La Auditoría Superior de la Federación recomendó a los órganos internos de control abrir expedientes y organizar un “procedimiento disciplinario a los servidores públicos responsables de las actuaciones contrarias al derecho” por las irregularidades encontradas en las licitaciones por las que Pemex Exploración y Producción otorgó millonarios contratos a la empresa Aeroservicios Especializados S.A., cuando el hoy director general de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo, dirigía la subsidiaria de la paraestatal.
La responsabilidad alcanzaría a Raúl Muñoz Leos, ex director general de Pemex y de donde fue cesado por instrucciones presidenciales; al actual director general Luis Ramírez Corzo; al entonces subdirector de Administración y Finanzas de PEP, Rafael Bracho Ransom; al ex gerente de la Coordinación de Servicios Marinos, Héctor Leyva Torres, vinculado también con las irregularidades que favorecieron a la naviera Oceanografía (Contralínea 60), y al gerente de Construcción Región Sur, Jorge Andrés Pérez Fernández. Tanto Bracho Ransom como Leyva Torres son también jubilados de Pemex.
La Secretaría de la Función Pública confirmó que Ramírez Corzo está actualmente bajo investigación de la Contraloría, en indagatorias (integradas en el expediente 90/2004) que incluyen el patrimonio personal que el director de Pemex ha acumulado a lo largo del sexenio como funcionario de Pemex, al mismo tiempo que como contratista de la paraestatal, por lo que las irregularidades en el caso Asesa podrían sumarse como elementos a la investigación.
Entre los contratistas de Pemex, Asesa, empresa perteneciente al Grupo Protexa (propiedad de los hermanos Lobo) y con domicilio fiscal en el kilómetro 339 de la carretera Monterrey-Saltillo, Los Treviño, Santa Catarina, Nuevo León, será recordada como la más “consentida” por el director general Luís Ramírez Corzo.
Gracias a los contratos que Ramírez Corzo otorgó a Asesa, esta empresa anunció el 14 de marzo de 2004 la compra de 10 helicópteros Bell 412EP a la compañía estadounidense Bell Helicopter Textron Company, fabricante de las aeronaves.
En un comunicado de prensa, fechado en Las Vegas Nevada, Humberto Lobo de la Garza, director ejecutivo de Asesa, decía en aquel año:
"Estas aeronaves fueron vitales para nosotros en la obtención de un contrato importante de Pemex Exploración y Producción. La muy, muy buena y conocida confiabilidad, el mejor ciclo de vida y costo de operación (de los Bell 412EP) nos permitió la habilidad de presentar a Pemex la más sólida propuesta de servicios de helicóptero".
Por absurdo que parezca, la compañía estadounidense Bell, a la que Asesa le compró los helicópteros para dar servicio a PEP, también participó en la polémica licitación con una propuesta técnica de los helicópteros que la propia empresa fabrica, pero los funcionarios de PEP descartaron su oferta.
Para conocer sus opiniones sobre las observaciones que hace la ASF, Contralínea buscó al director general de Pemex y a los directivos de Asesa, pero ninguno aceptó responder sobre las irregularidades y presuntos hechos de corrupción cometidos en perjuicio del patrimonio petrolero del Estado.
Una historia de irregularidades
La licitación para renta de transporte de personal y carga en la sonda de Campeche, en la que participaron las empresas Asesa y Heliservicios de Campeche (Helicam), fue auditada dentro de la revisión a la Cuenta Pública 2004 por la Auditoría Superior de la Federación, y los resultados revelan que en PEP hubo vicios de origen para favorecer a Asesa.
Las impugnaciones que en su momento presentó Helicam fueron justificadas dos años después, cuando el resultado a la revisión reveló responsabilidad en irregularidades derivadas del proceso de licitación por parte de funcionarios de Pemex, la mayoría actualmente jubilados, así como de Ramírez Corzo.
La historia de los intereses ocultos en la subsidiaria se inició en septiembre de 2003, cuando PEP presentó la licitación que ascendía a más de 2 mil 600 millones de pesos, y que se dividió en seis paquetes y se publicó tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la página Compranet.
