Antes de proceder a la destrucción total de los paquetes que contienen la papelería de la elección presidencial -entre los que destaca la única evidencia de la voluntad ciudadana: el voto-, y en medio de severas acusaciones que van desde un fraude orquestado, como lo ha reclamado la coalición Por el Bien de Todos, hasta las anomalías en el cómputo distrital denunciadas por científicos de la UNAM, el Instituto Federal Electoral (IFE) tendrá que resolver el acceso de los mexicanos a esta información.
Al respecto, la Unidad de Enlace del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también conocido como Trife, ya sentó un antecedente positivo sobre dicha información. De acuerdo con la solicitud identificada con el folio 01657, hecha por Contralínea a través de la Ley de Transparencia, ésta es pública y sólo se mantiene bajo reserva mientras se resuelve el proceso de impugnación.
Y es que en la respuesta emitida por el Trife se señala que “una vez recibidas las impugnaciones (de la coalición y del Partido Acción Nacional sobre la contienda electoral), estas son turnadas para su estudio a los magistrados de esta Sala Superior, encontrándose actualmente en la etapa procesal conocida como sustanciación.
“En consecuencia -añade el tribunal-, por el momento es información reservada de conformidad con lo establecido en el artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia, en concordancia con el 27 del Acuerdo General que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información pública del Tribunal Electoral. Una vez que hayan causado estado o ejecutoria todas las sentencias serán publicadas en la página web de este Tribunal”.
El pronunciamiento no es menor: en un informe circunstanciado de 543 cuartillas -entregado al Trife durante la revisión del llamado “recurso madre”, interpuesto por la coalición para impugnar más de 50 mil casillas de votación- el IFE rechazó abiertamente el recuento de boletas, por considerar que su actuación se ha apegado a derecho.
Además, el instituto encabezado por Luis Carlos Ugalde ha lanzado una campaña en medios electrónicos para “defender” los resultados de la elección, bajo el argumento de que el conteo de votos dependió de un millón de ciudadanos, con lo que pretende desvirtuar los señalamientos sobre el supuesto fraude cibernético registrado en su propio sistema, atribuido luego de las evidencias sobre la participación del cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala, en el diseño del software relacionado con el cómputo electoral.
Ahora, el IFE enfrenta un nuevo reclamo social: el recuento ciudadano de todos los sufragios emitidos el 2 de julio pasado. Por primera vez en la historia del país, los ciudadanos pueden acceder a todas las boletas e informaciones contenidas en los paquetes electorales a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.
El doctor John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que “esta es la tercera gran prueba del momento actual: primero fue la del IFE, luego la del Tribunal y ahora la de la Ley de Transparencia que no teníamos ni en 1988 ni en el 2000”.
Agrega que con “la solicitud de información, el IFE está de regreso en el ojo público. Se supone que ya había terminado su labor y que ya estaba sólo en el terreno del Tribunal, pero esta es otra prueba para ellos: si buscan un pretexto para no darla a conocer o aceleran la quema de las boletas, nada más van a confirmar las sospechas que hay sobre el fraude y sería muy complicado que los consejeros se sostengan y que el propio IFE, como institución, continúe”.
Y es que, además del recuento voto por voto, el ejercicio cívico servirá para evaluar al Instituto Federal Electoral y al tribunal, contribuirá a la discusión de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, y aportará elementos sobre el supuesto fraude cometido durante el cómputo distrital.
La doctora Irma Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, explica que la solicitud de acceso pone en “jaque” todo el discurso pro transparencia y rendición de cuentas enarbolado por la administración de Vicente Fox.
