Durante las próximas semanas el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, y el comisionado nacional del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, serán llamados a comparecer ante la Cámara de Diputados por las supuestas irregularidades detectadas en el programa del Seguro Popular, y que se relacionan con la expedición indebida de tarjetas con chip inteligente a pesar de que el proceso de licitación pública ha sido cuestionado y enfrenta una investigación en la Secretaría de la Función Pública.
Para los legisladores de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), estas anomalías deben ser investigadas a fondo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Y es que la tarjeta que servirá como un documento de validez oficial es producida desde hace medio año por la empresa Image Technology de México, con un costo para el Estado de 100 pesos por unidad, mientras que las demás empresas que participaron en el concurso de licitación afirman que el costo promedio para su elaboración es de 20 pesos.
Es así como el “gran” programa del gobierno foxista avanza, pero detrás de la afiliación de millones de familias mexicanas, que en diciembre pasado alcanzaron los 3.5 millones, se confabula un nuevo fraude.
El diputado panista José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la Comisión de Salud, señala que luego de que todas las partes afectadas se inconformen ante la SFP, se requerirá una investigación a fondo para aclarar la situación. El también médico cirujano advierte que de encontrarse irregularidades, los diputados de su partido que forman parte de esta Comisión deberán exhortar a que se finquen responsabilidades.
“No vamos a ser tapaderas de nadie, habrá que tomar cartas en el asunto y yo estaría en pro de que se investigue y se castigue a los responsables. Como legisladores, tenemos la obligación de que los recursos públicos se utilicen en forma transparente y debemos velar porque no haya derroches.
“En caso de que eso ocurra haremos un exhorto a la Comisión de Salud para que llame a cuentas al secretario, Julio Frenk, y al comisionado Juan Antonio Fernández, para que ofrezcan explicaciones. Ellos tendrán sus argumentos y si hay algo irregular, tendremos que actuar en consecuencia”, advierte el legislador panista.
Para su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, la prioridad es hablar con el comisionado Juan Antonio Fernández antes de solicitar una auditoría. “Primero quisiera tener la opinión del comisionado. En caso de que hubiera alguna duda o indicio de algo incorrecto sería la Función Pública la que debería intervenir o la Auditoría”.
Córdoba Villalobos lamenta que el “éxito” que ha tenido el Seguro Popular sea empañado por supuestas irregularidades. “Es triste que programas que son muy buenos y que van avanzando puedan contaminarse y dar lugar a críticas e irregularidades”.
Fraude foxista
Mientras los panistas comienzan a preocuparse por el derrumbe de la imagen del Seguro Popular, los legisladores de oposición acentúan la crítica a este programa y lo califican de “electorero” y “perverso”.
El perredista Agustín Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, advierte que debe cumplirse el compromiso con la ciudadanía y no permitir la malversación de los recursos públicos.
Enterado de las supuestas irregularidades desde hace unos meses, el legislador señala que “en la Secretaría de Salud ya traen un problema serio con esta licitación, hay protestas de las empresas participantes y ahora sé que andan buscando a algunas personas para solucionar este problema. Todos los elementos que hay en la mesa nos hablan de un fraude”.
“La facultad tajante y categórica de la Cámara --dice Alonso Raya-- es convocar inmediatamente al órgano superior de fiscalización para que audite e informe al Congreso de los resultados”.
Como presidente de una de las comisiones encargadas de legislar a favor de los sectores más vulnerables de la población, el diputado del PRD dice que se deberán tomar acciones para elevar la calidad e intensidad de la fiscalización.
“Debemos dotar de mayores recursos al órgano superior de fiscalización para que pueda ampliar el espectro e incluso aprobar la asignación de un fiscal especial que le dé puntual seguimiento a la aplicación de recursos”, dice con vehemencia.
Martha Palafox Gutiérrez, diputada priista e integrante de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, coincide con el legislador y agrega que los recursos que emplean en la adquisición de esta tarjeta deberían ser ocupados para aumentar los fondos al sector salud.
