Política  

Las exoneraciones a la familia presidencial.

Nancy Flores

La Secretaría de la Función Pública concluyó dos investigaciones en contra de familiares de la “pareja presidencial”. La primera involucra  a José Fox en un presunto “tráfico de influencias”, y la segunda al hermano de Marta Sahagún en supuestos pagos irregulares con  recursos públicos.

 

 


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Ellos viven el sueño de un sexenio, se apellidan Fox, se apellidan Sahagún. Son hermanos, son hijos, son familia, y por seis años también son herederos directos de una posición privilegiada generada a partir de sus lazos consanguíneos. Así les llega el poder y así también lo toman.

Poco o quizá nada se preocupan por la cruzada en contra de la corrupción orquestada desde la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia formalmente encargada de investigar y censurar este ilícito. Sus nombres no figuran en la lista de los llamados “peces gordos”, entre otras cosas porque no son funcionarios públicos.

No obstante, en los archivos de la SFP y de los órganos internos de control (OIC) obran dos expedientes en contra de familiares de la autonombrada “pareja presidencial”, actualmente sobreseídos a pesar de las múltiples denuncias sobre sus excesos, e incluso de la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar los contratos públicos asignados a empresas de los hijos de la primera dama.

Los expedientes que involucran a José Fox Quesada en un presumible tráfico de influencias y a Alberto Sahagún Jiménez en pagos irregulares con recursos del erario público, se basaron en denuncias ciudadanas y fueron resueltos en la gestión del denominado “zar anticorrupción” del gobierno foxista, Francisco Barrio Terrazas, al frente de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Función Pública.

Para el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Cuauhtémoc Ochoa, el tráfico de influencias es un asunto de ética profesional y de principios. “Una cosa es servir al país y otra es servirte del país. Hay que respetar las instituciones y las investiduras de los cargos públicos de cualquier nivel; además, no entiendo por qué lo hacen si están viendo las carencias que hay en México, el alto porcentaje de pobreza a nivel país y el índice de marginalidad que es muy alto”.

El integrante de la Comisión especial para investigar a los hijos de Marta Sahagún no descarta la posibilidad de que estas prácticas “deshonestas” también sean ejercidas por los familiares de los servidores públicos, y especifica que en el caso de la familia Bribiesca Sahagún, “es claro el objetivo de tratar de exprimir lo más posible este sexenio, en el que su mamá siendo esposa del presidente (ocupa una posición estratégica), y no es justo que trafiquen con esta influencia”.

Cuauhtémoc Ochoa señala que “la Comisión busca transparentar y ayudar a combatir la presunta corrupción que hay dentro del gobierno federal, y en especial con los hijos de Marta Sahagún, porque el tráfico de influencias con estas personas es evidente, ellos eran de una familia acomodada del estado de Guanajuato y de repente se les localizan aviones, entre otras irregularidades en su economía familiar”.

 

Expediente Fox

 

Durante 12 días José Fox Quesada permaneció bajo el escrutinio del OIC en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señalado por un presunto tráfico de influencias. En este caso la contraloría interna se tomó dos semanas para determinar que no había irregularidades que perseguir, entre otras cosas porque el hermano mayor del primer mandatario de México “no es servidor público”.

Salvador Sánchez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados justifica esta situación, pues dice que las tareas de la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependen los OIC, son otras. “Debe procurar que el gobierno federal sea más eficiente, que esté en proceso permanente de búsqueda de calidad profesional, que la administración federal esté a la vanguardia de lo electrónico y, lógicamente, que los servidores públicos actúen dentro del marco de la honestidad y la transparencia.”

El legislador priísta agrega que la atención de denuncias contra familiares de servidores públicos acusados por presunto tráfico de influencias es más un asunto que ha estado en la Cámara de Diputados. Por ello, dice, ahora se ha creado una comisión específica para investigar a algunas empresas en las que hay sospecha de que tiene que ver con los hijos de la esposa del presidente.

Sin embargo, Cuauhtémoc Ochoa considera que “el secretario (de la Función Pública) debe demostrar que su labor es transparentar realmente cómo se usa el dinero de todos los mexicanos, y no está haciendo el trabajo como debería”. Añade que la SFP se debe manejar como un órgano autónomo.

“No puede ser juez y parte, ya que recibe recursos del gobierno federal y es el presidente quien designa al secretario que, a su vez, se encarga de enjuiciar o calificar los manejos de los recursos dentro de las paraestatales y secretarías, y no creo que tenga el valor, que lo debería de tener, para enjuiciar a quienes son responsables de corrupción, porque está claro que hay que atacar el Pemexgate, pero esto no es lo único.”

Identificado con el número de expediente SO-0008/2003/GC, el archivo de apenas 24 hojas en contra del hermano de Vicente Fox se inició el 31 de enero y concluyó el 11 de febrero de 2003.

