El régimen foxista-panista ya ingresó al expediente priista, donde se contabilizan los hechos y las acciones derivados del abuso del poder público, estableciendo la violencia sangrienta (cuatro periodistas víctimas de homicidio con todas las agravantes); amenazas, cumplidas o no, contra quienes ejercen profesionalmente las diferentes tareas de comunicación a través de los medios de información y crítica impresos, pero también audiovisuales y orales. No hay diferencia cualitativa, si acaso cuantitativa (en ésta disputándose priistas y panistas el liderato sobre si unos son más represivos que otros y tienen en su haber más asesinatos), puesto que, finalmente, ambos han demostrado -desde los órganos municipales, estatales y federal- que padecen los mismos prejuicios contra las libertades de prensa.
En el último reporte de Reporteros Sin Fronteras se pasa revista a los pendientes y que el foxismo -como, por ejemplo, en el caso de los homicidios-feminicidios, a partir de Ciudad Juárez, pero que se extienden por todo el país, a la par de la inseguridad en general- nada ha hecho para al menos investigar a fondo los asesinatos, las represiones, las amenazas y demás actos autoritarios contra editores, periodistas y contra los propios medios de comunicación. En este renglón los casos de Noticias de Oaxaca, Cambio-Sonora, Primera Hora de Nuevo Laredo, Proceso, El Orbe de Chiapas.
Otra modalidad de agresiones a las libertades de prensa son los sobornos, en la jerga: “los chayos”. Y el perredista Zeferino Torreblanca los ha modernizado al obsequiar tarjetas bancarias, para que los agraciados, dijo cínicamente el director de Comunicación Social del (des)gobernador de Guerrero, tuvieran “libertad para que cada quien comprara lo que quisiera”. Repartió 25 tarjetas de débito, con saldo de dos a cuatro mil pesos de quienes cubren la fuente.
Las víctimas de homicidio -relata en su crónica Emir Olivares Alondo (La Jornada: 8/I/06)- son Guadalupe García, conductora del programa Punto Rojo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Raúl Gibb Guerrero, director del periódico La Opinión, de Poza Rica, Veracruz. Jesús Reyes Brambila, del periódico Milenio Vallarta, de Guadalajara, Jalisco. Hugo Barragán, conductor del programa Por la mañana y colaborador del periódico La crónica de la Cuenca, en Tierra Blanca, Veracruz. La “desaparición” del reportero Alfredo Jiménez, de El Imparcial, de Hermosillo, Sonora. Y a todo eso los (des)gobernadores de Tamaulipas, Veracruz (Fidel Herrera), de Jalisco y de Sonora (Bours Casteló), contentos de que el narcotráfico e incondicionales les hagan el trabajo sucio de eliminar periodistas que “molesten” con su trabajo.
Y continúa el caso de Lydia Cacho, que investigó cuanto se había publicado sobre los abusos sexuales de Jean Succar Kuri a niños y adolescentes, procesado por esos delitos en Estados Unidos y que cometió esos hechos en Cancún, Quintana Roo. Y mencionó las probables implicaciones de Kamel Nacif Borge, con lo cual éste, enfurecido y en complicidad con el (des)gobernador de Puebla, lograron la actuación parcial del ministerio público y los tribunales judiciales de la entidad, para fincarle acusaciones a la periodista y activista de los derechos humanos de las mujeres y niñas. A tal grado es la embestida de Nacif Borge que hasta se invirtieron millones de pesos en desplegados a media plana en todos los periódicos de la capital del país, para ratificar su venganza contra Lydia Cacho.
En la agonía del foxismo y la soberbia despótica de algunos gobernadores, los pendientes contra las libertades de prensa van en aumento porque persisten alarmantes resabios del autoritarismo priista, corregido y aumentado por el panismo.
El cambio foxista, en la caja de velocidades del PAN, solamente tiene reversa y las derechas en el poder público presidencial irradian odios contra las libertades de prensa. Otra vez es, con palabras de Lillian Hellman: tiempo de canallas. Ayer los priistas; hoy los panistas. El neofascismo está de regreso, porque el viejo autoritarismo no se ha ido todavía.
cepedaneri@prodigy.net.mx
Baja California 
