Los 500 expedientes de corrupción aduanal.

Cientos de expedientes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) revelan que 593 funcionarios bajo el mando del administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, han incurrido en irregularidades ligadas al contrabando como delitos de extorsión, fraude, robo de mercancías incautadas y abuso de autoridad.

Los ilícitos involucran desde administradores de aduanas hasta vistas aduanales, en su mayoría, funcionarios rotados en los últimos meses por disposición del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de Guzmán Montalvo, quienes de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos habrían incurrido en el delito de encubrimiento.

Así, ante el alarmante incremento del contrabando de mercancías que cruzan por las 48 aduanas del país, los diputados Manlio Fabio Beltrones y Marcos Morales Torres, presidente y secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, respectivamente, solicitaron a la Secretaría de Hacienda un programa emergente para frenarlo.

En respuesta a dicha solicitud de los legisladores y a nombre de la Administración General de Aduanas (AGA), Mario Córdova López, administrador central de Fiscalización Aduanera de Hacienda, rechazó la propuesta bajo el argumento de que ya “tienen un programa permanente para combatir la introducción ilegal de mercancías”.

Según el oficio número 326-SAT-X-3-19634, Córdova López responde a los diputados que por disposición de Gil Díaz y de Guzmán Montalvo, el 80 por ciento de los mandos medios fueron rotados por “ineficiencia en la prestación del servicio y no por problemas de corrupción”.

El administrador del contrabando

Después del administrador general, 48 funcionarios de la SHCP ocupan puestos clave para la operación de las aduanas, puerta de entrada a México de todo tipo de mercancías y personas.

Funcionarios de Hacienda adscritos a la Administración General de Aduanas, encabezan la lista de contrabandistas en la gestión de Gil Díaz, quien mantuvo a algunos en el cargo aun cuando la Secretaría de la Función Pública determinó su inhabilitación.

De los 593 expedientes de la SFP, 58 son por quejas y responsabilidades comprobadas de los administradores generales. El caso más grave es el de Luis Alejandro Sabido de Leija, amigo personal de Guzmán Montalvo, quien lo nombró en junio de 2001 como administrador de la aduana marítima de Manzanillo y del Aeropuerto Internacional Playa de Oro, en Colima.

Sabido incumplió la normatividad hacendaria e incurrió en irregularidades sobre la recepción de 483 contenedores con mercancía que ingresó en calidad de depósito. La mercancía fue abandonada, y cuando el caso fue intervenido por la entonces Secretaría de la Contraloría, las cantidades de la carga registrada por el buque, no correspondía a las cifras de la aduana, según el expediente RES 036/2002.

Para septiembre de 2002, la SFP determinó responsabilidades (expediente RES-090/2002) porque el administrador Sabido de Leija incurría en “vicios” en el desarrollo de visitas domiciliarias practicadas a las empresas, las cuales previamente habían sido embargadas sus mercancías, sin que se determinara si había o no contrabando. Para justificar las visitas domiciliarias, el funcionario se amparaba en documentación elaborada por él mismo, sin que hubiera razón de dichas visitas, según la SFP.

En ese mismo año se le fincaron nuevas responsabilidades (expediente RES-305/2002) por ordenar a sus subalternos liberar mercancía que era transportada en un trailer sin verificar, y tampoco les permitió pasarlo por el semáforo, “sin fundamentar la causa de su liberación”.

Aunque la SFP determinó inhabilitar a Sabido de Leija por un año, el administrador general José Guzmán Montalvo lo mantuvo en el cargo, en clara violación a las disposiciones legales.

Para el 30 de septiembre de 2003, la SFP emitió una nueva resolución en su contra, derivada del expediente RES-057/2003, en el que se detalla que Sabido detuvo ilegalmente un contenedor de la empresa Dixon Ticonderoga de México, S.A. de C.V., y aunque la empresa contaba con el pedimento de importación legal, la SFP determinó inhabilitarlo por un año, pero por instrucciones de Gil Díaz y Guzmán Montalvo siguió en el puesto y las denuncias en su contra continuaron.

Para 2005 la SFP integró otro expediente que habla de un cúmulo de ilícitos graves: ordenó destruir mercancía de contrabando bajo su resguardo en la Aduana de Manzanillo, lo cual serviría como prueba en otras indagatorias judiciales.

