Los huesos de mujeres asesinadas siguen apareciendo en lotes baldíos en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras la respuesta gubernamental ha sido burocrática, torpe y absurda.
La guerra de cifras en torno al número de asesinatos violentos de mujeres en Juárez ha sido una constante desde hace ya más de 10 años, fecha en que se empezó a hablar del fenómeno.
A la fecha las cifras van de los 353 asesinatos de mujeres que maneja la procuraduría del estado de Chihuahua, a los 410 asesinatos que establece un informe de la organización Justicia Para Nuestras Hijas, pasando por los 370 casos que proporciona Amnistía Internacional, sin contar con los crímenes que se cometieron en los últimos meses de 2005.
Quizá la respuesta más absurda a uno de los problemas más agobiantes del país como lo es el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, sea la creación de burocracia que no ha logrado siquiera la precisión en el número de asesinatos cometidos en la esa zona fronteriza.
La relatora especial de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la Violencia contra las Mujeres, Ruth Gaby Vermont Mangold, ya daba cuenta de esta deficiencia de las autoridades en agosto de 2004. “La guerra de cifras es contraproducente”, decía, y ponía el dedo en la llaga en otro aspecto fundamental que excibe en toda su crudeza a los responsables de investigar los crímenes y procesar a los culpables. “La impunidad es la clave de la situación; ha destruido la confianza de las familias”.
 En el “segundo informe de gestión”, como le llaman en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez -un organismo burocrático creado para engrosar la lista de organismos creados para el caso de los crímenes de Ciudad Juárez- que corresponde de mayo de 2004 al mes de abril de 2005, la comisionada Guadalupe Morfín, da cuenta también del problema de las cifras, y señala: “No quisiéramos abordar una discusión acerca de la fuente que mejor documenta los homicidios; subrayamos la necesidad de que las instituciones que cuentan con la información directa (como las procuradurías) lo hagan y se divulgue públicamente”.
En este contexto queda claro el por qué de la torpeza y la ineficacia en las investigaciones. Si no se tiene claro el tamaño del problema, será imposible su adecuada atención. Y es que resulta verdaderamente absurdo que una comisión creada ex profeso para atender el problema en Juárez, a dos años de su cración ignore el número real de asesinatos.
En el marco de una entrevista solicitada para hablar sobre el caso, Guadalupe Morfín, la comisionada, dice que “esta es una tarea que descansa eminentemente en manos de la procuraduría de justicia local”.
En el más reciente informe que presentó Morfín sobre su trabajo señaló que “hay distintas cifras manejadas por distintos informes” y que una cifra actualizada podría corresponder a “los 400 homicidios dolosos de mujeres en doce años.
“Las instituciones que tienen que hacer el trabajo de aproximación más detallada a un número real de estas cifras son las de procuración de justicia, tanto la del ámbito local como la Procuraduría General de la República... a junio de este año la procuraduría local hablaba de 364 casos en un informe que contestan a la Secretaría de Relaciones Exteriores...yo lo invitaría a que este dato lo preguntara a la procuradora de justicia del estado, o al área correspondiente en la PGR”, dice Guadalupe Morfín en su oficina de la Secretaría de Gobernación.
Patricia González Rodríguez, procuradora de justicia del estado de Chihuahua, ha señalado que a mayo de 2005, son 363 los homicidios violentos en contra de mujeres en ciudad Juárez, una cifra que contrasta incluso con el cálculo de la comisionada Morfín de 400 asesinatos.
Morfín dice que una de las razones por las cuales no cuadran las cifras es porque no se han denunciado todos los casos de crímenes cometidos en la ciudad. “Probablemente haya casos no denunciados, casos de osamentas o restos de mujeres no identificados, por ejemplo, de chicas que hayan sido migrantes”.
La comisionada federal argumenta que una de las razones de ser de la comisión que preside es la de “alentar la identificación de restos y animar para que la comunidad que no haya hecho su denuncia lo haga”, aunque sean “cuestiones que directamente en términos de competencia le corresponden a la procuraduría de chihuahua”.
Uno de los argumentos más socorridos para intentar explicar el fenómeno en ciudad Juárez y mitigar la falta de resultados en la mayoría de las investigaciones, es orientar la atención hacia cuestiones geográficas, sociológicas y culturales, que si bien influyen en un comportamiento social de criminalidad y deben de ser estudiados y analizados con detenimiento para erradicar en lo posible ese comportamiento, resultan secundarios cuando se trata el asunto de las investigaciones y el de imponer castigo a los culpables.
“Para explicar esta violencia en Ciudad Juárez no basta con describir las características peculiares de esta ciudad de frontera. Hay que profundizar en arraigados patrones culturales de desprecio a las mujeres, de misoginia”, se lee en el segundo informe de la comisionada.
