Ole Vedel Rasmussen, presidente del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), califica como un foco rojo a nivel mundial la práctica de tortura durante la administración del presidente Vicente Fox.
Y es que las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denuncian que en México continúan las prácticas heredadas de los gobiernos más duros del régimen priísta.
La llamada Guerra Sucia, más que un hecho de hace tres décadas, es una realidad en el país que “ya cambió”, en donde el tormento físico y psicológico, considerado como la violación más grave a los derechos humanos, es precisamente el método más socorrido por los “representantes de la ley” para arrancar confesiones.
Las confesiones
El danés Ole Vedel Rasmussen es uno de los diez integrantes a nivel mundial con que cuenta el Comité contra la Tortura de la ONU, además preside el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura.
Reconocido internacionalmente como un experto en la materia, Rasmussen evidencia la grave situación que se vive en el país, con la práctica sistemática de la tortura: “además de la tortura, la impunidad parece ser la regla general, y no la excepción de los agentes judiciales que incurren en esta práctica”.
-¿Cuáles son las causas que impiden avanzar en el combate a la tortura?
-La falta de independencia de los peritos médicos con respecto al Ministerio Público y la manera como son elaborados los informes médicos relativos al examen de las personas detenidas. Con naturalidad los peritos llenan un formulario que difiere de un estado a otro y que permite incluir únicamente una descripción de las lesiones, pero no la manera en que éstas se produjeron.
-¿Cuál es el principal punto que debe atender el Estado mexicano para combatir la tortura?
-Luchar contra la impunidad en todos los niveles.
A nivel mundial, dice Rasmussen, “resulta dudoso” que en México hayan tantas confesiones y no investigaciones sobre los delitos que se registran, lo que pone en entredicho los resultados que ofrecen los sistemas de procuración y administración de justicia.
“México es un país donde hay muchas confesiones, y un acusado no se va a declarar culpable, resulta ilógico que si un policía va a su casa y le dice que usted ayer se robó un carro y que usted le conteste: ¡Ah, sí! Eso no es correcto y nadie lo va a aceptar. Los delitos deben resolverse mediante investigación y no con confesiones, porque sabemos que la mayoría de esas confesiones se obtienen mediante la tortura.
“El criminal no se va a reconocer a sí mismo como tal, y en un país donde todo se resuelve con confesiones, se debe encender un foco rojo, porque legalmente no son válidas las confesiones que se obtienen por medio de la tortura. A nivel mundial México es un país donde abundan las confesiones.”
Maquillar la tortura
La Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores considera como un logro del gobierno panista la visita de representantes de organismos internacionales de derechos humanos; sin embargo, la opinión que estos extranjeros tienen sobre el gobierno mexicano no corresponde al discurso y la imagen que Vicente Fox ha promovido en el exterior.
En mayo de 2003, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer a Vicente Fox el resultado de una investigación sobre la tortura en México, en el que se señala que esta práctica es habitual y se registra en todo el país de forma sistemática por todos los cuerpos policíacos y en cualquier nivel.
El informe precisa que ningún caso de tortura “se trata de situaciones excepcionales o de ocasionales excesos en que han incurrido algunos agentes policiales, sino por el contrario, el empleo de la tortura tiene carácter habitual y sistemático, como un recurso más en las investigaciones criminales.”
En respuesta Fox mostró una supuesta disposición a combatir la tortura, con conocimiento de causa de que la institución señalada como la más torturadora de México es la PGR -una instancia federal. Incluso el Estado mexicano se adhirió al Protocolo de Estambul, pero Fox incumplió.
No hay avances claros, es el dictamen que a dos años del informe de la ONU hace el titular de la Comisión contra la Tortura de este organismo internacional, Ole Vedel Rasmussen, quien condena que “en México existe la tortura sistemática”, porque no se lucha contra la impunidad:
“En un país con la impunidad que hay en México, una impunidad total, hay tortura, y para la lucha contra la tortura hay que luchar contra la impunidad en todos los niveles”.
Tema pendiente: Segob
El rezago que el gobierno ha tenido en el combate contra la tortura es reconocido por los propios encargados del área dispuesta por el Ejecutivo.
Jaime Rochín del Rincón, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirma que “para el Estado mexicano es un tema claramente pendiente combatir en serio la tortura en todos los niveles, pero no sólo a nivel federal, sino a nivel de las procuradurías de los estados”.
-¿La Secretaría de Gobernación reconoce el combate a la tortura como un pendiente del presidente Vicente Fox?
