“No son bienvenidos”, es la actitud tácita y en ocasiones expresa de funcionarios consulares mexicanos, autoridades migratorias, personal de la cancillería y policías federales, estatales y municipales hacia cientos de extranjeros que intentan ingresar legalmente a México. La situación es tan grave, que incluso dio lugar a una queja formal del Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac) integrado por 33 países.
Ya sea que arriben por vía terrestre o aérea, los viajeros -diplomáticos, su familia, académicos, representantes de ONG's, turistas y viajeros en tránsito- provenientes de América Latina y de países en desarrollo, son sometidos en los puertos de entrada a largas esperas seguidas de intensos interrogatorios que se prolongan hasta por cuatro horas en donde quedan privados de acceso a lo más elemental para un detenido: teléfono y agua.
Bajo el arbitrio de los agentes migratorios mexicanos, los visitantes extranjeros son devueltos a su país de origen mientras sus anfitriones los esperan a unos metros en las salas de espera de aeropuertos y estaciones de autobuses.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la exclusión empieza en cuanto pisan territorio nacional y se dirigen a las ventanillas de Migración. Por un lado, la atención diligente para quienes provienen de Europa y Estados Unidos; por otro, el largo y sinuoso camino de los nativos de Bolivia, Ecuador, Brasil y países del norte de África hacia ventanillas saturadas en las que son exhaustiva y dolosamente interrogados.
Esta práctica ya sistemática de mal trato a viajeros, se tradujo en el repudio de cientos de latinoamericanos que invitan a sus conciudadanos a no asistir o cancelar su estancia académica, de placer, estudios o negocios en México.
“No son solventes”
Testimonios de educadores indígenas de 13 países de América Latina, ponentes del Seminario Internacional de Intercambio y Cooperación para el Desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe en los Países de la Región Latinoamericana, ilustran esa política de exclusión que padecieron.
Para agilizar el visado de esos invitados y su ingreso al país, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó con anticipación el apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares (DGPAC).
Pero un primer obstáculo fue que el INM no envió a los cónsules mexicanos de Guatemala y Ecuador la notificación que acordó con la SEP, y el cónsul mexicano en Quito negó el visado a Ángel Ramírez, quien narró su experiencia:
“El Instituto Nacional de Migración de México no ha enviado ninguna notificación sobre los eventos a los cuales vamos a participar en la ciudad de México. S no existe este documento, por más que tengamos los papeles en regla no nos darían la visa. La embajada dice que en mi caso no soy solvente económicamente y que aún teniendo todos los papeles no puedo ingresar a México”.
Ante la presión de los anfitriones de la SEP, Ángel Ramírez obtuvo la visa mexicana, aunque al llegar al aeropuerto mexicano recibió lo que consideró un trato “excluyente para los ciudadanos de países latinoamericanos”, pues sólo había una ventanilla para la atención a nuestros países y la otra era para ciudadanos mexicanos. “Cuando no había ciudadanos mexicanos para registrarse, seguía la única ventanilla para ciudadanos latinoamericanos despachando a los pasajeros.”
Para este profesor indígena el trato que recibió en el consulado mexicano y a su arribo a México “es una política gubernamental, por cuanto escuché que para los ciudadanos norteamericanos sí habían varias ventanillas y para los latinoamericanos había una sola ventanilla. Disculpe la sinceridad de mis expresiones”.
Joaquim Maná es un indígena brasileño que viste indumentaria tradicional, por ello fue discriminado a su arribo al aeropuerto de la ciudad de México, y aunque viajaba con dos funcionarios brasileños mestizos, Armenio y Susana, éstos recibieron un trato deferente.
