A unos meses de que Vicente Fox deba retirarse de la residencia oficial de Los Pinos, su administración ha manejado con tintes políticos y presuntos hechos de corrupción el programa social del Seguro Popular, planeado para beneficiar a 5 millones de familias quienes viven en pobreza extrema; sin embargo, hasta ahora lo único que se ha logrado con dicho programa es que la Secretaría de la Función Pública inicie una investigación por supuestos hechos de corrupción en la contratación de los “servicios de credencialización” y en la convocatoria de una licitación amañada que habría dejado jugosas comisiones, lo que de comprobarse comprendería un delito de peculado por el desvío de fondos públicos.
Manejado más como un proyecto político electorero que como un programa de salud para atender a millones de familias pobres, el llamado Seguro Popular es utilizado por el gobierno federal como instrumento para mejorar la imagen del presidente. Esto se confirma cuando el pasado 1 de diciembre de 2005, Vicente Fox en compañía de su esposa Marta Sahagún, hizo entrega en un acto oficial realizado en la delegación Venustiano Carranza de la credencial (tarjeta inteligente) número 3 millones del Seguro Popular, así como de la póliza que ampara este servicio de salud para familias de escasos recursos y que no tienen acceso al IMSS ni al ISSSTE, según informó la agencia de noticias del gobierno Notimex.
En lo que fue un acto más para la publicidad, el presidente Fox aparece en las fotografías entregando a una familia de escasos recursos la tarjeta inteligente número 3 millones, sólo que para esa fecha la Comisión Nacional de Protección Social en Salud aún no contrataba a la empresa privada que elaboraría dichas credenciales, de tal manera que saltan las preguntas: ¿cómo pudo el primer mandatario entregar la tarjeta inteligente 3 millones cuando todavía no se producen? ¿Entonces se trató sólo de una simulación presidencial? Se buscó una respuesta en Los Pinos pero ni el vocero Rubén Aguilar ni en la Dirección de Información hubo respuesta.
Dos semanas después (15 de diciembre) del acto oficial en donde el presidente entregó la credencial 3 millones, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que preside Juan Antonio Fernández, el mismo que coordinó Amigos de Fox en la campaña presidencial, asignó un contrato por 324 millones de pesos a la empresa Image Technology de México, la cual tuvo que detener la producción de las credenciales porque la licitación pública número 12161001-004-05 fue impugnada por otra de las empresas concursantes, Técnica Comercial Vilsa, y la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública abrió el expediente 779/2005.
 La denuncia de Vilsa, según el expediente de la Función Pública, sostiene que la licitación fue armada para que sólo la empresa Image Technology de México pudiera cumplir con las bases exigidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de tal manera que el concurso habría sido manipulado por el comisionado Juan Antonio Fernández, lo que motivó que las otras ocho empresas concursantes no pudieran entregar a tiempo sus propuestas, y por ello fueron eliminadas.
El otro alegato de la inconformidad es el costo de la tarjeta con chip inteligente pues, como ejemplo, las credenciales que otorga el IFE tienen un costo de producción de 6 pesos cada una, mientras que la credencial inteligente del Seguro Popular rebasa los 100 pesos cada tarjeta, cuando su precio real de producción según las empresas dedicadas al ramo debería tener un costo máximo de 20 pesos. Esto significa que la empresa Image Technology de México, por ser la única licitante que presentó propuesta, elevó el costo de producción hasta en un 400 por ciento, es decir que podría haber desvíos de recursos públicos por más de 200 millones de pesos.
Reuniones privadas en Función Pública
El asunto es tan delicado que el mismo secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, se ha reunido en dos ocasiones con el comisionado Juan Antonio Fernández para discutir cómo van a resolver este grave problema en que han metido a Vicente Fox a escasos cuatro meses del proceso electoral para elegir al próximo presidente de la República, sobre todo porque se trata de un programa social de gobierno que es la base de la campaña presidencial de Felipe Calderón.
Así, la titular del área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, Guadalupe Enríquez Mendoza, envió el 10 de enero el oficio número 12/1.0.3.0.1/013/2006 al encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública, Mario Alberto Masse Alemán, en donde le remite el expediente número 1-0014/2005, relativo al Seguro Popular, debido a que será directamente la Secretaría de la Función Pública la que se encargue de revisar y resolver este espinoso caso.
En el Órgano Interno de Control de Salud confirmaron que el expediente se había turnado a la Dirección General de Inconformidades, en donde resolverían el caso después de las primeras investigaciones que realizó esa Contraloría.
