrazas, no se reducen a la contratación indebida de la empresa Humberto Artigas y Asociados, que ocasionó daños patrimoniales, sino que al subcontratar varias empresas, entre ellas MYO, se puso en riesgo la vida del propio mandatario -pues se conocía a detalle su residencia- y, por tanto, se quebrantó la seguridad nacional.

Para la diputada perredista Martha Lucía Micher, el gobierno de Vicente Fox “no sólo ha sido corrupto sino que ha sido un modelo de corrupción: se les ha enseñado a otras personas de las familias en el poder cómo hacer las cosas muy poco transparentes, con muy poca ética y sobre todo el patrimonio del pueblo”.

 

Negociación de dos

Entrevistada vía telefónica, la empresaria Rosalía Morales Arámbula revela que la negociación para adjudicar las obras se dio entre dos actores: el presidente Fox Quesada y el empresario Humberto Artigas del Olmo. “A mí me subcontrataron. El arquitecto Artigas me subcontrató para que lo hiciera (proveer de mobiliario y enseres a la Presidencia). Yo directamente no tuve nada que ver. Es más, al presidente lo vi una sola vez”.

Mientras busca deslindarse de las supuestas irregularidades que implican a la empresa MYO en daños al patrimonio público por al menos 2 millones 100 mil pesos y de incurrir en la presunta violación de la seguridad nacional, ambos ilícitos documentados por la Contraloría, Morales Arámbula explica que el Estado Mayor Presidencial tuvo conocimiento del proceso de contratación y de los avances y cumplimientos del mismo.

-Cuál es su postura sobre la auditoría 2015/01, referente a los dos contratos otorgados por la Presidencia a la empresa MYO, que señala un posible daño al patrimonio público por 2.1 millones de pesos e incumplimiento de contratos.

-Nada de eso es cierto.

-Tenemos copia de la investigación de la auditoría. Se habla de un daño patrimonial en contra del erario público por 2.1 millones de pesos.

- Este asunto para mí ya está acabado, no sé por qué le siguen buscando. Ya le gané a (la Secretaría de) Hacienda dos juicios. Las toallas fueron de Liverpool, yo exhibí las notas.

-¿Se reintegraron los recursos que supuestamente generaron el daño?

-Yo no… están más que comprobados los gastos que hice.

-Pero ¿se incurrió o no en este daño al patrimonio?

-Jamás. Me auditaron por Secodam (ahora Función Pública) y me dieron las gracias y fueron al siguiente día. Hacienda también. Existen las notas, fueron unas toallas de Liverpool.

-La investigación no se reduce a las toallas: se señala que de los 475 bienes requeridos en los dos contratos firmados con MYO sólo se entregaron 204 bienes.

-Se entregaron 2 mil 500. Hay un inventario y está firmado.

-¿Quién lo firmó?

-El Estado Mayor Presidencial.

Como parte de las obras de remodelación subcontratadas por la empresa Humberto Artigas y Asociados, MYO signó un par de contratos con la Presidencia identificados con los folios AD26700, por 2 millones 950 mil 558 pesos, y AD26800, por un millón 734 mil 338 pesos.

De acuerdo con la auditoría 2015/01, el proveedor representado por Rosalía Morales incumple con lo convenido en ambos contratos: entrega 204 bienes por un importe de 2 millones 550 mil 597 pesos, de un total de 475 bienes requeridos, por 4 millones 684 mil 896 pesos, lo que viola los términos contractuales en la entrega de 271 bienes por importe de 2 millones 134 mil 298 pesos.

El documento firmado por Javier Cervantes Martínez, director general adjunto de Auditorías Directas de la Secretaría de la Función Pública, refiere que la Presidencia pagó al proveedor el ciento por ciento de lo contratado, lo que generó un quebranto patrimonial.

Añade que MYO entregó 955 bienes que no le fueron requeridos, cuyo costo asciende a 2 millones 411 mil 688 pesos. Otra irregularidad detectada corresponde a un anticipo que la Dirección de Finanzas de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia otorgó sin contar con la autorización expresa y por escrito del oficial mayor o equivalente (facultad indelegable) por un importe de un millón 405 mil 468 pesos.

El informe de auditoría también explica que el trámite de los pagos por concepto de suministro de mobiliario y equipo, enseres, accesorios y blancos efectuados a la empresa MYO, por un importe de 4 millones 684 mil 896 pesos, se autorizó la emisión de cuentas por liquidar certificadas y se aceptó como soporte documental la facturación global del proveedor.