A pesar de las anomalías detectadas -como la indebida apertura del 40 por ciento de los paquetes electorales sin que mediara orden del Trife; la papelería encontrada en el basurero del bordo de Xochiaca; la quema irregular de boletas y actas adjudicada a funcionarios del VIII Consejo Distrital del IFE en Ayutla, Guerrero; los votos que nunca fueron contabilizados y que están en poder del Partido de la Revolución Democrática-, “el acceso va a ser un ejercicio fundamental por lo que significa, por el resultado y por el jaque en el que va a poner a los actores políticos y sociales que tendrían que estar velando por la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país”, dice la académica del Instituto de Investigaciones Sociales.
John Ackerman considera que el cúmulo de irregularidades documentadas por la prensa nacional hace difícil valorar si la información contenida en los paquetes electorales es fiable o no, pero “a partir de la apertura de los paquetes y del conocimiento de sus contenidos podríamos tener más bases para presumir o descartar el fraude”.
Añade que “si estas actuaciones (irregulares) fueran generalizadas dejarían su huella dentro de los paquetes electorales. Ahí es justamente donde podríamos ver qué pasó: el resultado del recuento ciudadano puede ser que no hubo certeza en la elección y no sabremos quién ganó, precisamente por eso se quieren abrir y hacer el recuento para ver no nada más quién ganó, si es que se puede pronunciar a un ganador, sino para tener certeza de la elección y evaluar al IFE”.
Publicidad, máximo principio
Ackerman aclara que la información contenida en los paquetes electorales es pública. “No hay ninguna razón por la cual nieguen el acceso. Hay algunas argucias legales que podrían argumentar, es posible incluso que quemen las boletas, pero esto iría en contra del principio básico de la transparencia y de todo lo que hemos logrado en estos años”.
El también coordinador del Programa de Investigación sobre la Legalidad, el Estado de Derecho y la Rendición de Cuentas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales advierte que para reservar la información, el IFE podría argumentar muchas cosas, pero ninguna procedería. “Plantear, por ejemplo, que el acceso a las boletas electorales amenazaría al país sería muy perverso”.
El investigador sostiene que “no hay ninguna razón para no acceder a las boletas electorales. La Ley de Transparencia aplica para todos los poderes federales y dice claramente que toda la información en manos del gobierno es pública, menos la información confidencial, que son los datos personales y si bien el sufragio es secreto, la boleta no tienen ningún dato personal, entonces no hay ninguna causalidad.
“Hay ciertas reservas que tienen que ver con la defensa a la seguridad nacional, a la estabilidad económica, y a los juicios que están en proceso, que no hayan causado estado. Aquí podrían argumentar que no pueden dar a conocer las boletas por lo de la impugnación, aunque hay una interpretación interesante porque la Ley de Transparencia tiene una cláusula muy especial, que la distingue a nivel internacional, que dice que no se puede declarar reservada ninguna información que sea necesaria para investigar la violación a un derecho fundamental, y la idea es que se podrían revisar las boletas ahora mismo aunque esté en proceso la impugnación porque estamos investigando una posible violación a un derecho fundamental que es el de elegir al presidente”.
Agrega que “si el IFE niega el acceso a la información se echaría por la ventana la Ley de Transparencia, porque es precisamente la herramienta que le permite a los ciudadanos verificar cómo es que el gobierno hizo algo. Yo no veo cómo podría proceder la negativa. Si el IFE niega y el Tribunal ratifica la reserva serían ellos mismos cuidándose la espalda, básicamente, porque lo único que tienen que evaluar es si el documento que se está solicitando es público o no, y evidentemente la boleta es pública”.
Alonso Lujambio, ex consejero electoral, actual presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y amigo cercano de Felipe Calderón, señala que “este instituto no tiene atribuciones en la materia electoral, no es autoridad”. Pero advierte que “el IFE y el propio tribunal deberán interpretar el Código Federal de Procedimientos y Atribuciones Electorales y la Ley de Transparencia”.
