La intervención de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en el financiamiento del controvertido Fideicomiso Transforma México de la Lotería Nacional ha complicado, durante los últimos meses, la resolución que la Procuraduría Fiscal podría entregar sobre este asunto, en respuesta a la demanda presentada ante esa instancia el año pasado por un grupo de senadores de la República.
El asunto es tan complejo que hace unas semanas la demanda fue atraída por la máxima instancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se manejan los asuntos de mayor relevancia.
El expediente número 334/05-17-05-5 se radicó de origen en la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal, a cargo del magistrado José Celestino Herrera Gutiérrez, pero recientemente fue enviado a la Sala Superior de este Tribunal por “lo complicado del asunto”.
 En esta indagatoria se integran documentos que comprometen a funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la creación ilegal del Fideicomiso Transforma México. El ilícito podría quedar comprobado una vez que el Tribunal Fiscal concluya las indagatorias en la denuncia presentada el año pasado por los senadores Manuel Bartlett, Noemí Guzmán Lagunes, Óscar Cantón Zetina, Dulce María Sauri Riancho, Adalberto Castro Castro, Joaquín Cisneros Fernández, Rubén Zarazúa Rocha y Martha Sofía Tamayo.
Sin embargo, el proceso podría extenderse hasta el próximo sexenio porque “es el interés de los implicados que así sea”, según revela una fuente interna que conoció de cerca la indagatoria que lleva a cabo la Procuraduría Fiscal.
El expediente incluye documentos firmados por Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, entonces directora general de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP y brazo derecho del secretario Francisco Gil Díaz en el manejo del presupuesto federal, quien desempeñaba este cargo sin tener atribuciones legales para ello, según confirma una auditoría elaborada por los órganos internos de control en la SHCP, concluida en 2003 (Contralínea 35) y que actualmente mantiene, por ordenamiento de la SFP, el carácter de reservada. Para proteger a Barra y Gómez Ortigoza de cualquier acusación en su contra, la funcionaria fue transferida a la Procuraduría General de la República, en donde se desempeña actualmente como oficial mayor.
El legajo de denuncia contra el Fideicomiso Transforma México incluye también un acta firmada por el secretario José Francisco Gil Díaz, la cual es considerada apócrifa por varios senadores. El acta es el documento con el que supuestamente se autorizó a destiempo la creación del Fideicomiso, es decir un año después de que su operadora Cecilia Barra ya había desviado del presupuesto oficial de la Lotenal el monto que en octubre de 2001 la directora general, Laura Valdés, depositaría en Nacional Financiera para crear el Transforma.
Luego de que Laura Valdés fue despedida de la Lotenal, Gil Díaz sacó a Cecilia Barra de la SHCP y la impuso como oficial mayor de la PGR. La misma Cecilia Barra informó a Contralínea que ella fue recomendada al procurador Daniel Cabeza de Vaca por el propio secretario de Hacienda, en sustitución de Germán Gallegos, quien renunció a su cargo tras descubrirse irregularidades en manejos del presupuesto de la PGR y actualmente sigue bajo investigación.
La mano de Cecilia
Una serie de documentos turnados entre la Secretaria de Hacienda y la Lotería Nacional, con fechas de agosto y octubre de 2001, revelan que fue Barra y Gómez Ortigoza quien diseñó el esquema para crear el Fideicomiso Transforma México sin que la Lotenal registrara el desvío de dichos recursos que cada año debe enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
La maniobra ilegal tenía como propósito que no se detectara irregularidad alguna al crear un organismo paralelo a las funciones de la Lotenal con recursos de esta última.
Según documentos internos de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, el 16 de agosto de 2001 Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, entonces directora general de Programación y Presupuesto de Hacienda, solicitó al director general adjunto de Normas e Investigación Presupuestaria de la misma dependencia, Jorge Ortega González, su “opinión” sobre un “Proyecto de Contrato de Fideicomiso Público que pretende constituir para asignar fondos a la asistencia pública”.
En respuesta, Ortega González envía un documento fechado el 23 de agosto de 2001 (oficio número 307-A-4-2184 VCR-536-J) a Cecilia Barra, en donde le explica todo un esquema con modificaciones legales para diseñar el contrato del Fideicomiso, de tal manera que la Dirección a su cargo no tuviera “inconveniente” alguno para formalizar Fideicomiso Transforma México.
