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Hacienda en problemas con Senado de EU.

Ana Lilia Pérez

El congreso de Estados Unidos investiga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por abuso de autoridad, equivocada interpretación del Tratado de Libre Comercio y otras supuestas irregularidades cometidas en agravio de la empresa Vento Motorcycles, Inc.

 

 


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Desde el 2004, el Senado de Estados Unidos integra una investigación que involucra a la Secretaría de Hacienda en abuso de autoridad sobre la empresa Vento Motorcycles, Inc., derivada de acusaciones que le hizo el titular de la Administración General de Aduanas (AGA), José Guzmán Motalvo, por el supuesto delito de contrabando técnico en la importación de motocicletas.

El Senado estadounidense considera que Hacienda, a través de la AGA y de la Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional, incurre en actos violatorios al Tratado de Libre Comercio.

El asunto causó reacciones al interior del Congreso de Estados Unidos a grado tal, que una comisión de la oficina del Departamento de Seguridad Interna prepara un informe que tiene reconsideraciones legales sobre el NAFTA, por la “mala interpretación” del TLC por parte de las autoridades hacendarias mexicanas.

Al respecto, el director de Vento Motorcycles para México, Isaac Calderón, acusa a la Secretaría de Hacienda y a Guzmán Montalvo de orquestar una “campaña de desprestigio” en contra de la empresa para sacarla del mercado mexicano y beneficiar a compañías japonesas y alemanas.

El administrador general de Aduanas, Guzmán Montalvo, incluye a esa empresa de motocicletas entre las fichadas por incurrir en contrabando técnico.

Las pugnas entre Vento y Hacienda iniciaron en agosto de 2002 cuando peritos adscritos a la AGA intervinieron a la cadena de tiendas Liverpool –distribuidora de Vento-, para verificar el lugar de procedencia de las motocicletas, y como resultado de la investigación le impusieron un crédito fiscal de 250 millones de pesos tras determinar que las unidades habían sido fabricadas en China y facturadas en Estados Unidos.

A partir de esa fecha y durante los siguientes 24 meses, la SHCP, a través de la Administración de Auditoría Fiscal Internacional, realizó ocho auditorías a Vento Motorcycles, Inc. en su planta ensambladora ubicada en Laredo Texas. Isaac Calderón, director de Vento, narra la manera en que se llevaban a cabo estas revisiones:

“Llegaban grupos de cuatro o cinco personas (auditores fiscales), veían las líneas de producción, vieron cómo las motocicletas se fabrican en Estados Unidos. ¡En sus narices salían las motos y aún así tienen el descaro de decir que vienen de China!”

El argumento de Hacienda es que Vento importa de Hong Kong a Estados Unidos los motores y todos los componentes de las motocicletas, y que en la planta de Laredo se limitan a ensamblarlas, afirma el expediente de una de estas audiorías en poder de Contralínea.

El documento número 330-SAT-VII-16105, del 30 de mayo de 2005, constituye una de las pruebas de la comisión especial del Senado de Estados Unidos contra las autoridades hacendarias mexicanas.

Firmado por José Alberto Ortúzar Cárcova, administrador de Auditoría Fiscal Internacional de la SHCP, el documento señala que los motores que Vento utiliza “no califican como originarios para efectos del TLCAN, toda vez que incumplen la regla específica de origen que le es aplicable conforme al anexo 401 del Tratado.”

Ante la ola de auditorías de la SHCP a Vento, calificada por Isaac Calderón como “artimañas sucias” por parte de las autoridades hacendarias, los directivos de la empresa buscaron cobijo en el Congreso estadounidense, en donde las reacciones no se hicieron esperar.

El Departamento de Protección de Fronteras y Aduanas de aquel país inicio sus propias auditorías a la empresa y determinó que existe “mala interpretación” del NAFTA por parte de los auditores fiscales mexicanos.

En un oficio dirigido a Ortúzar Cárcova, fechado el 7 de septiembre de 2004, Myles B. Harrmon, director de la División de Asuntos Comerciales del Departamento de Seguridad Interior de EU, le solicita una explicación “a la auditoría de verificación” de la oficina a su cargo para con la empresa, y refiere que en mayo de 2004 el auditor fiscal del SAT sostuvo reuniones en San Diego, California, con personal de aduanas de Estados Unidos para discutir el caso.

