El gobierno del presidente Vicente Fox se ha mostrado, desde el inicio de su sexenio, titubeante en uno de los temas cruciales de la administración y ha perdido la oportunidad de imprimirle seriedad y transparencia al ámbito de la seguridad nacional y a los procesos de inteligencia.
No obstante que como administración cabildeó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, que se dijo tuvo su origen en el Senado de la República –aprobada el 14 de diciembre de 2004– y que ofrecía ordenar la estructura y las labores de los servicios de inteligencia, por demás desprestigiados desde sexenios anteriores, no ha mostrado voluntad para llevarla a cabo.
El primero de noviembre del año pasado se cumplió el plazo para que la administración Fox publicara el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, sin embargo, el reglamento no se ha dado a conocer, lo que ha derivado en múltiples sospechas y filtraciones en el sentido de que los servicios de inteligencia seguirán rigiéndose por la discrecionalidad y el abuso ante la ambigüedad y el cobijo de una Ley y un reglamento que disfraza sus verdaderas intenciones: seguir husmeando con dinero público asuntos de interés particular.
Un ex funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dice que la Ley que aprobó el Congreso contiene imprecisiones que de no aclararse en un reglamento, pueden acarrear confusión y enfrentamientos entre el director del Cisen y el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. El reglamento deberá aclarar con exactitud el papel y el alcance de cada uno de esos elementos; el problema –dice el ex funcionario– es que “la Ley es deficiente y confusa y no representa un asidero sólido” para las expectativas que se han generado acerca del reglamento que normen las actividades de seguridad nacional e inteligencia.
Antes de la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en diciembre de 2004, un grupo de académicos expertos en la materia se reunió en privado para analizar el proyecto que venía cabildeando personalmente el entonces director del Cisen, Eduardo Medina Mora, no obstante que la iniciativa había sido presentada por la bancada priísta del Senado de la República.
En la minuta de aquel encuentro –a la que tuvo acceso este medio– quedaron plasmadas las críticas fundamentales al proyecto original de la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que expresaron los académicos y que muchas de ellas continúan vigentes.
Raúl Benítez, experto en asuntos militares y de seguridad nacional, advertía que el Poder Legislativo no jugaría un papel relevante con la Ley en vigor. “La Ley le da poco poder al Congreso”, dijo, y señaló que existe una tenue frontera entre los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública.
Otro de los expertos en seguridad nacional, José Luis Piñeyro, recalcó la omisión que se hizo de los organismos de inteligencia militar y la nula atención para reglamentar sus actividades “No se establece el control sobre otros aparatos de inteligencia (además del Cisen) de otras dependencias”.
Al respecto coincidió la investigadora en asuntos de defensa y seguridad Sigrid Arzt. “Una Ley de inteligencia debe regular también a las Fuerzas Armadas; hay que organizar a las otras dependencias que también realizan labores de inteligencia, como la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Hacienda”.
Jorge Chabat, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y también uno de los más acuciosos analistas de asuntos de seguridad, estableció que era un error establecer las amenazas a la seguridad nacional como un asunto de temas y no de grado, ya que las amenazas cambian. “No se pueden definir a priori todas las amenazas, pues éstas cambian. Las amenazas a la seguridad no son un asunto de temas sino del grado en que amenazan la gobernabilidad democrática”.
“La seguridad nacional debe invocarse cuando los mecanismos establecidos para resolver los problemas del Estado no funcionan. Un asunto que se puede resolver con la policía y los mecanismos regulares para combatir la delincuencia, no es de seguridad nacional”, indicó Chabat.
En la minuta se establecieron los puntos de posibles desencuentros entre dependencias si no se precisaban en la Ley o el reglamento, como el “potencial conflicto burocrático” entre el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y el director del Cisen, o el problema que podría presentarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores “cuando se establece la facultad de la coordinación de sistemas de cooperación internacional”.
Uno de los puntos clave en la operación de la Ley de Seguridad Nacional en los que coinciden los investigadores, es la figura del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, una presencia que creció y se fortaleció en el papel y que la administración del presidente Fox no había previsto en los términos en los que quedó finalmente redactada después de la intervención de los diputados.