De acuerdo con el informe de Función Pública, Sabido ordenó enviar la mercancía a la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior para su destrucción, aunque desde el 20 de marzo de 2002, el juez primero de distrito en Colima decretó “que las cosas permanecieran en el estado en que guardaban a esa fecha”.

Además del desacato judicial, la SFP habla de un posible daño al fisco por 150 mil 920 pesos. Esta última resolución se emitió el pasado 26 de abril de 2005, y a la fecha Sabido no ha impugnado, por lo que se determinó una nueva inhabilitación por dos años. A pesar de las serias acusaciones en contra de su subordinado, Guzmán Montalvo lo mantiene en el cargo y se niega a presentar denuncia penal en su contra por la destrucción de pruebas en una indagatoria judicial.

Parientes de la corrupción

Otro caso de corrupción aduanal es el de Jorge Jesús Vargas Coello, hasta hace un par de meses administrador de la Aduana de Tijuana, Baja California, una de las de mayor tránsito del país, y quien incurrió en contrabando y omisión sobre mercancías que entraban por la aduana a su cargo.

En lo que va del 2005, la SFP integró cuatro expedientes en su contra (RES-004/2005, RES-005/2005, RESP010/2005, RES011/2005) por “omitir dictar la resolución” sobre mercancía de contrabando incautada. La SFP determinó sanciones económicas por 100 mil pesos y cuatro inhabilitaciones como funcionario público, pero se han abstenido de presentar denuncia penal en su contra.

Al tiempo que se desempeñaba como administrador de la aduana de Tijuana, Vargas Coello operaba el Fideicomiso para el Desarrollo del Norte del Estado de Nuevo León, creado y presidido por el gobernador Natividad González Parás.

Vargas Coello ocupa hoy el cargo de director Administrativo y de Operaciones del fideicomiso, responsable de operar el intercambio comercial de Nuevo León en el extranjero a través del Puerto Fronterizo Colombia, que en los últimos años se ha convertido en otra de las principales puertas de entrada del contrabando.

Bajo el mando de Guzmán Montalvo, en la aduana de Colombia, Nuevo León, pasó Roberto Ríos Mayans, ligado al contrabando de electrodomésticos y quien está acusado, según el expediente (047/2000), de encubrimiento en ilícitos de introducción de mercancía ilegal cometidos por Eduardo López Rodríguez y Gustavo Medellín.

Desde el año pasado Guzmán Montalvo colocó en la aduana de Colombia a su sobrino Roberto Montalvo Riancho, quien llegó a Nuevo León tras una escandalosa historia en la aduana marítima de Progreso, Yucatán, la más importante desde la administración presidencial de Ernesto Zedillo.

En junio de 2004 Montalvo Riancho fue vinculado con la entrada ilegal de contenedores de aparatos electrónicos y telas de contrabando, pero elementos de la UAIFA (Unidad de Apoyo a la Inspección Fiscal Aduanera, antes policía fiscal) detuvieron los contenedores y la casa de Montalvo Riancho fue baleada. Días más tarde, la Administración General de Aduanas determinó protegerlo y “rotarlo” junto con sus subordinados Armando Bolio Barrera y Rafael Borges Solís a la Aduana de Colombia.

En la SFP el expediente RES-318/2002 atribuye a Montalvo Riancho faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque cuando dejó la Aduana de Ciudad del Carmen, Campeche, para tomar posesión de la Aduana de Progreso, no certificó ante los órganos internos de control la entrega de documentación ni las actas de entrega recepción de las mercancías.

Otro funcionario con irregularidades ante la SFP es Juan Jesús Algravez Uranga, quien actualmente labora en la Aduana San Luis Río Colorado, Sonora. Su historial, según la SFP, indica que permitió que su subordinado Arturo Santiago Beltrán manejara fondos federales sin tener atribuciones para ello (RES-087/2003) sobre montos aún no cuantificados.

Las porosas aduanas

Calificada como la principal aduana de ingreso de vehículos “chocolate”, Ciudad Juárez es uno de los puntos de mayor conflicto por la corrupción de administradores y vistas aduanales, según los expedientes de la SFP.