“Tuve un poco de problema en el aeropuerto, la persona que me atendió en la ventanilla migratoria simplemente tomó mi pasaporte y me llevó a otra sala sin explicarme nada, en donde esperé una hora. Susana preguntó qué sucedía conmigo y me llevó a la misma ventanilla en la que me atendió una mujer muy ignorante, sabiendo que yo no dominaba la lengua nativa de ese país; le pedí que me explicara con más detalle y paciencia. Se negó a que Susana y Armenio me ayudaran en la explicación del documento que recibí de la SEP sobre el seminario”, relata Joaquim.
El testimonio de reclamos por el mal trato hacia los profesores latinoamericanos continúa. Argelia Jackson, docente nicaragüense, explicó que “el personal de la embajada de México en mi país es muy estricta para otorgar la visa, por lo que opté porque el Ministerio de Educación hiciera mis gestiones; sin embargo hay muchos obstáculos para poder acceder al país de ustedes”.
Subraya la académica: “en el caso migratorio en la ciudad de México, el trato no es ni humanitario ni sociable. Aclaro que muchas veces no son políticas de Estado, sino de las personas que están al frente de estos cargos, por lo que sugiero se corrija con el espíritu de dar una mejor atención tanto a los turistas como a los mismos nacionales”.
Gabriela Croes, académica universitaria y funcionaria del Ministerio de Educación de Venezuela., narra el caso de su paisana Casilda Berti, indígena que fue “interrogada exhaustivamente y de manera descortés y hasta grosera por agentes del INM, sobre su país, para confirmar que fuera ciudadana de ese país, porque decían que no lo parecía, lo que manifiesta discriminación”.
Describe Croes que el agente migratorio del aeropuerto pidió a Casilda que describiera tres platillos típicos de su país y que dijera con exactitud su domicilio. Sin embargo, ella vive en una comunidad de la selva venezolana y en donde las viviendas no tienen numeración, esa respuesta no le pareció suficiente al funcionario que la atendió, y hasta que intervino la contralora del aeropuerto, Casilda logró entrar al país, pero para su desconcierto, los miembros de su delegación hicieron fila “de dos horas, a diferencia de la fila de pasajeros provenientes de Europa o Estados Unidos.”
Agravio y discriminación
“Ustedes no vienen de visita, vienen a trabajar en los table dance's y no tienen una forma honesta de obtener sus ingresos durante su permanencia en México”, expresan algunos agentes migratorios del Aeropuerto de la Ciudad de México, ante ciudadanas venezolanas a las que impiden su ingreso a nuestro país.
Este tratamiento ofensivo dio origen, en el otoño de 2005, a una misiva del grupo Grulac -a la sazón encabezada por Argentina- dirigida a la cancillería mexicana.
En respuesta, el 29 de diciembre de 2005 la Dirección General de Protección y Asuntos Generales de esa dependencia, con el oficio folio 431816, respondió a la embajada de la República de Venezuela sobre los casos de ciudadanos de aquel país cuyo ingreso a México había sido rechazado:
“1.- De enero a octubre de 2005, en el AICM se registró un flujo de 23 mil 9 pasajeros de nacionalidad venezolana, de los cuales se autorizó el ingreso a 22 mil 585 y sólo 42 fueron rechazados, representando el 1.8 por ciento del total en un lapso de 10 meses.
“2.- La sala migratoria se encuentra en remodelación, lo cual incluye la habilitación de un área apropiada para la atención de pasajeros que son sujetos de segunda revisión. En ese sentido, las autoridades migratorias solicitan por nuestro conducto se le proporcionen datos específicos de nacionales venezolanos que hayan tenido contratiempos, a efecto de actuar conforme a la normatividad aplicable.”
Pero ese trato adverso para los viajeros venezolanos se enmarca en el enfriamiento de las relaciones mexicano-venezolanas, en la primera quincena de noviembre del año pasado y que condujo al retiro de los embajadores de ambos países.
Si bien esta investigación se centró en los extranjeros que buscan ingresar legalmente al país, la situación empeora cuando se trata de migrantes indocumentados.
