La acusación la hace la exdirectora de asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, Lilia Cortés García, quien ha sido víctima de vejaciones laborales y amenazas por parte de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza desde que ésta se desempeñaba (hasta finales del año pasado) como directora general de Programación y Presupuesto “A” en la Secretaría de Hacienda, para después ser recomendada por su jefe, el secretario Francisco Gil Díaz, al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, quien la designa oficial mayor de la PGR, lo que le permite enfrentar desde esa posición privilegiada las averiguaciones abiertas en su contra.
Las evidencias de supuesta corrupción que tiene en su poder Lilia Cortés son dos documentos “oficiales”, uno de los cuales en su parte superior tiene las siglas de la PGR y la leyenda con mayúsculas “PÓLIZA DE PAGO CON CARGO A NÓMINA CONFIDENCIAL POR APOYO A INVESTIGACIÓN Y/O ASIGNACIÓN DE REMUNERACIONES OFICIALÍA MAYOR 73540434”.
Con fecha del 12 de agosto de 2006, esta póliza tiene la firma presuntamente de la oficial mayor de la PGR, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, y detalla movimientos financieros justificados bajo el capítulo 1000, clave de pago 91OM0096459, tipo de movimiento “Extraordinario”, antecedente No. 18634, No. Póliza OM/127465/05, Partida 1509, Región Centro, Zona 009, Clasificación 001, Prioridad “URGENTE”, acceso 215/05, egreso 564/05, actividad apoyo institucional, justificación O Superior, Dependencia Expedidora Dir. P.
 De acuerdo con el documento y con la adscripción de “Investigación”, cuatro funcionarios de mandos superiores de la Secretaría de la Función Pública, encabezados por su titular Eduardo Romero Ramos, habrían recibido 10.05 millones de pesos extraídos del erario por parte de la oficial mayor Cecilia Barra y Gómez Ortigoza.
Según la supuesta póliza, la Oficialía Mayor destinó 5 millones de pesos al secretario Romero Ramos; otros 2.5 millones fueron para la titular del Órgano Interno de Control de la SFP, Aída Amanda Córdoba Chávez, aunque el documento tiene el error de los apellidos invertidos: Chávez Córdoba, y otros dos servidores públicos: Dora Alicia Rodríguez López, con un monto de 2.5 millones, y Gabriel Antonio Fararoni Rodríguez, sólo con 50 mil pesos.
Esta póliza con carácter de “URGENTE” tiene sellos de revisión y registro 27465, de recibido con fecha 12 de agosto de 2005, un sello de “PAGADO”, la firma de visto bueno de un director general y las siglas de instituciones bancarias: HSBC, Banamex y Banejército, de las cuales los recursos para el presunto soborno habrían salido de HSBC.
Estos supuestos documentos oficiales fueron mostrados a la funcionaria de la PGR directamente involucrada, la oficial mayor Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien rechazó categórica haberlos elaborado y mucho menos firmado, y dijo que se trata de una “mala falsificación” de su rúbrica y de las pólizas que se utilizan en la Procuraduría.
Sin embargo, la exdirectora de asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, Lilia Cortés García, afirma que las pólizas salieron de la Oficialía Mayor de la PGR y acusa directamente a Barra y Gómez Ortigoza de realizar esos sobornos y cohechos para comprar impunidad sobre los procesos y expedientes abiertos en su contra en la Secretaría de la Función Pública y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Por lo que respecta a la PGR, también ha habido reparto de dinero interno para frenar las averiguaciones previas en su contra y lograr que se les dé carpetazo”, agrega Cortés García.
Para verificar y confrontar la información que menciona directamente al titular de la Función Pública, se buscó entrevistar al secretario Eduardo Romero, pero ni en su oficina ni en la Dirección General de Comunicación Social aceptaron responder las constantes llamadas telefónicas hechas desde hace más de un mes.
De la segunda póliza relativa al supuesto pago de PGR por 6 millones de pesos para “comisiones de investigación” a seis funcionarios de la CNDH, el documento tiene la fecha del 27 de octubre de 2005, el logotipo de la PGR y la misma leyenda “POLIZA DE PAGO CON CARGO A NÓMINA CONFIDENCIAL POR APOYO A INVESTIGACIÓN Y/O ASIGNACIÓN DE REMUNERACIONES OFICIALÍA MAYOR”.