“Fox debe ser juzgado”

El caso de los “Amigos de Fox” y las irregularidades descubiertas durante los trabajos de remodelación de la residencia de Los Pinos, “son los dos puntos de partida de la corrupción de este régimen”, señala el diputado de Convergencia y ex panista Jesús González Schmal.

Para Malú Micher “sería gravísimo por parte del presidente de la República que habiendo entrado, después de tomar posesión de su cargo como presidente, se hubiese puesto a beneficiar a sus cuates, esto no es un club de amigos, es el Poder Ejecutivo y él ganó las elecciones en buena línea. Si está el señor actuando de esa manera, me atrevo a pensar que ni siquiera las ganó en buena lid, sino que fue a través de una serie de corruptelas y de compras de votos, porque el señor se puso a iniciar su gestión de manera muy poco transparente y de verdad con un ejemplo pésimo para la administración pública”.

Para González Schmal, presidente de la Comisión Especial que investiga el tráfico de influencias de Manuel y Jorge Bribiesca y de funcionarios federales ligados a la familia presidencial, la SFP debe abrir expedientes de responsabilidad contra Vicente Fox Quesada y todos los funcionarios involucrados en las contrataciones de la remodelación a Los Pinos, e incluso abrir indagatorias contra los propios contralores que mantienen en reserva la auditoría hecha por la propia SFP.

El también abogado señala que, de comprobarse la responsabilidad de Vicente Fox en la desviación de recursos públicos, el aún presidente podría ir a la cárcel: “México es una República y todos los ciudadanos somos iguales, así es que se le debe aplicar la justicia por igual. Mal haría en inhibirse (la SFP) en estas conductas corruptas aunque se trate del presidente”.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Jorge Zermeño Infante, advierte que “la Cuenta Pública de 2001 ya fue aprobada en su momento, hace dos años. Y ya es un caso terminado, que tiene la aprobación formal de la Cámara de Diputados”.

El senador de extracción panista afirma: “no tengo sospechas ni dudas de un gobierno que ha buscado ser muy transparente, que ha trabajado bien”, y que en caso de que las irregularidades sí se hayan cometido, “esto pasó en 2001 y ya tuvo su revisión. Entonces estar diciendo en estos momentos que no estuvo bien, pues hay que ver qué aprobaron los diputados”.

Para Zermeño Infante es innecesario volver a revisar el gasto de la Presidencia relacionado con la remodelación de Los Pinos, pues reabrir el expediente restaría seguridad jurídica a los actos de gobierno.

Pese a esto, Micher Camarena señala que la actuación del presidente podría constituir un delito, “no tanto porque sean sus amigos, sino en el sentido de que debió haber sido por el procedimiento correcto, que es a través de los concursos y quien gane la mejor propuesta es a quien se le concede la construcción de la obra, si lo hicieron para quien finalmente fuera su amigo es un acto ilegal, muy poco transparente y es un acto de corrupción”.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con el arquitecto Humberto Artigas del Olmo, pero su secretaria particular, Carmen Tella, negó al empresario y dijo desconocer si esa empresa, la de su jefe, se llamaba Humberto Artigas y Asociados como saludan en la recepción, además de afirmar, a gritos, que ella desconoce los contratos firmados con la Presidencia de la República.

 

Fox traiciona al PAN: Schmal

El reportaje “Las obras corruptas de Fox”, publicado en Contralínea, desató un debate entre los legisladores que acudieron a la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, el pasado 14 de junio. Los congresistas de la oposición expusieron la corrupción del primer presidente de la República surgido de las filas del PAN, que calificaron como “traición a su propio partido”.

La controversia se inició cuando el diputado del PAN Juan Francisco Molinar Horcasitas habló sobre “la corrupción en el Distrito Federal”, con evidente alusión al candidato de la alianza “Por el bien de todos”, Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de gobierno capitalino.

El argumento de Molinar Horcasitas fue que —contrario a los índices de Transparencia Internacional donde el organismo condena el alto índice de corrupción durante la administración foxista— “los ocho o nueve estados panistas están por debajo de la media nacional; los cinco mejores estados, según esa clasificación, son: Querétaro; Chiapas, cuyo gobernador fue electo con participación de Acción Nacional, Baja California Sur. Mire —decía el legislador— le toca uno, Sonora, gobernado por el PRI, y Guanajuato, gobernado por el PAN, tres de cinco de ellos tienen la aportación del Partido Acción Nacional, en los cinco mejores”.

Enrique Jackson, presidente del Senado, cedió la palabra al diputado de Convergencia, Jesús González Schmal, quien evidenció ante los panistas que ese día ocupaban el recinto, la traición de Vicente Fox a los principios éticos y morales del PAN, pues ha incurrido en actos de corrupción a propósito de las obras realizadas en la residencia oficial de Los Pinos.

