Los presos de Loxicha

Oaxaca, Oax.- Apenas puede hablar, con voz nerviosa y entrecortada revive el día de su detención. En el comedor del penal de Ixcotel, Isabel Almaraz Matías cuenta cómo inició el calvario que parece no tener fin.

Acusada de secuestro, intento de homicidio, resistencia a la autoridad y vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Isabel fue detenida el 25 de junio de 2002 por agentes de la procuraduría estatal.

Regresaba de la guardia matutina que todos los días hacía para cuidar de su madre en un hospital privado de la capital oaxaqueña. Su espanto fue que al llegar a la casa que habitaba en la población de Santa Cruz Xoxocotlán un dispositivo de seguridad la esperaba.

Desde entonces, Isabel ha vivido en carne propia la tortura, el miedo, la enfermedad y la pobreza que padecen muchos de los habitantes de su comunidad desde aquel 29 de agosto de 1996, cuando el EPR irrumpió en la comunidad de La Crucecita, Huatulco. En esa fecha cayó muerto Fidel Martínez, entonces regidor de Hacienda del municipio de Loxicha.

“Sergio y Josefina”

“Venía con mis dos hijas y a punto de entrar a la casa comencé a oír disparos, me dio miedo, me detuvieron y me llevaron a la procuraduría junto con las niñas, yo no sabía de qué se trataba, para qué me querían”, relata.

Al llegar a la procuraduría Isabel se encontró con otros dos jóvenes que habían sido vinculados, a la par que ella, con el secuestro de un niño, los nombres de ellos: Pedro y Gonzalo, quienes ya habían sido golpeados e interrogados por las autoridades.

En el lugar, la incertidumbre aumentaba. Doris y Denis -de apenas cuatro y año y medio, respectivamente- fueron separadas de su madre. Después las enviarían al DIF estatal. Mientras, Isabel comenzaba sus días de tortura y encierro. Y es que a decir de las autoridades judiciales se había capturado a la comandanta “Josefina”, miembro activo del Ejército Popular Revolucionario.

Ya en la “preventiva” llegaron unas personas vestidas de civil, ahí se encontraba con Pedro y Gonzalo. A ella la sacaron para interrogarla. Los judiciales querían oír acerca de otros que ya habían sido aprehendidos y confirmar en voz de la joven que eran “eperristas”. Isabel insistía en no saber nada.

También preguntaron por su esposo, Juan Luis Ramírez, a quien llamaron como “el comandante Sergio”. Entonces ya se había perdido el rastro, de él tampoco sabía nada, sólo que había salido a trabajar por la mañana, como todos los días.

“Los policías me dijeron que iban a violarme y golpearme si no les daba información; me preguntaban si era del EPR, yo contestaba que ignoraba todo eso porque esa es la verdad”, cuenta Isabel.

Pero ante la negativa de aceptar sus vínculos con la guerrilla, empezaron a golpearla y a intensificar las intimidaciones. “Me pegaron en la espalda y me jalaron del cabello. Dijeron que iban a ir a matar a mi mamá al hospital donde estaba en coma si no contestaba a las preguntas”.

El miedo la invadió, “dije sí a todo lo que después me preguntaron. Ellos escribían, me obligaron a firmar y a poner mis huellas en papel”. Desde entonces, Isabel purga una condena que no tiene sentencia, ni delitos comprobados, “Me agarraron por ser de Loxicha”, dice con voz temblorosa.

Loxicha

En Oaxaca, ser Loxicha lleva el estigma de la rebeldía pero también el de la represión. La región, que cuenta con 39 mil 334 habitantes de 27 comunidades, según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, es una de las zonas más pobrez del país.

De acuerdo con un artículo de Martín Sallé Gómez (La Jornada 15/02/2000), “desde la época de Porfirio Díaz sus habitantes engrosaron las filas de los peones acasillados de las fincas cafetaleras que hoy día son uno de los últimos bastiones finqueros en el país. La zona es muy pobre y se encuentra encerrada entre los finqueros y los narcotraficantes que controlan los caminos hacia varias de las comunidades, como Magdalena, Sirena Miramar, San Agustín, Chilapa y Loma Bonita”.