Los auditores encontraron que en la licitación no se establecieron los “Criterios para la Evaluación Económica”, lo que echó por tierra los argumentos de PEP de que Asesa presentó la mejor propuesta económica, y que para la ASF fue un incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
“No se establecieron criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, ni el mecanismo y procedimiento para evaluar y verificar que los precios propuestos fueran aceptables o acordes con las condiciones vigentes en el mercado, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, señala.
Esto explica que en su momento -cuando se dio a conocer el fallo- se presentaran diversas impugnaciones.
El 19 de noviembre de 2003, PEP adjudicó los contratos de la siguiente manera: los paquetes “A”, “B” y “C” a Aeroservicios Especializados, S.A. de C.V. (Asesa ); el “D” no fue adjudicado; el “E” a Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacionales, S.A. de C.V.; y el “F” a las empresas Pegaso y Secal.
En su momento el fallo fue impugnado por el grupo de empresas participantes -a excepción de Asesa- ante el Órgano Interno de Control (OIC). Argumentaron irregularidades en la evaluación económica y omisión de criterios objetivos y claros para la adjudicación del contrato, ya que PEP no ofreció una razón convincente para aceptar la propuesta económica de Asesa, y en el fallo tampoco se apreciaba análisis alguno por parte de Pemex para evaluar el monto de cada propuesta, conforme a la Ley.
Entonces el OIC declaró fundada la inconformidad promovida por Helicam y Pegaso, lo cual obligó a que PEP licitara nuevamente los contratos.
Para el 4 de marzo de 2004, PEP daba el nuevo fallo adjudicando los paquetes “A”, “B” y “C” a Asesa. El día 16 de ese mes, Pegaso y Helicam presentaron otra inconformidad relativa a la evaluación económica por las omisiones señaladas anteriormente, las cuales fueron resueltas como fundadas, por lo que la entidad fiscalizada indicó a los concursantes que se repondría el proceso a partir de la evaluación económica y les informó de la anulación de los contratos.
Entonces PEP estableció como fecha para emitir el nuevo fallo el 5 de julio de 2004 y asignó los paquetes “A”, “B” y “C” a Asesa. Tres contratos multianuales vigentes del 1 de octubre de 2004 al 1 de octubre de 2009.
Helicam y Pegaso protestaron ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP por el fallo emitido, porque de acuerdo con sus cálculos, la evaluación económica se había hecho de manera indebida, y señalaron que no se había llevado a cabo ningún tipo de actualización ni homologación entre los contratos adjudicados en años anteriores y los precios ofertados en esta licitación, de acuerdo con lo establecido en las bases de la misma.
La SFP resolvió declarar la inconformidad como infundada el 7 de octubre de 2004. Helicam presentó el 1 de noviembre de 2004 un recurso administrativo de revisión ante la SFP, con un argumento adicional relativo a que Asesa no estaba al corriente con su declaración fiscal, y por lo tanto, por ley, los funcionarios de Pemex no debieron permitir a Asesa siquiera comprar las bases de licitación.
Mediante el oficio No.SACN/300/02972005, del 15 de abril de 2005, la Secretaría de la Función Pública revocó la resolución emitida por el director general de Inconformidades, y decretó la nulidad de la licitación pública nacional No.18575054-008-03, en los paquetes “A”, “B”, “C” y “F”.
Luego, PEP estableció nueva fecha para reponer el proceso licitatorio, a partir de la evaluación técnica (el 10 de mayo del 2005), y ese mismo día se indicó que el fallo de los paquetes “A”, “B”, “C” y “F” se realizaría el 31 de mayo de 2005.
La resolución emitida ocasionó que Asesa no aceptara que el proceso se efectuara de nuevo, con el argumento de que ya se habían formalizado los contratos, y promovió un amparo, radicado en el juzgado Tercero de Distrito del Estado de Nuevo León el 31 de mayo del 2005. El juez otorgó la suspensión provisional para el efecto de que PEP se abstuviera de dejar sin efecto la licitación y cancelara los contratos a Asesa.
El 14 de julio de 2005, el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa emitió sentencia en la que resolvió sobreseer el juicio de amparo promovido por Asesa, debido a que no se presentó a ratificar el amparo. Por tal motivo, se desistió de proseguir con el juicio señalado, por lo que el caso fue turnado una vez más a la Secretaría de la Función Pública para que resolviera lo procedente.