El capítulo presupuestal de donde habrían salido las partidas de dinero corresponde al número 1000, la partida 1509, la clave de pago es 91OM0101079, el tipo de movimiento es “Extraordinario”, el antecedente tiene el número 19755, la póliza número OM/1998/05, la región Centro, la Zona 009, la clasificación 001, prioridad “URGENTE”, el acceso 36905 y el egreso 882/05, la actividad de “Apoyo institucional”, la justificación O Superior, la dependencia Expedidora Di. P.
 En la lista de asignaciones de recursos de la póliza 5 millones de pesos corresponden al doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la CNDH; Susana Talía Pedroza de la Llave, 2ª Visitadora General, 500 mil pesos; Fernando Batista Jiménez, director general de la 2ª Visitaduría, 250 mil pesos; Arturo González Piñón, director de Área de la 2ª Visitaduría, 100 mil pesos; Salvador Arias Ruelas (en el documento tiene como error el segundo apellido: Ramírez), director de Área de 2ª Visitaduría, 100 mil pesos, y Rodolfo Rueda Martínez, visitador adjunto, sólo 50 mil pesos.
Igual que la primera póliza, ésta tiene la supuesta firma de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, cuenta con sellos de codificación, de recibido y de “PAGADO”. Además las siglas de la institución bancaria de donde habrían salido los fondos: HSBC.
Igual como se hizo con la Secretaría de la Función Pública, se buscó entrevistar al ombudsman José Luis Soberanes para que diera su opinión sobre esta póliza que le acredita supuestos pagos de PGR para investigaciones por 5 millones de pesos, pero sólo recibió el documento y en la CNDH informaron que harían una investigación al respecto sin emitir algún otro comentario.
Los abusos contra Lilia Cortés
Desde hace más de un año Contralínea ha dado puntual seguimiento a las denuncias laborales, administrativas y penales que ha hecho la exfuncionaria de Hacienda, Lilia Cortés García, ante diversos organismos y entidades gubernamentales como la CNDH, PGR y Función Pública, en donde las mismas investigaciones han confirmado las agresiones, amenazas y violaciones a leyes y normas en que han incurrido las secretarías de Hacienda y Función Pública, PGR y la misma CNDH al dar carpetazo y cerrar expedientes que dejan indefensa a la denunciante.
Esa constancia de evitar sancionar a servidores públicos que han incurrido en irregularidades y violaciones en el caso de Lilia Cortés, es motivo fundado de sospecha de que las pólizas de la PGR pudieran ser auténticas; sin embargo, corresponderá a la misma autoridad y a todos los involucrados responder sobre esta grave acusación de sobornos, cohechos y complicidades de personas de renombre y prestigio como el doctor José Luis Soberanes, el secretario Eduardo Romero Ramos, el secretario Francisco Gil Díaz, el procurador Daniel Cabeza de Vaca, la doctora Cecilia Barra y Gómez Ortigoza y los otros ocho servidores públicos directamente involucrados al ser mencionados en los documentos.
En Contralínea de marzo de 2005 la reportera Ana Lilia Pérez documentó puntualmente esas anomalías que dan un contexto general de los agravios en contra de Lilia Cortés y que reproducimos en una síntesis:
En diciembre de 2002 Lilia Cortés denunció ante la PGR y la SFP a la directora general de Programación y Presupuesto “A”, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, por ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones, desvío de recursos federales y daños presupuestales.
Cecilia Barra encabezaba desde agosto de 2002 la Dirección General en donde se maneja el presupuesto federal sin tener facultades que le confiere el Reglamento Interior de la SFP; es decir, sin contar con las atribuciones legales, dice la denunciante.
Mediante oficios turnados desde 2003 entre el Órgano Interno de Control de la SHCP y la SFP se confirmó que Cecilia Barra no tenía atribuciones legales ni normativas para desempeñar sus funciones y, por tanto, su puesto en Hacienda, y que sus funciones eran ilegales.
