Las aprendieron todas: acarreos, “mareas”, compra y coacción del voto, así como el uso indebido de los programas sociales. Pero éstas fueron tan sólo algunas de las prácticas ejercidas desde el “gobierno del cambio” durante la jornada electoral del pasado 2 de julio. Un “fraude a la antigüita”, lo llamó Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
De acuerdo con las observaciones de la organización civil Alianza Cívica -que ha vigilado 60 procesos electorales desde 2004-, los vicios antidemocráticos que caracterizaron al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron heredados y utilizados por Acción Nacional (PAN).
Silvia Alonso, secretaria ejecutiva de dicha organización no gubernamental, señala que pese a las expectativas generadas con el gobierno de transición, se cometieron irregularidades que implican la utilización de los recursos públicos por parte de funcionarios y dirigentes del partido, lo que hace del gobierno foxista una administración de “claroscuros”.
Según un monitoreo desarrollado por Alianza Cívica, los programas federales como Oportunidades, Procampo, Seguro Popular y Empleo Temporal, dirigidos a los sectores más desprotegidos del país, sirvieron para la compra y coacción del voto.
El método utilizado por la organización civil se basó en 10 mil 54 entrevistas que se realizaron en 182 municipios de 22 estados del país gobernados por las diferentes fuerzas políticas: PRI, PAN, PRD, Convergencia, PT y PVEM. El estudio abarcó el periodo del 24 de abril al 26 de junio.
La muestra hecha a los programas sociales aplicados por la administración federal detalla que el 18.4 por ciento de los beneficiarios del apoyo denominado Empleo Temporal vendieron su voto; en Procampo, el 5.8 por ciento; en Oportunidades, el 5.4 por ciento, y en Seguro Popular, el 5.1 por ciento.
La investigación detectó que el 6.3 por ciento de los entrevistados recibieron algún tipo de ofrecimiento, “principalmente promesas de incorporación a nuevos programas si vota por un determinado partido político”, de los cuales hubo 514 casos en los que se entregaron nuevos apoyos federales, 198 en los que se pidió la credencial para votar a cambio de regalos o servicios, 42 a los que se les daría dinero o regalos a cambio de votar por un partido y 13 a los que se les cambiaría su boleta en blanco por dinero o regalos.
Las entidades en las que sobresale la compra del voto son el Estado de México, con 181 casos, que equivale al 28.5 por ciento de la muestra; Sinaloa, con 81 promesas; Veracruz con 49, y Guerrero con 41 ofrecimientos.
Al respecto, Silvia Alonso dice que “encontramos evidencias de que se utilizaron los recursos públicos, hubo amenazas para inducir el voto por determinado partido político o candidato y también localizamos que es en ese ámbito local donde más se da ese tipo de situaciones.
“El que más se utilizó para la compra y coacción del voto fue el de Empleo Temporal, pero en el del Seguro Popular (que es el que tiene menos casos registrados) observamos que hay mayor discrecionalidad en los criterios de incorporación al padrón, justo el que en esta administración tuvo el 217 por ciento de incremento para gastos de prevención en el último año”, apunta la también integrante del Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Injerencia celestial
En el Informe preliminar de la observación ciudadana de la jornada electoral del 2 de julio que desarrolló Alianza Cívica, se advierte que, además del uso indebido de los recursos del erario, otro elemento que determinó el sentido del voto en los sectores más desprotegidos, fue la participación de actores del sector religioso.
Muestra de ello es la injerencia que tuvo el sacerdote José Isabel Hernández Torres, quien se encuentra a cargo de la parroquia de San Marcos, ubicada en Avenida Las Torres en Monterrey, Nuevo León.
Según el documento, “los feligreses encontraban en los misales u hojas dominicales, volantes con las propuestas de Felipe Calderón y del PAN, así como una crítica al Partido Nueva Alianza y Alternativa Social Demócrata y Campesina, específicamente a Patricia Mercado”.