Fuentes del IFAI explican que la papelería electoral, como cualquier documento que obra en poder de los sujetos obligados, es pública. Pero indican que “los paquetes se encuentran claramente en proceso deliberativo (en el proceso de calificación de la elección), y dadas las impugnaciones, también bajo reserva por haber un proceso judicial, es decir, son documentos reservados por estar subjudice. Para cuando sean públicos o accesibles, ya habrá terminado el proceso deliberativo y ya habrá resuelto el Tribunal, con un fallo que es inapelable. Es decir, la elección será cosa juzgada”.
Destrucción de la información
El calendario anexado al Plan integral del proceso electoral 2005-2006, elaborado por el IFE, revela que hasta diciembre de este año no se tiene contemplada la destrucción de la información contenida en los paquetes, por lo que el instituto tampoco podría declarar su inexistencia.
“El artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que las boletas se tienen que destruir terminando el proceso electoral, ellos podrían argumentar eso, que no pueden dar a conocer la información porque está en curso el proceso de impugnación y que una vez que se declare la validez se tiene que destruir, pero tendrían que quemar las boletas literalmente dos segundos después de que el tribunal declarara la validez o no validez, y no hay nada en la Ley que los obligue a destruirlos inmediatamente”, señala John Ackerman.
El investigador recuerda que “en la elección de 2000, que es el antecedente inmediato, se destruyeron hasta enero de 2001. Este año el acuerdo del Consejo General dice que no se destruirán hasta diciembre, por lo que tendrían que cambiar el acuerdo y ni siquiera podrían programarlo ahorita, se tienen que esperar a la resolución de tribunal”.
Explica que para destruir la información se tendría el siguiente escenario: “el IFE tendría que estar en sesión permanente para que cuando el tribunal declare la validez o no validez de la elección, en ese mismo segundo decidiera quemar las boletas y al siguiente segundo mandarlas a destruir, lo que sería muy sospechoso, si ya de por sí tenemos la sospecha del fraude entonces estaríamos en el 88. Pero si se deja abierta la venta de al menos cinco segundos, en ese tiempo metemos la solicitud, que de hecho ya está a través de la revista Proceso. Y en esos dos segundos tendrán que responder que sí existe el material. No hay posibilidad real de que nieguen el acceso por inexistencia de la información, al menos de que el IFE en mancuerna con el tribunal decidieran no darlo a conocer, pero esa sería una decisión política que daría la espalda a la Ley de Transparencia y al principio de apertura que hemos logrado”.
Juez y parte
Dar o negar el acceso a la información contenida en los paquetes electorales de las 130 mil 788 casillas registradas -número oficial que reporta el IFE para la elección de senadores y diputados y que difiere de las 130 mil 477 casillas registradas para la elección presidencial, según revela un análisis hecho por Silvia Gómez Tagle, investigadora del Colegio de México- depende sólo del instituto y del Tribunal Electoral.
Y es que ante una eventual negativa el peticionario tiene la posibilidad de presentar un recurso de revisión ante la Comisión del Consejo para la Transparencia y el Acceso a la Información del propio IFE, presidido por el consejero Andrés Albo Márquez, e integrado por Marco Antonio Gómez Alcántar, María Teresa de Jesús González Luna Corvera, Luisa Alejandra Latapí Renner y Arturo Sánchez Gutiérrez.
John Ackerman explica el proceso que podría seguir la solicitud de información: “primero el Comité de Transparencia decide negar, luego hay un proceso de apelación, conocido como recurso de revisión, que se puede interponer dentro del mismo IFE, en caso de que ratifique la reserva se acude al tribunal, pero ahí también es juez y parte porque el mismo tribunal es parte interesada: si ellos no deciden el recuento total no van a querer que los ciudadanos lo hagan, ese es un problema muy importante con la Ley de Transparencia, o con la organización de las cosas. Por eso se tendrá que reformar la Ley, porque el IFAI solamente tiene competencia en el poder ejecutivo”.