“Si cada tarjeta inteligente va a tener un costo de 100 pesos y se van a apagar alrededor de 320 millones de pesos, por qué no mejor utilizar ese dinero en la atención en salud. Citaremos al secretario de salud y al comisionado nacional para que nos informen cómo fue que se dio todo este proceso amañado, porque es dinero de erario público”.
Evaluación a ciegas
No obstante las supuestas irregularidades detectadas, los legisladores del PAN son optimistas en la evaluación de este programa, y confían en que se lograrán los objetivos de garantizar salud a todos los mexicanos como lo propuso el gobierno de Vicente Fox.
Para el diputado panista José Ángel Córdoba Villalobos, las metas establecidas se han cumplido positivamente y a tiempo. Ya que según los informes oficiales se han incorporado a este programa más de 3.5 millones de familias, de las cuales el 95 por ciento pertenecen al régimen no contributivo.
“Además, las estadísticas han demostrando que el 80 por ciento de las familias incorporadas están dirigidas por una mujer, y hay un 10 por ciento que pertenecen a comunidades indígenas, es decir, se está favoreciendo a los grupos más vulnerables. Se está cumpliendo”, dice el presidente de la Comisión Salud de la Cámara de Diputados.
El también especialista en ortopedia señala que aunque hacen falta recursos materiales y financieros, la promesa de gobierno fue que hasta el 2010 los beneficios cubrirán toda la República.
“En los dos últimos años se han aportado al presupuesto los recursos que corresponden a la Ley. El año pasado se consiguió la reasignación de más de 4 mil millones de pesos para infraestructura, y este año de 2 mil 750 millones para el mismo rubro, lo que significa que habrá mejoramiento y ampliación de los centros de salud, hospitales primarios y grandes hospitales”, argumenta.
Sin embargo, para la oposición un asunto que pervierte al Seguro Popular es el uso mediático para capitalización de votos a favor del PAN, “independientemente de que opere o no, funcione o no, el objetivo del gobierno ha sido dotar de más imagen al partido del poder”.
“Los funcionarios que lo sustentan saben perfectamente que una condición para que funcione cualquier proceso que tienda a universalizar la atención a la salud, tiene que ver con una coordinación eficaz del conjunto de los servicios, y eso no existe” acusa el legislador perredista Alonso Raya.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social explica que con la organización del Seguro Popular, los gastos se duplican entre los institutos a nivel estatal y federal porque no hay eficacia, ni transparencia en el manejo de los recursos y tampoco se cuenta con el desarrollo de aparatos tecnológicos.
“El gobierno está enterado de que todos los institutos tiene un severo problema de poca transparencia e incluso de altos niveles de corrupción con la compra de medicamentos, de equipo y las licitaciones, pero no hace nada”, puntualiza.
El gestor
Acusado por las empresas que concursan en la licitación pública de la tarjeta con chip inteligente de beneficiar a la empresa Image Technology de México, el comisionado nacional del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, tendrá que rendir cuentas de este proceso de adquisición ante la Cámara de Diputados.
Egresado de la de carrera de actuaría por la universidad Anáhuac, Fernández Ortiz ha sido cercano colaborador de Vicente Fox desde que éste gobernaba Guanajuato. El actuario se desempeñó como fundador y presidente del Centro de Información Guanajuato.
Ya en los tiempos de campaña presidencial fungió como coordinador nacional de Los Amigos de Fox A. C. y una vez que el gobierno foxista inició funciones, obtuvo el cargo de coordinador general de Apoyos Directos al Campo (Procampo).
El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Alonso Raya, señala que si el actuario “es parte de la complicidad del uso que se le está dando al programa, por lo tanto se puede hablar de que se está cometiendo un fraude, porque ofrece una expectativa que no se cumplirá, no hay una información objetiva, veraz, precisa y lo único que se hace es confundir a la gente”.
Sin embargo, para presidente de la Comisión de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, todavía se le puede dar un voto de confianza al ex coordinador de la campaña presidencial Amigos de Fox, pues “el trabajo del actuario ha sido excelente y eso se debe a su capacidad y formación. La experiencia que le dio haber trabajado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) le da la experiencia para cumplir con el reto más importante que tiene el Seguro Popular: llegar a los poblados más lejanos del país”, justifica.
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