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Ejidatarios: damnificados del poder

Nancy Flores/enviada
Mientras algunos extranjeros se apoderan de las playas de Bahía de Banderas, expropiadas hace 35 años para, supuestamente, beneficiar al pueblo nayarita, el gobierno encabezado por el priista Ney González mantiene deudas con más de 400 ejidatarios afectados

 

 


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Compostela, Nayarit. Su caminar aletargado no es impedimento para su escrupulosa puntualidad: a las siete de la mañana inicia el recorrido por las playas de Rincón de Guayabitos en busca de clientes quienes le comprarán el remedio natural conocido como “Uña de gato”: gracias a la venta de ese producto puede subsistir. Además de cargar con su morral, José de Jesús Ruiz Rodríguez trae a cuestas sus 75 años y la ilusión de que se le haga justicia antes de morir.

Y es que durante 35 años José de Jesús, ejidatario de La Peñita de Jaltemba, al igual que otros 407 afectados por la expropiación de la zona de playas de Bahía de Banderas, ha esperado inútilmente el pago de sus derechos patrimoniales por la comercialización de las casi 800 hectáreas que fueron arrebatadas a su ejido en 1970. A pesar de la dilación, el viejo mantiene la esperanza de que el gobierno de Nayarit, encabezado por Ney González, cumpla.

Cansado, el humilde anciano detiene su paso frente a una vieja lancha, que a estas horas está rodeada por los pelícanos, donde otros ejidatarios venden pescado recién capturado por ellos mismos. Ahí refiere que “el problema es que nos han prometido que nos van a liquidar con lo del Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba) pero no ha habido nada, puros problemas”.

El viejo dice: “todos estamos con la esperanza. Yo creo que me voy a morir y no me va a tocar siquiera un día comer a llenarme. En realidad, ya con dinero uno come a llenarse porque no tiene que guardar para mañana, no que ahora que sólo tengo 10 pesos, me como cinco y dejo cinco para mañana, pero teniendo dinero pues comería bien”.

 

La expropiación

 

Con el argumento de beneficiar a los pobladores de las costas de Nayarit con el desarrollo de un megaproyecto turístico, el  10 de noviembre de 1970  se publicó en  el Diario Oficial de la Federación el decreto de expropiación que arrebató las tierras comunitarias. Ocho ejidos fueron afectados: La Peñita de Jaltemba, La Jarretadera, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Higuera Blanca, Sayulita, El Capomo y Las Varas.

En enero de 1971 se constituyó el Fideicomiso Bahía de Banderas con los objetivos de resguardar las tierras, apoyar el bienestar de los ejidatarios, promover el cambio de régimen de propiedad, facilitar la inversión privada, impulsar el desarrollo económico y crear nuevos centros de población con infraestructura turística. Treinta y cinco años después los ejidatarios de La Peñita aún no ven los supuestos beneficios.

Aquí, la pobreza y la marginación son los resultados del gran proyecto: al interior del pueblo las calles sin pavimento delatan la situación y, mientras los grandes hoteles tienen agua potable en abundancia, los ex dueños de la tierra sólo tienen acceso a ella dos días por quincena.

Con la expropiación el gobierno de Luis Echeverría enajenó 4 mil 263 hectáreas en zona de playa, de las cuales 799 pertenecen a La Peñita de Jaltemba, único ejido que hasta la fecha no ha recibido el pago por los derechos de venta de los terrenos afectados que sigilosamente pasan a manos de extranjeros, según consta en los libros del Registro Público de la Propiedad de Las Varas.

Rubén López, director fiduciario y patrimonial del Fibba, explica que los ejidatarios ya fueron indemnizados  y que lo único que se les debe es el pago correspondiente al 22.5 por ciento de la venta de los terrenos, pero aclara que en el caso de La Peñita de Jaltemba sólo se han comercializado 187 de las 799 hectáreas.

Tras la expropiación, dice el funcionario, el gobierno federal indemnizó a los afectados y los terrenos fueron aportados al Fideicomiso. Añade que, una vez descontados los gastos de las inversiones, los ejidatarios en su calidad de fideicomisarios tienen derecho a percibir las utilidades por la venta. “Ese es el asunto que se confunde, pero la tierra en cuanto a su expropiación está liquidada”.

Los pobladores acusan lo contrario. El ejidatario Antonio Navarro señala que “el Fibba no nos ha liquidado. Dicen que ya nos pagaron pero no es cierto. Aquí se hizo la expropiación y a algunos los liquidaron pero al ejido no le dieron ni un cinco. Todos los ejidatarios (de La Peñita) tenemos ese problema. Cómo es posible. Qué se hizo con el dinero que era para los ejidatarios”.

Al respecto Rubén López afirma que los ex dueños de la playa mienten al sostener que jamás han recibido recursos: “eso no es cierto. Los pagos originales de la expropiación no le correspondieron al Fideicomiso, se pagaron a través del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, pero fue en su momento”.