El primer administrador a cargo en el sexenio foxista fue Juan Manuel Rodríguez Cid, quien permanece desde la primera administración de Francisco Gil Díaz en Hacienda, y fue destituido del puesto el 26 de febrero de 2001 por desaparecer mercancía de contrabando bajo resguardo, a través de procedimientos administrativos en materia aduanera (PAMA) iniciados en 1997, 1998 y 1999.

Aunque en la aduana se tenía registro de la entrada de toda la mercancía, bajo el mando de Rodríguez Cid fue sustraída del almacén fiscal. El expediente del funcionario habla también de malos manejos de recursos financieros “humanos y materiales”.

El 8 de junio de 2000, por ejemplo, un vehículo tipo Bluck deportivo procedente de Estados Unidos, llegó a la aduana y fue sujeto del mecanismo de selección automatizado. El coordinador de operación aduanera, Iván Castillo Rodríguez, descubrió que era un automóvil de contrabando y, contrario a detenerlo como indica la Ley Aduanera, permitió a los conductores regresarlo a Estados Unidos.

La resolución sobre el expediente QD-033/99 indica que Vicente Martínez Torres, subadministrador de Información y Seguimiento, sustrajo el rifle que una persona trataba de introducir de contrabando y no registró la entrada del arma y tampoco sometió al contrabandista al PAMA.

El expediente QD-039/2000 indica que Luis Humberto Moreno Valdés, coordinador de Reconocimiento Aduanero, permitía la entrada de automóviles “chocolate”, igual que el agente “C” de la Policía Fiscal de la Federación, Carlos Montero Díaz (QD-051/2000).

En esta misma aduana, el inspector de Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera (UAIFA), René Alberto García Díaz, permitió la entrada de una camioneta pick-up cargada con cinco cajas y tres bolsas de mercancía procedentes de Estados Unidos (QD-071/2000).

El inspector de la UAIFA, César Martínez San Antonio, dejaba pasar vehículos cargados de mercancía sin que pagaran impuestos y sin someterlos a revisión.

El expediente QD-177/2000 habla de encubrimiento sobre casos de corrupción y contrabando por parte de Gerardo Delgado Cruz, también administrador de la aduana de Ciudad Juárez, quien a pesar de tener conocimiento de los ilícitos, no notificó al Ministerio Público de la Federación ni tampoco ofreció las pruebas de la aduana bajo su custodia para que se investigaran.

Amigos de Fox en las aduanas

Como premio por coordinar la campaña presidencial en Amigos de Fox en la región fronteriza, Jorge Eduardo Pasaret Robles fue nombrado administrador de la aduana de Ciudad Juárez, donde dejaría, junto al personal a su cargo, un largo historial de quejas y denuncias registradas en los archivos de la SFP.

A pesar de lo grave del asunto, Pasaret Robles se hizo acreedor a amonestaciones públicas, pero ninguna multa ni inhabilitación y mucho menos denuncia penal alguna. A lo largo de su gestión de tres años, diputados locales de Chihuahua promovieron un punto de acuerdo para solicitar su remoción al secretario de Hacienda, pero la fracción del PAN siempre echó abajo la iniciativa y él goza de impunidad.

Las responsabilidades fincadas en la SFP contra Pasaret, integradas en los expedientes RESP-130/2001 y RES-188/2001, señalan que no levantaba actas sobre mercancía de contrabando que se internaba por la aduana, y sobre mercancía confiscada no daba aviso a los agentes aduanales; tampoco aplicaba sanciones correspondientes de acuerdo con la Ley Aduanera sobre mercancía ilegal.

El expediente RES-188/2001 registra la complicidad del entonces administrador en introducción de contrabando: “autorizó indebidamente la salida de mercancía de procedencia extranjera sin pedimento de importación en la aduana de Ciudad Juárez”. Inexplicablemente, la SFP no cuantificó daño económico y se limitó a una “amonestación pública”.

Durante su gestión, unos 40 funcionarios bajo su mando registran actos de contrabando y otros ilícitos. Por ejemplo, los agentes de la UAIFA, Julio Pérez Gómez y José Valderrama Esquivel, fueron descubiertos en procedimientos de introducción de vehículos procedentes de Estados Unidos junto con el operador de módulo César David Carreón Nájera.