El funcionario norteamericano reclama a su homólogo de Hacienda el trato que la dependencia da a Vento y los “errores” de las auditorías a la empresa en Laredo, Texas. Además, deja claro que la dirección a su cargo respaldará a la empresa y enfatiza:

“Apreciaríamos si usted nos diera una explicación de estos asuntos y por qué un importador no puede reclamar preferencia”, dice en referencia a las preferencias de las que gozan las empresas estadounidenses en el marco del TLC.

Dicho documento, con copia para el ministro de Finanzas de la Embajada de México en Washington, D. C., José M. García, no ha tenido respuesta por parte del SAT, y en respuesta las autoridades estadounidenses respaldaron también las quejas y denuncias contra José Alberto Ortúzar Cárcova y José Guzmán Montalvo, presentadas por la empresa Vento ante los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública por abuso de autoridad y otras irregularidades.

El empresario analiza demandar a Guzmán Montalvo y a la Administración General de Aduanas por daños y perjuicios contra Vento y es que, señala, “la campaña contra Vento” incluyó que en 2003 funcionarios de la Aduana de Colombia, Nuevo León, confiscaran cuatro contenedores de motocicletas “sin ninguna razón”, según Calderón.

El empresario cuenta que luego de que Hacienda confiscara la mercancía, presentaron una demanda y un juez de Monterrey determinó que Hacienda deberá pagar a la empresa 4 millones de pesos.

“Nos confiscaron la mercancía a la brava, nos fuimos a pleito y el juez ordenó devolver la mercancía, pero ya no la tenían, las motos las regalaron en la navidad de 2002 a la gente de aduanas, incluso si va a Hacienda, en los patios van a ver estacionadas nuestras motos.”

Conflicto en potencia

 

En los próximos meses el caso Vento podría multiplicarse en el congreso de Estados Unidos, y es que los documentos de la oficina de aduanas de aquel país señalan que las autoridades de Hacienda en México están manipulando el tratado internacional a su antojo, violentando las reglas acordadas. 

De acuerdo con el titular de la AGA, actualmente la SHCP investiga a 3 mil empresas por contrabando técnico, en su mayoría de origen estadounidense, país que dice Guzmán Montalvo se presta al tráfico de mercancías ilegales.

Guzmán Montalvo da su versión y explica que las empresas introducen mercancía de contrabando no de manera encubierta, como antaño, sino que ahora entran por la puerta grande, pasan aduanas y sólo son observadas por los agentes aduanales; sin embargo, se trata de embarques ilegales facturados en un país distinto al lugar real de su origen, triangulado con el fin de evadir impuestos.

Es el llamado “contrabando técnico”, una práctica en que han incurrido tiendas de prestigio, dice, como Liverpool, Wal Mart, Gigante, Soriana, Prenatal, Andrea, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Suburbia, Woolworth y Chedraui, entre muchas más.

Señala que dichas empresas venden mercancías importadas sin pagar los aranceles correspondientes, con lo que no solo violan las leyes aduaneras, sino que evaden impuestos, pero sobre todo fomentan prácticas desleales frente a los productos mexicanos que impactan negativamente en el mercado nacional y se refleja en la quiebra de productores mexicanos y la consecuente pérdida de empleos.

 

México un “lavadero” de mercancías

 

El encargado de las aduanas mexicanas dice que México se ha convertido en un lavadero de mercancías ilegales y que los principales productos que se introducen mediante contrabando técnico son textiles, zapatos, aparatos eléctricos y electrónicos, perfumes, juguetes y alimentos.

Guzmán Montalvo explica: “el principal contrabando y ahora el contrabando técnico que recibimos viene de Estados Unidos, es el principal lugar, porque nuestro comercio con Estados Unidos es muy fuerte y porque por con el TLC los certificados de origen de Estados Unidos no se tienen que acompañar de pedimentos de importación.”

El administrador de Aduanas comenta otros casos de contrabando técnico actualmente sujetos a investigación:

“Llevamos investigaciones sobre empresas textiles importantes, en donde hemos detectado que las facturas que han presentado este año están alteradas o no son correctas, y muchas de estas son mercancías que importan temporalmente. Un caso de esta corrupción es Gigante, con la importación de pantalones.”

Aunque las indagatorias han tenido avances, parte de la evolución del ilícito, explica el funcionario, es que “cada vez es más difícil de comprobar.”

Pero una vez comprobado el ilícito, otro freno que enfrenta el gobierno mexicano es el respaldo del gobierno de los países en donde se producen las mercancías, pues apoyan a las empresas importadoras y distribuidoras al no proporcionar la información que solicita México y ven como un acoso el que se investiguen. Este caso, dice Guzmán Montalvo, es el de la empresa española Zara.