“He tenido que pedir el uso de la palabra porque no puede quedar asentado sin respuesta lo que aquí ha señalado Federico Döring, respecto a esa evocación que ha hecho del pasado de Acción Nacional.

“Es evidente, porque lo vivimos juntos y Federico Döring lo sabe en su conciencia, que de ninguna manera ninguno de los fundadores de Acción Nacional, de los que prosiguieron en esa lucha ardua por conquistar el régimen de partido, pudiera hoy justificar lo que un gobierno, entre paréntesis, emanado del PAN, ha hecho de la vida pública.

“No podemos, Federico, aceptar que desde antes de la toma de posesión de Vicente Fox, éste inició su gestión burlando y defraudando el presupuesto público. Bien supiste que el presupuesto que se asignó para la transición no estaba autorizado por el Congreso, ni por la Cámara de Diputados. Fue una asignación discrecional de Ernesto Zedillo y fue el primer paso en donde se constituyó un gobierno de corrupción. Prosiguió, efectivamente, el 'toallagate'.

“Y sabemos hoy, por el testimonio de Miguel Badillo (reportero de Contralínea), que no fueron 7.5 millones los que dijo Fox se gastaron en la remodelación de las cabañas de Los Pinos, fueron 65 millones de pesos los que le sustrajeron al pueblo de las necesidades más apremiantes para hacer la casita del presidente, de sus hijos y de sus amigos.

“Eso, ningún panista de buena factura, de buen origen, podría aceptarlo como digno y como tolerado, en un régimen panista de gobierno”.

Durante la exposición de González Schmal nadie refutó su dicho. Con las cifras precisas del gasto del presidente en las remodelaciones adjudicadas por mano propia, el legislador arremetió:

“Cómo admitir que eso no hizo escuela, que el caso de Fox, que como inició el gobierno, que como lo vieron sus propios hijos y sus hijastros, no diera lugar a que muchos pensaran que era el gobierno de la 'Jauja' para hacer negocios. Para irse después, incluso, traicionando su misma convicción o su misma proclama en la campaña de Fox”.

El senador César Jáuregui dijo: “usted ha venido aquí a traer un morral de odios y enconos e historias del pasado que son muy interesantes. ¿Si conoce el tema que estamos discutiendo en estos momentos? Porque siendo interesante lo que usted pronuncia, me parece que está totalmente ajeno a la discusión”.

González Schmal respondió: “para la historia del parlamento, queda simplemente la mención de que eso es el panismo original, que ese es el panismo que creó en México una opción política y que ha sido traicionado en su historia y que lo sigue traicionando.

“Y que siguen utilizando, y siguen comerciando con las siglas de Acción Nacional, con el pasado heroico de muchos panistas que, efectivamente, sufrieron persecuciones; pero que de ninguna manera, hoy podrían estar condescendiendo con esa práctica, con ese ejercicio del gobierno que traiciona los principios básicos, éticos, que le dieron lugar al partido, que lo justificaron en su origen y que son la razón de ser histórica de esa opción política que tanto tiempo y que tanto esfuerzo invirtieron muchos ciudadanos”, concluyó González Schmal.

 

 

 

Artigas: el arquitecto de Fox

 

Amigo cercano de Vicente Fox, el arquitecto Humberto Artigas del Olmo fue comisionado para diseñar “La Estancia”: rancho que habitará el aún presidente de México cuando finalice su sexenio y se retire de la vida pública, en diciembre próximo.

Un acucioso trabajo periodístico de Anabel Hernández y Arelí Quintero da cuenta de esta tarea, iniciada a mediados de 2001 en un terreno de Guanajuato que mide poco menos de 300 hectáreas y se ubica a cuatro kilómetros del rancho San Cristóbal, donde habita la madre del presidente y donde éste suele pasar los fines de semana.

De acuerdo con lo documentado por las periodistas Hernández y Quintero -quienes nombran a La Estancia como el “rancho secreto de Fox”, pues no fue reportada por el mandatario en su declaración patrimonial de 2005-, la casa de retiro cuenta con dos residencias muy similares en concepto y acabados a las cabañas de Los Pinos.

Y es que el arquitecto encargado de ambos proyectos es el mismo: Artigas del Olmo. Mientras que en diciembre de 2000 su empresa, denominada de la misma forma (Humberto Artigas y Asociados S.C.), obtuvo contratos irregulares de la Presidencia de la República por órdenes directas de Fox Quesada y sin que mediara licitación alguna, a mediados de 2001 fue contratado por el presidente para construir su casa privada de retiro.