-Es un pendiente del Estado mexicano. el país, para efectos internacionales, es un Estado integral, entonces, aunque efectivamente en materia federal, que es la competencia del presidente Vicente Fox, se haya trabajado en el combate a la tortura, falta mucho por hacer en las entidades federativas.
El problema, dice Rochín, es que muchas entidades no tienen tipificada la tortura como un delito. “Se deben adecuar las legislaciones locales” y se queja de que en las entidades federativas no hay un compromiso claro de castigar a quienes practican la tortura. Es más, añade, desde las propias detenciones en las entidades federativas, no hay transparencia.
El representante de la Segob explica que si en la administración de Vicente Fox no ha habido grandes avances en materia del combate a la tortura, se debe a que en los estados no se considera como delito, por lo que urge que “adecuen sus legislaciones al estándar internacional, porque éste contiene sanciones fuertes para aquellas personas que aplican la tortura”.
Protocolo amañado
En marzo de 2003, el presidente Vicente Fox decidió adherir a México al Protocolo de Estambul, un manual internacional para que médicos y peritos determinen y realicen diagnósticos profundos y serios para detectar si una persona fue sometida o no a cualquier tipo de tortura.
El Protocolo de Estambul es una iniciativa de Médicos para Derechos Humanos, la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, la Asociación Mundial de Médicos, y el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT).
Aunque se trata del formato para peritaje y diagnóstico más serio a nivel mundial, el presidente designó a la PGR para que diseñara el Protocolo, lo que para las organizaciones de derechos humanos resulta un doble discurso y un “supuesto” en el combate a la tortura.
Juan Antonio Vega, consultor en México del IRCT, deduce que no es suficiente que en México se aplique el Protocolo de Estambul, si los peritos encargados de los dictámenes son al mismo tiempo trabajadores de la PGR en la que laboran los señalados como torturadores.
Es decir, no hay independencia ni de los médicos ni de los peritos encargados de determinar sobre los casos de tortura. Sólo con la independencia de estos profesionales, dice el consultor, “se van a satisfacer los requerimientos del Protocolo de Estambul”.
Y argumenta: “De otra forma estamos simplemente ante un reformismo de procedimientos, sin que se le garantice la independencia al médico que realiza las evaluaciones.
“Estamos ante la paradoja de un gobierno legítimamente electo, un gobierno democrático, que tiene un discurso internacional fuerte en materia de derechos humanos, pero que tiene dificultades para cumplir su propia agenda. Y aquí es donde se juega realmente el tema de la democracia, porque no puede haber democracia en un Estado en el cual persiste la tortura como práctica cotidiana de los servidores públicos en contra de la ciudadanía a la deben proteger”, afirma.
Castigos simulados
Las organizaciones no gubernamentales reclaman que en México aún no se sabe de un juicio y sentencia a un torturador, aunque según la PGR, de 1990 a la fecha hay un registro de setenta y seis averiguaciones previas por tortura.
Como resultado han sido consignados 55 servidores públicos, de los cuales, a la fecha, a ocho se les ha dictado sentencia, informa Carlos Garduño Salinas, director de Atención a Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la PGR.
Las cifras sobre los avances en materia de combate a la tortura de la Procuraduría General de la República son dudosas y cuestionables dicen los representantes del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), pues: en la determinación de la tortura, la PGR simplemente funge al mismo tiempo como juez y parte, verdugo y juez, señalan.
En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más del 50 por ciento de los casos de tortura reportados involucran a funcionarios de la PGR, durante detenciones arbitrarias.
Médicos y peritos del CCTI denuncian que en México se ha incrementado alarmantemente la tortura sexual contra mujeres por parte de elementos de la PGR, policías judiciales, policías ministeriales, y miembros del Ejército, durante detenciones ilegales.
Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, dice que las secuelas más graves en el caso de Petra Benítez son las que se refieren precisamente a la tortura sexual.
Para Petra Benítez la terapia psicológica para trabajar el trauma que le produjo la tortura sexual a la que fue sometida, es la parte más difícil y dolorosa, comenta la defensora de derechos humanos.
Generalmente la violación sexual está incluida dentro de la tortura física, pero ante el incremento de este tipo de casos y las secuelas que causa en quienes la sufrieron, se debe incluir como un cargo más para quienes la cometen, señala la médico y perito del CCTI, Felicitas Treue.