Ese mismo día el subdirector general de Administración y Finanzas de la Lotería Nacional, David Tornell Romo, envió un oficio a la misma funcionaria en el que le solicita desviar 200 millones de pesos del presupuesto de gasto aprobado para ese año, que irían a parar a la creación de un fideicomiso, para lo cual se usarían 110 millones de pesos y otros 90 millones se aportarían “conforme la evolución del ingreso-gasto lo permita”. Es decir, 110 millones de pesos fueron manejados sin autorización presupuestal.
La propuesta desconocida por el Congreso era reducir 25 millones de pesos a la partida de “Materiales y Suministros”, y una reducción también de 175 millones de pesos al rubro de “Servicios Generales”, cuyo recorte en este rubro, cita el documento, se aplicaría de la siguiente manera: 150 millones de pesos en el rubro de publicidad y 25 millones de pesos en el de “otros conceptos”.
Es decir, se inflaría en 200 millones la partida de “otras erogaciones” en el rubro de publicidad para luego justificar un ahorro y disponer de los 200 millones de pesos para el Fideicomiso, mismos que se documentarían en el rubro de “Otras erogaciones”, que oficialmente pasaría de un presupuesto inicial de 22.5 millones de pesos a 225 millones de pesos, para lo cual se argumentaría un supuesto ahorro de 200 millones de pesos para luego crear el Fideicomiso.
Aunque jurídicamente la figura de un fideicomiso para el manejo de recursos “para la Asistencia Pública” es ilegal, de acuerdo con la Ley Orgánica de la propia Lotería Nacional, pues duplica las funciones de ésta, la funcionaria de Hacienda no sólo autorizó la desviación de recursos de la propia Lotenal, sino que hizo sus propias “recomendaciones” al director general de Programación de Hacienda para que también aprobara la maniobra ilegal.
El 28 de agosto de 2001 Cecilia Barra giró un oficio al director de Programación, Organización y Presupuesto de la SHCP, Jorge Camarena García, en el que le da instrucciones de cómo la Lotenal distribuiría su presupuesto correspondiente al año 2001 para desviar 200 millones de pesos para el Fideicomiso sin alterar “el compromiso de sorteos a la Tesorería de la Federación por 306.4 MP (millones de pesos para ese 2001)”, en cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación; es decir, para que la Tesofe no detectara una disminución de los ingresos que debía recibir por parte de la Lotenal durante ese ejercicio fiscal y no hubiera objeción para la constitución del Fideicomiso.
En dicho documento (identificado con el número 311-A-6347), Cecilia Barra le indica a Camarena García que para hacer el Fideicomiso Transforma, Lotenal haría “adecuaciones presupuestales” en tres rubros: el capítulo 2000 materiales y suministros “se reduce en 25.0 millones de pesos, pasando de 109.1 MP a 84.1 MP”.
La segunda modificación al capítulo 3000, del rubro “Servicios Generales”, tendría una disminución de 175 millones de pesos “para quedar en 327.7 millones, de los cuales 150 corresponden a recursos provenientes de las partidas relacionadas con gasto de publicidad, y la diferencia de 25 millones del cargo a sus conceptos de gasto”.
La tercera modificación fue una ampliación “de manera compensada” de 200 millones de pesos en el rubro: “Otras erogaciones de Gasto”. Dicho monto, según el documento, “se aplicará como aportación durante el presente año al Fideicomiso Público que construirá la entidad para el manejo de Recursos para la Asistencia Pública”.
Con estos tres movimientos financieros, asienta en el documento Cecilia Barra, la Lotenal no alteraría su balance de operación y podría entregar el dinero correspondiente.
El 29 de agosto, Cecilia Barra remitió un documento al subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta, Juan Carlos Tamayo Pino, para notificarle el “envió” del proyecto del contrato del Fideicomiso Transforma México que constituiría la Lotería Nacional y que, según observaciones de la funcionaria, cumplía con las observaciones de la Unidad de Política Presupuestal.
En este mismo oficio (número 311-A-6370), Cecilia Barra le confirma a Juan Carlos Tamayo Pino que fue ella quien autorizó las modificaciones presupuestales que harían posible la constitución del Fideicomiso, por lo que le solicitaba que la Subprocuraduría Fiscal realizara los trámites para formalizar el Fideicomiso.
La Procuraduría Fiscal aún no concluía sus observaciones sobre el Transforma, cuando Laura Valdés, en septiembre de 2001, justificaba que el origen del dinero del Fideicomiso era producto de “los ahorros logrados por la institución” por la venta de boletos, aunque en aquellas fechas la venta de boletos de la Lotería, según las finanzas de ésta, habían caído abruptamente.