El 16 de noviembre de 2005, la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública emitió la resolución en la cual concluyó que Helicam acreditó las irregularidades en la normatividad al PEP por haber adjudicado los contratos a Asesa.
Por su parte, la SFP decretó la nulidad de la licitación pública sólo de los paquetes “A”, “B” y “F”, a partir de la evaluación de ofertas técnicas y el fallo respectivo, y obligó a que PEP evaluara de nuevo la oferta técnica de Asesa, emitiera el fallo técnico y evaluara las propuestas que sí cumplieron los requisitos para, en su caso, otorgar la adjudicación.
Irónicamente, cuando Ramírez Corzo ocupaba ya la dirección general de Pemex, y en su lugar Carlos Morales Gil operaba como encargado del despacho de PEP, el pasado 7 de diciembre, adjudicó los contratos “A” y “B” a Asesa y el paquete “F” a Helicam. El 16 de diciembre esta empresa se inconformó nuevamente ante nuevos vicios en la licitación No.1857054-008-2003. Dos meses después llegaron a un arreglo e inexplicablemente se desistió y la SFP dio por concluido el asunto (acuerdo No. 115.5.460).
Además, la ASF detectó que PEP envió al Área Jurídica para su reclamación legal una fianza de garantía por vicios ocultos, por 182 mil pesos, monto que no correspondía a las especificaciones requeridas por las áreas usuarias y, al no haberse realizado en tiempo y forma, ocasionó que la afianzadora la rechazara porque PEP no solicitó su anuencia para otorgar prórroga en la entrega de los bienes. En razón de ello PEP perdió todo derecho para reclamar la fianza.
Al paso de los meses, en tanto seguía el recursos de las impugnaciones, las empresas que presentaron dichos recursos fueron beneficiadas por la misma licitación, pues, según PEP, por la necesidad de los servicios de transporte de pasajeros a la Sonda de Campeche, asignó siete contratos a las empresas Asesa, Helicam y Pegaso para que prestaran el servicio.
Dichos contratos fueron justificados por PEP ante los órganos internos de control, a través de los oficios SCSM/GL/381/2004, 382/2004 y 387/2004, con el argumento de que “la suspensión de los servicios aéreos repercutiría de manera directa en la continuidad operativa de las instalaciones de las regiones marinas”.
Más indagaciones contra Asesa
En diciembre pasado PEP otorgó, por sexta ocasión consecutiva, la concesión para el servicio de transporte aéreo de personal a la sonda de Campeche a Aeroservicios Especializados S.A. de C.V. (Asesa), en un contrato que fue avalado por Amado Yunes Salomón, actual gerente de Logística, con lo que a la fecha suman 275 millones 808 mil 106 dólares los que se entregaron a la empresa por el servicio en los últimos dos años.
A pesar del jugoso monto, la empresa continúa adeudando más de 100 millones de pesos al Infonavit, además de que ha retrasado los pagos a sus trabajadores.
Lo más grave son las deficientes condiciones de las aeronaves con las que da el servicio a Pemex, que han provocado accidentes que la paraestatal mantiene ocultos. Uno de estos accidentes ocurrió en mayo de 2005, en el cual, de acuerdo con un reporte interno de PEP, murieron dos trabajadores y otros cinco resultaron heridos.
Tanto los problemas de liquidez, como la deficiente infraestructura que la empresa oferta a Pemex, hace inexplicable que la paraestatal ratificara nuevos contratos, por lo que los órganos internos de control en PEP abrieron nuevas indagatorias contra la empresa para aclarar en qué condiciones se dieron los últimos contratos y si hubo nuevos vínculos de funcionarios de la paraestatal en irregularidades para beneficiar a la empresa.
Ello, a dos años de que Pemex Exploración y Producción, entonces a cargo del hoy director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, hiciera pública la licitación No.18575054-008-2003, que se convirtió en un dolor de cabeza para los órganos de control en Pemex y para los contratistas, y sobre todo para Eduardo Romero Ramos, secretario de la SFP, pues se sospechaba lo que finalmente confirma la Auditoría Superior de la Federación, que se trató de un proceso amañado con el que Ramírez Corzo benefició a la empresa del Grupo Protexa. |
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Publicado: Agosto 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 62
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