El funcionario detalla que los antiguos posesionarios exigen el pago de un derecho y no la indemnización. “Cuando se venden las tierras el ejido recibe una participación producto de las ventas, el asunto es que esas tierras no se han vendido y ellos han pedido una liquidación anticipada. Por ahí se comenta que será un pago de 500 (mil pesos por ejidatario), otros dicen que 400 mil: de manera certera nunca se ha establecido una cantidad”.

Manuel Ibarria Gaytán, ex comisariado ejidal de La Peñita explica que, “aunque las 271 hectáreas de Guayabitos ya están vendidas, nada le han pagado al ejido. A los posesionarios ajenos al ejido (29 personas) se les dio una parte. Ellos tenían de una a tres hectáreas como máximo”.

Agrega que de las 799 hectáreas expropiadas quedan 528 de playa virgen. “Nosotros queremos que nos den algo por esas tierras. Cuánto pueden valer 528 hectáreas pegadas a la playa, muchísimo dinero, nosotros no les estamos pidiendo tanto: hemos aceptado 200 millones para repartirlo entre los 379 ejidatarios más un grupo de expropiados directos que tenían un predio en posesión y los estamos respetando. En total somos 408 y ese padrón ya lo tiene el fideicomiso, nada más falta que liquide, falta voluntad, nada más”.

La ausencia de documentos que comprueben las negociaciones es el principal aliciente para la desmemoria de Rubén López, quien desde hace una década ocupa el cargo de director fiduciario y patrimonial del Fibba.

El servidor público dice desconocer el monto ofrecido a los ejidatarios que ha llegado incluso a los cinco pesos por metro cuadrado, según denuncian los propios afectados: “esa cantidad no la había escuchado hasta este momento. No sabía que había esa propuesta”.

Cuando se le pregunta a cuánto asciende el patrimonio del Fideicomiso Bahía de Banderas para conocer su solvencia económica, Rubén López  dice sin pudor: “no le sabría informar. El Fideicomiso no es para tener dinero líquido”. El funcionario tampoco sabe en cuánto se comercializa el metro cuadrado en zona de playa.

José de Jesús Ruiz Rodríguez explica que los acuerdos entre ejidatarios y autoridades han sido a la palabra y que ellos han confiado en los funcionarios de primer nivel, como el ex director del Fibba, Amado Rubio Castañeda, quien a pesar de prometer un paquete de 170 millones a favor de los 408 afectados, los “traicionó”.

“En resumidas cuentas admitimos ese pago”, dice el viejo. La cifra equivale a una retribución de 212 mil 765 pesos por hectárea y a 21 pesos por metro cuadrado; sin embargo, comenta que el último ofrecimiento fue de cinco pesos por metro cuadrado, esto a pesar del alto potencial turístico de las playas de Bahía de Banderas.

Indignado, José de Jesús advierte: “a los del ejido El Capomo ya les liquidaron, a los de Sayulita ya les liquidaron, ya liquidaron a todos y a nosotros nada, pero les dieron lo que ellos (las autoridades) quisieron. El problema es que nosotros no aceptamos, porque a muchos ejidatarios les dieron 50 mil pesos y 50 mil pesos no son nada. Nosotros queremos que se nos arregle bien y entonces que el gobierno haga lo que quiera con los terrenos”.

 

Pretextos oficiales

Excusadas en un problema del ejido, las autoridades encargadas de resolver la problemática en La Peñita de Jaltemba carecen, incluso, de una fecha para iniciar las negociaciones sobre el pago correspondiente al 22.5 por ciento del costo de los terrenos. Rubén López afirma que “el fideicomiso estaría en una negociación seria con ellos cuando estén totalmente coordinados. Primero tienen que arreglar su situación”.

Y es que en el ejido de La Peñita cada vez se contabilizan más damnificados de la expropiación, sin que en realidad lo sean. Manuel Ibarria explica que “aquí el dinero del Fibba es la manzana de la discordia”. Detalla que a raíz de las negociaciones para el cobro de los derechos de la tierra, 44 personas ajenas al ejido entablaron juicios ante el Tribunal Unitario Agrario para obtener su reconocimiento y con ello exigir parte del dinero.

De acuerdo con el listado de ejidatarios de La Peñita de Jaltemba, emitido por el Registro Agrario Nacional, delegación Nayarit, las 44 personas fueron reconocidas como ejidatarios el 1 de abril de 2002, según la resolución dictada al expediente 291/2001 por el Tribunal Unitario Agrario.

