Umán, Yucatán. Patrullan su monte en bicicleta. Recorren las escabrosas y sinuosas veredas eludiendo arbustos espinosos y deteniéndose de vez en vez para quitarse las garrapatas que se adhieren a sus cuerpos. Tranquilamente se quitan el sombrero para secarse el sudor que escurre por su cara, sacuden sus huaraches y reinician el pedaleo. Llevan los pantalones remangados y las camisas sin abotonar. Atravesadas a sus cuerpos portan escopetas de perdigones.
Entre ellos hablan combinando el español con el maya y dicen que no están dispuestos a permitir la desaparición de su pueblo tramada en despachos alfombrados. Son los hombres, jóvenes y viejos del pueblo de Oxcum, perteneciente a esta cabecera municipal, que resguardan la entrada al bosque de chayas, tamarindos y flamboyanes, y de suelos de roca y barro.
Rostros morenos y terrosos, manos con callos y cuerpos sudorosos, hablan atropelladamente y con frustración de la supuesta venta de sus tierras, de la que les prometieron 70 centavos por metro cuadrado. Se muestran decididos, incluso, “a que corra nuestra sangre” porque a Oxcum no se le despoje de su ejido, que cuenta con dos cenotes y una zona arqueológica poco explorada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
 Se ayudan mutuamente en el trabajo de sus parcelas para que la guardia sea permanente. Al medio día llegan algunas mujeres, esposas, madres o hermanas a servirles el almuerzo. Regresan a sus casas con bolsas y canastas, a pie o en bicicleta por las desoladas y polvorientas calles del pueblo.
Pero la disputa por las tierras no sólo ha hecho de Oxcum un pueblo más triste. Ha venido a enfrentar a la comunidad entre los que han aceptado los 70 centavos por metro cuadrado y los que se niegan a admitir la disolución del ejido. Los altercados verbales ocurren casi a diario entre hermanos, padres e hijos, sobrinos y tíos o viejos amigos. Los pretextos sobran y terminan siempre en recriminaciones por la tierra.
En una de las discusiones, en la plaza, los hombres enfurecidos se gritan improperios y se pasean desesperadamente con su machete a la cintura. Parece que a punto están de iniciar la gresca. Esta vez el inicio de los insultos fue a causa de la venta de bebidas embriagantes, que realiza, sin autorización alguna, la tienda más grande del pueblo.
Un grupo exige que se clausure el negocio del “clandestino”; pero otro, apoyado principalmente por hombres permanentemente alcoholizados y amas de casa que reciben crédito del tendero, lo defienden. La tienda ha sido un aliado de los que apoyan la disolución del ejido. Participó en la organización de las asambleas espurias que “aprobaron” la “venta” de las tierras organizando a clientes y deudores.
La historia
 A Oxcum, pueblo de aproximadamente 150 familias que cultivan maíz, calabaza, chile y naranja y crían becerros, puercos y borregos, llegó el 3 de enero de 2005 un antiguo funcionario federal a negociar la venta de sus tierras. Antonino Almazán Arteaga ya era viejo conocido de las comunidades por haberse desempeñado como delegado del Registro Nacional Agrario. Les dijo que le interesaban más de 580 hectáreas y les ofreció pagar 10 centavos por metro cuadrado.
Almazán Arteaga inició una labor de convencimiento entre los 96 ejidatarios con derecho a voz y voto en la asamblea. Según los campesinos inconformes, su trabajo incluyó la distribución de despensas y dinero entre el comisariado ejidal, presidido por Anselmo Canul y Uc. Los representantes del ejido se convirtieron, de pronto, en promotores acérrimos de la venta mientras sus casas mejoraban y se hacían de aparatos electrodomésticos y automóviles.
“Es un pueblo muy pobre donde hay muchas necesidades. Entonces a algunos les brillaron los ojos al ver dinero en sus manos como nunca antes habían tenido. Antonino Almazán Arteaga les dijo que les daría por cada metro cuadrado a 60 centavos más”, explica Wiliam Santos Sáenz, representante jurídico de los pobladores de Oxcum y ejidatario de otro pueblo afectado: Hunucmá.
Con todo, Antonino no logró convencer a la mayoría de los ejidatarios. 58 se opusieron a ceder sus tierras. Su siguiente paso fue organizar supuestas asambleas, apoyado por quienes habían sido convencidos de vender, los clientes cautivos de la tienda y por antiguos pobladores que ya no viven en el lugar desde hace años pero que conservan su registro como ejidatarios.
“Son gente que ni conoce el monte”, dice don Mauro mientras avienta con desprecio hacia los matorrales una vara que traía entre las manos. “Claro que están de acuerdo con la venta porque ni lo sienten como suyo… Algo está mal: por qué ellos pueden decidir por los que sí estamos aquí, trabajamos, conocemos y queremos el monte”.