Irma Sandoval puntualiza que, si bien el recuento ciudadano no cambiará la decisión del Trife, si tendrá una incidencia política. “Ponemos en examen la Ley Federal de Transparencia, la voluntad política de quienes deberían custodiar y hacer valer la Ley y sobre todo tendría la incidencia política porque se sabría quién ganó finalmente: lo terrible sería que tuviéramos un presidente avalado por el Tribunal Electoral y un presidente ciudadano que surgiera del recuento al que tuviéramos acceso los ciudadanos, ese sería un escenario de confrontación y de problemáticas sociales muy profundas”.
Advierte que “este escenario es muy probable por la poca pericia y el mal manejo político que de estos eventos se han realizado. Todo esto se hubiera evitado si el IFE no hubiera dado la línea directa de oponerse al recuento en los casos en los cuales los partidos lo demandaban. La actitud de cerrazón que adoptaron es la que generó esta situación y es muy lamentable obviamente la actitud de Calderón de no querer el recuento, es a quien más le hubiera beneficiado”.
IFE, árbitro sin transparencia
El Instituto Federal Electoral reprueba en materia de transparencia. Para la doctora Irma Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, “es terrible la actuación que ha tenido el IFE, sobre todo tratándose de ciudadanos que no fueron electos democráticamente para sus tareas, sino designados por un proceso muy cuestionado”.
La investigadora señala que tanto el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, como el vocero, Hugo Concha, son expertos en cuestiones de transparencia y rendición de cuentas. “El doctor Ugalde es experto en cuestiones de transparencia en el poder legislativo, y el doctor Concha, como ex miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es experto en el poder judicial. Ellos siempre en sus escritos hablaban de transparencia y de la necesidad de rendir cuentas y llegan a donde llegaron y actúan en sentido inverso a lo que siempre escribieron”.
Apunta que ambos funcionarios niegan los principios por los cuales formaron su carrera académica. Añade que “la solicitud de acceso a la información pública en la cual basamos el recuento ciudadano va a poner a prueba a dos instituciones en particular: al IFE, que básicamente está reprobado en transparencia, eficiencia y eficacia electoral, y al Trife”.
Irma Sandoval explica que el actual Consejo General del IFE ha sido muy cuestionado desde su origen: “surge de una negociación entre el PRI y el PAN y está presente la sombra de Elba Esther Gordillo, en particular en la definición de quién sería el presidente del instituto. A pesar de esto debíamos tener confianza en la institución y ver que a la hora de la conducción del proceso electoral eso no tendría por qué manchar los comicios y el desarrollo de la jornada electoral, lamentablemente sí hay sospechas muy sustentadas a partir de análisis matemáticos, sociales y del desarrollo mismo de la transparencia en el IFE, hubo elementos que no abonaron en pro de la transparencia, como el punto de que el PREP no estuvo lo suficientemente clarificado, o las actas que no estaban siendo contabilizadas y que se encapsularon en la llamada noción de las inconsistencias”.
La investigadora de la UNAM considera que “el recuento ciudadano ayudaría a desenmascarar la voluntad opaca de los funcionarios electorales. Nunca hubo un compromiso con la transparencia, que tendría que implicar una actitud proactiva de las autoridades, de los funcionarios, para no solamente dejar la información por ahí para que nosotros la tratemos de cachar, sino de traducirla, de ponerla en forma accesible a los ciudadanos, y eso es en lo que no ha desempeñado un buen papel el IFE, no ha puesto la información de forma clara, dice que siempre estuvo ahí la información pero hay muchos elementos que señalan cuestiones sospechosas al menos en el manejo electoral”.
Además, dice que el acceso a la información de los paquetes electorales “va a poner una vez más en evidencia el asunto de que el IFE no se ha conducido con apego a la transparencia, mi sospecha es que evidentemente va a negar el acceso a las boletas a pesar de que no tiene por qué, en términos legales las boletas electorales son documentos públicos de información pública que no están considerados en lo que la Ley Federal de Transparencia tiene considerado como excepciones”. |
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Publicado: Agosto 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 62
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