“Ellos tratan de obtener una ganancia: que se les dé (dinero), pero esto no es retroactivo. Si el Tribunal Unitario Agrario les da la calidad de ejidatarios se las da de ahora en adelante, no desde 1970. Ellos quieren el dinero que nos va a pagar el Fibba porque el Tribunal Unitario Agrario ya les dio esa calidad, pero el mismo Tribunal les dice que no tienen derecho a esto”, dice Ibarria Gaytán.

El ejidatario explica que en agosto del año pasado el grupo de los 44, junto con otros integrantes, tomaron por la fuerza el comisariado ejidal y que a pesar de que la mesa directiva ya fue impugnada por incurrir en irregularidades, las autoridades no hacen nada para reestablecer el orden.

 

Irregularidades omitidas

 

Un oficio del Registro Agrario Nacional fechado el 16 de enero de 2006 y firmado por el subdelegado de esa dependencia, Fernando Dufour Sánchez, revela que desde el año pasado las autoridades conocen las anomalías en las que incurrieron los supuestos dirigentes.

“Mediante oficio DJ/4450/05 folio 021461, de fecha 24 de noviembre de 2005, certifico que mediante calificación registral de fecha 25 de noviembre de 2005 se negó la inscripción del acuerdo de asamblea general de ejidatarios relativo a la elección del comisariado ejidal y consejo de vigilancia realizada el 28 de agosto de 2005”, apunta el documento.

Pese a estas irregularidades, el gobierno de Ney González se mantiene inmutable. “Sería ilógico que este Fideicomiso se sentara a negociar donde hay conflictos, porque la realidad de las cosas es que no sabemos quién tiene la representación legal del ejido. Los conflictos internos no dan certeza a nadie”, señala Rubén López.

El director fiduciario y patrimonial del Fibba explica que “de origen en la expropiación únicamente fueron 150 los ejidatarios afectados en ese ejido de La Peñita; sin embargo, se han venido aceptando nuevos ejidatarios y precisamente una de las obligaciones de la asamblea general es elaborar un padrón de ejidatarios fideicomisarios y ese ejido tiene problemas internos que no han permitido definir el padrón. El asunto interno nos ha mantenido con una situación de indefinición”.

Para Antonio Navarro las cosas no son así: “no queremos que nos echen mentiras. Nosotros tenemos el padrón de asistentes desde hace siete años y nada más asistíamos a las asambleas 379 ejidatarios con registro, los demás se fueron y otros murieron. Estamos de acuerdo en que los sucesores de los que se murieron entren, pero en lo que no estamos de acuerdo es que esos 44 que acaban de entrar tengan los mismos derechos”.

El ejidatario agrega que “estamos inconformes y estamos contra ellos. Lo más duro es que ahí hay compadres, primos hermanos, amigos y estamos enfrentados. Todos somos parte del pueblo y nos conocemos. Aquí en seguida está mi hijo y está casado con una de los 44”.

Para los ex dueños de la playa la expropiación sólo ha traído desgracias. “Con la expropiación del gobierno nosotros no podemos ni siquiera hacer una casa ni nada, porque la tierra es del gobierno. Ni nos liquidan ni nos dejan, si nos dejaran podríamos construir como cuando llega una compañía o un americano, aquí caen seguido y compran. El gobierno vende bien las tierras de la playa y a nosotros no nos da nada”, dice José de Jesús Ruiz.

Y es que los nuevos propietarios de la playa de Rincón de Guayabitos no son mexicanos. Nombres como Attwoob Allen, John David Atkinson, Janet Rose Marie Mccarthy, Fredrick Ross Burgess, Monique Marie Huguette Vatri y Sylvia Ann Baldock, figuran entre los actuales posesionarios de los terrenos expropiados a los ejidatarios de La Peñita, revelan los libros del Registro Público de Las Varas. En el archivo de esa dependencia obran 56 escrituras públicas a favor de extranjeros.

Rubén López afirma que las ventas de terrenos hechas por el Fibba a extranjeros son a través de fideicomisos como lo establece la Ley. “Prácticamente ellos nada más están usufructuando: el terreno sigue siendo de la nación. No se lo llevan”.

Además de quedarse con las tierras, los extranjeros representan una amenaza para el sustento de los pobladores, pues bajo el pretexto de “limpiar” la zona para el turismo también los pobres deben salir. José de Jesús acusa a las autoridades de echarlos de la playa.

“Ya no quieren que vendamos aquí. Todo esto nos cansa. Algunos ejidatarios venden pescado, otros venden pan, yo vendo ‘uña de gato' para sacar pa' comer. Tengo 75 años, ya no puedo trabajar en otra parte: ni de albañil ni de nada y de algún lado tengo que sacar para mi tortilla. Muchas personas están peor que yo, en silla de ruedas o en muletas, otros ya se han muerto con la esperanza de que les dieran el dinerito pero se murieron y aquí no ha habido nada de dinero”.

 

Publicado: Abril 1a quincena de 2006 | Año 4 | No.53



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