Los expedientes hablan de sustracción ilegal de mercancía libre de impuestos por parte de vistas aduanales Oscar Humberto Preciado Santana, Martín Ulises Soler Garibaldi, Ricardo Ferrer Trigos, Luis Alfonso Álvarez Navarro, Alejandro Manuel Miranda Torres, Eythel Adrián Salazar Heredia, Edwin Angulo Pérez, Armando Cruz Díaz, Antonio Manjares Corona y María Concepción Roldán González.

El expediente RES-017/2002 indica que el vista aduanal Ramón Amaron Díaz permitía la entrada de mercancía ilegal a cambio de “dádivas”. Mientras que en el expediente RES-101/2002 se afirma que César Armando Chacón Hernández permitió la entrada de contrabando procedente de Estados Unidos a bordo de un camión de pasajeros.

El expediente RES-142/2001 señala que Abel Alonso Bustillos, jefe de departamento de Operación y Control de Almacenes, sacó de su almacén 3 mil 660 bolsas plásticas y mil 800 bolsas cosmetiqueras y monederos que estaban retenidos por tratarse de contrabando.

Mientras que el jefe de departamento Ramón Mora Camacho no registró mercancía embargada desde el 19 de mayo de 2000, la SFP le comprobó responsabilidades según el expediente RES-176/2002.

Estos ilícitos fueron encubiertos de Jorge Pasaret, administrador de la aduana, por el entonces subadministrador de procedimientos legales, Alejandro Cano y Martínez. Contra este último, la SFP integró el expediente RES-14272001 por “no denunciar por escrito a esta Contraloría Interna las irregularidades cometidas por sus subordinados”. En marzo de 2003, Pasaret Robles se retiró del cargo sin enfrentar ninguna acusación penal por parte de la SHCP.

Por los días en que la SFP concluía indagatorias en su contra, Pasaret Robles se dedicaba a la promoción política y ocupaba su tiempo en dirigir la Asociación México 2020, encargadas de promover al senador Carlos Medina Plascencia para la candidatura panista hacia el 2006. Paradójicamente el polémico exadministrador aduanal es miembro activo de la organización “Ciudadanos para una mejor Administración Pública”, con sede en Ciudad Juárez.

En la fronteriza aduana las irregularidades continúan. El expediente RES-015/2004, cuya resolución se dictó el pasado 29 de octubre de 2004, involucra a los vistas aduanales Juan Pablo Locón Pedraza y Oscar Armando Ruvalcaba Razo en contrabando técnico de mercancías.

El expediente RES-038/2004 indica que Oscar Humberto Preciado Santana incurrió en contrabando técnico en importaciones de la empresa Importadora Elementos Concentrados de Chihuahua, S.A., con un probable perjuicio al fisco federal por 37 mil 27 pesos.

Encubrimiento de la corrupción

Tres funcionarios Hacienda que se desempeñan como administradores de aduanas enfrentan expedientes de responsabilidades ante la SFP. Se trata de Angélica Morales Lobato, administradora de la Aduana de Agua Prieta; Álvaro González Luna y González Rubio, administrador de la Aduana de Guaymas, y Francisco Serrano Aramoni, administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, la más importante y conflictiva de México.

El caso de Morales Lobato inicia con la administración de Guzmán Motalvo al frente de la AGA, quien la nombró administradora de la Aduana de Acapulco. El expediente QD-114/2001 indica que Morales Lobato dispuso ilegalmente almacenar mercancía de contrabando confiscada en un área improvisada del Aeropuerto Internacional de Acapulco, de donde fue sustraída parte de esta mercancía. Por ese delito, la SFP apenas impuso a la funcionaria una leve multa de 30 mil pesos y una suspensión mínima de 90 días.

Bajo la protección de los altos mandos de la SHCP, la funcionaria fue enviada con el mismo cargo a la Aduana de Nogales, donde se vio involucrada en malos manejos con furgones de textiles de contrabando. A pesar de lo anterior, dicha funcionaria no recibió amonestación alguna y para protegerla Guzmán Montalvo la cambió a la Aduana de Agua Prieta.

