Por órdenes de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Luis de Pablo Serna, director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), deberá eliminar, antes de marzo, la nómina de 145 funcionarios contratados “irregularmente” para desempeñar labores en el fraudulento proyecto de modernización que arrancó la empresa española Unión Fenosa a un costo de 20 millones de dólares y que nunca fue puesto en marcha.
De acuerdo con las auditorías de la SFP, Luis de Pablo y el subdirector de Recursos Humanos, Rufino Serrano Sierra, manejaron en forma discrecional 61 millones 648 mil 966 pesos anuales de la partida 1201, correspondiente a “Honorarios y Comisiones” del presupuesto anual autorizado por la Secretaría de Hacienda a la CLyFC.
Los órganos internos de control de la empresa realizaron el año pasado una auditoría de tipo específica, identificada con el número 19/05 y concluida el 12 de septiembre de 2005, que revela serias irregularidades en el manejo de la nómina mensual de 145 funcionarios, cuyo sueldo asciende a 5 millones de pesos, por actividades injustificadas y cuyo derroche económico afecta a la paraestatal que desde hace más de una década vive en quiebra permanente.
El proyecto para la supuesta modernización de la paraestatal (Contralínea 29) ha causado un cuantioso quebranto a Luz y Fuerza, porque si bien el programa multimillonario sigue detenido, Luis de Pablo Serna contrató el personal que supuestamente se desempeña en los cuatro sistemas diseñados por Unión Fenosa, una compañía sin experiencia en sistemas de este tipo pero que contó con la complicidad de tres ex directores de la CLyFC.
 A las irregularidades de los tres ex directores generales de la empresa paraestatal (Jesús Jiménez Villafuerte, José Merino Mañón y Alfonso Caso Aguilar, que participaron en las irregularidades de Unión Fenosa en contra la CLyFC), se suman ahora estos abusos en el pago de recursos públicos bajo el encubrimiento de un proyecto clasificado por la propia CLyFC como un asunto de seguridad nacional y que le generó gastos por casi 20 millones de dólares.
Luis de Pablo Serna contrató a personal completamente ajeno a las actividades que realiza Luz y Fuerza y sin la autorización de la Secretaría de Hacienda, incumplió la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, violó la normatividad para la Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios y violentó también el Contrato Colectivo de Trabajo que rige a los trabajadores de la paraestatal.
El fraude
La historia del fraude a Luz y Fuerza (Contralínea 29) se originó apenas en el segundo año del sexenio de Ernesto Zedillo, en 1996, cuando el entonces director general Jesús Jiménez Villafuerte aprobó la adquisición de un software a través del cual se modernizaría el sistema de operación de la red de 20 kilómetros cuadrados, en donde se genera la electricidad que se produce en México.
El plan de modernización se planteó a través de la instalación de cuatro sistemas: Sistema de Información Económica (SIE), Sistema de Gestión del Abastecimiento (SGA), Sistema de Gestión Comercial (SGC) y Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARH).
Las irregularidades fueron desde la manera en que se formalizó el proyecto, mediante la adjudicación directa de los contratos a Unión Fenosa, dado que el sistema eléctrico en México, al igual que en cualquier país del mundo, es considerado como un asunto de seguridad nacional y la injerencia no solo de extranjeros sino de particulares es violatoria a la Constitución Mexicana.
Aún así, al firmar el contrato con Unión Fenosa (hoy día una de las principales beneficiadas con los contratos privados para la generación de energía), Jiménez Villafuerte otorgó a la empresa extranjera información confidencial sobre el sistema eléctrico nacional y la libertad para su manipulación.
Toda la operación se efectuó sin la autorización de la Secretaría de Hacienda, sin contar con el visto bueno de la Secretaría de la Función Pública y, sobre todo, a espaldas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en clara violación al Contrato Colectivo de Trabajo, pues el esquema de Unión Fenosa proyectaba eliminar considerablemente la planta laboral.
El “Proyecto de Modernización” fue fraccionado en nueve contratos (cuyas copias obran en poder de Contralínea) y su periodo de aplicación y vigencia oficialmente se desarrollaría en tres años, de 1996 a 1998.
