Discriminación y despojo en Los Cabos

San José del Cabo, BCS. “Ésta va a ser una zona de puros americanos y a nosotros, que somos nativos, nos van a dar puro 'tubo'”, dice Jaime Arista, habitante de la comunidad La Playa. Nadie como el humilde pescador, quien pierde su mirada en el océano tratando de entender qué es el “progreso”; sabe las consecuencias que le depara el megaproyecto presidencial turístico Mar de Cortés, antes conocido como Escalera Náutica.

Despojo, discriminación y privatización ilegal de la zona federal marítimo terrestre, son conceptos que resumen lo que el hombre parado a la orilla del mar contiene en sus ojos, ahí, junto a su panga afiliada a una de las cinco cooperativas de pescadores residentes de ese pueblo.

Pero para autoridades e inversionistas el oficio y, en sí, la vida de Jaime Arista, poco importa. Por eso, sin pudor alguno, las inmobiliarias y los servidores públicos pactan en secreto la garantía de exclusividad de las playas ofertando el desalojo de las lanchas y con ellas, aunque lo callen, el de los pescadores, sus familias, su comunidad y de los mexicanos.

“Palmilla San José Inmobiliaria se encuentra gestionando ante las autoridades competentes de la Zona Federal Marítimo Terrestre para que los botes de pesca que actualmente se encuentran alojados en la zona, de la cual es concesionario, sean removidos y reubicados”, dice un contrato de promesa de venta signado por esa empresa en 2004, año en que obtiene una escandalosa desincorporación territorial en zona de playa patrocinada por el panista Alberto Cárdenas, entonces titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Actualmente, playa Palmilla -vendida por dicha Secretaría en 3 millones de dólares- es una zona privada, vigilada las 24 horas del día por guardias de seguridad que, armados, impiden el paso de cualquier mexicano que intente pasear por la zona federal. Evidentemente, y como lo prometía en ese entonces la inmobiliaria, los pescadores ya han sido desterrados.

Y es que donde quiera que se ubiquen, en Palmilla o en La Playa, los pescadores de Los Cabos corren la misma suerte: las pangas son expulsadas lenta pero decididamente por los inversionistas, quienes aprovechan la complicidad de las autoridades y los beneficios del “megaproyecto turístico del siglo XXI” -como la administración de Vicente Fox bautizó al desarrollo Mar de Cortés- para adueñarse ilegalmente de las playas.

Guillermo Acosta, representante de Singlar -la empresa creada por el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para promover dicho proyecto presidencial- deslinda al gobierno federal de estos “abusos” y afirma que nadie se puede cobijar en este proyecto para cometer irregularidades.

Afirma que el caso de Los Cabos es “atípico” por ser un gran desarrollo. Cuando se le plantea la privatización de las playas, el funcionario encargado de promover el megaproyecto presidencial dice: “lo mismo sucede en Acapulco y no tiene nada que ver con el proyecto. Es una actitud equivocada de los desarrolladores, y una violación flagrante el hecho de que un mexicano no pueda disfrutar de sus playas, es zona federal intocable y me parece muy mal que alguien limite el acceso a la playa”.

Añade que “si bien es una realidad, no tiene nada que ver con el proyecto. En nuestros desarrollos que estamos haciendo hay total libertad de acceso, lo que es el proyecto Mar de Cortés, son instalaciones muy pequeñas, de cinco a seis hectáreas, que es nada. El que se cobijen en este proyecto para negar el acceso a la playa me parece un abuso y una gran mentira, es una violación de la Ley”.

Pero aquí las palabras no borran los hechos. “Nos quieren sacar. Creen que no entendemos. Dicen (los inversionistas) que como pescadores que somos nos van a reubicar en la marina, pero que les tenemos que pagar 100 pesos mensuales. Aún no hay nada escrito y el contrato que nos proponen es sólo por 10 años, luego nos van a desalojar, estoy seguro”, explica Arista.

Al margen del contrato prometido, los planos de la marina que Eduardo Sánchez Navarro construye en La Playa -a los que se tiene acceso en la página de Internet del Grupo Questro- no incluyen embarcaciones pequeñas como las destinadas a la pesca ribereña.

Desesperado, el habitante de esa comunidad -donde se edifica el exclusivo desarrollo Puerto Los Cabos- pregunta: “¿Qué va a pasar con nuestros hijos y nietos, si es que también son pescadores como nosotros?”.