Los métodos y los casos
Telefonazo, tehuacanazo, pocito, submarino, toques. Actualmente, las corporaciones policíacas utilizan exactamente los mismos métodos de tortura que aprendieron de aquellos tiempos del Partido Revolucionario Institucional.
La diferencia es que los métodos de tortura se han hecho más sofisticados para no dejar huellas, y si queda algún hematoma que éste desaparezca rápidamente, antes de que los peritos de las comisiones de derechos humanos indaguen si hubo o no tortura.
En lo que va del sexenio foxista, el CCTI ha documentado 81 casos de tortura, de los cuales 36 ocurrieron en Oaxaca; 11 en el Distrito Federal; nueve en Guerrero; cuatro en Morelos; uno en Querétaro, uno en Tlaxcala y 19 en Guadalajara.
Esta asociación civil, integrada por peritos médicos, psicólogos y psiquiatras especializados en lesiones por tortura, indica que de las víctimas de tortura durante la administración de Vicente Fox, el 77 por ciento pertenecen al género masculino, y el 23 por ciento al femenino.
Los torturadores en estos casos son, en orden de incidencia: agentes judiciales de las procuradurías estatales, de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y militares.
Sobre estos casos, la CCTI enumera, en orden de incidencia, los siguientes: golpes de todo tipo, la persona es arrojada al piso en la que permanece por tiempo indefinido; privación de las necesidades fisiológicas, toques eléctricos, asfixia, manos esposadas por detrás, bolsa de plástico en la cabeza, así como introducir chorros de agua por la nariz, golpes con las manos sobre las orejas (telefonazo), posiciones forzadas prolongadas (en cuclillas, de cabeza, colgado con los brazos extendidos, entre otras), privación de alimentos y agua durante varios días, amenazas de muerte, amenazas contra la familia, incomunicación, vendaje de ojos y tortura sexual.
Tortura psicológica
“Te vamos a matar”. Una muerte que no llega, el arma que apunta a la cabeza o al corazón, y aunque no dispara, lleva al torturado a que sienta el frío de la muerte, que se le cuela hasta los huesos.
Una jeringa que se presume con veneno cerca del cuerpo: “vamos a matar a tus padres, vamos a matar a tus hijos, vamos a desaparecer a tu familia”. Frases como éstas son pronunciadas constantemente durante la tortura, antes, durante o después de una detención, y constituyen la tortura psicológica.
El diagnóstico del CCTI, adherido al manual internacional de capacitación del proyecto para la Implementación del Protocolo de Estambul, indica que en los casos de tortura registrados durante este sexenio, la tortura psicológica es constante y se presenta en el siguiente orden de incidencia: amenazas en general, amenazas de muerte, humillaciones, vendaje de ojos y/o encapuchado, incomunicación y forzamiento a presenciar el maltrato o la tortura hacia otro.
Javier Enríquez Sam, perito del CCTI, indica que a diferencia de la tortura física, la tortura psicológica se hace extensiva durante periodos de tiempo más prolongados, y en el caso de personas detenidas y consignadas, la tortura psicológica en el interior de la prisión es extensiva para evitar que puedan denunciar.
“El que una persona sea torturada en prisión, hace difíciles los peritajes, porque el acceso a los penales para certificar la tortura es sumamente restringido, sobre todo hacia los presos “recomendados”, guerrilleros o vinculados con algún movimiento u organización social, presos políticos”. Sobre los casos de tortura psicológica, el CCTI, actualmente está documentando treinta casos en Guerrero, y 10 en el Distrito Federal.
Felicitas Treue puntualiza: “en su doble discurso, Vicente Fox y su gabinete se han reunido con representantes de organismos internacionales de derechos humanos, pero no han mostrado voluntad para resolver los casos del pasado, y menos los actuales.
“La guerra sucia no son sólo los crímenes del pasado, sino los casos que se registran día a día; gracias a la impunidad, en este mismo instante, en cualquier rincón del país, una persona está siendo torturada”.
Rec 1
El testimonio de Petra
Petra Benítez se arrepiente de haber salido de su pueblo, de la serranía de Tepetixtla, Guerrero, y de abandonar sus cultivos. Entonces no imaginaba que el destino le tenía preparado un revés. Dos detenciones arbitrarias, 22 horas ininterrumpidas de tortura significaron para ella, a sus 53 años de edad, el peor de los infiernos.