Sus pobladores son indígenas zapotecos que conservan su lengua y tradiciones en la elección de sus autoridades. Se dedican a la siembra de maíz para el autoconsumo, así como del café.

Según Sallé Gómez, “una de las crisis graves que enfrentó la región Loxicha ocurrió a finales de los setenta cuando los terratenientes comenzaron a tomar el control político de la región y contrataron a los primeros pistoleros. En 1978 la gente de la región comenzó a rebelarse: realizó asambleas comunitarias y se agrupó en la OPIZ, la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, para quitarle el control a los caciques y expulsarlos de la comunidad”.

La irrupción del EPR en la zona en 1996 significaría una nueva amenaza de represión, detenciones forzadas, tortura y persecución constante. Desde entonces han sido más de 130 campesinos detenidos, y se estima que unos 200 más viven escondidos, pues pesan sobre ellos órdenes de aprehensión. Uno de ellos, Juan Luis Ramírez, esposo de Isabel.

Intervención de la CNDH

La situación que prevalece en la zona dio origen a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya elaborado un informe especial en donde advierte que “la situación de pobreza y retraso social que acusa la Región Loxicha, es el reflejo de la desatención crónica que, por décadas, ha padecido esta zona del estado de Oaxaca, por parte de las diversas instituciones públicas estatales y federales.

“Los diferentes programas sociales y de desarrollo que ha establecido el Estado mexicano han tenido alcances muy limitados en las comunidades asentadas en esta región, aunado a los efectos nocivos del caciquismo sobre la vida colectiva de las comunidades”, señala el documento.

La CNDH agrega en su informe que desde 1996, “la presencia de fuerzas militares y policíacas en la región, así como las aprehensiones realizadas contra habitantes de la zona, han incidido en la vida cotidiana de los indígenas. La conjunción con estos factores y con los rezagos históricos, ha producido el desplazamiento de población, especialmente masculina, lo que ha propiciado que muchas mujeres tengan que enfrentar la vida y la de sus hijos sin el apoyo de los varones”.

Desde 1996 las detenciones arbitrarias y las desapariciones no han cesado. El ex presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Castellanos García, advierte que ésta es una de las “situaciones más graves que hay en la entidad, ya que aunque se lleguen tener óptimas condiciones económicas, sociales y educativas, si la impartición de justicia no es la adecuada, se va al traste todo, la gente no se siente segura.

“Esto nos ha pasado en los dos últimos sexenios y tal parece que éste no va a ser la excepción, tanto Diódoro Carrasco como José Murat caracterizaron sus gobiernos por las detenciones arbitrarias, armar procesos en contra de las personas y la fabricación de chivos expiatorios”, señala el presidente saliente del PAN.

La llegada

Cuando Isabel Almaraz fue remitida al penal de Ixcotel, sus días de angustia se agudizaron. “Al principio no sabía cómo estaban mis hijas, ya después me enteré que mi hermana las había podido sacar del DIF, pero seguía sin saber nada de mi esposo, y mi madre permanecía en coma.

“Las celadoras me dijeron que por los delitos que traía me iba a quedar ahí para siempre, y que si no cooperaba me podía ir mal. Las personas que tenían mi caso seguían viniendo para que pusiera mis huellas en hojas en blanco, yo me negaba a hacerlo, pero seguían con las amenazas”, relata.

No sólo las amenazas significaron para Isabel el inicio de su calvario. Luego de seis meses de reclusión, la joven recibió una de las noticias más tristes de su vida. Su madre, a quien había llevado a la ciudad con el propósito de aliviar, había muerto.

“Solicité un permiso para despedirme de ella y no me lo dieron, eso porque decían que apenas llevaba seis meses, no tenía sentencia y así no se podía, aparte de que te dan permisos dependiendo de los delitos que te ponen”, dice.

A lo largo de tres años, Isabel ha tenido que soportar el miedo, la angustia, el acoso y la enfermedad. Pasa los días en la sección femenil de la penitenciaría que enclaustra a hombres y mujeres bajo el mismo techo.

En Ixcotel, comparte su estrecho espacio de dos por dos metros con una mujer que está acusada de violación. “Ella dice que no es cierto y yo le creo porque sé que aquí estamos muchas encerradas injustamente”.

