Sin rendir cuentas a nadie y en tan sólo año y medio, de enero de 2002 a junio de 2003, el fideicomiso Aduanas I erogó 2 mil 348 millones de pesos derivados del cobro irregular del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), revela un análisis de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La cifra ejercida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) –fideicomitente–, sin licitación alguna, equivale al 74.3 por ciento de los ingresos obtenidos en este mismo periodo, que ascendieron a 3 mil 160 millones de pesos y que, aunque son recursos públicos, se sufragan como privados y sin ningún tipo de vigilancia bajo el amparo del secreto fiduciario.
La suma de la que se dispone al margen del presupuesto federal en el fideicomiso 954-8, conocido como Aduanas I, no es menor. Tan sólo al primer trimestre de 2005 esta figura fiduciaria resguardó un patrimonio de 19 mil 523 millones 753 mil pesos, indican los estados financieros y balances generales obtenidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Y a pesar de que tanto la SFP como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han comprobado irregularidades en el manejo de los millonarios recursos públicos, a través de este fideicomiso que opera con carácter de privado, hasta ahora ningún servidor público ha sido responsabilizado por estos hechos.
Documentos en poder de Contralínea descubren que entre los operadores del Aduanas I destaca el propio secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien en su calidad de subsecretario de Ingresos durante la administración salinista (1988-1994) constituyó esta figura fiduciaria el 23 de mayo de 1993 en Nacional Financiera (Nafin).
Pero el llamado “fiscal de hierro” no es el único funcionario del gobierno foxista implicado en la creación y administración del controvertido fideicomiso: una vez firmado el convenio, Gil Díaz colocó en el Comité Técnico del Aduanas I a sus subordinados y hombres de confianza: Rubén Aguirre Pangburg –actual subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)–, Luis Manuel Gutiérrez Levy –quien ahora se desempeña como oficial mayor en esa misma secretaría– y Emilio Romano –director general de Mexicana de Aviación, recién vendida al Grupo Posadas de Gastón Azcárraga–.
Otro alto funcionario relacionado con la operación directa del fideicomiso es José María Zubiría, titular del SAT –dependencia señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como responsable de millonarios quebrantos patrimoniales supuestamente cometidos en el primer trienio foxista a través del Aduanas I–.
Además de estos personajes, el resultado de la auditoría de la SFP, identificada con el número 160/2003, evidencia que la fiduciaria Nafin, dirigida por Mario Laborín Gómez, también tiene responsabilidad en este caso.
En su recomendación preventiva el Órgano Interno de Control (OIC) en Nafin señala que “para salvaguardar su responsabilidad fiduciaria se deberá vigilar que el esquema operativo del fideicomiso y disposiciones legales aplicables se ajusten a los fines y términos establecidos en el contrato y convenio modificatorio”.
Anomalías en Aduanas I
El oficio número 06/780/514/2003, girado por el titular del OIC en Nafin, Jorge Sánchez Baca, señala que entre las irregularidades detectadas en la administración del fideicomiso SHCP Aduanas I, destaca la omisión del SAT de enterar los recursos provenientes del cobro del DTA a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
En la cédula de observaciones, también correspondiente a la auditoría 160/2003, se revela que el monto involucrado en esta anomalía equivale al total de los ingresos: 3 mil 160 millones de pesos, pues el SAT no reportó ni un solo peso a la Tesorería como lo marca la ley.
El documento de fecha 24 de septiembre de 2003 indica: “El mecanismo establecido por el SAT, para la transferencia de los recursos al fideicomiso a través del sistema bancario para cubrir las contraprestaciones de los importadores y exportadores de la República Mexicana, difiere de lo estipulado en el convenio modificatorio al contrato del fideicomiso que indica que éstos serán entregados por conducto de la Tesofe”.
La observación “por su relevancia fue incorporada al Sistema de Información Periódica de la Secretaría de la Función Pública”, advierte el informe del OIC. Y es que de acuerdo con la Auditoría Superior, esta anomalía ha implicado daños patrimoniales por 9 mil 347 millones de pesos, supuestamente cometidos por el SAT en el primer trienio de la administración foxista.
Según documenta la ASF, al no enterar los recursos provenientes del DTA a la Tesofe y depositarlos en forma indebida al fideicomiso, la institución encabezada por Zubiría incurrió en por lo menos tres quebrantos en contra de la hacienda pública: en 2001 por 4 mil 561 millones; en 2002 por 2 mil 200 millones, y en 2003 por 2 mil 585 millones de pesos.