Pero las irregularidades no terminaron ahí. De acuerdo con copias del Acta de Asamblea de ejidatarios en la que supuestamente los campesinos de Oxcum ceden sus tierras, no se habla de compraventa alguna, sino de la “asignación de parcelas” para dos hermanos de Antonino y seis empleados.
“La Ley Agraria es muy clara. No cualquiera puede tener una parcela en determinado ejido. Una persona primero debe ser considerada como avecindado por la Asamblea de ejidatarios luego de haber vivido, al menos, un año en el pueblo. Después tiene que pasar otro año para que pueda solicitar una parcela por escrito”, explica el abogado Santos Sáenz.
Los hermanos de Antonino y sus trabajadores nunca han sido vistos en el pueblo y, de acuerdo con las propias autoridades del municipio y del Instituto Federal Electoral, no tienen domicilio en Oxcum.
Sin embargo, el Acta de la Asamblea, elaborada a espaldas de los campesinos, precisa que los ocho prestanombres son “posesionarios” de 586 hectáreas que pertenecen a todo el núcleo ejidal y que, “como es conocido y notorio de todos los integrantes del núcleo, se encuentran ocupando y trabajando las tierras de referencia desde hace aproximadamente un año, mismas que con su dedicación y entrega han mejorado”.
En un recorrido por los terrenos aludidos se observa que se trata de monte que no ha sido parcelado y que no hay rastro alguno de que alguien lo trabaje.
De cuerdo con el Acta de la supuesta Asamblea celebrada el 1 de marzo de 2005, Antonino, sus hermanos y trabajadores salen dueños de 586 hectáreas después de haberse sometido a votación “la cancelación del régimen de explotación colectiva; el cambio de destino de tierras de uso común del ejido para destinarlas al área parcelada; la asignación de derechos de las parcelas de nueva creación y autorizar que sujetos diversos asuman el dominio pleno respecto de las parcelas de que son titulares”. Es decir, en una sola asamblea los prestanombres son reconocidos como avecindados y posesionarios y el ejido les cede las tierras.
“Cuando obtienes el dominio pleno de la parcela ya puedes solicitar al Registro Agrario Nacional que esas tierras se desincorporen del ejido, pasen al fuero común y sean consideradas propiedad privada”, dice Santos Sáenz.
Y eso fue lo que hicieron. Pero el mismo proceso lo aplicaron en Unucmá, Umán, Uncanab, Dzelchac y San Antonio Chel, entre otras comunidades. Antonino Almazán “compró” aproximadamente cinco 5 mil 200 hectáreas. Todo fue avalado por la delegación de la Procuraduría Agraria en el estado de Yucatán. El contenido de los puntos del orden del día de las “Actas de Asamblea” de cada ejido es idéntico y sólo cambian los nombres de comunidades y representantes.
Los “posesionarios” a los que se les entregó el dominio pleno de 586 hectáreas de Oxcum son los hermanos Juan Pastor y María de los Ángeles Almazán Arteaga; Miguel Velásquez; Jorge Luis Méndez Rebollo; Benito Luna Gómez; Héctor Apolinar, Juan Martín Huesca Damián y Fernando Sánchez Ocampo.
La decisión de hacerse de las tierras ya estaba tomada y sólo se citaba a los ejidatarios “para que recibieran un dinero”. El pago ofrecido por Antonino Almazán fue de 7 mil pesos por hectárea. A cada uno de los ejidatarios les corresponderían 42 mil 729 pesos. Se les dijo que “el trato ya estaba hecho y que tomaran el dinero o lo dejaran”.
Los campesinos que aceptaron fueron citados para entregarles sobres con dinero. Pero el pago no venía completo. Les aseguraron que posteriormente los citarían para una nueva entrega de dinero. Algunos sólo recibieron 6 mil pesos.
Aunque a los ejidatarios se les dijo que la afectación era de 586 hectáreas, en un Acta de Asamblea posterior se estableció que eran 704. Y cuando entraron los trascabos a desmontar, la brecha que hicieron encierra más de mil 300 hectáreas, según los campesinos inconformes.
Metropolisur
 Para entonces los ejidatarios aún no sabían que quien había ordenado la compra de los terrenos era el gobernador Patricio Patrón Laviada. Una vez que Antonino obtuvo el “dominio pleno” sobre las “parcelas”, las vendió al gobierno en 4 pesos por metro cuadrado. Es decir, mientras que a los campesinos se les dijo que la hectárea de su tierra valía 7 mil pesos, Almazán Arteaga las revendió al gobierno del estado en 40 mil. Sólo por las 586 hectáreas de Oxcum Antonino obtuvo una ganancia de 20 millones de pesos.
El gobierno del estado anunciaría la compra de las tierras a un particular para llevar a cabo su “Metropolisur”. De acuerdo con el anteproyecto, en las tierras del sur y poniente de Mérida se construirán aeropuerto, planta de agua potable, zoológico, 14 mil viviendas, parque central, museo de la civilización maya, zona de escuelas privadas y un centro comercial con tiendas departamentales, cines, lugares de esparcimiento, supermercados, almacenes, restaurantes y mucho más.