Contrabandista Inn

 

En agosto de 2003, la AGA inició investigaciones sobre el Grupo Textilero Inditex, originario de Galicia, España, y uno de los más importantes a nivel mundial. Establecido en México desde 1992, este grupo propiedad del gallego Amancio Ortega, conocido como el hombre más rico de España, opera en México las marcas Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho, entre otras.

De la lujosa colonia Polanco a la Zona Rosa y del corazón del Centro Histórico hasta los centros turísticos más exclusivos del país, el centenar de tiendas de Inditex, particularmente Zara, han inundado el mercado mexicano. Y a diferencia de España, en donde esas tiendas son para el consumo popular con precios bajos, en México las tiendas del grupo Inditex están dirigidas a sectores económicos con poder adquisitivo medio y alto.

Según información del grupo textilero, México es el tercer país con mayor número de tiendas de Inditex con ventas por 300 millones de euros, traducido en alrededor del 8 por ciento de sus ventas totales.

Las investigaciones de la AGA iniciaron cuando se detectó que Inditex usaba a España únicamente como puente para triangular a México sus productos fabricados en China y etiquetados en España como país de origen.

De esta manera, Inditex pagaba un 5 por ciento de aranceles sobre prendas por las que debía pagar el 355 por ciento como corresponde a la cuota de productos chinos, según cuotas arancelarias fijadas por la SHCP.

Como medida cautelar, durante algunas semanas la AGA retiró la cuota preferencial a Inditex, beneficio del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Esta investigación contra el grupo textil significaba la primera de la AGA sobre una empresa europea, en el marco del TLC con la Unión Europea.

Sin embargo, el estira y afloja entre las autoridades de la AGA e Inditex duró poco tiempo y oficialmente Aduanas informó que según reportes de la aduana de España no había irregularidades en las exportaciones de Inditex, por lo que la AGA de México tuvo que exonerar al grupo textil español.

Guzmán Montalvo afirma que la exoneración se dio no porque las indagatorias fueran erróneas, sino por presiones del gobierno de España al gobierno mexicano en defensa de Inditex.

“Hay algo que tiene que entender la gente: los países protegen a sus productores, no quieren intercambiar información con otros países que dañen a su producción nacional o a sus industriales que exportan, y a España le interesa que exporten las mercancías de sus industriales”. Es esta protección gubernamental, indica el funcionario, el principal freno a las investigaciones de aduanas para comprobar el contrabando técnico.

“Los países protegen mucho a sus exportadores. Un ejemplo es Estados Unidos, país que no tiene como prioridad los asuntos comerciales, pues su prioridad es el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de personas, de tal manera que su aduana tiene poca información sobre fraudes comerciales, porque esa no es su prioridad.”

Los especialistas

 

De la Mesa de Otay en Tijuana, Baja California, al puente fronterizo de El Suchiate, Chiapas, 11 peritos especialistas en contrabando técnico de calzado están apostados en las principales aduanas y revisan que los zapatos, tenis, sandalias y botas sean del lugar donde dicen que son los importadores.

Sin embargo, el número de expertos no es suficiente para un país con 48 aduanas y dos extensas fronteras terrestres y otras tantas marítimas. Pero además estos mismos peritos se encargan de revisar el contrabando técnico de textiles, porque la AGA no cuenta con especialistas en este sector.

A pesar de los raquíticos avances como la instalación de 11 peritos, Guzmán Montalvo dice que su presencia en las aduanas ha obligado a los contrabandistas a perfeccionar sus técnicas, hasta volverse cada vez “más especialistas”.

Aunque arriba del 60 por ciento de las importaciones de México proceden de Estados Unidos, y también el mayor volumen de mercancías producto de contrabando técnico, las aduanas mexicanas no tienen siquiera información fidedigna de las exportaciones del país del norte, porque la información con que cuentan las autoridades hacendarias se le envía a cuenta gotas por el Buró de Censos de Estados Unidos y no por la aduana americana.

Esto por la reticencia de las autoridades del vecino país de no brindar a México información clara sobre sus exportadores, “porque para ellos no es prioridad, pero tienen confidencialidad sobre la información”, dice entre justificación y queja Guzmán Montalvo.