Aunque los dos primeros contratos, aprobados por Jiménez Villafuerte, presentaron atrasos e incumplimientos por parte de UF, entre enero de 1997 y diciembre de 2000, el entonces titular de la CLyFC, José Merino Mañón, autorizó otros 7 contratos y prórrogas que se extendieron hasta diciembre de 2000, último mes de gestión de Merino, sin que se aplicara a UF sanción alguna por incumplimientos.
En el gobierno foxista, el presidente de la República nombró a Alfonso Caso Aguilar al frente de la CLyFC, quien además de encubrir el fraude aprobó más prorrogas a UF sin notificar a los órganos internos de control ni a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aunque desde 1996, aunado a la firma de contratos y las negociaciones con UF, los tres ex directores autorizaron el alquiler de un inmueble en Avenida Juárez 90, colonia Centro, en el Distrito Federal, y el pago de honorarios diarios a personal contratado por UF para “el proyecto”.
En enero de 2002, unos meses después de que Caso Aguilar ratificara y renegociara el último de los 9 contratos con UF, la Unidad de Auditoría Gubernamental de la entonces Secodam ordenó una auditoría directa a la CLyFC sobre los contratos., cuyos resultados confirman las irregularidades y la discrecionalidad con que negociaron con UF.
Sin embargo, no se ejerció acción penal alguna en contra de los funcionarios involucrados, aunque el director Caso Aguilar fue destituido del cargo en medio de una silenciosa complicidad de la Presidencia de la República, al señalar que “así convenía a los intereses”, sin aclarar que los órganos internos de control habían descubierto cuantiosos sobornos otorgados a Caso Aguilar por parte de la compañía francesa Alstom, a cambio de contratos millonarios para la compra de insumos.
Los aviadores
Abogado egresado de la UNAM, el escándalo de Caso Aguilar llevó a Luis de Pablo, exdirector general de Ferrocarriles Nacionales de México, a hacerse cargo de la CLyFC por nombramiento de Vicente Fox.
Rechazado de inicio por los trabajadores, que lo recordaban como quien llevara a Ferronales a su desmantelamiento y su posterior privatización, Luis de Pablo tomó el cargo en Luz y Fuerza en mayo de 2002.
Aunque no fue él quien firmó los contratos con UF, sí tuvo conocimiento de los alcances de este fraude, que prácticamente con el candado impuesto por la propia paraestatal para reservar la información de dicho proyecto modernizador como un asunto de seguridad nacional, pretende sepultarlo por lo menos en lo que resta del gobierno.
En entrevista con Contralínea en agosto de 2004, Horacio Medésigo, director Comercial de CLyFC, reconoció que el proyecto contemplaba modificaciones sustanciales al Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores, sin que éstas fueran planteadas en ningún momento a la dirigencia sindical del SME.
Pero además, la supuesta modernización violentaba las observaciones de Contraloría, pues según la auditoría interna el proyecto de UF presentaba serias irregularidades y que prácticamente el proyecto no fue concluido y a pesar de ello Luis de Pablo ordenó la contratación de los 145 funcionarios con onerosos salarios.
Documentos internos del área de Recursos Humanos de la CLyFC, operada por Rufino Serrano Sierra, excompañero de universidad de Luis de Pablo, indican que por lo menos desde 2003 se contrató personal bajo el supuesto de que desempeñan labores en los cuatro sistemas de modernización, pero ninguno está en operación, de acuerdo con datos de la propia CLyFC.
Para el llamado Sistema de Información Económica (SIE), Luis de Pablo ordenó la contratación de 27 personas con sueldos que van de los 66 mil 559 pesos mensuales en el puesto de jefe de Proyecto, asignado a Rafael León Barrios, al sueldo menor de 10 mil 446 pesos para apoyo administrativo.
Después de Barrios León, el segundo salario más alto de las 27 personas contratadas para el SIE, es el de Luis Ricardo Callejas Martínez, quien percibe 49 mil 404 pesos mensuales como “consultor”, seguido por el jefe de equipo Feliz Rabiela Aureoles, quien recibe 44 mil 381 pesos mensuales.
En este mismo esquema, hay otros 7 consultores con sueldos de 40 mil 175 pesos mensuales, ellos son Gerardo Gutiérrez Reséndiz, Angélica Patricia Espinosa Pérez, Roberto Villalobos Fernández, Emilio Barrón Flores, Iván Caballero Luna, Pablo Vicente Guizar Ramírez y Edelmira Leano Pérez.