El rechazo de la Fiscal
 En un origen, según documentos internos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Dirección General de Legislación y Consulta de Fideicomisos de la Procuraduría Fiscal rechazó el planteamiento de Cecilia Barra, en el sentido de que el Fideicomiso Transforma México cumplía las normas hacendarias; sin embargo, en octubre de ese año, mediante el oficio número 529-II-DLCF-3497, el titular de esa área de la Procuraduría Fiscal, José Alberto Balbuena Balbuena, dio “visto bueno” a la formalización del Fideicomiso, aunque advirtiendo que ese “visto bueno” de la Procuraduría Fiscal se expedía únicamente en la instrumentación y estructura del Fideicomiso, pero no en "las operaciones y demás actos que con motivo del ejercicio de las facultades de los órganos de decisión se generen", mismas operaciones que, advierte Balbuena (en el oficio número 529-II-DLCF-3497 fechado el 9 de octubre de 2001, girado a Cecilia Barra), "serán de la exclusiva responsabilidad de éstos".
Un documento signado por Cecilia Barra, fechado un mes después de que Laura Valdés firmara con Nacional Financiera la constitución del Transforma México, indica que Cecilia Barra tenía conocimiento de las irregularidades detectadas por la Procuraduría Fiscal respecto del Fideicomiso que pretendía formar Lotenal (documento 311-A-9925 fechado el 12 de diciembre de 2001), y a pesar de ello autorizó disponer del dinero para el Transforma.
Para el 12 de octubre, Laura Elsa Valdés Ruiz, titular de la Lotenal, y Oswaldo Mendoza Popoca, delegado fiduciario de Nacional Financiera, firmaban el contrato de administración del Fideicomiso Transforma México.
Dentro del acta de constitución, Laura Valdés reitera que cuenta con la autorización presupuestal de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SHCP (autorización que fue dada por Cecilia Barra y Gómez Ortigoza). Ese mismo día, 110 millones de pesos fueron desviados de la Lotenal al Fideicomiso mediante un depósito bancario.
El 22 de octubre, el jurídico de Lotenal, Enrique Azuara Hernández, solicitó a Barra y Gómez Ortigoza que fuera inscrito el Transforma en el Registro de Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública Federal. En respuesta, el 12 de diciembre, Barra y Gómez Ortigoza autorizó la clave de registro 200106HHQ01225.
Documentos apócrifos
En México, el órgano que rige y vigila el desempeño de la Lotería Nacional es una Junta Directiva presidida por el secretario de Hacienda, otros tres secretarios de Estado y dos ciudadanos, uno de los cuales se desempeña como director general de Lotenal.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Lotería, ningún programa o acción de la Lotería Nacional puede hacerse sin la autorización de dicho Consejo de Administración; sin embargo, entre los senadores de la República se presume que el acta con la que supuestamente la Junta Directiva aprobó la creación del fideicomiso es apócrifa.
Dicho documento fue redactado supuestamente en una reunión que habría presidido el propio secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en su carácter de presidente de la Junta Directiva de la Lotenal.
Sin embargo, durante la comparecencia del 22 de septiembre de 2004 (a razón de la glosa del IV Informe de Gobierno) ante un grupo de senadores de la Comisión de Hacienda, Gil Díaz negó haber presidido la reunión en la que supuestamente se aprobó que Lotenal creara el fideicomiso.
Ese día, Gil Díaz aseguró a los senadores que tanto el Jurídico de Egresos como el Jurídico de Hacienda (la Procuraduría Fiscal) habían analizado “con mucho cuidado toda esta operación, antes y después, y no hay irregularidad jurídica alguna en la forma como se autorizó la operación de este fideicomiso”.
A la pregunta de la senadora Noemí Guzmán Lagunes de por qué Gil Díaz en su carácter de titular de la Junta Directiva de la Lotenal había aprobado la creación del Fideicomiso, Gil Díaz aseguró que “cuando se tomaron esas decisiones no estaba yo presidiendo el Consejo, ni siquiera asistiendo al mismo, pero estoy informado.”
Gil Díaz negó su presencia durante la reunión de la Junta Directiva que en su momento Laura Valdés Ruiz presentó también ante los senadores de la misma Comisión para justificar la constitución del Fideicomiso.