El Acuerdo establecido por el Órgano Interno de Control en la CFE en su Región Golfo Centro, advierte que el expediente se abrió por una solicitud de investigación que interpuso el ciudadano Antonio López R., sobre la supuesta intervención de José Fox en la licitación del proyecto de generación eléctrica en la Cuenca de Burgos. Además, da cuenta que dicha petición se basa en la publicación de una nota periodística.

Después de un par de semanas el OIC determinó en una minuta de trabajo que “del acopio de información y documentación inherente al caso, se advierte que (el proyecto) se encuentra en proceso la licitación pública internacional 18164067-025-02”, y que por ello “no es posible determinar la participación de José Fox Quesada en el proceso de licitación”.

Y aunque se hubiera comprobado el presunto tráfico de influencias, el hermano de Vicente Fox no enfrentaría proceso alguno pues, según la minuta, al no ser servidor público tampoco es susceptible de responsabilidad administrativa.

 

Expediente Sahagún

 

Alberto Sahagún Jiménez, hermano de la esposa del presidente de México, estuvo sujeto a investigación del 19 de abril al 24 de junio de 2002. En este caso, la denuncia ciudadana presentada por Irma Camarillo manifestaba unos supuestos pagos excesivos con recursos del erario del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Por esta razón el OIC en dicha dependencia abrió el expediente número SQD/DIF/DE-014/2002.

La ciudadana refiere que “presuntamente un hermano de la primera dama, Marta Sahagún, que está en el DIF (sic), es una persona que recibe dinero por fuera”.

En el acuerdo final el Órgano Interno de Control puntualiza que el director de recursos humanos del DIF informó que “una vez realizada una minuciosa búsqueda en los archivos y en los listados de personal, no existe ni ha existido trabajador o ex trabajador alguno con los apellidos Sahagún Jiménez”.

El mismo documento advierte que de las investigaciones practicadas “se concluye que no resultaron elementos probatorios que apoyaran el dicho aislado de la denunciante, toda vez que ésta en su denuncia no precisó circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni las fechas de los supuestos hechos que atribuye al hermano de Marta Sahagún”.

De acuerdo con datos oficiales de la SFP obtenidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, de diciembre de 2000 a junio de 2005, la dependencia encabezada por Eduardo Romero Ramos sólo ha investigado a estos dos parientes de Vicente Fox y de Marta Sahagún.

El legislador Cuauhtémoc Ochoa espera que sea la Cámara de Diputados la que descubra por lo menos el origen de la riqueza de los Bribiesca Sahagún, pues advierte que “cuando existen complicidades la gente deja evidencia; entonces tenemos que investigar a fondo y tratar de ligar cuentas. Es un trabajo difícil pero estamos dispuestos a denunciar no sólo a la familia directa, sino a muchas personas que trafican influencias por su investidura o por su parentesco. Pero que quede claro que ésta no es una venganza política”, sentencia.

 

SFP cierra caso “Dolores Creel”

El 15 de marzo de 2004 la Secretaría de la Función Pública (SFP) cerró la única investigación que involucra a Dolores Creel Miranda, ex funcionaria señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como supuesta responsable de un daño patrimonial en perjuicio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), por más de 600 mil pesos.

Bajo el número de expediente CNCA-QR-D-02/04, el Órgano Interno de Control (OIC) analizó una denuncia ciudadana sobre la autoasignación de un millón de pesos para la realización de un video personal, irregularidad supuestamente cometida por Creel Miranda en su calidad de Coordinadora General de la desaparecida Unidad de Proyectos Especiales del Conaculta.

El caso inició el 6 de diciembre de 2003, cuando la hermana del ex secretario de Gobernación Santiago Creel sufrió un asalto mientras circulaba en un automóvil propiedad de la dependencia.

Desde entonces, el incidente de fin de semana produjo varios cuestionamientos como el uso irregular de un vehículo oficial o la portación de los 22 mil dólares robados, pues no sólo pertenecían a la institución, sino que serían destinados a la realización del polémico video biográfico del escritor mexicano Octavio Paz, dirigido por la propia Dolores Creel.

El OIC en el Conaculta determinó a través de un Acuerdo de improcedencia que “se decreta la terminación del presente asunto por improcedente” y que “en su oportunidad archívese como total y definitivamente concluido”. Y según informa la SFP a través del IFAI, ésta es la única investigación en contra de la ex funcionaria.

Pese a esto, en su más reciente informe la ASF dictaminó que en las operaciones de esa unidad relacionadas con la realización del video homenaje a Octavio Paz, “se identificaron irregularidades que hacen presumir un daño patrimonial por 633 mil 361 pesos”.

 

Publicado: Septiembre de 2005



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