Voracidad empresarial

Para Arista la embestida es muy clara: “Ya nos están tapando los accesos como el de la carretera a Santa Cruz, que también se conoce como Punta Gorda. Ahora hay que rodear muy lejos para llegar al mar. Piensan mover el atracadero de pangas y sacarnos de aquí. Luego van a poner vigilancia para que la gente del pueblo no pase. Eso es lo que está pasando en todo el estado”.

Y es que los inversionistas no sólo privatizan ilegalmente las playas, sino que también cambian las rutas federales a su conveniencia, como ya sucedió con el desarrollo Puerto Los Cabos y como pretenden que suceda con 14 kilómetros del corredor panorámico San José del Cabo-Cabo San Lucas.

Encabezados por el empresario Eduardo Sánchez Navarro, un grupo de inversionistas gestiona la reubicación del tramo carretero ubicado entre los hoteles Westin Regina y Twin Dolphin, bajo el argumento de que esa vía de comunicación es insegura. Pretexto que desestima Rodolfo Olachea, líder local de tres mil transportistas.

“Se trata de un asunto de intereses, es falso que sea un tramo peligroso, los accidentes no se ocasionan por la carretera, es más, donde se registra el mayor número de accidentes es en la zona urbana, no en la carretera”.

Ricardo Villaseñor, representante de la Asociación Civil Comité Pro Defensa de Los Cabos, afirma que con esta acción los desarrolladores planean extender sus propiedades. “Se trata de un grupo de inversionistas que están en ese tramo de 14 kilómetros, desde el Westin Regina, Cabo Real, Hotel Hilton, hasta el arroyo de El Tule, que son propiedades de Sánchez Navarro, el mismo inversionista que está construyendo Puerto Los Cabos en La Playa”.

El activista explica que con estos movimientos de las carreteras se han ido perdiendo las playas. “Hace 25 años en el tramo carretero San José del Cabo-Cabo San Lucas había 24 accesos libres a las playas, con la ampliación de la carretera a cuatro carriles se perdieron tres tramos carreteros de gran importancia: Palmilla, Westin Regina y Puerto Los Cabos. Con la pérdida de accesos se dio la privatización de las playas Buenos Aires, Arroyo Seco, Bledito, Zaratito, Barco Varado, Arroyo Tiburón y Cabeza de Ballena. En la actualidad sólo hay ocho accesos, cuatro que son naturales por ser arroyos y otros cuatro que están restringidos por los desarrolladores. Estas acciones privilegian a los huéspedes, pero limitan a los residentes y turistas que no se hospedan en esa zona”.

Villaseñor especifica que detrás del proyecto carretero están los desarrolladores de Chileno Bay, administrado por Gonzalo Franyuti -ex director de Fonatur en Los Cabos- Cabo Real y Puerto Los Cabos de Eduardo Sánchez Navarro y Grupo Vista Serena. Además de concretarse la reubicación, se beneficiaría indirectamente la familia González -que en la década de los 70 donó al ayuntamiento el terreno en playa Palmilla que la Semarnat vendió irregularmente a Palmilla San José Inmobiliaria, en diciembre de 2004-.

Por cuestiones de agenda, Sánchez Navarro no pudo conceder entrevista a Contralínea, pero en una declaración hecha a la revista local Reymar, el empresario reconoce estar detrás del proyecto de reubicación de la vía federal con vista al mar, con lo que extendería su propiedad.

“Esta propuesta viene a replantear la dinámica de vialidades en Los Cabos, dando espacios de crecimiento a los desarrollos integralmente planeados que se encuentran en el corredor y que hoy en día son insuficientes”, dice a la publicación dirigida por el priísta René Holmos, en su pasada edición de abril-mayo.

Al referirse al cierre de accesos y posterior privatización de las playas, el inversionista afirma que “la problemática que se ha generado es por una interpretación equivocada de algunos grupos. Esta carretera, que tiene un costo de cero pesos para el municipio y la población, contará con todos los accesos de playa existentes y no sólo eso, se propone instalar toda la infraestructura necesaria para convertir esas playas en zonas dignas y limpias para convivir con la familia”.

El 8 de junio pasado Sánchez Navarro expuso su proyecto de reubicación ante legisladores locales y un grupo de activistas. Villaseñor, quien estuvo presente en el Congreso, explica que aunque los inversionistas aseguran que van a solventar todos los gastos, omiten hablar del impacto económico para la gente que tendría que manejar distancias más largas.