Como administrador de la Aduana de Tijuana, en 1999, Álvaro González Luna y González Rubio no determinó la situación jurídica de nueve lotes de joyería confiscada que permaneció bajo su resguardo del 16 de abril a 30 de noviembre de 1999. Este mismo caso, integrado en el expediente RES-184/2001, involucra a los también administradores Arturo Rojas Rivas, Francisco Gamboa Domínguez y Gerardo Delgado Cruz.

El administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Francisco Serrano Aramoni, que también se desempeña como Administrador Central de Visitaduría de la AGA, enfrenta responsabilidades, según los expedientes de la SFP, RES-201/2001 de la Aduana fronteriza de Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde no fundamentó debidamente actas de entrega-recepción de mercancía. También el 7 de febrero de 2002 permitió el paso a una mujer con mercancía de contrabando (expediente RES-027/2002).

En Nuevo Laredo, Serrano sustituyó a Leopoldo Perea Cárdenas, acusado de contrabando y venta de pedimentos de importación, y en agosto de 2003, una investigación de la Contraloría del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que Perea, junto con sus subadministradores, falsificaban pedimentos que vendían por 10 mil y 15 mil dólares. Los cargos que enfrenta en la SFP hablan de uso indebido de documentos y funciones y de intimidación al personal.

Dos expedientes de la SFP (RES-009/2003 y RES 010/2004) revelan que el funcionario negociaba, firmaba resoluciones, determinaba recargos y sanciones sobre mercancía de contrabando a su libre albedrío; dichos actos le valieron una inhabilitación de 10 años, emitida el 11 de junio de 2004.

El expediente 010/2004 indica que en la Aduana de Nuevo Laredo se descubrió un tractocamión que portaba una caja con pedimentos falsos, los cuales eran vendidos por el entonces administrador y sus subordinados a todo aquel que quisiera meter mercancía de contrabando. La comisión investigadora del Órgano Interno de Control reveló la vinculación del exadministrador con la polémica empresa privada Integradora de Servicios Operativos Sociedad Anónima (ISOSA).

Junto con Perea Cárdenas operaban el verificador Alfonso Rivas Gutiérrez, quien incurrió en contrabando técnico (RES-038/2004); Carlos Alberto González Reyes, subadministrador de aduana, quien el 20 de enero de 2003 levantó ilegalmente el embargo de un carro de ferrocarril de la empresa Progress Rail Service de México, S.A. de C.V., que permanecía en garantía del interés fiscal dentro del PAMA 366/97.

La supervisora aduanal Angélica Bael López (RES-011/2004) omitió la revisión y certificación de un pedimento a nombre del importador Grupo Normandía S.A. de C.V., y dejó pasar el cargamento sin verificar de qué mercancía se trataba, en complicidad con el subadministrador de Informática, Contabilidad y Glosa, Juan Manuel Treviño Valdés y el subadministrador de contabilidad Marco Aurelio Meléndez Treviño.

La auditora fiscal María de los Ángeles Muños Regalado, en una visita domiciliaria a las instalaciones de la empresa Desarrollo Transnacional S.A. de C.V., modificó resultados de un PAMA para legalizar mercancía de contrabando (RES-045/2004).

El mismo expediente incluye a Valente Alonso Castro, profesional ejecutivo de servicios especializados y a Manuel Garza Olvera, subcoordinador de servicios, quienes extorsionaron con 5 mil dólares al representante legal de la empresa Desarrollo Transnacional, a cambio de especificar “únicamente el faltante de 15 pedimentos” sobre la introducción ilegal de maquinaria a México.

José Antonio Parra Bernal, subadministrador de operación aduanera, y el verificador Jesús Higinio Arellano Lenoyr permitieron que una pareja pagara dinero a cambio de que los dejaran introducir mercancía de contrabando detectada por agentes de la UAIFA (RES-050/2004).

El supervisor de operación aduanera Edgar Hernández Romero dio luz verde a la introducción de mercancía de la importadora Industrializadora de Lácteos Santa Anita S.A. de C.V., fijándole una taza más baja a la que correspondía.

Los verificadores Carlos Gustavo García Suchowitzki, Ángel Luciano Gutiérrez González y Blanca Esther Cruz González están ligados a la introducción de contrabando técnico (RES-038/2004) en las aduanas de Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Juárez.

José Luis Madrigal García, supervisor de Operación Aduanera, impidió que mercancía de contrabando que trasladaban usuarios de un vehículo fuera trasladada a la comandancia a efecto de hacer el embargo (RESP-306/2002).