Aunque a los campesinos de todos los pueblos les pagaron alrededor de 70 centavos por metro cuadrado, en el anteproyecto de Metropolisur publicado por el gobierno del estado están contemplados precios de hasta mil 400 pesos por metro cuadrado del “área vendible” que las autoridades comercializarán en cuanto el emporio esté terminado. El precio más bajo será de 70 pesos.
Específicamente en terrenos de Oxcum el gobierno pretende construir una planta de agua potable, reubicar a Cementos Maya, filial de la trasnacional Cemex, y establecer la estación eléctrica para Ciudad Caucel.
El presidente del comisariado ejidal, Anselmo Canal, rechaza que los ejidatarios hayan sido engañados o presionados para que cedieran sus tierras. Promotor de la disolución del ejido, el indígena maya dice que “no sólo estuvo bien vender una vez, sino que vamos a volver a vender, queremos volver a hacerlo. Aquí tenemos bastante terreno”.
 Dice que cuando vendieron las tierras a Antonino Almazán no sabía que el gobierno pretendía realizar el proyecto inmobiliario y aeroportuario. Rechaza que los ejidatarios que formalmente representa hayan sido engañados pues “el terreno ya era suyo y podía vendérselo al gobierno. Fue pura suerte que el gobierno lo quisiera y se lo pagara hasta mejor de lo que nosotros se lo vendimos”.
Desde la entrada de su casa se observan obras de construcción en la parte trasera de su modesta vivienda. A unos pasos de la puerta tiene muebles y equipos de sonido aún empaquetados. El aspecto de la fachada de su domicilio contrasta con la pulcritud de su automóvil recién adquirido. Se muestra esquivo y finge no entender las preguntas que le parecen incómodas.
De acuerdo con copias del Acta de la Asamblea de ejidatarios, los hermanos de Antonino y sus trabajadores figuran como avecindados del pueblo y posesionarios de parcelas, ¿pero ellos sí habitan en esta comunidad?
-No entiendo bien, es que no sé muy bien el español. Nada más le digo que el comprador no nos vino a robar, nos vino a ayudar, como el gobierno que tanto critican algunos.
¿Considera que el precio pagado por Antonino Almazán fue el justo para los ejidatarios?
-Así es, porque estuvimos de acuerdo. Y aunque no sea: ya lo vendido, vendido está.
La defensa jurídica de los campesinos ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Agrario para pedir que se declare nula la asamblea del primero de marzo.
“Se debe declarar la nulidad porque esas personas no eran posesionarios ni avecindados; además en una asamblea no se puede delimitar, asignar y, al mismo tiempo, entregar las parcelas, porque la Ley Agraria dice que antes deben correr 90 días como derecho de audiencia a todos los ejidatarios para que puedan interponer un recurso en contra del cambio de destino de las tierras.”
El abogado asegura que “en este momento las tierras están en litigio y el gobierno del estado no puede entrar. El único que va a decir si el procedimiento para adquirirlas fue legal es el Tribunal Agrario”.
Los campesinos acudieron incluso ante los legisladores de oposición a denunciar los hechos, por lo que se sienten afectados. “Pero nos cerraron las puertas. Primero sí se interesaron y como que nos iban a apoyar; ya luego nos dimos cuenta cuál era su jugada: cobrárselo caro al gobierno. Y ya llegaron a un arreglo, porque en el presupuesto aprobado para este año los diputados del PRI y PRD le autorizaron 300 millones de pesos a Metropolisur”, dice el ejidatario Ildefonso Dzul García a la entrada del monte donde mantienen la guardia.
Relatan las veces que han impedido el paso a las máquinas de desmonte y los enfrentamientos “con gente que en nuestra propia tierra nos viene a gritar. Pero ya les advertimos: nadie entra; y si alguno lo hace, ya no sale”.
Ahora ya no sólo hacen guardia a la entrada del monte, sino que lo recorren hasta los linderos con Umán. Decidieron transitarlo todos los días después de que se percataron de que sigilosamente las máquinas ya desmontaban después de haber entrado por las tierras del pueblo vecino. Las buldózer abrieron una brecha de cinco metros y se internaron casi dos kilómetros en los montes que albergan venados, conejos, jabalíes y mapaches entre otros mamíferos.
“Dicen que van hacer un museo de la cultura maya. Mejor nos deberían de respetar a los que vivimos”, dice don Ildefonso Dzul. “Estamos resistiendo; creían que ya nos habían quitado la tierra, pero ¡waya no'one! (¡aquí estamos!, en lengua maya). ¡Waya no'one!,” gritan unánimes sus compañeros que portan coas, machetes y escopetas.
Publicado: Febrero 2a quincena de 2006
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