La SFP no ha concluido las auditorias para determinar el daño presupuestal ocasionado por la funcionaria que hasta la fecha ha manejado alrededor de 4 billones de pesos destinados a secretarías de Estado, órganos administrativos desconcentrados, instituciones de salud y educación, paraestatales, fideicomisos y Presidencia de la República.
Las auditorias para evaluar el daño presupuestal, entre otras irregularidades, continúan al interior del Órgano Interno de Control en la SHCP, según informan en la oficina de la titular del área, Aída Amanda Córdova Chávez, quien se niega a comentar al respecto.
En tanto, en la PGR no hay avances sobre la denuncia que presentó Lilia Cortés desde el 2002, la cual ha sido renumerada cinco veces y las amenazas contra la ex funcionaria de Hacienda no cesan, en un afán de intimidación para que abandone la querella contra la directora general de Presupuesto “A”.
Carta a Fox, detonante
Las acciones intimidatorios, que van desde agresiones físicas y verbales hasta amenazas de muerte, iniciaron en octubre de 2002, cuando Lilia Cortés envió una carta a la Presidencia de la República en la que narra con detalle los actos de corrupción que se registran en la Secretaría que dirige Francisco Gil Díaz, particularmente en la dirección a cargo de Barra y Gómez Ortigoza.
Desde entonces, Lilia Cortés tiene frecuentes enfrentamientos con individuos que le advierten: “deja en paz a Cecilia o de lo contrario te matarán”.
En diciembre de 2002 Lilia Cortés presentó la denuncia ante la delegación de la PGR en el Distrito Federal por “ejercicio indebido del servicio público, amenazas, usurpación de funciones, desvío de recursos federales, peculado, robo y lo que resulte”, integrada en la Averiguación Previa 3745/DDF/2002.
Después de permanecer casi dos años empantanada, el delegado Rolando López Villaseñor argumentó “incompetencia” en el caso y la envió a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de la Justicia (UEIDSPAJ), en donde fue renumerada con el folio 42/UEIDCSPAJ/04.
En una ampliación a la averiguación previa 42/UEIDCSPAJ/04, Lilia Cortés acusa al delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando López Villaseñor, y al entonces oficial mayor, Germán Gallegos Gutiérrez, de tráfico de influencias, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público por “interferir de manera dolosa el avance de la indagatoria”.
Exhorto a la PGR
La dilación con que han actuado tanto la PGR como la SFP en la resolución de este caso fueron motivo de un punto de acuerdo que aprobó el Senado de la República el pasado 15 de febrero de 2005, en el que se hace un exhorto al entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para “que atienda y resuelva conforme a derecho y con las consecuencias legales a que haya lugar, las averiguaciones previas que obran en su poder, pidiendo se tutelen en todo momento de los derechos humanos, laborales y civiles de Lilia Cortés”.
 Se pide al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, que rinda “conforme a derecho, un informe de las diversas denuncias que ha presentado ante esa instancia fiscalizadora y ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las acciones legales que ha iniciado para resarcir los derechos humanos, laborales y civiles de Lilia Cortés”.
Se exhorta además a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que investigue de manera formal la violación a los derechos humanos, laborales y civiles sufridos por Lilia Cortés a raíz de las denuncias de corrupción que hizo en Hacienda.
Todas las dependencias citadas, según información del Senado, tenían de plazo hasta abril de 2005 para presentar los requerimientos de ese órgano colegiado.
La complicidad de la PGR
La complicidad de la PGR con funcionarios de la SHCP no es casual, dice Lilia Cortés, y habla de la amistad entre Cecilia Barra y el ex oficial mayor de la PGR, Germán Gallegos, a quien después sustituye en el cargo y es la responsable de limpiar sus corruptelas.
Cortés García guarda copias de las tarjetas de felicitación que con motivo de las fiestas de fin de año enviara Germán Gallegos a Cecilia Barra en noviembre de 2003, tarjetas que coronaban los regalos que se repartieron en la fiesta privada de la directora de Presupuesto “A”, apadrinada por el mismo ex oficial mayor.