Además en el 12.47 por ciento de la muestra que observó Alianza Cívica, hay evidencias de que se violó el derecho ciudadano del voto libre y secreto, “particularmente en Coahuila, estado de México, Durango, Sinaloa, Distrito Federal y Tlaxcala”.
Las llamadas “mareas” y “el acarreo” no fueron la excepción en el pasado proceso electoral. Los observadores de Alianza Cívica reportaron que en el 9 por ciento de las casillas vigiladas “se detectó la presencia de mareas (grupo de personas vestidas de determinado color) que intimidaban o pretendían intimidar a los votantes, particularmente el color rojo que hacen referencia al PRI en los estados de Nayarit, Hidalgo, estado de México, Aguascalientes y Oaxaca, y el azul del PAN en la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal”.
Campañas sucias
Como parte del estudio que se hizo en el transcurso del proceso electoral, Silvia Alonso enfatiza que otro de los factores que contribuyeron al ambiente de incertidumbre que prevalece en el país fueron las “campañas sucias”.
En un análisis denominado Caleidoscopio ciudadano se observó el comportamiento ético democrático de los actores políticos. La secretaria ejecutiva de Alianza Cívica dice: “si bien es cierto que el discurso de la mayoría de los actores tenían incorporados los principios éticos democráticos, como la transparencia, la legalidad, la competencia, la equidad, identificamos que en la práctica esos principios fueron justamente los que más se violentaron.
“Tenemos como evidencia la calidad de las campañas políticas que desarrollaron y particularmente los spots publicitarios, que aún ahora están dando los costos y las consecuencias de esas campañas tan sucias y denigrantes, donde lo que se privilegió fue la denostación.
Felipe Calderón fue quien inició con ese tipo de campañas, precisa la especialista, pues “era muy marcado el tipo de mensaje y de campaña que estaba impulsando el PAN: no estaban promoviendo el voto del miedo pero el contenido de sus campañas sí provocó una sensación de miedo, de indignación y de hartazgo en la ciudadanía”.
Caleidoscopio ciudadano detalla que “para atraer el voto, el candidato del PAN inicia la campaña de descalificación, evaluaciones negativas cuyo objetivo era mostrar el carácter y actitud de López Obrador: autoritario, irascible, desequilibrado y delirante, fueron los adjetivos que utilizó el candidato del PAN para describir a su homólogo de la Coalición por el Bien de Todos”.
Mientras que para López Obrador, las observaciones se refieren al momento en que el perredista arremetió contra Vicente Fox y le dijo: “no se meta señor presidente, cállese señor presidente, con todo respeto y deje de estar gritando como chachalaca”, luego de considerar que el Ejecutivo tenía injerencia en el proceso electoral.
Esto fue denunciado por Alianza Cívica ante el Instituto Federal Electoral (IFE) para solicitar el retiro de publicidad de este tipo, sin embargo, se dio una “discusión artificial” en el Consejo General del la institución en donde se antepuso el recurso de libertad de expresión sobre la calidad de las campañas, explica Silvia Alonso.
Pecado original
Responsable de llevar a cabo este proceso electoral y garantizar la transparencia, el IFE se ha colocado en el ojo del huracán luego de que se han hecho diversas denuncias de irregularidades. “La actuación del Consejo General del IFE no fue la más afortunada durante el desarrollo de las campañas”, dice la directiva de Alianza Cívica.
Y es que para la integrante del Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral los problemas se originaron en el momento mismo en que se conformó la cúpula de la “autoridad electoral”.
“Recordemos que este Consejo General tiene un pecado de origen, en el que las dos fuerzas políticas (PRI y PAN) dejaron al PRD fuera de la negociación para la designación de los consejeros. Surge con un problema de legitimidad y de confianza porque, en su momento, se les identificó (a los consejeros) con fuerzas partidistas. Es una carga que no ha podido desprenderse y con esa actuación poco afortunada pues se reafirma esta situación, concluye Silvia Alonso.
Publicado: Agosto 1a quincena de 2006 | Año 5 | No. 61
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