El Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que dota de recursos al Seguro Popular, transfirió en forma irregular más de 70 millones de pesos al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), lo que podría “poner en riesgo la atención médica a la población que vive con este padecimiento”, revela una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2004, que presentó el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, Censida adquirió medicamentos antirretrovirales por 74 millones 108 mil pesos con recursos del fideicomiso que opera el Seguro Popular.
Sin embargo, el órgano de fiscalización no tuvo acceso a la revisión de recursos, y por ello “en la Cuenta Pública 2004 no se emite la rendición de cuentas de dichos recursos, ni se explica el por qué no se registran como presupuesto ejercido, ni el origen ni el importe de los mismos”, señala el documento.
Ante esta situación, la ASF asevera que esto implica que la información presentada “no contenga el total de los recursos que fueron ejercidos para el cumplimiento de las metas establecidas por el Censida”, de las cuales supuestamente fueron para atender a casi 10 mil pacientes infectados con el virus.
La Auditoría expone que Censida manifestó que los recursos del fideicomiso fueron programados para atender a 9 mil 885 pacientes que son atendidos con medicamentos antirretrovirales. Los más de 70 millones de pesos fueron erogados en dos ejercicios para ampliar en 20 por ciento la adquisición de las medicinas.
Las compras fueron a través de licitación internacional 00012005- 020-03, por un monto de 48 millones 158 mil pesos, y la 00012005-011-04 por la cantidad de 25 millones 950 mil pesos, todo aprobado por el comité técnico del fideicomiso.
Denuncias ante la SFP
Luego de que la ASF analizara la documentación presentada por Censida para llevar a cabo la fiscalización de los recursos, se constató que las adquisiciones fueron programadas por las autoridades de la Secretaría de Salud (SS), de la cual depende ese centro de prevención.
Mediante el oficio DGPOP.03/01816, fechado el 27 de julio de 2004, el director de Programación y Presupuesto de la SS comunicó al director de Censida, Jorge Saavedra López, que para “atender con oportunidad a personas con Sida en diversas entidades del territorio nacional, se cuenta con la suficiencia presupuestal de recursos federales por 75 millones 924 mil 512 pesos para la adquisición y distribución de 23 diferentes claves de medicamentos.”
No obstante, la ASF verificó que de acuerdo con el estado de ejercicio fiscal del organismo, al mes de que fue emitido el comunicado no se contaba en el presupuesto con los recursos señalados, “lo cual se confirma con lo antes expuesto de que las adquisiciones adicionales multicitadas fueron cubiertas con recursos del fideicomiso del 'Sistema de Protección Social en Salud'”.
La Auditoría apunta que en la “triangulación de recursos” que se llevó a cabo, provocó un atraso en la liquidación a suministradores y, en consecuencia, “demandas en contra de Censida ante la SFP por falta de pago oportuno de algunos proveedores de medicamentos”.
Presupuesto a la baja
El informe de la ASF señala que en el ejercicio presupuestal del 2003, Censida operó con 367 millones 500 mil pesos, con lo cual atendió a 7 mil 121 pacientes. Sin embargo, un año después sólo fueron autorizados recursos por 300 millones 350 mil pesos y “la consecución de sus metas sólo pudo ser lograda con los recursos que le fueron proporcionados por el 'Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud'”.
El detrimento mayor ocurrió en 2005, cuando la Cámara de Diputados autorizó el manejo de tan sólo 200 millones 315 mil pesos para la prevención y atención del SIDA en la población en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mientras que al Seguro Popular se le asignaron 300 millones 300 mil pesos para desempeñar la misma actividad.
Esta situación, puntualiza la ASF, “dejan de manifiesto que año tras año el presupuesto directo asignado a Censida para la actividad sustantiva mencionada, se ha venido reduciendo”.
Aclara que no obstante que las adquisiciones de los medicamentos antirretrovirales no se han suspendido debido a las aportaciones del fideicomiso que maneja el Seguro Popular, “si se ha visto afectada la operación del Censida en esta actividad” por la triangulación de recursos.
La ASF puntualiza que este manejo de los recursos se opone al reglamento interno de la SS que señala que todos los organismos descentralizados de esta dependencia “gozarán de autonomía operativa, técnica y administrativa” y de “ejercer desconcentradamente el presupuesto autorizado”.