“Las playas son bienes nacionales y no deben pasar a manos privadas. Ellos se ostentan como dueños de las playas y niegan el acceso al público. Si alguien logra entrar, sus guardias exigen la salida inmediata de la playa del hotel. Es ahí donde se demuestra realmente lo que ellos quieren y es justamente la playa para su uso privado. Ellos cometieron el error de decir que querían hacer desarrollos tipo Puerto Los Cabos que quitó la carretera y negó los accesos a las playas Barco Varado, Arroyo Tiburón y Cabeza de Ballena”.

Alfonso Cota Márquez, presidente del Colegio de Arquitectos local, advierte que el proyecto de reubicación “no va a aliviar la circulación en ningún sentido. El tránsito va a ser el mismo porque ellos simplemente mueven la carretera de un sitio a otro, no proponen vías alternas”.

Cota Márquez observa que el verdadero interés de los empresarios es el beneficio que obtendrán. “El costo de tierra a orilla de carretera debe estar alrededor de los 40 dólares el metro cuadrado, más atrás, en breña, es de 10 a 12 dólares el metro, moviendo la carretera el costo se puede ir a 100 dólares porque ya lo venderían con una oferta de proyecto, si vemos esto contra las mil 200 hectáreas que van a desarrollar, estaríamos hablando de alrededor de 4 mil millones de pesos, esto es lo que los hace insistir en su propuesta”.

El arquitecto añade: “el Colegio está trabajando los criterios para desarrollar una alternativa al conflicto vial, que respete la carretera actual que ellos pretenden eliminar porque ahí tienen proyectos de construcción de tres marinas y teniendo la carretera tan próxima, a unos 200 metros del mar, no les conviene. Nosotros estamos planteando que a la carretera actual se le cambie el tratamiento de piso de tierra de adoquín, que se le pongan glorietas para que se vuelva menos cómoda para los que tienen que ir a San Lucas. Que se vuelva un boulevard, pero no eliminarla”.

Además de las marinas, Sánchez Navarro busca concluir la construcción de su casa que queda a escasos 20 metros de la carretera. “Hace cuatro años, cuando empezaron a hacer el proyecto de la casa de Eduardo, decidieron mover la carretera como 2 mil metros para aprovechar el terreno que está entre el hotel Hilton y el Marquis, ambos estaban negociando con Marriot un terreno muy estrecho al que no se le puede sacar mucho provecho, entonces hicieron la propuesta de mover la carretera, se ganaban un buen terreno para Marriot, para el Marquis y para la casa de Eduardo. Esos son los tres proyectos importantes que están en esa zona”, puntualiza Cota Márquez.

Discriminación permitida

El presidente del Colegio de Arquitectos señala que “es un pleito de ambición y de poder por parte del desarrollador que no escucha razones técnicas”. Pero los excesos y violaciones a los derechos constitucionales no son sólo imputables a los empresarios: las omisiones al cumplimiento de las leyes se dan al más alto nivel gubernamental.

Las autorizaciones y concesiones se firman en las oficinas de la Semarnat, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) omite vigilar y sancionar a quienes se ostentan como dueños de playas privadas e impiden el libre paso a las zonas federales marítimo terrestres.

El delegado de la Semarnat en Baja California Sur, ingeniero Germán Parra Dávila, reconoce la privatización de playas, pero señala a la Profepa como la responsable de vigilar y sancionar estas anomalías: “Desgraciadamente en algunos desarrollos así ha sucedido, desde luego están incurriendo en una irregularidad, están actuando al margen de la legalidad porque lo que es la zona federal solamente se entrega en concesión y no puede ser para uso exclusivo, ni puede restringir el libre transito de las personas”.

Agrega que “en algunos hoteles o desarrollos piensan que pueden hacer de su concesión de zona federal una playa privada. Sí, sucede esto, por eso hemos pedido a las personas que denuncien ante la Profepa, que es la encargada de hacer cumplir la norma ambiental para poder proceder e incluso, si fuera necesario, revocar la concesión de zona federal cuando no se cumplen con las condicionantes y no se le da el uso que se señala en la concesión”.