Al respecto, Carlos Adrián Velasco Novoa, cónsul de la República de El Salvador en México, subrayó que “el problema central es que aquí en México cualquier autoridad puede detener a indocumentados y ahí es donde hay problemas de vejaciones, todo lo que ya ustedes saben y que justamente es un punto que también la CNDH de México ha expresado.
“El problema de falta de respeto se da por parte de muchos malos funcionarios cuando capturan a los inmigrantes y los consulados no pueden activar el mecanismo de protección consular, porque cuando se reporta ya están en la estación migratoria bajo responsabilidad del INM”.
Es por ello, explica Velasco Novoa, que pese a los acuerdos entre El Salvador y México, como el de Repatriación Digna y Segura de los migrantes, que garantiza sus derechos humanos, cuando sus conciudadanos son detenidos por las diferentes policías mexicanas e incluso militares “surge el problema, porque todas esas autoridades tienen esa potestad.
“Podemos decir que a alto nivel y de funcionarios existe una buena relación”, aseguran que están combatiendo los atropellos “pero usted sabe que el fenómeno migratorio es complejo; vi cosas que tienen que saberse, me dan pena y dolor y comprendo la inconformidad de ustedes y me pregunto por qué no ha habido más denuncias”, concluye el diplomático.
Para coordinarse mejor con las autoridades mexicanas y velar por la protección de sus ciudadanos, los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador abrieron en noviembre pasado un consulado en el puerto de Veracruz.
El racismo y xenofobia de esa nueva política migratoria de México se extiende también hacia ciudadanos de naciones del llamado Tercer Mundo, con las que gobiernos mexicanos sostuvieron relaciones cordiales no hace mucho.
El anterior embajador de un país árabe del norte de África -quien por lo delicado de su misión pidió omitir su nombre -, explicó que las autoridades migratorias del aeropuerto han endurecido de tal manera su política de ingreso a los diplomáticos de origen árabe, que entre los embajadores de esos países aumenta su preocupación.
A él, como a todos los embajadores y cónsules acreditados en México, no hace mucho se les dispensaba la deferencia de recibir a sus familiares o a funcionarios de su país, al pie del avión. “Ahora, debemos esperar largo tiempo para que salgan de Migración; mi hijo que venía de Londres fue interrogado a lo largo de dos horas por su origen, les explicó a los agentes que yo era su padre y lo esperaba afuera y aún así lo trataron muy mal”, comentó con desazón el legado.
Paradójicamente, cuando la exclusión y el racismo se fortalece en los puertos de ingreso al país, el 9 de enero pasado México creó con los cancilleres de países Mesoamericanos un grupo de trabajo para “construir políticas que permitan una mejor administración del fenómeno migratorio”.
Contralínea solicitó la opinión de las autoridades del INM, de la cancillería mexicana y del presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos migratorios de la Cámara de Diputados sobre estos señalamientos y no obtuvo respuesta.
Migración criminalizada
El INM fue incorporado al Sistema de Seguridad Nacional, según el acuerdo publicado el 18 de mayo de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, las bases de datos del Instituto y sistemas de información, forman parte de la Red Nacional de Información prevista en la Ley de Seguridad Nacional.
En ese marco, el INM realiza un trabajo de contención porque tiene "la facultad y responsabilidad de proteger y tutelar la seguridad nacional a través de la restricción de la emigración de nacionales cuando el interés nacional así lo exija; organizar y coordinar los distintos servicios migratorios; vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentación de los mismos.”
Además, puede “negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad migratoria cuando lo exija el equilibrio demográfico nacional o se estime lesivo para los intereses nacionales; suspender o prohibir la admisión de extranjeros y expulsar a éstos cuando se atente contra la soberanía nacional”, de acuerdo con su normatividad.
No obstante, el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana, correspondiente al 2005, reveló la pésima situación que prevalece en las 119 estaciones migratorias distribuidas en 19 estados del país.
