A sus 68 años apenas si puede caminar. Se apoya de un bastón de madera cubierto con cinta de aislar para hacerlo más resistente. Rodolfo García Rodríguez, al igual que sus parientes, forma parte de las miles de personas atendidas por el Seguro Popular. De acuerdo con la administración de Vicente Fox, en 2006 se tiene como meta la afiliación de cinco millones de familias “desprotegidas”.
Pero las cosas no son tan fáciles como se muestra en la propaganda televisiva y don Rodolfo espera largo tiempo por una ficha que le garantiza ser atendido en el Centro de Salud Urbano (CSU) la Presa, ubicado en Tlanepantla, Estado de México. El reloj marca las siete de la mañana y el frío cala los huesos.
“Hace poco que me detectaron la diabetes. Aquí me lo dijeron”, cuenta el anciano. Y aunque esta enfermedad se ubica en el lugar 65 del catálogo de servicios esenciales de salud que emite la Comisión Nacional de Protección Social, lo que supuestamente le garantiza el tratamiento farmacológico gratuito, don Rodolfo no recibe los medicamentos que le recetan por “falta de abasto”, según argumentan en la clínica.
Padre de dos jóvenes, que por falta de recursos emigraron a los Estados Unidos, el viejo depende de los dólares que ocasionalmente le mandan sus hijos para sufragar los gastos de los costosos medicamentos. “Una de las cajitas que me recetaron está bien cara, cuesta 300 pesos y apenas tiene 40 pastillas que parecen frijoles. Sólo pude comprar una. Me dijeron que a lo mejor en la siguiente consulta ya había en la farmacia del hospital y ahora vengo a ver que me dicen, y si no, pues me tomo lo que me den”.
Y es que, aunque el presidente Vicente Fox ha prometido la protección universal de la salud y se han ejercido presupuestos por 3 mil 800 millones de pesos en 2004 y 8 mil millones 220 de pesos en 2005, en las clínicas públicas faltan médicos, infraestructura y medicinas.
Para el ejercicio fiscal 2006 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 16 mil millones 400 mil pesos a favor del Seguro Popular, pero estos no son los únicos fondos públicos asignados al vitoreado programa foxista: la Secretaría de Salud también dispone de 2 mil 657 millones de pesos resguardados en un fideicomiso.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la dependencia encabezada por Julio Frenk Mora opera los millonarios recursos en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, bajo el amparo del secreto fiduciario.
Desabasto en farmacias
Emilio Velasco Chávez, médico adscrito al CSU la Presa desde hace 25 años, explica que el Seguro Popular debe ser una responsabilidad del gobierno con la población más necesitada y no un programa de promoción, como hasta ahora se ha operado, pues la salud es una de las garantías individuales a las que tenemos todos los mexicanos.
“El programa ha tenido tropiezos como la enorme campaña para anunciar los supuestos beneficios, pero los medicamentos son insuficientes para poder atender a la población que se presenta en las unidades de salud”, señala Velasco Chávez.
El médico dice que “los pacientes vienen al Seguro Popular, pasan gratuitamente a su consulta, pero hay una disparidad entre los medicamentos que podemos mandar y los que hay en la farmacia. Nos han comentado (las autoridades) que nos van a llegar más medicinas para poder brindar una mejor atención al paciente, pero desde hace cuatro meses que nos incorporamos al programa no nos han notificado nada”.
Velasco Chávez agrega que “el costo de los medicamentos representan una erogación al gasto familiar de la canasta básica tan raquítica que se tiene: con un salario cercano a los 50 pesos no se puede cubrir alimentación, cobijo, gastos de escuelas y además pagar medicamento”.
En el Estado de México el proceso de afiliación al Seguro Popular inició en octubre de 2005. Para ello se contrató personal y se impuso la meta de inscribir a mil 500 familias por cada una de las siete unidades de primer nivel adscritas al programa. Sin embrago, este proceso se llevó a cabo en pleno caos. Eugenia Hernández, promotora de afiliación en la entidad, acusa que cuando se ordenó operar el programa, los médicos no tenían idea de cómo emprender la tarea que la Secretaría de Salud les había encomendado.
“Se nos informó que la zona estaba con los parámetros predeterminados para iniciar el programa, pero hubo un vacío de información, porque lo único que nos dijeron es que se iba a presentar la afiliación y posteriormente nos darían más detalles”, situación que jamás ocurrió.
Emilio Velasco confirma la falta de información. Los cuatro médicos y las tres enfermeras que atendemos el centro de salud nos informamos a través de los medios de comunicación, así supimos cómo opera el Seguro Popular en el resto de la República, pero la publicidad que se le hizo a la asignación de miles de millones para el programa no se ha visto reflejada en esta unidad, dice el médico.
