Auditorías internas recientemente concluidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) comprueban que se cometieron anomalías en la Secretaría de Hacienda que ameritan fincar responsabilidades al secretario Francisco Gil Díaz y a otros funcionarios; sin embargo, inexplicablemente el área de Responsabilidades de la SFP se niega a proceder y hasta ordenó archivar el expediente.
Desde febrero pasado Contralínea publicó una serie de artículos que documentan las irregularidades y la corrupción en las direcciones de presupuesto A y B de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esta historia de corrupción, negligencia y encubrimiento se inició el 31 de julio de 2002, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se reformó el reglamento interior de Hacienda para desaparecer las cuatro direcciones de Programación y Presupuesto con las que contaba la dependencia.
La reestructuración dio origen a irregularidades en las direcciones generales de presupuesto A y B, creadas por instrucciones de Gil Díaz, para el manejo del presupuesto total del país, entre las que destacan que los titulares de ambas direcciones manejaron el presupuesto nacional a partir del 1 de agosto de 2002 sin tener atribuciones legales y facultades para ello.
Lo anterior dejaría sin efecto todos los movimientos efectuados por Pablo Reyes Pruneda, actual Director General de Programación y Presupuesto B de la SHCP, y de la entonces titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto A, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien actualmente se desempeña como oficial mayor de la Procuraduría General de la República (PGR).
El 10 de septiembre de 2003 el Órgano Interno de Control (OIC) en la SHCP inició una auditoría, la número AF-97/2003, para determinar las irregularidades en las direcciones de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Concluida en septiembre de 2004, la auditoría, que hasta el día de hoy la SFP mantiene como “reservada”, comprueba las faltas administrativas y la operación irregular de las oficinas que distribuyen el dinero de la nación en todos los rubros del gasto público.
Auditorías ocultas
Quince fojas escritas por ambos lados integran el informe final de la auditoría AF-97/2003, elaborada por un grupo de auditores encabezado por la contadora Dora Isabel Lemarroy Jiménez, practicada a la Dirección General de Programación A, encabezada por Cecilia Barra y Gómez Ortigoza.
El informe, firmado por la titular del OIC en la SHCP, Aída Amanda Córdova Chávez, comprueba que Barra y Gómez Ortigoza operó el presupuesto del 1 de agosto de 2002 al 31 de diciembre de ese año, sin tener atribuciones legales ni normativas, lo que podría dejar sin efecto legal todos los movimientos, operaciones y gestiones firmadas por la funcionaria durante dicho periodo.
El documento habla de otras irregularidades de carácter administrativo y fiscal, como por ejemplo que los recibos y listados de nómina de los trabajadores de las direcciones de presupuesto se manejaron bajo la figura de cuatro direcciones que legalmente desaparecieron el 31 de julio de 2002, según consta en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, lo cual viola la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Los resultados de esta auditoría están fechados el 29 de noviembre de 2004, por lo que casi durante un año la SFP la ha mantenido oculta, sin fincar responsabilidades sobre la hoy oficial mayor de la PGR.
Otro oficio, 06/113/397-VI-(TYMR)-1944/2005, confirma las irregularidades de la misma funcionaria, fechado el 30 de junio de 2005, dirigido a la ex funcionaria de Hacienda, Lilia Cortés García, quien en diciembre de 2002 denunció las irregularidades en la SHCP.
En este oficio, la titular del Área de Quejas del OIC, Dora Alicia Rodríguez López, señala que el área a su cargo estimó pertinente remitir el expediente administrativo al Área de Responsabilidades por la presencia de “conductas infractoras” cometidas por Barra y Gómez Ortigoza, y por existir elementos suficientes para fincar responsabilidades contra dicha funcionaria.
El desistimiento
Durante los mismos días cuando la titular del Área de Quejas del OIC de Hacienda informara a Lilia Cortés que Cecilia Barra incurrió en “conductas infractoras”, ésta fue nombrada, por recomendación de Gil Díaz al procurador Daniel Cabeza de Vaca, oficial mayor de la PGR, y tres semanas después la funcionaria de la SFP se desistía de sus acusaciones.
En el oficio número 06/113/397-VI-(OZM)-2207/2005, fechado el 29 de julio de 2005, la misma Dora Alicia Rodríguez López notifica a Lilia Cortés que “no se reunieron los elementos suficientes” que permitan presumir irregularidades administrativas a cargo de servidor público alguno adscrito a la Secretaría de Hacienda, por lo que se da por concluido el caso; es decir, menos de un mes después de que esta funcionaria ordenó que se enviara el expediente al área de Responsabilidades.
Pero las irregularidades y encubrimientos de la SFP sobre este caso, para proteger a una de las principales operadoras del secretario de Hacienda en el sexenio foxista, alcanzan también al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos.
Ante la presión del Senado de la República para que la SFP determine sobre las irregularidades cometidas por Cecilia Barra, según el subsecretario Roberto Anaya Moreno, las auditorías continúan en investigación en el Área de Quejas, pese a que, según documentos en poder de Contralínea dichas auditorías concluyeron desde hace un año.
En lo que significa una clara falsedad de declaraciones, el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, Roberto Anaya Moreno, asegura al subsecretario de Enlace Legislativo, Dionisio A. Meade, por medio del oficio SACN/300/275/2005 del 19 de julio de 2005, que “a la fecha la documentación obtenida de las auditorías, así como la demás información recabada en distintas unidades administrativas” continúa en el Área de Quejas.
Lo anterior, indica el documento firmado por Anaya Moreno, se informa al subsecretario de Enlace Legislativo, “por orden del secretario Eduardo Romero Ramos”.
Acerca del informe del subsecretario de la SFP, en la dependencia a su cargo confirman que las auditorías concluyeron desde el año pasado, pero argumentan que las irregularidades de funcionarios de Hacienda aún “se están valorando para resolver la procedencia de turnar dicho expediente a responsabilidades”.
El expediente, agregan fuentes de la dependencia, fue clasificado como reservado por el titular del área de Quejas bajo la reserva número 74/2003-T-162, “por esa razón nos vemos impedidos a proporcionar mayor detalle del asunto”, indican en la SFP.
Sobre las irregularidades encaminas a encubrir la responsabilidad de los funcionarios de Hacienda, la titular del área de Quejas del OIC, Dora Alicia Rodríguez, se negó a una entrevista.
En tanto Lilia Cortés, quien denunció las irregularidades, denuncia que las hostilidades en su contra continúan por parte de la hoy oficial mayor de la PGR, Cecilia Barra, mientras que la CNDH mantiene abierta la investigación de dichos agravios y también la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República sigue pendiente del caso.
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