Otros consultores son: Francisco Javier Vázquez Manríquez, con sueldo de 36 mil 783 pesos; Gustavo González Briseño, 36 mil 408 pesos; Miguel González Avelar, 35 mil 354 pesos. Con sueldos de 34 mil pesos: David Islas De León, Humberto Specia Moreno, Ignacio Guadarrama Islas y Marcos Romero Arriaga. Un consultor con sueldo de 32 mil pesos, Mario Garza Ponce. Un consultor con sueldo de 23 mil pesos, Francisco José De la Vega Cedillo, otro con 21 mil pesos: Tania Berenice Campos Ramírez. Un consultor con sueldo de 13 mil pesos: José Ángel Hernández Navarrete. Como Apoyo administrativo: Salvador Jasso Arroyo, con 26 mil 775 pesos; José Edmundo Quintero Sánchez, Carolina Cisneros Prado y Rogelio Bravo Ramírez, reciben un sueldo de 18 mil 959 pesos; Elizabeth Aguilar Rodríguez, Roberto Hernández Contreras y Mónica Rodríguez Soto con sueldos de 10 mil pesos.
Para el llamado Sistema de Gestión Comercial (SGC), De Pablo autorizó la contratación de 58 personas con sueldos desde 46 mil pesos a 14 mil pesos mensuales.
Para el llamado Sistema de Gestión del Abastecimiento (SGA) contrató a 18 personas con sueldos de 34 mil a 17 mil pesos. Para el llamado Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARH) a 12 personas con salarios de 63 mil a 28 mil pesos mensuales.
La auditoría interna realizada por los órganos internos de control a la Subdirección de Recursos Humanos de CLyFC, concluyó que todas estas personas fueron contratadas de manera irregular y que además de su contratación para las actividades que algunos supuestamente desempeñan no corresponden a las que se desarrollan en CLyFC.
La tercera edad
Además, de manera general, la auditoría habla de graves irregularidades de este personal en el periodo de enero a diciembre de 2004 como:
“Carencia de políticas y procedimientos internos que normen la contratación de servicios profesionales por honorarios; inexistencia de documentos que acrediten la experiencia del personal que es contratado por honorarios; falta de solicitud por parte de trabajadores que son empleados bajo este régimen para que se les considere asimilables a sueldos y salarios, además de la declaración de Luz y Fuerza que es su único patrón”.
Las irregularidades que señala el Órgano Interno de Control alcanza a funcionarios contratados en otras responsabilidades, en donde como dato adicional estos servidores públicos son mayores de edad, entre los 69 y los 70 años, como Severo López Mestre, con cargo de coordinador de seguridad por un sueldo de 57 mil 129 pesos. Un dato adicional es que López Mestre tiene 70 años de edad.
Caso similar es el de Rubén Antonio Flores Ortiz, contratado como jefe de formación del llamado Sistema de Gestión Comercial (SGC), quien cuenta con 69 años, y Víctor Palafox Ramírez, jefe de cobros del mismo Sistema de Gestión Comercial del proyecto modernizador, con 76 años, y Alberto Adolfo Pozanelli Fiorentini, consultor de organización y formación del llamado Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARH), quien tiene 69 años de edad y es el responsable de “modernizar” Luz y Fuerza del Centro, o Alicia Aldama Anell, contratada como apoyo administrativo a sus 79 años de edad.
En las contrataciones, señala la auditoría, se incumplió las disposiciones que fija la Secretaría de Hacienda en la contratación de personal de honorarios; es decir, de enero a diciembre de 2004, el manejo de los poco más de 61 millones de pesos que la SHCP autorizó a CLyFC para dicho rubro fue utilizado de manera irregular.
Además, indica que este personal que cobra mensualmente en CLyFC no es supervisado respecto a las labores que realiza, y que “al no existir lineamientos establecidos por parte del área rectora, se contrata a personal que no cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo la actividad para las que fue contratado”.
La auditoría, firmada por Luis Alonso Reza Olivas, titular del Órgano Interno de Control en Luz y Fuerza del Centro, cita el caso de Beatriz Guillermina Rivera Lugo, a quien pagan mensualmente más de 40 mil pesos con un puesto oficial –de acuerdo con documentos internos de la Subdirección de Recursos Humanos de la CLyFC- como “consultora”.