“El secretario técnico debe servir como contrapeso al Centro de Investigación y Seguridad Nacional”, dice Gerardo Rodríguez, uno de los especialistas en seguridad y terrorismo, y quien coordinó la reunión de los investigadores. “El secretario técnico fungirá como una persona de confianza del presidente y analizará de manera independiente los asuntos de inteligencia; es una figura que servirá de filtro de la información de inteligencia que se le proporcione al presidente, y de esta manera se evitarán los diversos enfoques en los análisis que elaboran los militares y los civiles”.
“Cuando se propuso al secretario técnico, se veía su función como la de un relator o escribano de acuerdos del Consejo de Seguridad, y nunca imaginaron que la Cámara de Diputados y los especialistas, gestarían en esta figura la creación de un verdadero consejero de seguridad nacional que dependiera de la Presidencia con facultades legales”, dice Rodríguez.
En la Ley de Seguridad Nacional se establece que el secretario técnico deberá “elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo, realizar las acciones necesarias para la debida ejecución de los acuerdos, proponer al Consejo políticas, lineamientos y acciones en materia de seguridad nacional, proponer el contenido del Programa para la Seguridad Nacional, presentar al Consejo la Agenda Nacional de Riesgos”.
Además tiene la facultad de “entregar a la comisión bicamaral la documentación e informes, administrar y sistematizar los instrumentos y redes de información que se generen en el seno del Consejo, promover la ejecución de las acciones conjuntas que se acuerden en el Consejo, realizar estudios especializados en materias relacionadas con la seguridad nacional por acuerdo del Consejo, realizar el inventario de la infraestructura estratégica del país, y solicitar información necesaria a las dependencias federales para seguridad nacional que requiera explícitamente el Consejo”.
El poder que se le otorgó al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional trasciende las propias reuniones del Consejo y obtiene facultades para desenvolverse de manera independiente después de influir en las decisiones que se tomen en el seno del Consejo de Seguridad Nacional.
El problema, dice una fuente del Congreso, se presenta porque nadie ofrece explicaciones o información, es decir, en el silencio que guarda la comunidad de inteligencia, y que ha impedido que esta figura se instaure con un funcionario autorizado para el cargo y en las condiciones que la Ley de Seguridad Nacional le confiere.
“Las disputas dentro del gobierno han impedido el nombramiento de un secretario técnico independiente y sólo al servicio de la Presidencia”, dice la fuente.
La opacidad en el manejo de la información por parte de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación y la falta de interés de los diputados y senadores, han impedido que se conozca con precisión el nombre del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y las condiciones en las que opera y ejecuta su trabajo.
La versión de que Jorge Alejandro Vázquez, un funcionario casi desconocido del gobierno federal, fue nombrado casi en secreto como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, a fines del año pasado, deja entrever el criterio gubernamental en torno a los temas de seguridad nacional e inteligencia que la administración Fox ofreció transparentar mediante el establecimiento de reglas claras a principios del sexenio.
“El presidente es quien debe nombrar al secretario técnico; debe tener una partida presupuestal y personal a su cargo”, dice Gerardo Rodríguez.
Sin embargo, la versión que ha ganado terreno es en el sentido de que ya hay secretario técnico y no tiene presupuesto ni oficina ni estructura para operar como tal y, lo más delicado, subordinado a los aparatos de inteligencia, lo que le restaría independencia y objetividad.
Fuentes cercanas a la comunidad de inteligenciaaseguran que se ha buscado “dinamitar las funciones del secretario técnico” y señalan a la Secretaría de Gobernación y al Cisen como los responsables. “El miedo que se tiene es por la creación de una figura con mucho poder”.
Otro aspecto incomprensible sobre este asunto, es la ausencia de un reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, que tenía como fecha límite para darse a conocer el pasado 1 de noviembre.
“El reglamento no puede sobrepasar el espíritu de la Ley de Seguridad Nacional”, dice Gerardo Rodríguez, en referencia a los intentos que pudieran darse en el sentido de otorgarle a los servicios de inteligencia facultades que no les otorga la Ley de Seguridad Nacional.
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