El informe observó que, si bien “el fenómeno migratorio ha ido creciendo en los últimos años, por ser nuestro país un Estado tanto receptor como expulsor y de tránsito de migrantes; por ello, la atención que requieren los migrantes por parte del Estado ha de ser proporcional al incremento de ese movimiento humano”.
Ante el programa del INM para dignificar las estaciones migratorias en el país, que ha procurado paliar las malas condiciones de las instalaciones y la insalubridad dentro de ellas, prevalece el mal estado, “resultado del abandono y la falta de interés de los responsables encargados de administrarlas”.
La mayoría de los establecimientos se construyeron para albergar un número menor de extranjeros de los que ahí se alojan actualmente, advierte la Comisión que además es práctica común de las autoridades migratorias -que aseguran a los migrantes-, omitir dar aviso inmediato a las representaciones consulares o diplomáticas, “con lo que se vulnera el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de éste”. (Nydia Egremy) |
Endurecimiento de política migratoria
Para José Luis López Rojas, catedrático de Relaciones Internacionales de la FES Aragón, el endurecimiento de la política migratoria del actual gobierno significa que “aquí le estamos haciendo el trabajo a Estados Unidos, evitando que no se le filtre nadie. Creo que estamos trabajando mal, si bien hay reglas de seguridad internacional que cumplimos en puertos, aeropuertos, ferrocarriles, fronteras, tampoco vamos a llegar al exceso de vigilar quién se le pasa a nuestro vecino”.
Aprecia: “tenemos a un país rico y poderoso -Estados Unidos- que discrimina a las sociedades con menor ingreso que llegan a trabajar, ese es un fenómeno sociológico y de un país que crece a mayor nivel económico que el de sus vecinos y cuando éstos llegan a trabajar son discriminados”.
Esa actitud, que se reedita en todo el mundo contra trabajadores extranjeros, es más grave cuando se practica contra personas de nuestro mismo perfil racial como guatemaltecos o salvadoreños ante quienes, señala López Rojas, “sentimos tener ese dominio sobre ellos, las autoridades cometen los mismos abusos, los mismos errores que en Estados Unidos pedimos no hagan a nuestros ciudadanos”.
Evidentemente, la migración es parte de la seguridad nacional de los estados y esta concepción se fortaleció tras los atentados del 11-S en Estados Unidos, entonces cambiaron la política migratoria mexicana y las reglas de seguridad en los puertos de entrada a México.
Empezaron las revisiones exhaustivas, sobre todo de pasajeros en tránsito a Estados Unidos, sin embargo, con esa política “nos hemos enemistado con nuestros vecinos de América Latina, sin explicar la razón, México impuso visas a los brasileños y ahí de nuevo le hacemos el trabajo al vecino, con el afán de quedar bien y nos hemos excedido”, describe el internacionalista.
A la par de securitizar la migración, los problemas crecen por el deficiente perfil de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación. “Son gente antigua, de otra generación; el INM no es lo mejor que tenemos, ahí no ha habido reciclaje de personal, y los agentes migratorios son poderosos, se pueden dar el lujo de expulsar a una persona en aras de que son la autoridad”.
Advierte: “están creando un escenario de xenofobia hacia algunos pueblos que si bien están marcados para Estados Unidos, con nosotros son amigos. Le pegamos al que nos apoya, a nuestro hermano y buscamos el beneplácito de un vecino que bajo el esquema de negociación que propuso este gobierno no se va a llevar a cabo”.
En tanto, México se ha enemistado con los países más importantes de América Latina y ya no es un interlocutor capaz de proponer a Estados Unidos cambios en el esquema migratorio, en los meses que quedan a este gobierno aún se podría buscar un acuerdo diferente al anterior”.
Advierte que cuando se evalúe la política exterior del presidente Fox, “estoy seguro que no arrojará buenos resultados, el próximo gobierno va a buscar revertir esta tendencia y replantear sus objetivos, porque aquí no se alcanzó nada con el vecino”. (Nydia Egremy)
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