En el eterno juego del gato y el ratón, los contrabandistas van siempre un paso adelante de las autoridades. Iniciada una investigación contra alguna empresa o importadora por presunto contrabando técnico, mientras la AGA envía a un grupo de agentes a los países “de origen” y se encuentran con direcciones falsas o edificios vacíos.

El año pasado las indagatorias se concentraron en Hong Kong, pero cuando el personal de Aduanas acudía a verificar, no encontraba nada. De la noche a la mañana las supuestas importaciones se trasladaron a Malasia.

Es mediante este procedimiento que en los últimos cinco años México se ha convertido en “lavadero” de mercancías producto del contrabando técnico, ideal por la falta de vigilancia que hay sobre los grandes importadores.

Guzmán Montalvo justifica: “yo no puedo iniciar un procedimiento administrativo ni iniciar un procedimiento judicial en contra de un importador que no pueda demostrar que el certificado es falso o está alterado, y para demostrarlo necesariamente tengo que ir al país de origen.”

En este proceso entra otra grave restricción, aunque los tratados de libre comercio son internacionales, “las autoridades mexicanas no son autoridades en el exterior y dependemos de los cónsules a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dice José Guzmán, “con todas sus limitantes”, porque un cónsul solamente puede actuar cuando hay disposición de la parte exportadora.

“El cónsul no tiene facultad ni siquiera para hacer una visita domiciliaria, ni auditar al exportador”, reconoce.

Además de la triangulación de mercancías, los peritos han descubierto otra nueva modalidad de los contrabandistas que operan en México. Se trata de la creación de las llamadas empresas “portafolios”, registradas ante los padrones de importadores, pero que en realidad son empresas que no tienen una infraestructura física y que sirven de prestanombres a otras importadoras.

Guzmán Montalvo explica que “prácticamente son oficinas de pantalla, y eso complica las investigaciones, porque la gente va aprendiendo, es un jueguito técnico y jurídico que no necesariamente implica corrupción en aduanas; que pasen la tarjeta y no la vemos, sino que pasa la aduana cumpliendo con todo, pero desafortunadamente ese todo no es correcto, tiene alteraciones imposibles de detectar.”

 

Las descalificaciones

 

Las interpretaciones entre lo que es contrabando técnico o una “mala interpretación” del TLC, podrían registrar roces o diferencias también entre el Congreso de Estados Unidos y el Senado mexicano, además de las descalificaciones de los legisladores sobre el trabajo del secretario Gil Díaz.

Integrante de la Comisión de Hacienda, la senadora Dulce María Sauri Riancho considera que por los montos económicos que maneja y por el tamaño de redes con las que opera, el contrabando se ha convertido en un problema de seguridad nacional, similar al narcotráfico. A pesar de la magnitud del problema, dice, la administración foxista, con Francisco Gil Díaz al frente de Hacienda, poco ha hecho por combatirlo.

Especialmente esta administración, agrega la senadora, está llena de claroscuros en el combate al contrabando. “Los claros son aquellos procedimientos que han sido revisados para mejorar el combate al contrabando documentado, porque aquel contrabando hormiga que conocíamos es cada vez menor. Los oscuros son los mecanismos de la ley que por su carácter tan complicado y por ser mal aplicados propician la entrada indiscriminada de productos.”

Luego están los amparos que obtienen los contrabandistas de mercancías, en lo que la senadora refiere que a través de estos amparos concedidos a las empresas para la importación de productos, son las propias autoridades aduaneras quienes fomentan el contrabando técnico.

Con ello, dice, se están “violando no solo las leyes nacionales, sino los acuerdos internacionales simplemente con un amparo, por el que se paga una fianza ridícula, la carga se interna en territorio nacional, se vende, y luego cuando se resuelve el amparo ya no existe ni la carga ni la supuesta importadora.”

En septiembre pasado, la senadora priísta presentó un punto de acuerdo para modificar la Ley Aduanera en una iniciativa que provenía del Ejecutivo Federal, previo acuerdo con los usuarios de la propia ley, es decir, con los importadores y exportadores que operan en México.

Dicha ley, evalúa Sauri Riancho, “tiene que ser una ley moderna que por una parte evite la competencia desleal que se da a través de estas prácticas de contrabando técnico, y que al mismo tiempo propicie un comercio ágil en el país.”

La senadora considera que el combate al contrabando debe ser integral que consista en el decomiso de mercancías, la detención y el procesamiento de los contrabandistas, además de la desarticulación de las redes de operación.

 

 

Publicado: Septiembre de 2005



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