La auditoría cita que, de acuerdo con la información proporcionada por el área que dirige Rufino Serrano Sierra, Beatriz Guillermina Rivera Lugo fue contratada para llevar a cabo actividades como: “realizar las funciones de control de inventarios de bienes materiales, así como apoyo logístico para la adecuada implantación del Sistema”, sin embargo, los órganos de control descubrieron que Rivera es licenciada en Escenografía, “lo cual nos lleva a concluir que no tiene los conocimientos adecuados para lo cual fue contratada”.
El OIC señala también el caso de Félix Ráviela Aureoles, contratado para “dar asistencia técnica para el Sistema de Administración Financiera, asesorar en el desarrollo de sistemas para la Gerencia de Presupuestos, realizar actividades para la documentación de metodologías de cálculo y procedimientos presupuestales”, pero tiene título de licenciado en Administración de Empresas Turísticas, “conocimientos que no son congruentes con la actividad que le encomienda esta entidad”.
De manera general e irregular, la Subgerencia de Asuntos Colectivos Corporativos de CLyFC no realiza supervisión alguna respecto a las actividades por las cuales es contratado el prestador de servicios profesionales por honorarios, “además de no dar un debido seguimiento al contrato celebrado con la entidad, respecto a la cláusula séptima en lo relativo a los informes de actividades a que está obligado presentar”.
Luego, indica, la misma Subdirección de Recursos Humanos tampoco tiene norma interna alguna que justifique el procedimiento mediante el cual contrata personal por honorarios, y no hace supervisión respecto a las funciones de la solicitud, la contratación, reporte de actividades y trámite del programa de honorarios, con lo que incurre en el manejo discrecional de la partida autorizada por Hacienda para este rubro.
Los efectos, cita la auditoría, son que la CLyFC contrata personal sin experiencia o sin el perfil, “no existe apego a la normatividad expedida por la Secretaría de Hacienda; inadecuada aplicación de los recursos asignados al rubro de honorarios; no existe estricta congruencia entre la retribución que se fija en el contrato celebrado por la prestación del servicio con las actividades encomendadas”.
Si bien el sistema eléctrico mexicano es considerado constitucionalmente como asunto de seguridad nacional, y el llamado Proyecto de Modernización –aunque diseñado por una empresa extranjera- fue clasificado de la misma manera por los propios directivos de CLyFC, por contener “información de carácter estratégico”, esto no sirvió de freno para que se contratara a personal sin experiencia y con atribuciones de firmar documentos oficiales y de tener subordinados.
La auditoria cita el caso de Lorenzo Delfino Méndez, “que tiene personal a su cargo y además firma documentos oficiales, quien firma como Auxiliar Administrativo de la Subgerencia de Servicios en los contratos menores que celebra el área”, lo que constituye una violación a las normas fijadas por la SHCP en materia de Servicios Profesionales por Honorarios.
Los contralores detectaron también errores en los contratos elaborados por Luis de Pablo para el personal que el funcionario aprobó bajo el rubro de Servicios Profesionales por Honorarios, irregularidades de forma como el que no fija los límites de la relación de derechos y obligaciones de cada persona contratada bajo este rubro.
Se detectó también la ilegal contratación de jubilados de la misma CLyFC, que actualmente reciben el monto de su pensión o cuota de jubilación, pago de ahorro cuatrimestral y aguinaldo de fin de año, así como las prestaciones de previsión social que reciben todos los trabajadores de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo vigente.
Luis de Pablo permitió la contratación de personal que cobra doble sueldo, entre los que destaca Manuel Ávila Castillo, ingeniero mecánico electricista jubilado y recontratado “para desarrollar un sistema para la gestión de las solicitudes de servicio y su consulta a través de Internet, para realizar las actividades para lograr la Interfaz de la información de las solicitudes de servicio con el Sistema de Gestión Comercial”, con sueldo de 36 mil pesos en su doble nómina.
El mismo caso presenta Alberto Torres Bautistam “quien se obliga a desarrollar las actividades de coordinación y control del proyecto del Sistema Administrativo de Recursos Humanos” con el mismo sueldo y doble nómina.
La auditoria señala que “las personas anteriormente mencionadas se identificaron con credencial de jubilado y con credencial de servicio médico, mismas que son expedidas por funcionarios de la Entidad”, por lo que, como medida preventiva al respecto, la Subdirección de Recursos Humanos “deberá establecer políticas y lineamientos específicos, respecto a la contratación de Prestadores de Servicios por Honorarios, en lo sucesivo para evitar que estas personas guarden alguna relación laboral con la Entidad (Personal de Confianza)”.
