Sin investigar ni deslindar responsabilidades, la Secretaría de la Función Pública (SFP) cierra el expediente en contra del Seguro Popular por supuestos hechos de corrupción cometidos en la contratación de los “servicios de credencialización” y en la convocatoria de una licitación relacionada con estos, afirma Juan Antonio Fernández Ortiz, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Luego de que los representantes de la empresa Técnica Comercial Vilsa se inconformaran ante la dependencia que encabeza Eduardo Romero Ramos, Fernández Ortiz se deslinda de las acusaciones y asegura que es un caso que ya aclaró la Contraloría, institución que niega informar al respecto.
El 20 de diciembre de 2005 Vilsa acudió ante la Dirección General de Inconformidades de la SPF para inconformarse por el otorgamiento del contrato de credencialización del Seguro Popular –que implica recursos por 320 millones 400 mil pesos– a la empresa Image Tecnology, por lo que se abrió el expediente 779/2005.
La denuncia de Vilsa (Contralínea 50) sostiene que la licitación 12161001-004-05 fue armada para que sólo la empresa Image Technology de México pudiera cumplir con las bases exigidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de tal manera que el concurso habría sido manipulado por Fernández Ortiz, ex coordinador de Amigos de Fox.
El titular del Seguro Popular, programa que a finales de diciembre pasado llegó a afiliar a 3 millones 500 mil familias mexicanas, acusa a Vilsa de actuar con dolo porque en esta ocasión la empresa no obtuvo el contrato multimillonario.
“El que declaró esto lo hizo con dolo, es un proveedor que ya había ganado hace cuatro años, con Inbursa y Protón, el contrato para hacer la tarjeta del diesel agropecuario que manejé cuando estaba en la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural y Pesca. Ahora, de los 12 que compraron las bases se inscribieron ocho, y a él o a su grupo no les resultó favorable.
 “Probablemente no le dio tiempo, se quedó medio atrasado, no jaló Inbursa, le ganó la incompetencia. Al final de cuentas yo no soy la autoridad, yo se la mando a Función Pública, ella califica y nosotros salimos en ese sentido”, se defiende Fernández Ortiz.
Otro de los aspectos que motivaron la inconformidad ante la SFP es el costo de producción, pues según empresas del ramo el importe promedio de una “tarjeta inteligente” es de aproximadamente 20 pesos, mientras que la empresa ganadora de la licitación, Image Tecnology, logró obtener el contrato por un monto aproximado de 100 pesos por tarjeta, es decir 400 por ciento más.
Ante esta situación, el ex coordinador de Amigos de Fox niega que los costos de producción rebasen los precios promedio del mercado y señala que todo se debe a que los inconformes hicieron mal las cuentas.
“Lo que están haciendo es dividir el monto del contrato entre el número de tarjetas y si se revisan las bases se divide en tres partes: software, hardware y las tarjetas, está mal hecha la operación”, dice el funcionario foxista, no obstante la convocatoria presentada a través de Internet señala que tuvo un costo unitario de más de 86 pesos.
Todo está en Internet
Juan Antonio Fernández Ortiz niega que haya irregularidades en el manejo de los fondos públicos y dice que “todo está en Internet”. La página oficial Compranet, sistema electrónico de contrataciones gubernamentales de la SFP, precisa cómo se han llevado a cabo los procesos de licitación pública, el tipo de contratación, la unidad administrativa o dependencia que celebró el contrato, el proveedor o contratista, la fecha de suscripción del contrato, el objeto, monto y plazos de cumplimiento.
De acuerdo con la licitación 12161001-004-05, publicada el 10 de noviembre de 2005, bajo el rubro de adquisiciones, se presentó una fecha límite de pago de las bases de licitación para el 16 de noviembre del año pasado, mientras que la apertura técnica y económica sería el 25 de noviembre del mismo año.
En la misma página electrónica la Dirección de Administración de la Comisión Nacional de Protección en Salud publica la convocatoria 004, en la que invita a los interesados en participar de la licitación a comprar las bases, mediante el pago de 968 pesos.