Pero los negros días no terminan. Petra vive un día y otro también en la zozobra que le da el saberse vigilada por sus verdugos, que pretendían que se declarara culpable de un secuestro. Le han amenazado de muerte a ella y su familia, pero Petra rompe el silencio, si al cabo, después de lo que vivió, su existencia quedó quebrada.
La madrugada del 19 de julio de 2000, unos treinta agentes de la Policía Judicial de Morelos entraron violentamente en la pequeña vivienda de alquiler que ocupaba Petra Benítez y cuatro de sus hijos en una popular colonia del centro de Cuernavaca.
Le arrancaron las cobijas y la levantaron de la cama, la jalaron de los cabellos para sacarla al patio de la casa en el lugar que se encontraba una pileta llena de agua, donde una y otra vez los judiciales sumergieron su cabeza hasta el punto de ahogarla.
Minutos después le taparon la cabeza con una chamarra y, con el rostro cubierto, Petra sintió que desfallecía cuando aquellos gruesos puños molían su cara, su cabeza era impactada por las cachas de más de una pistola, y las amenazas de matarla si acaso se negaba al interrogatorio que a continuación se registraría.
La subieron a una patrulla y mientras la trasladaban a la Procuraduría de Buenavista, en Cuernavaca, los judiciales hacían preguntas y la amenazaban:
—¿De dónde eres?... ¿Por qué te viniste de Guerrero? ¡Te vamos a violar! ¡Te vamos a matar!
Risas y amenazas, preguntas y un recorrido en el que los judiciales se hicieron de un reloj, tres anillos de oro, una cadenita y los aretes que despojaron del cuerpo que temblaba más por miedo que por el frío de la madrugada.
En las instalaciones de la Procuraduría de Buenavista, Petra fue interrogada por un comandante al que describe como “de unos 45 años de edad, alto, gordito, sin lentes, boca grande y con bigote”.
El comandante le preguntaba por su hijo Anselmo, por un secuestro y por el dinero. Ella respondía que no sabía nada... El comandante continuaba las preguntas y por cada negativa Petra recibía un golpe.
Un vaso de vidrio fue lo que utilizó el comandante para estrellarlo contra la cabeza de Petra antes de exigir a la mujer que le firmara papeles en blanco. Ella se negó. Media hora duraría aquel interrogatorio. Para Petra una eternidad en la nada. Fue trasladada a una habitación contigua, donde la esperaban cuatro agentes y un funcionario público sentado frente a un escritorio en el que yacía una computadora.
El hombre de la computadora de unos 50 años de edad —al que Petra describe como “bajo, gordo, moreno, ojos oscuros, nariz ancha y bigote”— reiteraba las preguntas que ella había escuchado acerca del secuestro y de sus hijos. —No se nada—, respondía.
—¡Pinche vieja bruja, vamos a matar a tus hijos!—. El hombre que parecía tan serio se exaltó en un instante, perdió los estribos e indicó a sus subordinados que procedieran.
Golpes en la espalda y el telefonazo; las manos del agente, el más joven de todos, se estrellaban sobre sus oídos. El insoportable dolor se traducía en un zumbido interno que no le permitía escuchar lo que los agentes decían.
Le tomaron huellas digitales de pies y manos, luego hicieron algunas fotografías. Aquel segundo interrogatorio duraría alrededor de una hora, otra eternidad en la nada.
Aquel día de julio, Petra Benítez fue sometida a un tercer interrogatorio. La llevaron al baño, esposada, un agente le sumergió la cabeza en un rebosante y maloliente excusado: “el pocito”, una, dos veces, a punto de ahogarse en medio de la inmundicia que había tragado. Un agente la arrastró hasta la misma habitación para el segundo interrogatorio.
Al día siguiente, Petra fue liberada gracias a un amparo que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos obtuvo para ella, a raíz de la queja presentada por su hija, quien fue testigo de la detención en su domicilio.
Nueve meses pasaron desde aquel secuestro. Petra, trabajadora doméstica, caminaba de prisa para llegar a su trabajo en la colonia Revolución, en Cuernavaca.
Eran las siete de la mañana del día 3 de abril de 2001 cuando fue interceptada por cuatro camionetas, una verde, una gris, otra blanca, y la cuarta color vino, además de un carro particular rojo.
El hombre del auto que vestía de civil (camisa y pantalón color beige) le mostró una placa diciendo que era judicial. Luego lanzó a Petra hasta la camioneta color vino dentro de la cual se encontraba, dice, Eduardo Gallo, padre de la joven Paola Gallo, secuestrada y asesinada en el estado de Morelos.