Parra Dávila afirma que “nosotros autorizamos concesiones de acuerdo con lo que establece la Ley, lo que pedimos es que se respete la zona y la Ley. La Profepa es la que tiene facultades para poder exigir, castigar y sancionar por la violación de la normatividad. Si alguien quiere tener su playita privada o niega el acceso a las personas, eso hay que denunciarlo”.

Sin embargo, advierte que es difícil corregir esta situación: “no es tan sencillo porque en algunos casos son problemas que se dejaron crecer. Ahora lo que estamos haciendo es pedirle al ayuntamiento que asegure que los nuevos desarrollos consideren los accesos públicos a la playa, porque nosotros no tenemos atribuciones en la zona privada, sólo en la zona federal marítimo terrestre”.

En 2005 la Semarnat autorizó a los desarrolladores desmontar más de 100 hectáreas en Los Cabos y, aunque la Comisión Nacional Forestal cobra una cuota para recuperación de terrenos afectados, el dinero no se regresa a la entidad, revela el biólogo Raúl Rodríguez, director de Ecología del municipio.

Pero en la entrega abierta de playas los gobiernos estatal y municipal también hacen su parte: extienden con prontitud permisos y autorizaciones, y omiten exigir a las autoridades federales que se vigile y sancione a los inversionistas que incurren en este tipo de faltas a la normatividad.

De acuerdo con el plan maestro del megaproyecto Mar de Cortés, impulsado desde sus inicios por el entonces gobernador Leonel Cota Montaño, Baja California Sur es uno de sus principales atractivos pues cuenta con nueve escalas náuticas: Los Cabos, La Paz, Puerto San Carlos, Puerto Escondido, San Juanico, Mulegé, Punta Abreojos, Santa Rosalía y Bahía Tortugas.

En entrevista el actual gobernador perredista, Narciso Agúndez Montaño, asegura que “estamos trabajando en los planes de desarrollo urbano no sólo de Los Cabos, sino de La Paz y Loreto. Más adelante trabajaremos en el de otros municipios como Santa Rosalía, Mulegé y Comunduc, con la idea de que los planes de desarrollo urbano contemplen obligatoriamente el respeto a los accesos públicos a las playas, que venga la autoridad que venga, o el desarrollador que venga, pero que respeten el derecho de estas zonas”.

Con respecto a la reubicación del tramo carretero, el gobernador dice que “se está analizando con dependencias federales, como Comunicaciones y Transportes, el gobierno del estado y el propio cabildo de Los Cabos, el sector empresarial y la sociedad. Tenemos que llegar a cierto consenso porque los propios ciudadanos observan que es quitarle la vista al mar, entonces se buscaría la manera de llegar a un acuerdo político, de buscarle una solución”. Y en tono enérgico afirma: “Nada que vaya en contra de los derechos de la gente que vive en cada región del estado. De eso se puede tener seguridad”.

Inversión por exclusividad

Para impedir el paso de los mexicanos a lo que consideran “sus playas”, los desarrolladores no escatiman gastos: colocan casetas de vigilancia en los accesos y su personal de seguridad impide el paso de los residentes y turistas que no se hospedan en los hoteles de cinco estrellas, bajo el argumento de que son propiedad privada.

“El asunto de las playas es sumamente delicado. Quieren playas privadas, no públicas. Sucede que cada día se cierran más playas porque ese es el modelo que escogieron y se explica por las grandes inversiones que están haciendo, si ellos tuvieran las playas abiertas no harían estas inversiones, pero debemos de tener claro que todas las negociaciones (con el gobierno) que han permitido esta situación se hacen en el centro, no aquí”, advierte el arquitecto Fernando Rivera Álvarez, ex titular de Fonatur en el estado y actual coordinador del Grupo Los Madrugadores.

“Cabo Real, Desarrollo Fonatur, Palmilla, Puerto Ballena, Pueblo Bonito, Puerto Los Cabos, son kilómetros y kilómetros de playa que están integralmente planeados a la altura de los mejores desarrollos del mundo. Quién tiene la culpa de que las playas queden prácticamente privadas, pues los que aprueban los proyectos, ellos deberían exigir el respeto a los accesos a las playas aunque se enojen los inversionistas, pues se trata de zonas federales no susceptibles de privatización”, añade.