“Sabemos del presupuesto asignado, pero aquí no tenemos ningún recurso administrativo, operativo médico o de enfermería. El programa lo estamos sustentando los mismos que atendemos a las personas afiliadas al programa de Oportunidades y a los de consulta externa. No nos damos abasto y en consecuencia la atención al paciente debe ser acelerada”, reconoce.
La espera
Ignacia García utilizó por primera vez su tarjeta del Seguro Popular un jueves por la madrugada. Su esposo, comenzó a convulsionar. Ella llamó a la Cruz Roja para que se le atendiera de emergencia pero no hubo respuesta. Eran las tres de la mañana cuando decidió llevarlo al Hospital General de Valle Ceylan en el Estado de México. Una inyección fue el calmante para que su marido parara por un momento su crisis.
Con la amenaza de que se presentara otra serie de crisis convulsivas, Jaime Cano Juárez e Ignacia peregrinaron del Hospital General al Centro de Salud de San Juan Ixhuatepec para llevar a cabo la tramitología correspondiente. La atención inmediata que habían recomendado los médicos no llegaba.
Las horas pasaban, no había expediente ni tampoco medicamento que pudiera ser suministrado en caso de que Jaime recayera. “No entiendo porque no nos dieron el pase directo al hospital de Neurología. Él necesita que se le hagan placas y estudios para que sepamos qué es lo que tiene”, dice en tono molesto Ignacia.
Marta Palafox Gutiérrez, legisladora priista, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados cuestiona la “supuesta operatividad” del Seguro Popular: “el presidente Fox sólo lo utiliza para venderle a la opinión pública el mundo maravilloso en él que cree que vive, en donde toda su población está sana y vive bien”.
La diputada por el distrito de Tlaxcala, señala que la Secretaría de Salud ha aportado su contribución para mantener el nivel de sanidad de los mexicanos, lo que nos permite tener una esperanza de vida de más de 80 años. “Ya superamos la mayoría de las enfermedades infecciosas - virales, por lo que no se necesitaba crear programas, sino fortalecer al sector”.
En el sexenio de Vicente Fox se han desatendido las dos instituciones de salud pública de nuestro país: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. Además, como otro signo de abandono, el incremento presupuestal año con año en infraestructura, personal y medicamento ha sido vulnerado.
Y es que de acuerdo con información de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, “el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda incurrieron en violaciones a la Ley de Ingresos, al decreto de Presupuesto de Egresos y a la propia Ley del Seguro Social al aplicar un recorte de 26 mil millones de pesos al IMSS, porque los ingresos del organismo no pueden ser modificados una vez establecidos por el Poder Legislativo” (La Jornada 06/01/06).
“El presupuesto que se le ha asignado al seguro popular se ha utilizado principalmente para llevar a cabo el padrón de beneficiarios. A casi dos años de haberse echado a andar, no vemos avances. No es posible que se salga a afiliar a cinco millones de familias sin tener una infraestructura adecuada”, dice la legisladora.
Palafox Gutiérrez puntualiza que “en las visitas que hemos hecho a los centros de salud se han incrementado la atención, pero el recurso que reciben sigue siendo el mismo. Esto no es más que un programa electoral”.
Versión oficial
Ante las evidentes deficiencias con las que opera el seguro popular, las autoridades se resisten a la crítica y el cuestionamiento. Buscado por diversas instancias, el comisionado nacional de protección social en salud, Juan Antonio Fernández Ortiz, no atendió la solicitud de entrevista y argumentó a través de sus asistentes tener una agenda muy apretada.
Alfonso Díaz Quiroz, coordinador médico normativo de seguro popular y oportunidades de la jurisdicción de Tlanepantla en el Estado de México, niega que a un año de haber iniciado operaciones en esta entidad, el programa foxista tenga un déficit de medicamentos y atención.
Por el contrario, dice el funcionario local, “estamos surtiendo a todos los centros de salud afiliados a esta jurisdicción con todos los medicamentos que aparecen en el catálogo de servicios esenciales de salud, que son 154 y que atiende enfermedades como la diabetes mellitus en un 98 por ciento de las necesidades”.
Díaz Quiroz agrega: “cada una de las familias que se encuentran adscritas a este programa ahora tienen la garantía de que hay en existencia, tenemos una partida asignada por el ejecutivo que nos garantiza personal médico, enfermeras, infraestructura y servicios, lo que da una garantía mayor al beneficiario y en nuestra jurisdicción ya son más de 10 mil familias”.
Es así como lejos del discurso oficial, don Rodolfo se retira nuevamente del Centro de Salud La presa, en espera de que en la siguiente visita le sea surtida su receta o de que sus hijos envíen dinero de Estados Unidos para comprar sus medicamentos.
Publicado: Febrero 1a quincena de 2006
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