Entrevistado por la reportera Ana Lilia Pérez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Sadot Sánchez Carreño, reconoce la responsabilidad tanto de la PGR como de la SFP tanto en la integridad de Lilia Cortés como de que se resuelva de forma pronta y expedita los hechos por ella denunciados, que hasta el momento, indica el senador, se han visto frenados.
A partir de que denunciara presuntos actos de corrupción en Hacienda, Lilia Cortés ha sufrido amenazas, golpes e intimidaciones, ¿qué cargos podrían fincarse contra los funcionarios de Hacienda involucrados?
-Las irregularidades, e incluso la probable comisión de delitos que se refiere al manejo irregular de direcciones, está denunciado ante la Secretaría de la Función Pública. Pero derivado de esas denuncias la señora Lilia Cortés ha sufrido amenazas, agresiones y ha hecho pública su denuncia ante la PGR y ninguna de esas denuncias ha prosperado. Lo que ordenamos a través del punto de acuerdo es que se proceda conforme a derecho en ambos casos para investigar las irregularidades y si de eso se desprenden actos delictivos, que la PGR ejercite la acción penal correspondiente.
¿La denuncia involucra a funcionarios de la PGR por obstruir la investigación?
-Así es, por ello el Senado exhortó a que se agilicen las averiguaciones, se asegure y garantice su integridad física y se obligue a las autoridades a proceder conforme a derecho.
¿Cuál es la responsabilidad del secretario Francisco Gil Díaz?
-Todas las responsabilidades por hechos delictuosos son responsabilidades personales, no colegiadas, pero en las indagatorias que realiza la Secretaría de la Función Pública si puede atribuirse una responsabilidad colegiada, una responsabilidad de toda la institución y desde luego como cabeza de esa institución a su titular. Esa responsabilidad administrativa la determinará la Secretaría de la Función Pública.
¿Considera que Lilia Cortés debe tener protección especial?
-Sí. Aquí se está responsabilizando directamente a estas dependencias (PGR y SFP). Si existiera alguna comisión de los hechos como se han denunciado, las autoridades tienen la obligación de disponer de medidas cautelares, que tienen como propósito asegurar la integridad física de esta persona. Si no hay la atención se podría recurrir a organismos internacionales, porque se estaría hablando de una persecución que ya escaparía a una situación simplemente como persona y se revelaría que podría haber hasta un interés político, de Estado.
El senador Sadot Sánchez agrega que luego del exhorto (hecho público el pasado 15 de febrero), los funcionarios de la PGR, de la SFP y de la CNDH tuvieron de plazo hasta abril en que concluye el periodo ordinario de sesiones para entregar los informes requeridos por el Senado; de lo contrario, dice, procedería una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La respuesta de la CNDH
Un año después de que el Senado exhortara a la CNDH a investigar la violación de los derechos humanos de Lilia Cortés, la Segunda Visitadora General, Thalía Pedroza de la Valle, involucrada en la recepción de presuntos sobornos de la PGR, envió el oficio 00816 el 17de enero de 2006 a Lilia Cortés, en donde resuelve que “toda vez que el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, mediante el oficio 001717 de 21 de noviembre de 2005, informó sobre la aceptación a la propuesta de conciliación planteada por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se determina su expediente como resuelto por amigable conciliación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 y 36 de su propia Ley”.
La funcionaria de la CNDH le sugiere a Lilia Cortés que “en caso de que la resolución consultada por el representante social de la Federación del No Ejercicio de la Acción Penal, en su carácter de ofendida puede combatirla vía amparo directo”.
Agrega que “si considera conveniente a sus intereses, puede dar seguimiento a las acciones con motivo de la amigable conciliación ante el licenciado Jesús Manuel Alfaro Sánchez, titular del Órgano Interno de Control de la PGR”
Pedroza de la Valle concluye su resolución al afirmar que “la CNDH tiene el antecedente que usted, con anterioridad, acudió mediante escrito de queja presentado el 10 de septiembre de 2003, lo que originó la apertura del expediente DF/2003/2642-2-OD, cuya conclusión se le notificó”.
Publicado: Abril 1a quincena de 2006 | Año 4 | No.53
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