Complicidad en SFP
En su informe sobre la auditoría 160/2003, la SFP comprueba las anomalías que han generado los supuestos daños al patrimonio federal, y aunque ésta no es la primera vez que la dependencia encabezada por Eduardo Romero Ramos detecta irregularidades relacionadas con el cobro del DTA, hasta ahora ningún servidor público ha sido llamado a cuentas.
El 24 de octubre de 2002 la coordinación de asesores del entonces secretario Francisco Barrio Terrazas recibió un análisis elaborado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, entonces denominada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
El documento expone que “por principio, su manejo (del fideicomiso) no se encuentra regulado por las disposiciones que rigen el ejercicio de los recursos públicos. El artículo 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que todos los fondos que dentro territorio nacional se recauden por cualquiera de los auxiliares, por los diversos conceptos fiscales y otros que perciba el gobierno federal, por cuenta propia o ajena, deberán concentrarse invariablemente en la Tesorería, en la forma y términos que establezca el reglamento de la referida Ley”.
Sin embargo, el mismo análisis de siete fojas justifica legalmente este hecho al exponer que tanto las contraprestaciones pagadas por importadores y exportadores como el DTA se enmarcan en el “supuesto de excepción previsto en el artículo 32 del reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación”.
Así, la actuación de la SFP –institución responsable de sancionar los abusos y la corrupción en el Poder Ejecutivo– se ha reducido a idear el descargo a favor de funcionarios de primer nivel de la actual administración, principalmente al secretario de Hacienda.
El 12 de septiembre de 2005, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Cámara de Diputados por la glosa del V Informe de Gobierno del presidente Vicente Fox, el secretario de la Función Pública, Romero Ramos, dijo que las investigaciones en proceso sobre supuestas irregularidades en el fideicomiso Aduanas I no necesariamente implicarían sanciones y responsabilidades contra servidores públicos. Lo que garantiza la impunidad de los implicados.
Otras irregularidades
Como parte de la auditoría 160/2003, practicada por la Secretaría de la Función Pública a la administración del fideicomiso SHCP Aduanas I, se documentaron otras dos anomalías imputables a la fiduciaria Nacional Financiera.
La primera involucra un monto de 654 millones 700 mil pesos y se refiere a la tenencia irregular de las acciones de las empresas Integradora de Servicios Operativos S. A. (ISOSA) e Integradora de Activos S.A. (IASA).
En el caso de ISOSA, el fideicomiso sólo cuenta con certificado provisional y en el caso de IASA, la tenencia accionaria está a favor de otra compañía denominada Integradora de Servicios, desaparecida desde 1994.
La segunda irregularidad corresponde a la cuenta de deudores diversos que presenta un saldo de 3 millones 800 mil pesos, y que según la auditoría hecha por el OIC “se ha generado erróneamente desde junio de 2002 por concepto de devolución de recursos a Tesofe, derivada de los rendimientos de los depósitos en exceso realizados por los bancos en las cuentas del fideicomiso”.
El documento advierte que “la fiduciaria emite estados financieros del fideicomiso que presentan derechos de cobro a cargo de la Tesofe que no existen”; por ello, el OIC recomienda a Mario Laborín Gómez, titular de Nacional Financiera, que “a efecto de que la fiduciaria emita información veraz del fideicomiso sin administración, (debe) establecer como política y procedimiento, depurar periódicamente las cuentas colectivas”. |
Flujo de recursos
En el oficio número 06/780/514/2003, entregado a Contralínea después de un complejo proceso jurídico entablado ante el IFAI, la Secretaría de la Función Pública revela el flujo de los recursos provenientes del cobro de derechos a importadores y exportadores, y que el Servicio de Administración Tributaria omite enterar a la Tesorería de la Federación:
“Mediante las circulares emitidas por el SAT, 326-SAT-IV-22146 y 326-SAT-IV24634 de fechas 21 de octubre y 14 de noviembre de 2002, respectivamente, se dio a conocer a las instituciones bancarias autorizadas las condiciones para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Aduanera, así como la distribución de los Derechos de Trámite Aduanero como sigue: Fideicomiso Aduanas I, 53.04 por ciento depósito correspondiente al pago que como contraprestación realizan los importadores y exportadores; Fideicomiso Aduanas I-A, 33.91 por ciento como segundo reconocimiento y Tesofe, 13.05 por ciento por concepto de trámite aduanero, previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos”, señala el documento. |
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