Procede: pillaje Transexenal

Cadereyta de Montes, Querétaro. Los certificados y títulos de propiedad se convierten en actas de defunción de comunidades centenarias. La cancelación de la propiedad social deja en la indefensión a los campesinos frente a las trasnacionales, por años ávidas de los montes, aguas y minerales de los pueblos originarios de la nación.

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), puesto en marcha en 1993 por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, no llega solo: invariablemente vienen detrás de él los inversionistas que ofrecen comprarlo todo: agua, madera, campos de cultivo, playas, subsuelo, flora y fauna. Una vez que el Programa les ha despejado los obstáculos, los empresarios se hacen de los recursos  a cambio de migajas que negocian individualmente con los campesinos paupérrimos.

Con Vicente Fox el Procede se incorporó al Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 como una de las “estrategias que combaten con mayor justicia social y libertad los niveles de pobreza que existen en el agro”. Sin embargo, la profundización del Programa sólo agudizó la pobreza de los campesinos, fomentó la emigración y disolvió el tejido social de las comunidades. En pueblos donde anteriormente no había conflictos internos, ahora son comunes las grescas que involucran a padres e hijos, hermanos, primos y viejos amigos.

Supuestamente el programa gubernamental se aplica sólo a petición de las comunidades agrarias y nadie puede influir en la decisión que con libertad toman los campesinos. Pero en los hechos, las propias autoridades agrarias presionan a las comunidades, sobre todo a las más alejadas de las ciudades, para que acepten disolver la propiedad social y reciban a cambio títulos individuales. El apremio puede consistir en “recomendaciones” o hasta amenazas: se valen de verdades a medias o simples engaños.

En la ejecución del Procede participan la Secretaría de la Reforma Agraria; la Procuraduría Agraria; el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; el Registro Agrario Nacional, y los gobiernos de los estados y municipios. El programa básicamente consiste en entregar títulos individuales de las parcelas que cada familia de ejidatarios o comuneros trabaja, así como de las de uso común. Con ello ya pueden arrendar, vender o dar en garantía sus milpas. Cualquiera se las puede comprar.

A los campesinos se les dice que su ingreso en el Procede es la única manera de asegurar la tenencia de la tierra. Y se les oculta que, de acuerdo con la propia Ley Agraria, los derechos ejidales se acreditan con el certificado de derechos agrarios, el certificado parcelario o con la resolución presidencial o sentencia de Tribunal Superior Agrario. Es decir, con figuras jurídicas anteriores al Programa.

De acuerdo con datos oficiales, en el país hay 29 mil 942 núcleos agrarios, de los cuales el 96 por ciento se ha incorporado ya al Procede y en el 89 por ciento ya ha concluido con la entrega de los títulos y certificados.

Los Juárez, sierra queretana

“Dicen que nos van a sacar de nuestras tierras. Pues de una vez lo decimos: sólo muertos. No vamos a entregar nomás así el monte que nos dejaron los abuelos y el lugar donde ellos mismos descansan”. No hay siquiera rastros de altivez en el tono, sino de tristeza. Hablan pausada y quedamente desde un acantilado de más de 2 mil metros de altura donde se observan las nubes debajo de las cumbres de los cerros; sus tierras que, para su desgracia, son ricas en mármol de la mejor calidad del país.

Son los indígenas otomíes de la comunidad de Los Juárez, enclavada en la sierra queretana perteneciente a este municipio. Piden que no se revele su identidad por temor al cacique local, Ernesto Hernández Galván, a quien todos se refieren con el apelativo de “don”, el principal promotor en el pueblo de la venta de las tierras. La localidad cuenta con aproximadamente 650 habitantes, de los cuales 153 son comuneros, y 3 mil 333 hectáreas de tierras que, mediante engaños, ingresaron al Procede en 1999.

“Nos vinieron a decir que las tierras eran nuestras. Pero eso ya lo sabíamos. Eran y son nuestras desde los tiempos de nuestros abuelos”, dicen los habitantes de este poblado que caminan entre nubes a una altitud superior a los 3 mil metros sobre el nivel del mar.

Después de que en la comunidad se entregaron las delimitaciones de tierra que hicieron las brigadas gubernamentales, llegaron los empresarios interesados en explotar los yacimientos de mármol que se encuentran en el subsuelo de los bosques piñoneros.