“El problema no es exclusivamente penal; la violencia contra las mujeres tiene otras causas como la marginación, la pobreza, el machismo”, dice Guadalupe Morfín.
 En el informe que presenta sobre Ciudad Juárez, Morfín se dice sorprendida por la impunidad que prevalece en torno al fenómeno. “Lo que más sorprende de estas historias es la impunidad aún vigente en muchos de los casos clasificados como sexuales y/o seriales, aquellos donde se repite un patrón en el que, por lo general, la víctima no conoce a su victimario y es privada de su libertad y sometida a vejaciones y sufrimientos múltiples hasta la muerte.
“Después de perpetrado el homicidio -sigue la redacción del informe- continúa como violencia institucional a través de la impunidad que caracteriza casos particulares.
“Solo la impunidad favorece las condiciones que permiten los crímenes”, sentencia la comisionada Guadalupe Morfín en el informe.
Pero el discurso de las autoriades ha optado por alejarse de los hechos, o por lo menos esa es la impresión derivada de los resultados tangibles.
Guadalupe Morfín señala como objetivos primordiales en su trabajo influir para “que se cumplan las recomendaciones de distintos organismos de derechos humanos” y esclarecer la información nebulosa que prevalece en torno a los crímenes de ciudad Juárez.
“Alentar que se dé con las cifras y con las clasificaciones correctas de las cifras; en ese sentido nuestro trabajo clave ha consistido en apuntalar que las investigaciones se hagan con respeto a las garantías del proceso legal”, dice la comisionada.
Sin embargo, respecto a la información de los casos resueltos y en qué condiciones se efectuaron las investigaciones por parte de las autoridades locales y federales, la comisionada prefiere mantenerse al margen. “A mí me gustaría que esta pregunta usted la hiciera a la procuradora de justicia del estado de chihuahua”, dice.
No obstante, agrega: “Me gustaría ofrecer mi criterio como comisionada de cuándo se debe considerar resuelto un caso: no debemos conformarnos con saber quién lo cometió, incluso no debemos conformarnos con tener una orden de aprehensión librada ni una persona detenida para considerar resuelto un caso, debe haber una sentencia condenatoria que considere la reparación del daño por el homicida directo, pero también por parte del estado si hubo omisiones y negligencias”.
¿Es parte del trabajo de la comisionada vigilar la eficacia de las investigaciones de la procuraduría estatal?
—Tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia, por supuesto que nuestra tarea se cumple mejor en la medida en que logremos las actuaciones legítimas de parte de todas las autoridades que tengan que ver con esto...
¿Sí es entonces parte del trabajo de la comisionada vigilar esa eficacia en las investigaciones?
—Vigilarla, aplaudirla, alentarla, acercar formas de solución, no vigilarla en terminos hostiles, es una colaboración...
¿No cree que es importante para una vigilancia de la eficacia de las investigaciones, saber cuántos casos se han resuelto?
—Así es, y a mí me gustaría contar con esta información por parte de la procuradora (Patricia González) que la he venido solicitando desde hace muchos meses y que lamentablemente he tenido que enterarme más por la Secretaría de Relaciones Exteriores... Sí, indudablemente el trabajo de las cifras es definitivo y en eso cuenta la procuraduría local con toda nuestra disposición...
—Pero parece que la coperación de la procuraduría no es igual.
—Entendemos que esto es normal dadas las características de nuestro trabajo; no es sencillo para una autoridad local aceptar que hay una autoridad federal que colabora... En la medida que todas las autoridades entiendan que mi presencia allí, aunque sea incómoda, es necesaria para este cumplimiento, avanzaremos en mejores parametros...
¿Ha sido eficaz la labor de las autoridades estatales?
—La procuraduría del estado de Chihuahua ha firmado el protocolo de Estambul, se ha comprometido a dar este paso más para abatir la tortura y sancionarla en las investigaciones; ahora hay parámetros de investigación que echan mano de las ciencias forenses; se creó en la administración pasada y se invirtió mucho en un laboratorio de ciencias forenses que depende de la procuraduría de justicia... Ha habido como veinte casos que van caminando a una resolución; asuntos de 1995, 1997 o 1998...
La evaluación social a 12 años de conocerse el fenómeno de los crímenes violentos contra mujeres en Juárez, es en el sentido de que no hay cifras exactas y no hay resultados claros y se aprecia una institución debastada por la incompetencia, como la procuraduría de justicia del estado de Chihuahua, a la que, dice Guadalupe Morfín, la procuradora Patricia González “tiene el reto de recomponer” y ofrecer mejores resultados.
Publicado: Febrero 2a quincena de 2006
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