La perversidad del gobernador Pablo Salazar

Durante los últimos meses a Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador de Chiapas, se le ha acusado de represor, así como de traicionar a las mismas bases que lo llevaron a ocupar la máxima responsabilidad del estado, También se le señala como el promotor de un aparato electoral que utilizará para manipular el próximo proceso electoral y, de esta manera, imponer a su sucesor.

Diligencias en el interior del Congreso de Chiapas realizadas  en marzo pasado para aprobar, mediante diversas modificaciones al Código Electoral,  la creación de la Contraloría de la Legalidad Electoral (CLE), y las primeras acciones que este nuevo organismo electoral desempeñó al inicio de su constitución, confirman  las acusaciones de quienes aseguran que Pablo Salazar se hizo una contraloría “a modo” para manipular el proceso electoral que se acerca.

Esta historia se inició durante las primeras semanas de 2005, cuando el gobernador del estado envió al Congreso de Chiapas una iniciativa de reforma a la Ley Electoral para que se aprobara la creación de un organismo electoral descentralizado, pero encargado de fiscalizar los recursos y el desarrollo de las campañas electorales de cada uno de los partidos políticos contendientes del 2006.

Así nació la CLE, organismo único en su tipo en México, que asumirá funciones en cualquier estado, y aún a nivel federal, y que son propias de los institutos estatales electorales y del Instituto Federal Electoral (IFE), respectivamente.

Lejos de ser un avance en materia electoral, los analistas juzgan que la imposición de la CLE en Chiapas (publicada el Diario Oficial del estado el 11 de marzo de 2005) atenta contra la democracia en el estado, y sus atribuciones le restan al IEE funciones clave en el proceso electoral.

Los nombramientos de los funcionarios de la Contraloría han llegado a quienes en algún momento desempeñaron distintos cargos en el gabinete del gobernador,  lo que para los analistas se traduce en un grupo de contralores que intentarían dar continuidad al proyecto de Salazar Mendiguchía por medio de un sucesor impuesto. Esta es una situación que pone en duda la supuesta imparcialidad con la que deben conducirse los organismos electorales.

El hecho de que la CLE tenga atribuciones para “sancionar” a candidatos, partidos o actores políticos, y que los contralores desempeñen el papel de jueces, podría enturbiar y complicar aún más el proceso electoral de 2006, durante el cual se disputarán unas elecciones sin precedentes en Chiapas.

Los riesgos han dado sus primeros pasos. Se trata del primer expediente integrado por la CLE –apenas a unas semanas de su constitución–, es decir, la demanda de un ciudadano de nombre Francisco Javier Jiménez Velázquez contra el diputado federal Emilio Zebadúa González, por medio de la cual lo acusa de violaciones a la ley electoral por realizar “actividades de precampaña anticipada”. Dicha denuncia está integrada en el expediente número CLE/PA/B/001/2005.

Las “irregularidades”, cita la denuncia contra Zebadúa González, van desde “desplegados exorbitantes promoviendo la imagen, nombre, siglas, partido político o colores partidistas, una especie de lucha por ver quien tiene mayor influencia visual en el ciudadano elector”.

Del diputado Emilio Zebadúa cita la denuncia presentada ante la CLE,  “la pinta de bardas [… ] y los espectaculares que ha instalado en esta capital, situación que es violatoria a las recientes reformas electorales por constituir actos anticipados de proselitismo, los cuales se ven incrementados con las famosas `giras de trabajo para integración de su agenda legislativa'.”

Como prueba para sustentar su denuncia, Jiménez Velázquez presentó una fotografía del  promocional y la Contraloría de la Legalidad Electoral, encabezada por Osvaldo Chacón, consideró suficientes los elementos de la denuncia y procedió a su integración.

Para el 24 de agosto, Zebadúa González era notificado del acuerdo de la CLE sobre la investigación en su contra, el 31 de agosto el diputado federal remitía la respuesta a la CLE sobre su denuncia.

Los argumentos de Zebadúa González –el legado dirigido a la Contraloría de la Legalidad Electoral– restan peso a los elementos que la CLE consideró para llevar adelante la querella en su contra. Además, destaca, que, como diputado federal de la ILX Legislatura es su obligación realizar reuniones de trabajo en las comunidades.

Argumenta también la falta de pruebas de los supuestos promocionales, de los que el denunciante únicamente presentó la fotografía de uno de ellos, localizado en la avenida central oriente, entre 13 y 14 norte poniente, en la capital del estado y que muestran la imagen del “Diputado Federal” Emilio Zebadúa, pero sin leyenda alguna con la que se argumente proselitismo rumbo a las campañas por el  gobierno del estado.

Por su parte, Zebadúa llevó su denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que, asegura, quedarán demostradas las “ilegalidades” de la CLE  en su contra.