El hombre de beige consultó:
—“¿Es ella?”—. A la respuesta afirmativa, fue introducida a la parte trasera del automóvil rojo. Aquel trayecto duró hora y media; noventa minutos de golpes, amenazas e insultos. Con la cabeza cubierta, no podía distinguir por donde la llevaban, pero sintió que estaban fuera de la ciudad, cuando las llantas del auto se deslizaban sobre un camino empedrado.
Era una casa en el campo, la arrojaron al piso.
—Te vamos a matar.
Petra oía una música ambiental que nunca había escuchado, mientras que con unas tijeras apretaban sus dedos pulgares para causarle dolor sin cercenar la piel.
Le preguntaron si sabía nadar porque la meterían en una piscina, ella respondió que no, la lanzaron. Cuando los agentes vieron que Petra se ahogaría la sacaron, la desnudaron. Golpes y más golpes, en la cabeza, la cara y el estómago.
Desnuda, con el cuerpo húmedo, toques eléctricos en manos, plantas de los pies, muslos y cadera. Susurros, risas, burlas, después enojos por el fracaso de no obtener una declaración. Ahora, sólo recordar aquella música la desquicia.
Un agente le acercó una jeringa a la cara:
— ¡Es veneno, no te lo tragues!
— ¡Ya te lo tragaste! Sufrió un desmayo, para que no perdiera el conocimiento, un agente le arrojaba alcohol a la cara. Abrió de nuevo los ojos y vio a un hombre que le inyectaba los muslos y brazos.
—¡Es veneno!—, las amenazantes palabras repetidas en tres ocasiones.
Con las uñas, un agente hincado con las rodillas sobre sus pechos le rasgaba los muslos, mientras otro le enterraba mangueras en la nariz y dejaba correr el agua; en la boca un trapo mojado para que la sensación de asfixia fuera extrema.
Luego la violaron, no recuerda cuantas veces, sólo la sangre que le escurría entre las piernas.
—¡Ya llegó el jefe!—, se oyó. El jefe decidiría si la dejaban libre o iba a la fosa común. Y el jefe, luego de preguntar “le han hecho todo”, decidió el destinó de aquella mujer.
—El jefe te perdonó la vida... ¡Agradécele al jefe! ¡Híncate y agradece que te perdonó la vida!
Petra Benítez se recuerda frente a aquel hombre, de rodillas, palabras apenas audibles: “muchas gracias señor por haberme perdonado la vida”, y el jefe le escupió la cara.
A media noche le avisaron que la iban a dejar libre, le regresaron su ropa y las llaves de la casa donde trabajaba como doméstica y sus aretes de oro. Le vendaron los ojos para sacarla de la casa.
El trayecto en el automóvil duró unos 20 minutos. Los hombres la bajaron del auto, le descubrieron los ojos y le ordenaron que caminara, que no diera vuelta, que no avisara, que no se parara, que si lo hacía, la iban a matar.
Petra camina, siente que va a desmayarse, logra detenerse en un auto. Vendedores de un mercado sobre ruedas le informaron que estaba en la colonia La Joya. La acercaron a su casa.
A las cuatro de la madrugada caminó hasta su habitación, se desnudó, limpió superficialmente su cuerpo, metió la ropa manchada de sangre —falda morada y blusa blanca— en una bolsa de plástico, que no volvería a tocar hasta pasado un año, cuando los peritos que actualmente documentan su caso la solicitaron como prueba.
—¿Qué piensa una persona mientras permanece 22 horas secuestrada y torturada?
Petra Benítez dice que vio de cerca su muerte, y luego de tantas horas de golpes ya no sentía dolor, simplemente quería que todo terminara. Lo único seguro, dice ahora, es que “yo creía que nunca lo iba a contar, tal y como te lo estoy contando”.
Pero su calvario no termina. El amenazante timbre del teléfono vuelve a sonar, las llamadas para que no denuncie. Y es que Petra presentó una denuncia por tortura, privación ilegal de la libertad, violación y abuso de autoridad contra nueve elementos de la Policía Ministerial de Morelos, entre ellos el entonces director, José Agustín Montiel López, actualmente preso por narcotráfico. La averiguación previa es SC/9ª/3591/02—06.
Montiel López y sus policías ministeriales quisieron involucrar a Petra en el secuestro de Paola Gallo, ejerciendo sobre ella todo tipo de tortura: física, psicológica y sexual. |
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