En el expediente número 779/2005 abierto en la Secretaría de la Función Pública, el director de Inconformidades firmó el acuerdo número 115.5.3530 con fecha del 26 de diciembre de 2005, en donde da cuenta de que “el representante legal de la empresa Técnica Comercial Vilsa, Luis Raúl Vidales Sánchez, se inconformó por actos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, derivados de la licitación pública nacional No. 12161001-004-05, celebrada para la contratación del servicio de credencialización”.
El acuerdo incluye que dicha Comisión tuvo que rendir un informe en los primeros días de enero sobre dicho concurso, así como aportar las pruebas documentales de todo el proceso de licitación: monto económico de la licitación; estado actual del concurso y, en su caso, datos generales de terceros interesados; además que se pronuncie respecto a la conveniencia de decretar la suspensión de los actos concursales, a fin de determinar si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.
De acuerdo con fuentes relacionadas con el proceso de investigación, quienes “por tratarse de un asunto muy delicado” pidieron omitir su nombre, en las dos comparecencias que tuvo el comisionario Juan Antonio Fernández en la Secretaría de la Función Pública, el funcionario habría solicitado que no se suspendiera el proceso licitatorio porque “es un asunto de gran interés para la Presidencia de la República”, en clara referencia a que el Seguro Popular es el programa estrella del foxismo.
Irregularidades en la licitación
El representante de una de las ocho empresas que participaron en el concurso, explicó que desde que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud lanzó, en noviembre de 2005, la convocatoria para contratar el servicio de credencialización, se observaba que el proceso estaba amañado, pues las bases contenían imprecisiones técnicas, lo cual ocasionó que tuvieran que llevarse a cabo dos sesiones para aclarar las dudas de los concursantes y éstas quedaron inscritas en el acta respectiva.
La empresa Cosmo, de Jorge Kawashi, presentó en una de las juntas de aclaraciones 60 páginas con preguntas y dudas sobre la convocatoria lanzada por la Comisión, la cual nunca dio respuesta, en clara violación a la Ley de Adquisiciones.
 Como lo anterior modificaba sustancialmente las bases, las empresas solicitaron más tiempo para preparar las propuestas técnicas y económicas, pero contrario a ello la Comisión Nacional de Protección Social en Salud precipitó los tiempos con deliberada intención de que las licitantes no pudieran presentar oportunamente las respectivas propuestas, mientras que sólo una, Image Technology de México, fue la única de ocho que entregó a tiempo, por lo que se presume recibió información previa de la Comisión.
Entre las irregularidades en las bases de licitación destaca una serie de requisitos para obtener información relativa a la credencial de electores que puede ser manipulada con fines distintos al del Seguro Popular y sin que para ello se prevean los controles respectivos.
Además, la tecnología que se solicita limita por una parte la libre participación de empresas competitivas en el ramo y esto ocasionaría la dependencia monopólica en el futuro, con afectación grave para el Estado.
La convocante emitió también un fallo ilegal tendencioso e inequitativo al no declarar desierta la licitación a pesar de haber recibido una sola propuesta y por no dictaminar el fallo sobre la base de precios referenciales que permitan al gobierno obtener las mejores condiciones de precio y calidad, lo cual favoreció a la empresa ganadora.
Por lo anterior, una de las empresas concursantes se inconformó y su queja de acuerdo con la ley fue admitida en la Secretaría de la Función Pública, la cual requirió el informe respectivo a la Comisión, pero lejos de desvirtuar las irregularidades cometidas, ésta las confirmó al argumentar que la empresa ganadora Image Technology de México había presentado una propuesta conjunta con la empresa E. Siglo y Oracle de México. Además, que la ganadora convino el apoyo de la empresa Gemplus para el cumplimiento del contrato.
Lo anterior además de que contraviene expresamente lo que señala la Ley de Adquisiciones, resulta falso y fraudulento, según los quejosos, toda vez que en el acta del fallo únicamente se señala: “Se emite fallo a favor de la empresa Image Technology de México, S.A. de C.V., en asociación con la empresa E. Siglo S.A. de C.V.”.
Es decir, que en ningún momento se menciona a la empresa Gemplus, y el motivo de ello es que esta empresa es la misma que habría participado también en aquel fallido Registro Nacional de Vehículos (Renave) que tantos dolores de cabeza causó al gobierno federal y que resultó fallido.
Publicado: Febrero 2a quincena de 2006
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