Ex consejero del Instituto Federal Electoral durante un periodo en el que el IFE se ganó la confianza de los ciudadanos, Emilio Zebadúa González conoce a la perfección códigos y leyes electorales, lo mismo las federales que las de los estados, lo cual, dice, lo autoriza para rechazar tajantemente los argumentos que utilizó la CLE para integrar la denuncia en su contra, y para declararlos ilegales y fuera de toda norma electoral.

La razón de fondo, dice Zebadúa González, es “sacarme de la contienda electoral”.

Por lo tanto, el ex integrante del IFE acusa al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía de haber creado la Contraloría de la Legalidad para restarle poder al IEE, y de utilizar este organismo para “quitar del camino” a los candidatos que tengan mayores posibilidades de ganar la gubernatura del estado, frente “a sus candidatos”: el secretario de gobierno Rubén Velázquez López, y el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sabines.

La traición

Doctor en Derecho, impulsor de la democracia a nivel nacional –a través de su cargo como consejero del IFE– Emilio Zebadúa fue parte del que supuestamente sería el primer gobierno del cambio en Chiapas, un estado dominado a la sombra del cacicazgo priista por varias décadas.

Aunque Salazar Mendiguchía nació como político en el propio tricolor, con su renuncia al PRI en febrero de 1999, y su destape como candidato sin partido, fue acogido entre la ciudadanía como una opción de cambio, lo que le garantizó el triunfo en las urnas.

Salazar Mendiguchía designó a Emilio Zebadúa –prestigiado investigador y docente del Colegio de México– como su segundo de abordo, secretario de Gobierno del estado.

A los pocos meses vinieron los primeros actos represores del gobierno de Pablo Salazar, como la ley mordaza, el distanciamiento de las organizaciones civiles y las no  gubernamentales, la ruptura con los normalistas y el desconocimiento también del EZLN, es decir, con todas aquellas fuerzas que en algún momento dieron su voto de confianza a Salazar Mendiguchía.

En el interior del propio gabinete las fricciones y rupturas no se hicieron esperar. Para el 2003 Zebadúa González declinaba del cargo para erigirse como diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la actual legislatura. Zebadúa  sostiene que entre él y el gobernador Salazar no hubo ruptura alguna, pero acusa que hay un “acoso” del gobrnador a través de la CLE.

Corte A modo

Como experto en organismos electorales, Zebadúa González descalifica desde el procedimiento que dio origen a la CLE y las primeras muestras que dicho organismo a dado como especie de corte para enjuiciar a posibles aspirantes.

“La Contraloría no tiene referente en la legislación federal y ya ha actuado fuera de la ley persiguiendo a varios de los actores políticos, incluyéndome a mí, buscando inhibir la actividad pública y política de los ciudadanos y los legisladores, esto evidentemente ha metido un elemento artificial que ha enrarecido el ambiente, desgastando la confianza que debía haber en las autoridades electorales”.

El hecho de que la propia CLE haya iniciado funciones de fiscal antes del proceso electoral –sostiene Zebadúa– “demuestra que es un instrumento político que se conduce por motivos políticos y que no responde a la lógica de la ley electoral”.

Entrevistado en sus oficinas de Polanco, en la ciudad de México, el diputado federal describe la persecución política del gobernador de Chiapas en su contra por medio de la CLE:

“La Contraloría ha aumentado procedimientos que buscan inhibir mi actividad política en el estado; buscó sancionarme por difundir mi trabajo legislativo, es decir, busca excluirme porque me ven como un posible candidato fuerte a la gubernatura, diferente a las posibilidades de candidatos oficiales impulsados desde el gobierno”.

– ¿A quién más se ha hecho extensivo este acoso?

–A mí particularmente, lo percibo fundamentalmente en mi contra porque es en contra mía que ha hecho declaraciones fuera de lugar, de manera protagónica y extralimitándose en sus  funciones jurídicas el propio presidente de la Contraloría, Osvaldo Chacón.

– ¿Porqué este acoso del gobernador?

–Bueno, yo creo que se debe en parte porque ha visto que mi trabajo ha tenido resonancia entre la ciudadanía, entre las organizaciones sociales importantes, y han visto en encuestas preliminares cómo ha ido creciendo mi posicionamiento en el estado, frente a Rubén Velázquez, cuya candidatura ha querido impulsar  el gobernador dentro del seno del gabinete.

– ¿En qué momento se dio la ruptura con Pablo Salazar?

–En realidad no ha habido ruptura, sin embargo es claro que yo no represento el proyecto de continuidad oficial que el gobierno del estado apoya y que se ve representado tanto en Rubén Velázquez, como en el alcalde de Tuxtla, Juan Sabines, en un esfuerzo también por en el PRI a través de un proyecto de continuidad.

El ex consejero electoral federal exhorta a que Pablo Salazar saque las manos del proceso electoral del estado, pues de lo contrario, dice, estará viciado de origen.3