Antes de llegar a la aduana de Nuevo Laredo, Leopoldo Perea operó directamente con Gil Díaz al frente de la Administración Central de Visitaduría de la SHCP. Perea abandonó el último cargo encomendado por Gil Díaz el 8 de julio de 2003, con una sanción económica de 3.5 millones de pesos.

Premio al delito

Funcionarios de Hacienda adscritos a la Administración General de Aduanas que han incurrido en diversas irregularidades, lejos de ser removidos son premiados con cargos de mayor nivel por disposición de Guzmán Montalvo. Entre estos casos están:

Ana Laura Guerra Radillo, actual jefa del Departamento de Salas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien en noviembre de 2000 permitió el pago de impuestos a un usuario que excedió su franquicia en lugar de confiscar mercancía que no estaba legalmente registrada.

También “omitió” la revisión en la sala nacional “A” del equipaje de los pasajeros del vuelo 817 de Mexicana de Aviación, procedente de Orlando, Florida, el 21 de febrero de 2001 (RESP-011/2003)

En 1997, cuando se desempeñaba como verificador, Guillermo Sapién incurrió en irregularidades –no especificadas- para “obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones correspondientes por su trabajo”, indica el expediente QD-004/97 de la SFP. Actualmente es jefe de departamento de trámites y asuntos legales del Aeropuerto Internacional de Acapulco.

Enrique de Jesús Ochoa Cervantes, quien como coordinador de plataforma en la Sección Aduanera de San Emeterio de la Aduana de Sonoyta, Sonora, intervino para introducir mercancías que no cumplían con los requisitos (QD-096/2001), y hoy es subadministrador de Regulación de Despacho Aduanero en la Administración General de Aduanas en la ciudad de México.

A Nery Luz Alegría Arrazola, actual subadministradora de informática y contabilidad de la Aduana de Nuevo Laredo, los órganos internos de control registran quejas en octubre de 2000 por permitir a usuarios el pago de impuestos sobre mercancía no declarada ni revisada, cuando se desempeñó como jefa de sala de la Aduana Subteniente López, en Quintana Roo.

Conflicto de intereses

De manera irregular y violatoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Gil Díaz nombró a Fernando Ramos Casas al frente de la Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero de la Administración General de Aduanas, a pesar de que Ramos manejaba al mismo tiempo su agencia aduanal privada.

Desde los primeros meses del nombramiento, según el expediente (RES-156/2001), la SFP inició indagatorias que finalmente derivaron en conflicto de intereses, ya que además se comprobó que en el desempeño de su cargo “no se abstuvo de conocer de asuntos en los que tenía interés personal”.

Sin embargo, con el respaldo de Gil Díaz, durante varios años fijó la regulación en el despacho aduanero de la SHCP y al mismo tiempo operó la agencia aduanal Borderless Consulting Group S.A. de C.V., empresa con oficinas en el Distrito Federal y en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y pese a que fue inhabilitado por dos años, preside actualmente la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).

Aunque los casos de corrupción en la AGA en este sexenio han sido comprobados por la Secretaría de la Función Pública, en ninguno se ha fincado responsabilidad sobre el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ni el Administrador General de Aduanas, José Guzmán Montalvo.

Semáforo rojo a la Policía Fiscal

De los 593 expedientes de irregularidades e ilícitos de funcionarios adscritos a la Administración General de Aduanas, 168 expedientes involucran a elementos de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal Aduanera (antes Policía Fiscal) en casos de contrabando de armas, mercancías, vehículos y sustancias ilegales en todas las aduanas ubicadas en la franja fronteriza norte.

Brazo armado de Hacienda, los policías fiscales de Hacienda incurren en abuso de autoridad, extorsión, abuso de fuerza pública, contrabando, robo, ejercicio indebido del cargo y hasta laborar en estado de ebriedad, indican los expedientes de la Secretaría de la Función Pública.

Aunque no todos los ilícitos en que incurren los policías fiscales se denuncian, las indagatorias en la Función Pública han comprobado las irregularidades e ilícitos antes citados en policías fiscales en 32 de las 48 aduanas que operan en todo el país.

Publicado: Septiembre de 2005