En entrevista, la senadora Noemí Guzmán Lagunes señala que ésta es una de las pruebas principales que podrían demostrar judicialmente no sólo la ilegalidad en la constitución del Transforma, sino la responsabilidad de los funcionarios de Hacienda en esta cuestionada operación.
El documento en controversia, destaca la senadora, parece haber sido elaborado cuando el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, auditaba al propio Fideicomiso, que luego declararía ilegal.
Con un gesto de indignación, Noemí Lagunes reclama que Francisco Gil diera por “transparente y legal” la creación del Transforma, y luego él mismo negara haber presidido la reunión.
Sobre la existencia de dicha acta no se hace referencia alguna en el contrato del Fideicomiso entre Nacional Financiera y la Lotéenla, en octubre de 2001, “por eso creemos que el acta es apócrifa”, afirma la senadora.
Entre los detalles del documento, Guzmán Lagunes analiza que parece haber sido escrito en distintas máquinas, “hecha a la medida” con faltas tan graves, que omite anotar a lo largo del acta el primer nombre del secretario de Hacienda, que luego aparece escrito por una segunda máquina.
En el documento en cuestión aparecen dos fechas distintas, en el frente la fecha del 25 de junio de 2001, pero en las firmas donde aparece la del secretario Gil Díaz, la del 8 de mayo de 2002, es decir, después de que la Lotenal ya había depositado los 110 millones de pesos al Transforma.
No es cosa juzgada
En octubre de 2004 los senadores de la bancada priísta presentaron una denuncia (integrada en el expediente: EXP.ADMVO.NUM 16/2004) ante los órganos internos de control en la Lotería Nacional, para que Función Pública investigara la legalidad del Fideicomiso y de cómo Laura Valdés obtuvo los recursos para su creación y, al mismo tiempo, determinara la responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
Entre las argumentaciones de los senadores en esta denuncia, destaca que el Transforma se constituyó “gozando de supuestas autorizaciones de entidades o funcionarios a los que no les correspondía tal facultad”, indica el documento cuya copia obra en poder de Contralínea.
Ese mismo mes, la SFP expidió un oficio sobre dicha denuncia (oficio número 750-3/947/2004), que indica que el expediente al respecto era “secreto” y por tanto la SFP ordenó dar por concluido el asunto del expediente DE-16/2004 y archivarlo.
Por ello los senadores llevaron su denuncia ante el Tribunal Federal Fiscal. Lejos de las declaraciones del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, en el sentido de que el asunto de Transforma México es cosa juzgada, la senadora Noemí Guzmán Lagunes dice que no basta con que Laura Valdés haya sido “sacada por la puerta de atrás” en una medida emergente de la Presidencia de la República para dar carpetazo al asunto y limpiar al mismo tiempo la imagen de la Fundación Vamos México, de Martha Sahagún, para la que, se presume, se triangularon recursos de la Lotería Nacional a través de su Fideicomiso.
Sobre la denuncia presentada el año pasado por ella y sus compañeros de bancada, la senadora Noemí Guzmán, quien llevó adelante el análisis y fundamento legal para la denuncia que luego presentarían ante la Procuraduría Fiscal, reclama que dicha indagatoria se lleva “a paso muy lento” de forma premeditada, prueba de ello, refiere, es que Cecilia Barra y Gómez Ortigoza salió de Hacienda sin amonestación alguna por parte de la Secretaría de la Función Pública, “y ella fue la que autorizaba sin mediar la normatividad, simplemente porque traía el poder del dinero y la firma y autorizaba discrecionalmente los recursos”.
Para la senadora la responsabilidad es extensiva al secretario Gil Díaz, porque su operadora directa Cecilia Barra autorizó los recursos, además el titular de Hacienda preside la Junta de Gobierno de la Lotería Nacional y Luis Manuel Gutiérrez Leva, oficial mayor de la Secretaría, aparece como presidente del Fideicomiso.
“La propia Secretaría de Hacienda fue corresponsable, allí nos damos cuenta de que este asunto se está quedando impune, porque no basta que hayan sancionado a las organizaciones que fueron beneficiadas si hay responsabilidad de los funcionarios de Hacienda”.
La senadora Noemí Guzmán señala que independientemente de la indagatoria que se sigue en tribunales fiscales, presentarán la denuncia ante la PGR y demandarán directamente, entre otros funcionarios, a Cecilia Barra y Gómez Ortigoza.
Publicado: Febrero 2a quincena de 2006
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