Advierte que con este tipo de operaciones financieras, se “puede poner en riesgo el cumplimiento del objetivo esencial de Censida al no tener la seguridad de contar con la disponibilidad financiera para continuar con la atención médica a la población que vive con el VIH/SIDA”.
“Se ha generado una dependencia presupuestal del Censida con el fideicomiso, que en caso de cualquier imprevisto que requiera de una disposición cuantiosa de recursos por parte del gobierno federal para atender y apoyar la solución de eventuales fenómenos o situaciones catastróficas en materia de salud, podría poner en riesgo el tratamiento de los pacientes”, apunta.
Además, comprometería las metas fijadas para este rubro en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Salud y en el compromiso signado por México en la declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de detener la epidemia del SIDA para el año 2015.
Postura oficial
Jorge Saavedra López, titular de Censada, niega que haya problema alguno con la triangulación de recursos del fideicomiso del Seguro Popular a Censida, mismos que han derivado en advertencias de alto riesgo señaladas por la Auditoría.
Señala que la adquisición de antirretrovirales se ha hecho con toda transparencia. “La compra de medicamentos la licitamos públicamente, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones del gobierno federal”.
Respecto de la triangulación de recursos, Saavedra dice que “sólo un señalamiento administrativo que ya está aclarado. Las sugerencias de la ASF sólo corresponden a los mecanismos administrativos para que no se mezclen los recursos del Seguro Popular con los del Censida, por lo que yo no veo ninguna situación irregular al menos en materia transparencia”, dice.
Daños patrimoniales
La ASF reporta que se detectó una malversación de los fondos públicos por más de 6 millones de pesos en la compra de medicamentos antirretrovirales, lo que podría ocasionar un daño patrimonial al erario, y solicita que sea aclarado el expendio de más de un millón de pesos por la adquisición de condones a través de licitación nacional cuando se pudieron haber ahorrado recursos si el concurso se hubiera abierto a los proveedores internacionales.
Se especifica que el Censida adquirió medicamentos por 295 millones 98 mil pesos a través de la licitación pública 00012005- 020-03, de la cual se celebraron cinco contratos con las empresas: Medical (3 millones 350 mil pesos); Farmacéuticos Maypo (39 millones 426 mil pesos); Fármacos Especializados (102 millones 533 mil pesos); Glaxosmithkline México (128 millones 714 mil pesos).
Al respecto, la ASF señaló que Censida no comprobó el pago de 5 millones 955 mil pesos, que corresponden a la diferencia entre los 295 millones 98 mil pesos que el organismo reportó como erogados, contra los 289 millones 143 mil pesos que pudo comprobar documentalmente mediante pólizas de egresos soportadas con los contratos de adquisición, facturas y remisiones.
Apunta que al analizar la documentación que demuestra el uso de los más de 280 millones, que ampara la entrega de antirretrovirales “se constató que no se aplicaron las penas convencionales por las entregas extemporáneas de medicamentos, por 172 mil pesos”. Ambas situaciones, dice la ASF, podrían significar un daño al patrimonio público por un total de 6 millones 127 mil pesos.
Respecto a la compra de condones, el informe señala que se adquirieron y distribuyeron 3 millones 47 mil 600 que costaron al erario público 3 millones 676 mil pesos para distribuirlos -por medio de organizaciones civiles y en reuniones masivas- en las poblaciones con mayor riesgo y vulnerabilidad.
En este rubro, el órgano de fiscalización solicita que sean recuperados más de 1.5 millones ya que luego de celebrada la licitación nacional 00012005-007-04 se determinó que en el concurso se pudo haber incrementado la compra de condones en casi 3 millones.
“En virtud de lo antes expuesto, se denota que en la adquisición de los condones no se cumplió con los principios de eficiencia y economía, toda vez que de haberse realizado el procedimiento de adjudicación mediante licitación pública internacional se pudo haber tenido un ahorro en la adquisición de los condones de 1 millón 573 mil pesos”, dice el documento.
Jorge Saavedra, director general del Censida acepta que hubo un mal manejo de las finanzas públicas en la compra de condones por lo que se pudo haber ahorrado más de 1.5 millones de pesos.