Club Balbanera, de José Antonio de Alba, y Explotadora y Beneficiadora de Mármol, donde son accionistas el senador Diego Fernández de Cevallos, el ex gobernador Enrique Burgos García y el ex secretario de la Contraloría estatal Francisco Cevallos Urueta, serían las principales empresas interesadas en adquirir los montes. Las mismas que presionaron junto con los gobiernos municipal y estatal a los campesinos y ofrecieron dinero al comisariado comunal para que “convenciera por cualquier medio” a los indígenas.

A siete años de iniciado el conflicto han muerto por esta causa dos personas, y se encuentra tras las rejas quien fuera el líder de los que se oponen a la enajenación de las tierras, Felipe Hernández. Los empresarios han vuelto a la carga. Hacen nuevos tratos con el cacique y el actual comisariado, Reynaldo Ángeles Maqueda, quienes ya han entregado a los inversionistas la lista de las personas que trabajan los bancos de mármol. La intención es que negocien individualmente con cada posesionario la venta de las minas.

Las muertes ocurridas en la Semana Santa de 2002 habían frenado las “negociaciones” de los empresarios con la comunidad. En las asambleas fraudulentas en las que ilegalmente tenían derecho a voz y voto policías, representantes de los empresarios, el presidente municipal y los subdelegados de la Secretaría de la Reforma Agraria, se les amenazaba a los inconformes con la cárcel y la muerte.

“No éramos libres ni de preguntar. No nos querían decir nada. Nos decían que nos beneficiaba lo que se iba a hacer y que todo lo dejáramos a que ellos lo arreglaran. Y nuestra opinión como comuneros no contaba. Y en cada asamblea había broncas. En plena presencia de autoridades nos golpeaban. Y para ellos era como un juego. Se reían de nosotros y nos decían que no entendíamos. Querían que les diéramos el sí para hacer con nuestras tierras lo que querían.”

El enjuto campesino ríe lastimeramente y poco a poco la risa es llanto e impotencia. “Hasta una vez nos encerraron en la escuela. Ahí iba a ser la asamblea y cuando llegamos había como 50 policías, y a los que no estábamos de acuerdo nos trataron como delincuentes. Nos esculcaban de los pies a la cabeza, hasta jalarnos los cabellos, dizque para asegurarse de que no trajéramos armas. Nos dimos cuenta de que era para espantarnos”.

La presión ejercida contra la comunidad de Los Juárez llevó al comisariado a decirles que ya no se les iba a tratar de convencer porque la entrega de las tierras a las empresas ya la había decidido el gobierno y lo que procedía era la expropiación. Se les pagaría el metro cuadrado a 2 pesos.

“Nosotros nunca habíamos oído eso de expropiación. Qué es. Pues nos dijeron que era que iba a llegar una empresa, nos iba a pagar por dejarles las tierras y nos iba a dar maquinaria para trabajar. Y para qué queríamos la herramienta si la tierra ya no iba a ser de nosotros.

“Eso fue lo último que nos dijeron antes de que don Ernesto matara a uno de los nuestros, y el hermano de Felipe matara a uno de los suyos. Pero ahí también hay diferencia. A nosotros nos encerraron a nuestro líder que nada hizo y a su hermano, que sí pegó. Pero don Ernesto y sus hijos… ahí andan tan campantes.”

El Batán

Los vientos que asolan el valle levantan grandes polvaredas. Hombres y mujeres corren a sujetar las lonas y mantas de las casas de campaña en el paraje El Rincón, perteneciente a la comunidad El Batán del municipio de Amealco de Bonfil. El campamento es apenas una mancha en la explanada de 100 hectáreas aparentemente áridas donde sólo crecen algunos garambullos, órganos y biznagas. Ríen mientras recogen los sombreros que “los derrepentes”, como llaman a las rachas de aire que intempestivamente se presentan, lanzan a decenas de metros.

Sobre la planicie de aspecto desértico, en las tierras de uso común del pueblo, velan por los mantos acuíferos que se encuentran bajo sus pies. En el lugar, a 50 metros de profundidad, se halla el depósito de agua más importante del sur del estado, acechado desde hace 10 años por diversas industrias asentadas en los alrededores de la capital de la entidad, entre las que destacan Coca Cola, Kimberly Clark y, recientemente, un grupo de empresarios franceses establecidos en San Luis Potosí.

En una comunidad donde los hombres calzan botas texanas, usan sombrero, bigote y paliacate al cuello, las mujeres encabezan la lucha por la defensa del agua. Las jefas de familia a diario sortean la ausencia de sus hombres, quienes la mayoría de los meses del año se encuentran trabajando “sin papeles” en Estados Unidos. Son ellas las que se enfrentan a la policía y, en ocasiones, van a la cárcel. También llevan sombrero y botas. Las jóvenes, pantalón de mezclilla; las viejas, faldas largas.