Según las especificaciones del documento y de acuerdo con la partida uno –que consiste en prestar servicio de credencialización, desarrollo, administración y operación de sistemas, con la clave C810800002– la empresa ganadora elaboraría 3 millones 700 mil tarjetas del Seguro Popular. La empresa que ganó el concurso presentó un costo unitario de 86.pesos 59 centavos por tarjeta, lo que derivó en un importe total sin IVA de 320 millones 399 mil 650 pesos.
En la misma convocatoria se señala que el 4 de noviembre del año pasado fue autorizada una reducción al plazo de presentación y apertura técnica de propuestas –del 25 de noviembre a la misma fecha del pago, es decir, el 16 de ese mes– por la directora administrativa Martha Elvia Silvia Dávalos durante una junta de aclaración en las instalaciones de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, justo un mes antes de que el presidente Fox entregara la credencial 3.5 millones del Seguro Popular.
Ante esta situación el funcionario dice que “ganaron cuatro empresas. Al final lo que hice fue firmar un contrato con las cuatro, todas presentaron sus papeles en regla, no hubo ninguna cancelación, se pospuso dos veces por aclarar pero nunca se canceló, se aplazó la fecha de fallo para la parte de consultas y ya no hubo más. Por lo que se tuvo la oportunidad de haber metido una tercera consulta y alargábamos.”
La resolución
Sin llevar a cabo una investigación a fondo acerca de las causas por las cuales Técnica Comercial Vilsa se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública, la dependencia que encabeza Eduardo Romero Ramos determinó que la empresa quejosa carece de “interés jurídico” en el proceso, porque señala que la inconformidad es “infundada”.
La resolución firmada por Mario Alberto Massé Alemán, encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades, y Martha Cristina Herrera Terrazas, directora de Inconformidades, suscribe: “No pasa inadvertido que el accionante pretende que esta autoridad efectúe una investigación para verificar la legalidad, equidad, imparcialidad y eficacia de la licitación pública impugnada a fin de que el Estado obtenga las mejores condiciones[…]”
No obstante, los funcionarios de la SFP resolvieron que “se determina infundada por falta de interés jurídico la inconformidad promovida por la empresa Técnica Comercial Vilsa. S.A de C.V”.
Una vez que fue otorgada la resolución, la Dirección General de Inconformidades señala que puede ser “impugnada en términos del artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mediante un recurso de revisión que establece el Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”.
Se buscó la versión de la Dirección General de Inconformidades de la SFP por medio de su unidad de Comunicación Social, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
El ganador
Cuestionada por obtener el contrato millonario, la empresa Image Technology de México, en asociación con E. Siglo, Oracle de México y apoyada por la empresa Gemplus, relacionada con el fallido Registro Nacional de Vehículos (Renave), niega que se le haya dado ventaja en el proceso de licitación.
Su presidente, Enrique Pérez, asegura que el concurso se realizó legalmente, y que el fallo fue a su favor porque presentaron mejores propuestas para elaborar la “tarjeta inteligente” del Seguro Popular.
El empresario argumenta que ganaron con una propuesta distinta a la del “monopolio” y que “las empresas que se inconformaron ni si quiera presentaron propuesta y sólo asistieron a las juntas para decir que el proyecto estaba orientado a otro grupo, cuando se sabe que no fue así.
“Nosotros ganamos con una propuesta totalmente diferente a la que ellos estuvieron diciendo en las juntas de aclaraciones que se iba a dar, porque propusimos nuestra tecnología, si había otros grupos que tenían otra tecnología y no la propusieron no fue nuestro problema”, señala.
Respecto a la inconformidad de la empresa Técnica Comercial Vilsa, Enrique Pérez dice: “Hemos contestado preguntas, pero no hemos participado en un concurso en el que las prebases salieron con mucho tiempo de anticipación y luego las bases, y como es un medio en el que llevamos muchos años tenemos los elementos, no sólo por haber trabajado con el Seguro Popular, sino en empresas que representamos en el IFE”.
El empresario dice que en las empresas Vilsa e Image Tecnology “teníamos la experiencia para este proyecto, los otros no tenían los productos. Podían haberlos conseguido haciendo alianzas, y alguna de esas empresas ha trabajado con el cliente antes que nosotros”.