Ante las suspicacias generadas, la diputada perredista Malú Micher cuestiona el destino de los recursos públicos: “si son casi 70 millones de pesos los que en realidad se gastaron (en la remodelación de la residencia de Los Pinos) y no 7 millones (como informó el presidente Vicente Fox), entonces ¿dónde está todo el dinero de las cabañas 1 y 2? No será que se destinó a otros lugares como las construcciones y reconstrucciones de las casas en San Cristóbal. ¿Dónde está ese dinero?”

La legisladora considera necesario investigar a fondo el uso del dinero público: “es competencia de la Secretaría de la Función Pública. Nosotros estamos analizando cómo daremos cuenta de esta información. Ellos hacen trampa para poder hacerlo por adjudicación directa y no por licitación pública y éste pudo ser el inicio de la cajita presidencial, de esta caja chica en la Presidencia de la República: no nos pueden engañar, es imposible que hubiesen gastado tanto dinero en dos cabañitas”.

Y es que, como lo ha informado Contralínea, los trabajos de remodelación de la residencia de Los Pinos y las cabañas 1 y 2 le retribuyeron al empresario 66 millones 540 mil 795 pesos. Por la importancia del monto, la Secretaría de la Función Pública afirma en la auditoría 2015/01 que la contratación debió adjudicarse por medio de un concurso de licitación pública, y no en forma directa como se hizo.

Empresario “consentido”

En el libro “La familia presidencial”, Arelí Quintero y Anabel Hernández señalan que el arquitecto Humberto Artigas del Olmo es conocido gracias a la trayectoria de su padre, del mismo nombre, quien, en la década de los 80, fue señalado como “el arquitecto de los ricos”: “tenía la habilidad para hacer ranchos en La Marquesa, en el Distrito Federal, y para diseñar espacios comunitarios”.

Las periodistas dicen que Juan José Torres Landa, ex gobernador de Guanajuato (1961-1967), fue quien llevó a Humberto Artigas a ese estado con la finalidad de hacer trabajos de remozamiento en los subterráneos de la capital, considerada patrimonio de la humanidad, y diseñar plazas públicas y culturales que le dieran más vida a la ciudad.

En su trabajo periodístico documentan que, aunque Artigas del Olmo diseñó y revisó los trabajos de construcción en el rancho “La Estancia”, las obras fueron ejecutadas por la constructora Fabricación y Colocación de Pavimento S.A. (Facopsa), propiedad de otro amigo del presidente, Cosme Mares Hernández, quien además es calificado por legisladores como prestanombre de Fox Quesada.

Según el libro, la maquinaria de Facopsa -empresa investigada por la Procuraduría General de la República, pues se presume que es responsable de cometer daños al patrimonio público de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 135 millones de pesos (Contralínea 58)- mejoró el acceso al rancho “La Estancia” y convirtió la brecha lodosa en un camino amplio de terracería.

Las periodistas señalan que, a lo largo del sexenio, Artigas del Olmo y Mares Hernández han sido los ejecutores de los proyectos de construcción de la familia presidencial.

Tierras en litigio

A fines de mayo pasado el reportero Jorge Torres informó en la revista Proceso la finalización de los trabajos de construcción del rancho “La Estancia”, además dio a conocer un añejo pleito por posesión de tierra que involucra las 300 hectáreas que habitará el presidente.

De acuerdo con el semanario, el área donde se ubica la casa de retiro de Vicente Fox y Marta Sahagún, su esposa, se encuentra en un “limbo jurídico”desde 1937, cuando por resolución presidencial se ordenó el reparto de ese terreno. Mandato que el padre del presidente, José Fox, se negó a cumplir.

El desacato de la familia Fox Quesada propició una ambigüedad jurídica aún no resuelta, pues el régimen de propiedad del terreno “La Estancia” quedó “en blanco”. La revista Proceso también da cuenta de que dicho rancho perteneció a un grupo de narcotraficantes. Además, los conflictos relacionados con la propiedad derivaron en el asesinato de una persona.

Aún así, la casa de retiro, diseñada por Humberto Artigas del Olmo y construida por Cosme Mares Hernández -cuyo parecido con las cabañas 1 y 2 de la residencia oficial de Los Pinos sorprendió a las reporteras Quintero y Hernández-, está lista para recibir al presidente Vicente Fox y a su esposa Marta Sahagún, quienes planean mudarse al finalizar el “sexenio del cambio” el 1 de diciembre de 2006.

 

 

 

 

 

 

Publicado: Julio 1a quincena de 2006 | Año 4 | No. 59



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