El ex funcionario de Fonatur afirma que “el gobierno debe vigilar que se cumplan las disposiciones legales, que se respeten los accesos, además de dotar de infraestructura a las zonas. Pero no lo hace, la Semarnat no cumple su papel. No se trata de dádivas, el gobierno federal recibe millones de dólares recaudados en esta zona y sólo nos devuelve centavos. Qué pasa: el presidente Fox ha prometido destinar recursos a Los Cabos pero no tiene palabra, o no la cumple”.

Eduardo Atamoros, también ex titular de Fonatur e integrante de Los Madrugadores, coincide: “los empresarios siempre van a ver sus intereses personales, por eso el gobierno debe actuar como mediador entre el pueblo y los intereses de los empresarios: si se deja en manos de los empresarios van a querer sacarle el mayor provecho que se pueda a lo que caiga en sus manos, por eso son exitosos para hacer dinero. El gobierno debe establecer las reglas del juego para que haya armonía entre los ciudadanos”.

Dice que “en el corredor de San José del Cabo-Cabo San Lucas no hay más de tres playas a las que la gente tiene acceso libremente, todas los demás han sido ocupadas por hoteles o los dueños de terrenos colindantes impiden el paso, y para acabar con este panorama tan sombrío hay un grupo inversionista que quiere cambiar el trazo de la carretera actual de su ubicación a tres kilómetros hacia la montaña, alejándonos aún más de las playas, porque si ahorita por lo menos tenemos el gusto de verlas, si se cambia el trazo de la carretera ya ni eso vamos a ver”.

Atamoros advierte que de no revertirse esta situación se tendría el riesgo de otro Atenco: “pasaría lo que está pasando en otras partes del país, en Atenco, en Oaxaca con los maestros: la gente empieza a actuar con violencia porque se harta de pedir y de esperar y que sus justas demandas no sean atendidas. Lo que puede pasar es que empecemos a ver con mayor frecuencia estallidos de violencia con el peligro de que se pueda generalizar. Ese es el riesgo a nivel local y nacional. La gente se harta de la injusticia y de nunca ver que llegue aquello que se promete”.

Por ello, dice, “aunque el dueño de la propiedad no quiera que la playa sea pública, debe serlo, y si no que la venda o que se le expropie, pero debe haber claridad en las leyes, porque si no sigue toda la confusión y finalmente la gente no sabe si tiene o no derecho a las playas y los propietarios tampoco saben si son dueños o no de las playas. En términos legales se puede hablar incluso de despojo”.

El asunto no es menor. De las 42 playas de Los Cabos, sólo ocho tienen acceso libre, reconoce la Profepa, mientras que en los 11 mil 800 kilómetros de litoral mexicano de los 125 mil ocupantes identificados, únicamente nueve mil cuentan con concesión vigente expedida por Semarnat.

“Este es un problema de todo el estado porque afecta al Pacífico, al Golfo, al Mar de Cortés, a la costa, toda esta zona representa un gran botín llamado Escalera Náutica: un proyecto que avanza a través del despojo, la invasión y la ausencia del orden. Aquí la pregunta es: ¿hasta dónde vamos a permitir que estos intereses oscuros se nos despojen?”, dice Olivia Pedrin, integrante del la Asociación Civil Comité Pro Defensa de Los Cabos.

Con más de un siglo de tradición pesquera, unas 300 familias de La Playa podrían ser despojadas de su oficio y de sus tierras. “Qué culpa tenemos nosotros de que esta playa le haya gustado al desarrollador”, dice con tristeza Francisca Miranda, habitante de la comunidad La Playa.

La mujer morena resume la desgracia de este pueblo al que llegó el desarrollo de Eduardo Sánchez Navarro: “el riesgo para nosotros es desaparecer como pueblo. Nosotros no queremos desaparecer ni que desaparezcan nuestras costumbres, como las fiestas tradicionales que se realizan en el mar, en la playa. Si nos mandan a otro lado ya no podrían ser fiestas de la marina, no tendrían nada que ver con el mar. Nosotros necesitamos vivir frente a la playa”.

Francisca Miranda dice: “no tenemos nada en contra de nadie, lo único que estamos haciendo es defender nuestra tierra, nuestro trabajo y el futuro de nuestros hijos. Ellos dicen que es un desarrollo incluyente, pues me imagino que es un beneficio que nos incluye como pueblo. Pero yo no entiendo cómo dicen que es incluyente si el pueblo no tiene drenaje, las tomas de agua son viejas, ya están podridas. Ya empezaron a tumbar casas porque dicen que es su tierra”.

Publicado: Agosto 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 62