Otro proceso
El representante legal de Técnica Comercial Vilsa, S.A. de C.V, Luis Raúl Vidales Sánchez, advierte que los abogados de la compañía siguen “evaluando acciones legales para ejercer nuestro derecho” luego de que la Secretaría de la Función Pública señalara que la inconformidad carece de interés jurídico y resulta “infundada”.
Además, el empresario niega que la decisión que se tomó para presentarse ante la Contraloría haya sido por dolo, como lo señaló el titular del Seguro Popular, y puntualiza: “si él lo dice es una responsabilidad para él, porque tendría que probarlo, pero es absolutamente falso”. Y advierte que “esto, además de ser una calumnia podría tener consecuencias legales porque nosotros nunca participamos en ninguna licitación para diesel agrícola”.
La posible impugnación del fallo queda descartada pues Vidales Sánchez dice que la dependencia que dirige Romero Ramos “no está atendiendo nuestro interés jurídico. Ya cumplimos con el derecho de inconformarnos y ahora preparamos una siguiente fase legal en las instancias que creemos corresponda.
“Lo que sabemos todos es que hay alrededor de 3.5 millones de tarjetas que se hicieron -y que esto fue difundido a través de medios públicos y oficiales- y estas salieron de algún lugar. Por eso, seguimos investigando, y si creemos que algo está mal, que puede vulnerar la transparencia y equidad tenemos el derecho y la obligación de continuar. Lo que si me parece incorrecto es que alguien difame diciendo cosas que no pueda comprobar”, asevera.
Ante la decisión de otorgarse el contrato millonario a la empresa competidora Image Tecnology, puntualiza que basta con investigar quienes tienen la experiencia, solidez y el verdadero respaldo no sólo de capital sino también en la parte tecnológica y de proyectos que han realizado en el pasado.
“Poner este tipo de proyectos en manos de empresas que no tengan este tipo de respaldo puede ser indicio de algún problema. Será función de los medios que hagan una investigación porque es un interés que le debe de importar a todos los mexicanos, por la importancia de un proyecto de esta naturaleza y por la trascendencia que esto pudiera para millones de familias, por si falla en el futuro.
“Nosotros nunca hemos incumplido ni con Sagarpa, ni con ningún cliente, somos una empresa seria y nos reservamos nuestros proyectos porque somos una empresa que hace las cosas con la ética y la discreción para sus clientes, nuestra función ha sido y será transparente”, concluye el empresario.
Crítica legislativa
Una vez que los legisladores de las distintas bancadas en la Cámara de Diputados señalaran que el comisionado nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández Ortiz y el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, serían convocados ante el pleno para rendir cuentas sobre este tema, el titular del Seguro Popular se muestra confiado en que no pisará el Palacio Legislativo para hacer aclaraciones.
Por el contrario, dice el ex coordinador de los amigos de Fox, “yo me siento con los diputados de la Comisión de Salud cada tres meses y hay unos informes que juntos elaboramos, de cuántas familias van y dónde se gasta el dinero. A mí nadie me ha dicho nada. De lo que más se quejan es de los anuncios del presidente Fox en la tele, pero ahí yo no puedo hacer nada”.
Y es que los legisladores de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, señalaron que las supuestas anomalías debían ser investigadas a fondo por la Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública.
El diputado panista José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la Comisión de Salud, dijo que luego de que todas las partes afectadas se inconformen ante la SFP, se requerirá de una investigación a fondo para aclarar la situación, y puntualizó:
“No vamos a ser tapaderas de nadie, habrá que tomar cartas en el asunto y yo estaría en pro de que se investigue y se castigue a los responsables. Como legisladores tenemos la obligación de que los recursos públicos se utilicen en forma transparente y debemos velar porque no haya derroches”.
Por su parte, el legislador perredista Agustín Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, y quien dijo estar enterado de las supuestas irregularidades desde hace unos meses advirtió:
“En la Secretaría de Salud ya traen un problema serio con esta licitación, hay protestas de las empresas participantes y ahora sé que andan buscando a algunas personas para solucionar este problema. Todos los elementos que hay en la mesa nos hablan de un fraude”.
Publicado: Abril 1a quincena de 2006 | Año 4 | No.53
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