El Batán es un pueblo de campesinos descendientes de colonos franceses y españoles que llegaron al estado durante la primera mitad del siglo XIX. Así, la mayoría de los lugareños es de tez y cabellos rubicundos, ojos azules o verdes y tan pobre como sus vecinos serranos otomíes.

Con ellos comparten el menosprecio de las autoridades, la falta de servicios públicos en sus pueblos, el bajo salario por las jornadas en el campo y la emigración. Ahora también se encuentran con ellos en la lucha por evitar que, mediante la excavación de 14 pozos y la construcción de un “acuaférico”, el gobierno del estado se lleve el líquido que las industrias reclaman. Y es que la desecación de la cuenca subterránea no sólo representa una amenaza al Batán, sino a más de 60 comunidades que ya han constituido la Comisión de la Junta de Pobladores de la Sierra del Sur.

El Procede llegó a la comunidad El Batán en 1998. Se izó la “bandera blanca” cuando terminaron de entregar las “escrituras” de cada parcela y se delimitaron las tierras que se mantendrían como de uso común. Se les dijo a los campesinos que eran “libres” de hacer con su tierra lo que mejor les conviniera. Si no era posible hacerla producir, la venta era “una opción”.

A principios de 2004 se inició una serie de estudios en las tierras de la comunidad realizada por ingenieros y edafólogos enviados por el gobierno del estado. A los lugareños se les informó que el trabajo que realizaban tenía como objetivo “componer la carretera”.

Sólo el comisariado ejidal, Francisco Loa Carvajal, había sido enterado del proyecto. A finales del mismo año entraron nueve máquinas perforadoras. Los habitantes del Batán, desconfiados, solicitaron a su representante que explicara detalladamente el tipo de trabajos que se desarrollaban en su comunidad.

Se enteraron entonces que se construían 14 pozos de 300 metros de profundidad para extraer el agua y llevarla a la ciudad de Querétaro. Pero que “les convenía” porque “ahora sí” iban a tener calles pavimentadas, alumbrado público, biblioteca, otra iglesia y una casa de cultura. Los ejidatarios dijeron que antes de aprobarlo, tenían que reflexionar.

Los carros con material de construcción no demoraron y rápidamente se empezó a construir una iglesia junto a la que ya estaba en funciones y que, para la comunidad, es tan grande que con todo el pueblo dentro apenas se cubre la mitad de las bancas.

Los campesinos rechazaron el proyecto, pero el presidente del comisariado ejidal les informó que ya era una decisión tomada por el gobierno del estado, y aunque se opusieran se iba a realizar. Argumentó que era mejor tomar los 20 mil pesos que las autoridades del estado les ofrecían antes de que se arrepintieran “y de todas maneras se llevaran el agua”. El proyecto lo inició el entonces gobernador Ignacio Loyola Vera, quien ahora está al frente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Algunos campesinos aceptaron los 20 mil pesos y, aunque no fue la mayoría, el presdidente del comisariado fabricó un acta de una asamblea que nunca se celebró y en la que aparecen las “firmas” de personas fallecidas, así como de quienes se encuentran trabajando en Estados Unidos e incluso de quienes se oponen a la extracción del agua. Así se vendieron cuatro predios donde se perforaron igual número de pozos. El problema es que la comunidad no vendió el acuífero, pero desde esos mantos artificiales vendidos sacarán el agua de toda la cuenca.

María Guadalupe Noriega Martínez, Yolanda y Marta Colín Durán y Ernestina Sotelo encabezaron, en agosto pasado, el bloqueo a los trabajos que realizaban las perforadoras e impidieron el paso de más maquinaria. Guadalupe, presidenta de la Comisión, fue detenida e incomunicada por dos días por los policías del municipio, como escarmiento.

La joven madre no se arredra. “Cada rato nos llegan recaditos: que el gobierno se va a llevar el agua aunque no queramos y nos va a meter a la cárcel. Y nos juzgan de locas y revoltosas. Como si nosotras hubiéramos pedido estar en esto. Ellos fueron los que engañaron e hicieron mal. Nunca pensamos que con el Procede ya se iban a aprovechar de nuestros recursos. Pero, primeramente Dios, vamos a ganar el agua de nuestros hijos y de nuestro pueblo. Se taparán los pozos, aunque sea con los del gobierno adentro”

Publicado: Abril 1a quincena de 2006 | Año 4 | No.53