La espera

Lucianda Almaraz Matías, hermana de Isabel, comparte la tristeza de su hermana en el albergue de “los desplazados Loxichas”. Ella llegó a la ciudad con el mismo propósito de que su madre fuera atendida de la matriz.

“No entiendo, no hay avances, parece que su situación está muy abandonada. Ella hizo una huelga de hambre en protesta y no sabemos nada. Los abogados me dicen que se van a presentar los testigos y yo voy a ser una de ellos porque soy la única que puede decir que Isabel estaba cuidando a mi mamá, pero pasa el tiempo y nada”.

“La situación de sus hijas no es fácil, hacen preguntas, cuando van a visitarla le dicen 'mamá por qué estás aquí; vámonos, ya no queremos venir a verte porque no nos gusta como estás'”. Y es que el penal hombres y mujeres permanecen en un mismo espacio, lo único que los separa son vallas de alambre que recuerdan gallineros. El ambiente es hostil y sucio. 

“Cuando voy, a veces la veo contenta, pero luego se pone a llorar y pregunta ¿por qué me dejan? Hasta cuando voy a salir. Porque a veces se acuerdan y a veces no, siempre dicen que en un año te vas y nunca es cierto, es como una mentira para animarme”, recuerda Lucianda con tristeza.

La hermana de Isabel señala que las condiciones de poca sanidad al interior de la penitenciaría han causado que Isabel se enferme continuamente ya que los alimentos que ahí le sirven “no son buenos y no están bien preparados. Por eso Isabel tiene que vender bolsas tejidas para ganar algo de dinero y con eso comprar sus propios alimentos”. 

Las detenciones

En el interior de Ixcotel, otras condenas más se purgan por vínculos con el EPR y otros delitos del fuero común y federal, todos ellos “presos políticos” originarios de la región Loxicha.

Sus nombres: Abraham García Ramírez, proceso 39/96 ante el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Oaxaca, sentenciado a 30 años.

Agustín Luna Valencia, proceso 39/96 ante el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Oaxaca, sentenciado a 31 años.

Álvaro Sebastián Ramírez, proceso 39/96 ante el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Oaxaca, sentenciado a 29 años.

Eleuterio Hernández García, proceso 103/96 ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, sentenciado a 31 años, 7 meses, 3 días.

Fortino Enríquez Hernández, proceso 39/96 ante el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Oaxaca, sentenciado a 30 años.

Justino Hernández José, proceso 13/97 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Oaxaca, sentenciado a 23 años, con 6 meses.

Mario Ambrosio Martínez, proceso 103/96 ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, sentenciado a 26 años, 10 meses, 3 días.

El dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, Juan Sosa Maldonado, advierte que todo el proceso de represión por el que han pasado los originarios de esta región y que actualmente pertenecen a esta organización es porque piensan “que estábamos tratando de reagrupar al EPR en la comunidad de los Loxichas”.

Pero además de las personas que se encuentran recluidas, la desaparición de integrantes de la OPIZ continúa. Un nombre: Marcelino Santiago Pacheco, la desaparición ocurrió el 27 de abril del 2003. “Yo platiqué aquí en el albergue, nos quedamos como hasta las diez, luego tuvo que salir y desde entonces no ha regresado”.

El dirigente de la OPIZ, ex preso político, señala que “la particularidad de este compañero es que había sido desaparecido en el 97 durante nueve meses junto con Felipe de Jesús Antonio Santiago, luego enfrentaron juicios del fuero común, y al final, ya que Marcelino iba a salir libre le notificaron que tenía un proceso del fuero federal.

“Marcelino fue acusado de posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas, sin poderle comprobar nada, sale libre y lo mismo se da a la tarea de buscar la libertad de otros, hoy no sabemos nada de él”, dice el líder social.

Sosa Maldonado deduce: “pareciera que tiene que ver más con la guerra que enfrentan los pueblos indígenas que un combate real a los pueblos subversivos, que se han manifestado en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y que en ningún momento han reconocido que tengan presencia en la región Loxicha. Mientras, las condenas por vínculos con el EPR siguen su curso e Isabel Alamaraz Matías purga una condena sin sentencia.

Publicado: Enero 2a quincena de 2006