Maniatada
Las equivocaciones de Rufino Serrano Sierra, respecto a la elaboración errónea de los contratos de prestación de servicios para trabajadores de honorarios –detectada por la Contraloría-, tuvo sus primeros efectos jurídicos en detrimento de la paraestatal.
Funcionarios como Rufino Serrano Sierra, Eduardo Muñoz Aguilar, Guillermo Marco Alfonsín Ramos, Martha Martínez Mendoza, Olga Rosa Romero Ruano, Jaime Luna Traill, Carlos Carmona Garduño, Mario Barreiro Perera, Juan Carlos Campuzano Meza, Teresita Olaguibel Medrano, José Daniel Román Pineda, Irmka Pérez Pérez, Severo López Mestre, Horacio Romo Vázquez, Rafael León Barrios, Miguel González Avelar, César Serna Smith, Juan Castillo Melo, Félix Rabiela Aureoles, Gustavo González Briseño, Luis Ricardo Martínez Callejas, Héctor Torres Aguilar, Sergio Ramón Uribe Morales, Francisco Enrique Muñoz Arreola, Víctor Palafox Ramírez y Raúl Chávez Bernabé, presentaron una demanda laboral radicada en la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje N. 5, en el DF, integrada en el expediente 975/04, en la que piden todos “por el merecimiento de un puesto a nivel gerente”.
Sobre las anteriores irregularidades, se solicitó entrevista con el director general de Luz y Fuerza y con el subdirector de Recursos Humanos de la paraestatal, pero rechazaron cualquier entrevista.
Están matando a Luz y Fuerza: SME
La contratación del personal de honorarios hecha por Luis de Pablo desde el inicio de su administración responde, en consideración de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a un mandato gubernamental del sexenio foxista de “matar de inanición a Luz y Fuerza, despilfarrando sus recursos para justificar la privatización”, señala en entrevista el secretario del Exterior y vocero del SME, Fernando Amezcua.
Señala que ante el manejo discrecional que ha hecho Luis de Pablo de la partida autorizada por la SHCP para la contratación de personal de honorarios, desde hace unos meses le solicitaron la cancelación de las plazas de confianza de personal contratado no sólo para el Proyecto de Modernización, sino para el que labora en otras áreas sin experiencia en los puestos que desempeñan y para lo que sí cuenta el personal del SME.
“Definitivamente no aceptamos ese tipo de contratación, ya que viola la relación del contrato bilateral que debía haber entre la Compañía (Luz y Fuerza) y el sindicato (SME), y si a esto sumamos que una auditoria reciente elaborada en la Cámara de Diputados determinó que la contratación de este tipo de personal no es legal, esto nos da la razón de que este personal no debía existir”.
Fernando Amezcua confirma que la mayoría de personal contratado por Luis de Pablo son ex trabajadores de confianza, jubilados y recontratados, con dobles salarios, además de las prestación propias de su jubilación, lo que es una violación al Contrato Colectivo de Trabajo y a la negociación bilateral.
Sobre el Proyecto de Modernización diseñado por Unión Fenosa, señala Amezcua, el SME solicitó a Luis de Pablo dar por cancelados los contratos con la empresa española, toda vez que “no han funcionado los sistemas que vendieron, y por otro lado, Unión Fenosa solicitaba mayor tiempo para terminar el proyecto y también más dinero, argumentando que sus programas ya eran obsoletos y que debían actualizarse”.
Los propios argumentos de Unión Fenosa, señala el vocero del SME, dieron a la dirigencia sindical los argumentos jurídicos para exigir a Luis de Pablo la cancelación de los contratos, aunque oficialmente, aclara, De Pablo no les ha informado sobre la cancelación o si hubo nuevas renegociaciones con Unión Fenosa.
Paralelamente, el SME prepara, en colaboración con especialistas del Instituto Politécnico Nacional, un programa real de modernización de la paraestatal, lo que echa por tierra los argumentos de funcionarios como Horacio Medesigo, quien argumentó que la negativa del SME para modernizar Luz y Fuerza era lo que impedía instalar el proyecto de Unión Fenosa. (Ana Lilia Pérez)
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Publicado: Enero 2a quincena de 2006
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