Dice que “lo que nos recomendó la ASF es hacer licitaciones internacionales para poder comparar precios. Hay algunas cuestiones de la ley que tienen que ver con adquisiciones que nosotros las tenemos que seguir, nosotros no las hicimos pero las tenemos que cumplir y efectivamente cuando se abren los procesos a nivel internacional es posible obtener mejores precios”.
Movimiento civil
Jorge Sosa, pastor de la Iglesia de la Reconciliación, que forma parte de las asociaciones civiles que están pendientes de los enfermos de SIDA, critica que existan este tipo de irregularidades. “Censida sigue siendo insuficiente y uno de los grandes problemas es el burocratismo que frena la atención adecuada y oportuna de las personas.
“Debemos ser concientes de que todos estamos en el mismo barco, de que las enfermedades son democráticas, no excluyen a nadie y que si no hacemos algo por nosotros, como informarnos y cuidarnos al margen de miedos y amenazas, nadie lo va a hacer, señala el pastor.
Además del burocratismo que existe en las instituciones, diferentes organizaciones no gubernamentales coinciden en que pese a que en México la enfermedad afecta a 102 mil 547 personas, no existen políticas públicas definidas para atender este mal.
Martín Luna, coordinador del Centro de Atención Profesional a Personas con SIDA (Cappsida), dice que desafortunadamente no existen todavía los mecanismos suficientes para hacerle frente al virus que ha acabado con la mitad de la población infectada en nuestro país.
“La epidemia en nuestro país ha ido aumentando, según las cifras oficiales hay poco más de 100 mil personas con VIH o Sida, más de la mitad de estos han fallecido a causa de la enfermedad y tiene que ver con el difícil acceso al tratamiento”.
“Tiene que ver con la ausencia de acciones de prevención, no ha habido campañas efectivas que hablen del impacto que tiene la epidemia en nuestro país y debemos de ampliar las acciones preventivas en el caso de los jóvenes y de las mujeres”, dice el coordinador de Cappsida.
Ramiro Macías, quien está al frente de la organización Niños de la Calle con Sida (Nicasi) apunta: “No recibimos ningún apoyo gubernamental, y a nivel nacional el esfuerzo es de las organizaciones civiles.”
Supervivencia ante el VIH
Uno de los ejemplos de la afectación del burocratismo, negligencia y discriminación que padecen los enfermos de VIH es el de Omar Montoya, quien desde hace 12 años sobrevive a la enfermedad. En 1995 tuvo la oportunidad de atenderse en Estados Unidos. Sin embargo, en el 2000 una lipodistrofia lo sorprendió en grado de muerte, por lo que regresó a México con sus familiares. Su sorpresa fue que al acudir a diversas clínicas no contaban con los medicamentos, y lo peor, que se tuvo que enfrentar a la discriminación y al burocratismo que hay en ellas.
En una larga lista de denuncias contra funcionarios públicos y personal médico, Omar detalla el “viacrucis” por el que ha pasado. En agosto del 2003 padeció la presencia de infecciones oportunistas, acudió a la clínica Condesa donde la enfermera Fátima Ángeles Jaramillo le advirtió: “Es la última vez que vienes a esta clínica, porque no perteneces aquí, aunque tengas una emergencia no te van a atender”. Ha tenido que sortear la enfermedad en otras instancias e iniciado una lucha contra la discriminación.
Ejemplo de ello son las respuestas que ha recibido por parte de un doctor de la misma clínica, Saúl Salinas, quien le dijo: “No voy a darle una receta a un esquizofrénico que quiere meterse toda una farmacia por la boca”.
Ante la advertencia de que se presentarían quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el médico Carlos González Ramírez respondió que “no nos afecta ninguna queja ante Derechos Humanos; son 16 quejas de 2 mil pacientes y en porcentajes ni a cero llegan; si las cosas no funcionan te corremos de la clínica, ¿cuál es el problema?”
Luego de varios años de vivir en el Distrito Federal y de conseguir a cuentagotas el medicamento para subsistir, Omar sigue su lucha en el Estado de México, donde continúa su “viacrucis”.
Publicado: Agosto 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 62
|
Baja California 
